Luis Martínez critica la política hídrica del Gobierno y reclama más inversiones.
El portavoz de Agricultura del Grupo Popular en Les Corts, Luis Martínez, ha reclamado al Gobierno de España un cambio de rumbo en su política hídrica, exigiendo “más ayudas y menos recortes al trasvase Tajo-Segura” para garantizar el futuro del campo valenciano.
Martínez ha valorado las medidas anunciadas por el Ejecutivo para paliar los efectos de la guerra de Irán, a las que ha dado la bienvenida, aunque ha advertido de que “llegan tarde” y no responden a todas las necesidades del sector.
El dirigente popular ha señalado que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana esperan del Gobierno no solo ayudas puntuales, sino una política hídrica justa que no discrimine al territorio. En este sentido, ha denunciado que ya se han producido 32 recortes al trasvase Tajo-Segura, lo que pone en riesgo el futuro agrícola de amplias zonas del sur de la Comunitat.
“Existe un riesgo real de que los campos de Alicante pasen de ser tierras de cultivo a convertirse en desierto si no se garantiza el agua necesaria”, ha advertido.
Asimismo, Martínez ha criticado que mientras se limita el acceso al agua en la Comunitat Valenciana, el Gobierno destine recursos a infraestructuras hídricas en otros países, lo que considera una muestra de falta de prioridad hacia el campo español.
El portavoz ha defendido una política hídrica basada en criterios técnicos, que garantice el suministro de agua para el desarrollo económico y agrícola, y proteja a las más de 100.000 familias que dependen directa o indirectamente del sector.
En este sentido, ha exigido la ejecución de infraestructuras pendientes como el proyecto Vertido 0 de reutilización de agua depurada, así como una mayor inversión en recursos hídricos.
El Partido Popular reafirma su compromiso con el campo valenciano, apostando por una gestión del agua eficaz, solidaria y orientada a garantizar el futuro del sector agrario.
Alicia García advierte del riesgo para la educación especial con la ley de Sánchez.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, a través de su portavoz Alicia García, ha anunciado que impulsará en el próximo Pleno del 7 de abril un plan para garantizar la protección de los centros de educación especial frente a la LOMLOE.
La iniciativa ha sido presentada durante la inauguración de una jornada sobre educación especial organizada por el Grupo Popular, en la que han participado expertos y representantes de familias con hijos con discapacidad.
Alicia García ha advertido de que la actual ley educativa “pone en riesgo la libertad de las familias y el futuro de los centros de educación especial”, subrayando que la decisión sobre la escolarización de los menores corresponde exclusivamente a los padres.
En este sentido, ha defendido que la educación debe basarse en la equidad, garantizando que cada alumno reciba los apoyos y recursos que necesita para desarrollar plenamente sus capacidades.
La portavoz popular ha alertado de que la aplicación de la LOMLOE podría derivar en el cierre de centros de educación especial, lo que afectaría a miles de familias en toda España. Actualmente, estos centros atienden a cerca de 300.000 alumnos y desempeñan, a su juicio, una labor “imprescindible y extraordinaria”.
Frente a este escenario, ha reivindicado un modelo educativo que combine calidad, inclusión y atención personalizada, respetando siempre la libertad de elección de las familias.
Asimismo, ha insistido en que ningún Gobierno puede imponer cómo deben ser escolarizados los menores con necesidades especiales, defendiendo que la educación debe adaptarse a cada alumno y no al contrario.
El Grupo Popular reafirma así su compromiso con una educación de calidad, inclusiva y centrada en las personas, especialmente en aquellos colectivos más vulnerables.
Miguel Ángel Castellón: «El apagón no es un accidente, es culpa del Gobierno»
El Grupo Popular ha denunciado en la Comisión de investigación del apagón en el Senado la responsabilidad política del Gobierno en el fallo del sistema eléctrico, tras la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica.
El portavoz en la comisión, Miguel Ángel Castellón, ha señalado que “la responsabilidad del apagón es de Red Eléctrica Española, pero la culpa es del Gobierno”, al considerar que el Ejecutivo diseñó un sistema energético “frágil” y sin garantías suficientes.
