Actualidad Política

23 de octubre de 2026

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El presidente del Partido Popular de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha convocado a su organización para preparar las elecciones generales del 29 de noviembre, una cita que ha calificado de “histórica” por sus consecuencias para España y Andalucía.

Durante la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del PP andaluz, Moreno ha anunciado la constitución formal del comité de campaña, que volverá a estar coordinado por el secretario general del partido en Andalucía, Antonio Repullo.

El presidente andaluz ha defendido que las elecciones permitirán a los ciudadanos decidir sobre la continuidad del actual Ejecutivo central y ha reivindicado lo que considera una forma diferente de gestionar las instituciones.

“Salgamos a las calles con ilusión para demostrar que otro estilo de hacer las cosas es posible”, ha señalado Moreno, que también ha reclamado “devolver la decencia al Gobierno de España y a las instituciones”.

Financiación autonómica e infraestructuras

Moreno ha situado entre sus principales críticas al Gobierno central la financiación de Andalucía, cuya insuficiencia ha cifrado en 4.333 millones de euros anuales.

También ha enumerado actuaciones estatales que considera pendientes o insuficientemente desarrolladas, como la SE-40, los terceros carriles de la A-49 y la AP-4, la conexión ferroviaria entre el aeropuerto de Sevilla y Santa Justa y distintas obras ferroviarias e hidráulicas.

El presidente andaluz ha calificado esta situación de “maltrato permanente” a Andalucía, una valoración política con la que ha cuestionado la distribución de inversiones estatales.

Presupuestos de 2027 y nuevas medidas fiscales

Moreno ha anunciado que los presupuestos andaluces de 2027 estarán preparados “en tiempo y forma” y priorizarán los servicios públicos, la vivienda, las familias y el tejido productivo.

Entre las medidas fiscales avanzadas destacan:

  • Una deducción del 15% por la compra de gafas y lentillas para menores de 25 años.
  • La reducción inicial del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 7% al 6,75%.
  • La ampliación a 200.000 euros del precio máximo de vivienda para determinados tipos reducidos del impuesto.
  • Una deducción del 15% por alquiler para familias numerosas, hasta 1.200 euros anuales.
  • La eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos para la vivienda habitual.

Moreno ha reivindicado asimismo los resultados económicos de Andalucía y ha afirmado que la comunidad cuenta con 600.000 ocupados más que en 2018. En vivienda, ha señalado que se han impulsado cerca de 20.000 viviendas protegidas.

Ceuta, seguridad y cierre de campaña

El presidente del PP andaluz ha incluido la situación de Ceuta y la lucha contra el narcotráfico entre los asuntos abordados en su intervención.

También ha aludido a informaciones sobre la investigación a Leire Díez y a supuestas conversaciones relativas a una jueza. Estas referencias corresponden a las afirmaciones realizadas por Moreno y no permiten, por sí solas, establecer responsabilidades penales.

Finalmente, Moreno ha pedido afrontar las próximas semanas con dedicación y ha expresado su intención de que el PP andaluz contribuya a configurar una alternativa de gobierno tras las elecciones generales.

El diputado del Partido Popular de Cataluña, Pere Lluís Huguet ha acusado al Govern de Salvador Illa de “engañar” a los ciudadanos con su propuesta de compra compartida de vivienda, al considerar que el mecanismo anunciado no se corresponde con esta figura jurídica, sino con un sistema de “propiedad temporal”.

Durante la sesión de control en el Parlament de Cataluña, Huguet ha cuestionado ante la consellera de Territori las condiciones del modelo planteado por la Generalitat.

“La compra compartida de vivienda la regula el Código Civil y no es lo que han anunciado ustedes”, ha afirmado el parlamentario, que sostiene que el Ejecutivo catalán está utilizando una denominación que no refleja las condiciones reales de la operación.

Según la descripción de la propuesta recogida en la información del PPC, el comprador adquiriría inicialmente el 50% de la vivienda y dispondría de un plazo de 50 años para comprar la participación restante. Si no completase esa adquisición, el inmueble pasaría a ser propiedad de la Generalitat.

Huguet ha ilustrado sus críticas con el ejemplo de una vivienda de 200.000 euros. En ese supuesto, ha señalado, una persona de 40 años aportaría inicialmente 100.000 euros y tendría que abonar otros 100.000 antes de cumplir 90 años para evitar perder la titularidad del inmueble, de acuerdo con su interpretación del modelo.

“Ustedes ofrecen propiedad temporal”, ha insistido el diputado, que ha reclamado al Govern que abandone lo que considera experimentos en política de vivienda.

