Actualidad Política

9 de noviembre de 2026

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La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado que el Partido Popular citará por edicto al empresario Julio Martínez Martínez, conocido como “Julito”, para que comparezca el próximo 9 de abril ante la Comisión de Investigación del denominado caso Koldo-Ábalos en la Cámara Alta.

García ha explicado que Martínez, al que el PP considera amigo, socio y posible testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, deberá acudir a la comisión después de que, según ha denunciado, el Ministerio del Interior haya impedido su comparecencia en dos ocasiones. “El Departamento de Marlaska boicoteó su presencia hasta dos veces, pero ahora ya no podrá esconderse más”, ha señalado.

La portavoz popular ha afirmado que la comparecencia de “Julito” Martínez puede servir para aclarar su papel en el entorno del rescate de la aerolínea Plus Ultra y su relación con Zapatero. Según García, el empresario podría explicar “si fue Zapatero quien le estafó con sus informes orales y del chatZP o si los dos estafaron a los españoles con el rescate de Plus Ultra”.

En este sentido, ha criticado que el expresidente y su entorno habrían cobrado 3.000 euros por folio por informes que, según el PP, eran “de corta y pega de internet”. Para la dirigente popular, lo que para “Maduro, Sánchez, Zapatero y Julito supone un negocio redondo, para los españoles es un auténtico agujero negro”.

García también ha acusado al Gobierno de utilizar el lema “No a la guerra” como una cortina de humo para ocultar casos de corrupción y el aumento de la presión fiscal. “Cada vez pagamos más impuestos y los españoles se preguntan: ¿dónde está mi dinero? En el bolsillo del sanchismo”, ha afirmado.

Por último, la portavoz del PP en el Senado ha recordado que el próximo miércoles se debatirá en la Cámara Alta el plan económico presentado por Alberto Núñez Feijóo para ayudar a las familias ante la subida de precios. En este contexto, ha tendido la mano a los senadores socialistas para que respalden la iniciativa y demuestren que realmente están dispuestos a bajar los impuestos y aliviar la situación económica de los ciudadanos.

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha asegurado que los grupos de izquierda, y especialmente el Grupo Socialista, “se han perdido y ya no están en la defensa de los temas en los que estaban antes”, durante su intervención en la sesión de control celebrada este jueves en la Cámara andaluza.

Martín ha criticado la situación del PSOE en Andalucía y ha señalado que “cuesta trabajo seguirlos porque no sabemos dónde están”. En este sentido, se ha referido a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que ha calificado como una “candidata fija discontinua”.

“El PSOE tiene una candidata que está en Madrid, viene de vez en cuando a Andalucía y se vuelve por la tarde a dormir allí, sin soltar el escaño por si pasa lo que todos sabemos que va a pasar el día de las elecciones”, ha afirmado el portavoz popular.

Frente a ello, Toni Martín ha defendido que Andalucía cuenta con “un presidente con dedicación exclusiva, centrado en cuerpo y alma en Andalucía”, en referencia al presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que ha señalado como un dirigente que trabaja “al cien por cien por los intereses de los andaluces”.

El portavoz del PP andaluz también ha criticado la actitud de los partidos de izquierda en relación con el debate político sobre el conflicto internacional actual, acusándolos de actuar con un enfoque electoralista. “Han puesto de acuerdo a ciudadanos de España, de Europa o de cualquier lugar en una cosa: que al sanchismo lo único que le preocupa son los votos”, ha señalado.

En este contexto, Martín ha lamentado que por primera vez ningún grupo de izquierda haya impulsado una declaración institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, algo que, según ha subrayado, sí ha hecho el Grupo Popular. “Antes, si no había declaración institucional del 8M se acababa el mundo”, ha recordado.

Durante su intervención, el portavoz popular también ha puesto en valor lo que ha denominado “políticas de progreso” del Gobierno andaluz, destacando los datos de empleo, el crecimiento del número de autónomos, el aumento de empresas y exportaciones, así como el incremento de la inversión sanitaria.

Asimismo, ha anunciado que la Junta de Andalucía continuará personándose en el caso del trágico accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, con el objetivo de esclarecer responsabilidades. “Pasado el duelo, es momento de exigir responsabilidades y aquí nadie se va a ir de rositas”, ha advertido.

Por último, Toni Martín ha criticado lo que considera un trato injusto del Gobierno central hacia Andalucía, citando entre otros asuntos la interrupción durante meses de la conexión ferroviaria entre Málaga y el resto de España, la paralización de 30 obras ferroviarias, más de 100 infraestructuras hidráulicas pendientes y la falta de una financiación autonómica adecuada para la comunidad.