Durante su intervención, ha advertido de que el sistema eléctrico venía mostrando señales de riesgo desde hace años, con un aumento exponencial de episodios de sobretensión —30 en 2021, 90 en 2022 y 140 en 2023— sin que se adoptaran medidas preventivas.
Asimismo, ha alertado del elevado coste económico del modelo actual, destacando que asegurar el sistema eléctrico supone 20,9 millones de euros diarios y que en los tres primeros meses de 2026 ya se han alcanzado los 1.000 millones de euros, cinco veces más que en años anteriores.
En este sentido, ha planteado si este sobrecoste acabará repercutiendo en la factura de la luz de los ciudadanos, señalando que se trata de “la fotografía de un modelo fracasado”.
El senador ha cuestionado también la falta de previsión ante el rediseño del sistema energético, especialmente tras fijar objetivos ambiciosos de renovables sin garantizar la seguridad del suministro.
A su juicio, no se trata de un incidente aislado, sino de un fallo estructural derivado de decisiones políticas y de la ausencia de una regulación adecuada.
Durante la sesión, se ha reclamado mayor transparencia, instando a hacer públicos los audios entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas el día del apagón, así como a depurar responsabilidades.
Asimismo, se ha criticado la ausencia de autocrítica por parte del Ejecutivo, interpretándola como una muestra de falta de responsabilidad ante una situación de gran impacto.
El Grupo Popular reafirma su compromiso con un sistema energético seguro, eficiente y planificado, que garantice el suministro y proteja a los ciudadanos.
Bajada del IBI en Torrelodones: 800.000€ que se quedan en el bolsillo de los vecinos.
El Ayuntamiento de Torrelodones aplicará en 2026 una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que permitirá a los vecinos ahorrar un total de 800.000 euros anuales.
La medida, ya aprobada, reduce el tipo impositivo del 0,49% al 0,45%, situándolo entre los más bajos de la Comunidad de Madrid y muy próximo al mínimo permitido por la Ley de Haciendas Locales.
Esta bajada fiscal responde al objetivo de aliviar la carga impositiva de los vecinos y mejorar su capacidad de ahorro, especialmente en un contexto económico exigente.
Además, el equipo de gobierno ha ampliado las bonificaciones fiscales para familias numerosas, que podrán beneficiarse de reducciones de entre el 70% y el 10% en función del valor catastral de la vivienda.
En el caso de las familias numerosas de categoría general, las bonificaciones oscilan entre el 65% y el 10%, mientras que para las de categoría especial pueden alcanzar hasta el 70%, reforzando así el apoyo a los hogares con mayores cargas familiares.
Estas medidas suponen un alivio económico directo para los vecinos y reflejan una política fiscal orientada a la equidad, el apoyo a las familias y la mejora de la calidad de vida en el municipio.
El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con una gestión responsable, centrada en devolver recursos a los ciudadanos y facilitar su bienestar.
Blanca Lacunza: «La subida del IBI castiga a las familias con menos recursos»
El Partido Popular ha denunciado una nueva subida encubierta del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en Vitoria-Gasteiz impulsada por el Gobierno municipal, que afecta de manera especialmente negativa a las viviendas de protección oficial (VPO).
La concejal del PP, Blanca Lacunza, ha alertado de que el incremento aprobado por PSOE, PNV y EH Bildu supone una subida general del 2,5% en el IBI para todas las viviendas, que en el caso de las VPO se eleva hasta un 4% debido a la revisión catastral.
El Partido Popular considera que esta medida penaliza a las familias con menos recursos, que acceden a vivienda protegida precisamente para aliviar su carga económica. “Se trata de una subida injusta que castiga a quienes más necesitan apoyo”, ha señalado Lacunza.
Según ha denunciado, un total de 10.116 viviendas de protección oficial se verán afectadas por este incremento, lo que supondrá un aumento significativo en la presión fiscal para miles de familias.
La concejal del PP ha advertido de que el Gobierno municipal prevé recaudar cerca de 6 millones de euros adicionales a través de este impuesto, lo que evidencia, a su juicio, una política basada en aumentar la carga impositiva en lugar de aliviarla.