El representante del PPC también ha cuestionado la actuación institucional del Ejecutivo catalán. Ha acusado al Partido Socialista de intentar recuperar medidas rechazadas previamente por las cámaras parlamentarias y ha señalado que la propuesta de vivienda compartida ya había sido rechazada por el Parlament.

“Les da igual que el Parlament rechazara su propuesta de vivienda compartida”, ha afirmado Huguet, que ha reclamado al Govern respeto por las decisiones de la Cámara catalana.

Precisión editorial: la información aportada recoge la interpretación jurídica y política de Huguet. No incluye el texto normativo completo de la propuesta, por lo que no permite determinar de forma independiente si su calificación como “propiedad temporal” es jurídicamente correcta.

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido Knörr, ha criticado la decisión del PNV de respaldar el primero de los nuevos decretos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que ese apoyo permite al Ejecutivo sacar adelante una iniciativa en la Diputación Permanente del Congreso.

En declaraciones difundidas por el PP vasco y recogidas por Europa Press, Garrido ha afirmado que los votos del PNV “vuelven a salvar a Sánchez” y ha relacionado esta decisión con la colaboración que, a su juicio, han mantenido nacionalistas y socialistas durante la legislatura.

La portavoz popular ha descrito el respaldo al decreto como “el primer acto de campaña” del PNV y el PSOE, dos formaciones que, según ha señalado, “vuelven a aparecer juntas”.

Garrido ha asegurado que esta coincidencia no le sorprende porque considera que ambos partidos han actuado conjuntamente durante toda la legislatura.

“Los votos del PNV vuelven a salvar a Sánchez porque el PNV forma parte del sanchismo; a estas alturas ya no se pueden separar, es su presentación como cartel electoral”, ha afirmado.

La intervención de Garrido se centra en la lectura política del respaldo del PNV al decreto. La información facilitada no detalla el contenido de las medidas de vivienda ni acredita por sí sola que la iniciativa haya superado definitivamente todos los trámites parlamentarios.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha situado la reconstrucción del Estado del bienestar entre las prioridades sociales de un eventual Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y ha reclamado que los derechos reconocidos por ley cuenten con financiación suficiente para garantizar su aplicación.

Antes de visitar la Fundación DFA en Zaragoza, Fúnez ha defendido que las políticas sociales deben constituir “un pilar fundamental” del proyecto del PP. En este sentido, ha asegurado que las nuevas medidas deberán ir acompañadas de una memoria económica y presupuestaria que permita desarrollar los servicios y prestaciones anunciados.

La dirigente ha criticado que la reciente Ley de Discapacidad y Dependencia se aprobara, según sostiene, sin una memoria económica que garantizase todos los derechos contemplados. A su juicio, esta situación puede generar frustración entre las personas afectadas y sus familias.

Fúnez también ha propuesto que el reconocimiento de la dependencia tenga consecuencias fiscales, tomando como referencia las desgravaciones vinculadas a la discapacidad que, según ha recordado, fueron aprobadas por el PP en el Senado y posteriormente vetadas por el Gobierno.

La responsable popular ha planteado adaptar el sistema de cuidados al envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida de las personas con discapacidad, con una atención que acompañe todas las etapas de su proyecto vital.

Asimismo, ha defendido la colaboración con las organizaciones del tercer sector y ha destacado la labor de la Fundación DFA en la atención integral a las personas con discapacidad. En materia de autonomía personal, ha señalado el empleo como una herramienta esencial para desarrollar un proyecto de vida independiente.

Fúnez ha anunciado que Zaragoza será la primera parada de una agenda de encuentros con entidades sociales de distintas comunidades autónomas para recoger propuestas destinadas al programa electoral.

“Detrás de cada derecho reconocido tiene que haber una respuesta real para las familias”, es la idea que ha trasladado al reclamar que los compromisos sociales no se limiten a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sino que puedan aplicarse con recursos suficientes.

La diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Elisa Vigil ha criticado la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y ha sostenido que el Ejecutivo ha tardado “ocho años” en situar el acceso a la vivienda entre sus principales prioridades.

Durante su intervención, Vigil ha cuestionado el cumplimiento de los anuncios realizados por Sánchez sobre construcción de vivienda y los ha contrapuesto con las actuaciones desarrolladas por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Vigil ha defendido que la construcción exclusivamente pública no basta para solucionar el problema y ha puesto el foco en la necesidad de incrementar la oferta. También ha relacionado la presión sobre los precios con la concentración de población y actividad económica en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia.