El Parlamento de La Rioja ha aprobado una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular en la que se reclama al Gobierno de España la realización de una auditoría de seguridad vial y un plan urgente de actuación para los tramos más peligrosos de las carreteras nacionales N-232 y N-111 a su paso por la comunidad.

La iniciativa también solicita la elaboración de un plan integral de mejora de ambas vías, que incluya medidas concretas para corregir los puntos con mayor riesgo de accidente y que estas actuaciones cuenten con dotación presupuestaria suficiente en los Presupuestos Generales del Estado, además de una planificación clara que permita su ejecución.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento riojano, Diego Bengoa, ha recordado durante el debate que los datos del informe de evaluación de accidentalidad en la red estatal sitúan a La Rioja como la comunidad con mayor proporción de kilómetros de carreteras nacionales con alto riesgo de accidente.

Según ha explicado, el 14,16 % de la red estatal que discurre por La Rioja presenta un índice de riesgo elevado, una cifra que multiplica por más de cuatro la media nacional, situada en el 3,35 %.

“Este dato, por sí solo, debería bastar para abrir un debate serio sobre el estado de nuestras infraestructuras viarias”, ha señalado Bengoa, quien ha subrayado que más de 60 kilómetros de la red estatal en La Rioja presentan niveles de riesgo elevados, dentro de una red que suma aproximadamente 428 kilómetros en la comunidad.

En este sentido, el parlamentario popular ha advertido de que más de uno de cada diez kilómetros de carreteras nacionales riojanas presenta niveles de riesgo que deberían ser objeto de actuación prioritaria.

Bengoa ha señalado también como factor preocupante la falta de inversión en mantenimiento y mejora de estas infraestructuras, una cuestión que, a su juicio, “en demasiadas ocasiones queda en un segundo plano dentro de la política de infraestructuras del Gobierno de España”, pese a tratarse de una de las medidas más eficaces para reducir la siniestralidad.

Ante esta situación, la iniciativa aprobada propone tres medidas principales: la realización de una auditoría técnica de seguridad vial en la red estatal en La Rioja, la elaboración de un plan específico de mejora de la seguridad en las carreteras N-232 y N-111 y la inclusión de financiación suficiente en los Presupuestos Generales del Estado para ejecutar dichas actuaciones.

El portavoz adjunto del Grupo Popular ha subrayado que esta propuesta no pretende abrir un debate partidista, sino abordar una cuestión de seguridad vial que afecta directamente a los ciudadanos. “Detrás de cada estadística de accidentes hay personas, familias y vidas que pueden verse afectadas”, ha afirmado.

Por ello, Bengoa ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, defendiendo que la seguridad en las carreteras debe ser una prioridad común para proteger a los miles de ciudadanos que circulan cada día por estas vías.

La presidenta del Partido Popular de Gipuzkoa y parlamentaria vasca, Muriel Larrea, ha advertido del incremento de la criminalidad en Euskadi y ha reclamado mayor transparencia en la gestión de la seguridad pública. Según ha señalado, los datos correspondientes a 2025 reflejan un récord histórico de infracciones penales, con 143.000 delitos registrados, lo que supone una media de 390 delitos al día en el conjunto del País Vasco.

Larrea ha mostrado su preocupación por el impacto de estas cifras en la percepción de seguridad de los ciudadanos y ha afirmado que “Euskadi ya no es ese territorio seguro del que presumíamos”, insistiendo en la necesidad de analizar las causas y adoptar medidas eficaces para revertir esta situación.

En este sentido, ha puesto el foco en los delitos contra la libertad sexual, que afectan especialmente a las mujeres. La dirigente popular ha subrayado la magnitud del problema señalando que el número de víctimas registradas permitiría llenar varias veces instalaciones deportivas como el polideportivo Artaleku, lo que refleja la dimensión social de esta problemática.

Durante su intervención, Larrea también ha cuestionado la eficacia de las políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres y ha preguntado “dónde están los resultados de las políticas y subvenciones destinadas a prevenir y paliar esta violencia”, en referencia al trabajo desarrollado por organismos como Emakunde.

Asimismo, ha criticado la falta de transparencia en algunos ámbitos de la gestión pública. En concreto, ha recordado que recientemente en el Ayuntamiento de Irún se debatió una iniciativa para publicar datos sobre la procedencia de los autores de delitos, propuesta que finalmente no salió adelante.