García Alcántara destaca la apuesta por la educación como eje de futuro en Alcobendas.
La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, ha destacado la firme apuesta del Gobierno municipal por la educación como eje estratégico para el desarrollo de la ciudad, con una inversión superior a los 30 millones de euros desde el inicio de la legislatura.
Alcobendas aspira a consolidarse como una “capital de la libertad y de la excelencia educativa”, lo que requiere una inversión decidida en infraestructuras, calidad educativa e igualdad de oportunidades.
Rocío García Alcántara ha subrayado que el Ejecutivo local ha impulsado actuaciones clave en todos los niveles educativos, entre ellas la ampliación del Instituto Gloria Fuertes, que permitirá acoger a un centenar de nuevos alumnos, así como la reforma integral del colegio Severo Ochoa.
También se ha puesto en valor la implantación del Bachillerato de Excelencia con orientación científica, reforzando la calidad del sistema educativo. Asimismo, serán ya cuatro los centros que impartan el primer ciclo de la ESO, ampliando la oferta educativa en la ciudad.
En el ámbito de la educación infantil, Alcobendas alcanza cifras récord de plazas en el tramo de 0 a 3 años, facilitando la conciliación y el acceso temprano a la educación.
Entre las nuevas dotaciones, destaca la puesta en marcha de la Escuela Oficial de Idiomas y el impulso de un futuro campus universitario especializado en Medicina y Enfermería, reforzando el posicionamiento educativo de la ciudad.
Asimismo, se ha anunciado la construcción de un gimnasio cubierto en el colegio Parque Cataluña y el desarrollo de un plan de climatización en escuelas infantiles y aulas de educación infantil en colegios públicos, garantizando condiciones óptimas para alumnos y docentes.
La alcaldesa ha subrayado que la excelencia educativa y la igualdad de oportunidades se alcanzan con inversión, planificación y compromiso. “30 millones de euros reflejan nuestra voluntad de seguir avanzando y mejorar la vida de las familias”, ha afirmado.
El Gobierno municipal reafirma así su compromiso con una educación de calidad, inclusiva y adaptada a las necesidades del presente y del futuro.
Ángel Moldes reclama más autonomía financiera para los municipios gallegos.
El Partido Popular de Galicia, a través de su grupo en la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), ha exigido al Gobierno de España que permita a los ayuntamientos disponer libremente de los mayores ingresos procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y de la liquidación definitiva de 2024.
El primer vicepresidente de la Fegamp y portavoz popular, Ángel Moldes, ha señalado que los pagos a cuenta previstos para 2026 serán previsiblemente superiores a los de ejercicios anteriores, al igual que la liquidación de 2024, lo que supondría una oportunidad para reforzar los servicios municipales.
El Partido Popular denuncia que la incertidumbre generada por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado durante tres años consecutivos está condicionando gravemente la gestión de los ayuntamientos. “Esta situación está perjudicando a los municipios, que podrían destinar estos recursos a inversiones prioritarias y a mejorar los servicios públicos para los ciudadanos”, ha subrayado Moldes.
El Partido Popular critica que el Ministerio de Hacienda no contemple, por el momento, autorizar el uso libre de estos fondos, pese a que en ejercicios anteriores sí se había permitido que estos ingresos adicionales no estuvieran sujetos a restricciones de gasto.
El Partido Popular defiende que los ayuntamientos deben contar con mayor autonomía financiera para atender las necesidades reales de sus vecinos, en línea con su compromiso con una administración más eficaz, cercana y al servicio de los ciudadanos .
Asimismo, el PPdeG ha reclamado al Gobierno central que actúe con responsabilidad y proporcione certidumbre a las entidades locales, permitiendo una planificación adecuada de sus recursos y evitando bloqueos que afectan directamente a la calidad de los servicios públicos.
El Partido Popular reafirma su compromiso con el municipalismo y con la defensa de los intereses de los ayuntamientos gallegos, apostando por una gestión responsable y orientada al bienestar de los ciudadanos.