En este contexto, ha situado en 750.000 viviendas el déficit existente en España y ha argumentado que la construcción no ha avanzado al mismo ritmo que el crecimiento de la demanda.

La dirigente ha cuestionado asimismo las últimas medidas del Ejecutivo en materia de vivienda y ha utilizado expresiones especialmente críticas contra el Gobierno y la izquierda. Entre otras, ha calificado de “franquista” una de las medidas que atribuye al Ejecutivo y ha acusado a dirigentes de izquierdas de mantener una incoherencia entre su discurso sobre la vivienda y su situación patrimonial.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado Valdecarros, uno de los grandes desarrollos urbanísticos del sureste de la capital, donde el Gobierno regional promoverá más de 10.000 viviendas protegidas.

Según la Comunidad de Madrid, 7.400 de estas viviendas corresponderán a la Agencia de Vivienda Social (AVS) y otras 2.600 se desarrollarán mediante el Plan Vive para alquiler a precio asequible.

“Creemos en la libertad de compra, de alquiler y de inversión sin trabas, con una Administración garante, siempre buscando el incentivo”, ha afirmado Díaz Ayuso, que ha defendido el aumento de la oferta como respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda.

El desarrollo de Valdecarros contempla un total de 51.656 viviendas, de las que más de 28.000 —el 55%— tendrán algún tipo de protección pública. La presidenta regional ha definido el proyecto como “una ciudad dentro de Madrid” y una oportunidad para ampliar la oferta residencial, especialmente ante las dificultades de acceso que afectan a jóvenes y clases medias.

Valdecarros ocupa 19 millones de metros cuadrados y, de acuerdo con las previsiones recogidas en la nota oficial, podría albergar alrededor de 155.000 habitantes y generar unos 70.000 empleos directos.

La inversión total estimada asciende a 8.000 millones de euros. Además, está previsto que las obras de los primeros edificios comiencen antes de finalizar 2026, con más de 13.300 nuevas viviendas en esta primera fase señalada por la Comunidad.

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Izquierdo, ha defendido la política de vivienda desarrollada por el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida y ha rechazado intervenir sobre la propiedad privada.

Izquierdo ha criticado a Más Madrid, formación a la que acusa de llegar al debate sobre vivienda “con prisas porque llegan las elecciones” y de no haber presentado, según sostiene, propuestas en esta materia durante la legislatura.

Frente a ese modelo, el portavoz popular ha destacado que el Ayuntamiento cuenta ya con 10.000 viviendas en su parque de alquiler asequible, gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda, y ha señalado que se han entregado 3.400 pisos nuevos.

También ha afirmado que el Gobierno municipal ha incrementado las sanciones relacionadas con las viviendas de uso turístico y que su número se ha reducido un 40%.

Izquierdo ha situado además el aumento de la oferta como uno de los principales ejes de la política municipal. “Lo que estamos haciendo es sacar mucho más suelo para la construcción y el aumento de la oferta”, ha explicado.

El portavoz ha concluido contraponiendo lo que denomina dos modelos: el de Más Madrid, que califica como el de “la pancarta y la demagogia”, y el de Almeida, que presenta como basado en actuaciones concretas en materia de vivienda.

Alberto Núñez Feijóo ha situado la situación de Ceuta entre sus primeras prioridades en caso de llegar al Gobierno y ha anunciado que su “primer encargo concreto” será “recuperar la normalidad” de la ciudad autónoma.

Durante su intervención, Feijóo ha destacado que su primer viaje como candidato sea precisamente a Ceuta. “Si los españoles me apoyan, Ceuta será la primera carpeta” que aborde su Gobierno, ha afirmado.

El presidente del PP ha vinculado este compromiso con la defensa de la integridad territorial y de las fronteras españolas. “No hay distancia, ni posición geográfica, ni chantaje, ni mucho menos periodo vacacional que exima a un Gobierno de cumplir su primera obligación”, ha señalado.

Feijóo ha definido esa obligación como “garantizar la integridad territorial de la nación a la que sirve” y ha añadido que “proteger la soberanía de la nación es el primer compromiso del Gobierno”.

“El único muro que tiene que defender el Gobierno es su frontera”, ha concluido.

Nota de edición: la transcripción facilitada dice literalmente “Mesa del Consejo de Murcia”. Por contexto podría tratarse de un error de transcripción, pero la fuente aportada no permite corregirlo a “Consejo de Ministros” con certeza. Por ello, esa formulación no debería reproducirse como cita literal sin comprobar el audio original.

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