Para la presidenta del PP de Gipuzkoa, disponer de información completa es fundamental para diseñar políticas de seguridad eficaces. “Si no conocemos con exactitud los datos y las circunstancias en las que se producen los delitos, será mucho más difícil adoptar medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos”, ha afirmado.

Finalmente, Larrea ha defendido la necesidad de reforzar las políticas de prevención, mejorar la coordinación institucional y garantizar que las administraciones públicas ofrezcan respuestas eficaces ante el aumento de la criminalidad.

El Parlamento de La Rioja ha aprobado una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular que solicita al Gobierno de España que defienda una transición suficiente y equilibrada para la adaptación del sector cinegético ante la futura prohibición del uso del plomo en la actividad cinegética.

La iniciativa pide al Ejecutivo central que reconozca la importancia del sector de la caza, impulse nuevos estudios científicos que evalúen el impacto real del plomo en la salud humana, analice alternativas viables y abra un proceso de diálogo con los sectores implicados para formular una propuesta nacional coherente.

Asimismo, reclama que la futura normativa europea contemple medidas de compensación económica para los cazadores que deban adaptarse a esta nueva regulación.

Defensa del sector cinegético

Durante el pleno, la diputada del PP Begoña Martínez Arregui ha defendido la iniciativa señalando que responde al compromiso del Partido Popular con la Federación Riojana de Caza, con la que mantienen un diálogo permanente.

Martínez Arregui ha recordado el malestar que expresó el sector en la pasada legislatura con movilizaciones en Logroño, ante políticas que, según ha señalado, perjudicaban a los cazadores.

Valor ambiental y económico de la caza

La diputada popular ha subrayado que el Gobierno de Gonzalo Capellán ha asumido las reivindicaciones del sector, defendiendo la importancia de la caza por su contribución a la sostenibilidad medioambiental y al desarrollo económico de las zonas rurales.

En este sentido, ha destacado diversas medidas impulsadas por el Ejecutivo riojano, entre ellas:

  • La derogación de la anterior ley de protección animal de La Rioja.
  • La publicación del reglamento de desarrollo de la Ley de Caza y Gestión Cinegética.
  • Autorizaciones excepcionales para prevenir daños en cultivos.
  • Apoyo económico a la Federación Riojana de Caza con 45.315 euros en 2026, que representan el 57% de su presupuesto anual.
  • Un convenio nominativo de 74.600 euros aportado por Agricultura.

Medidas de apoyo al sector

Además, la diputada ha destacado otras iniciativas como la supresión de tasas para determinados permisos de caza, incluida en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2026, y la reciente aprobación de una línea de ayudas destinada a financiar el asesoramiento técnico en los cotos.

Martínez Arregui ha concluido señalando que el apoyo del Partido Popular al sector cinegético es “incontestable” y ha pedido el respaldo del resto de grupos parlamentarios para equilibrar la protección medioambiental con la viabilidad socioeconómica de la caza en La Rioja.

El coordinador general y portavoz parlamentario del Partido Popular de Cantabria, Juan José Alonso, ha destacado que el acuerdo presupuestario para 2026 es “otro éxito más del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga” y un ejemplo de la política útil del Partido Popular, ya que “el dinero se queda en el bolsillo de los cántabros”.

Alonso ha explicado en rueda de prensa que las cuentas públicas para 2026 alcanzarán casi los 4.000 millones de euros, lo que supone 220 millones más que en 2025, y permitirán fortalecer el Estado del Bienestar, impulsar la inversión pública y apoyar la economía productiva y el empleo.

“Un gran logro que se ha conseguido gracias al diálogo y la mano tendida frente a quienes se han instalado en el no por intereses partidistas”, ha afirmado.

Bajada de impuestos y apoyo a familias y empresas

El portavoz parlamentario ha recordado que los presupuestos del Gobierno de Buruaga mantienen una nueva bajada de impuestos, además de incluir medidas para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, personas con discapacidad y dependientes.

Asimismo, ha destacado el apoyo a los 102 municipios de Cantabria, señalando que el Partido Popular demuestra con hechos su compromiso con el municipalismo.

Inversión en educación y excelencia académica

Alonso ha subrayado la apuesta del Gobierno cántabro por la educación de calidad, destinando 1,5 millones de euros al sistema universitario y 300.000 euros a una línea de becas para premiar los expedientes académicos más brillantes.

También ha puesto en valor el acuerdo retributivo alcanzado con los docentes, que ha calificado como histórico tras 18 años de promesas incumplidas por parte de anteriores gobiernos.

Críticas al “sablazo del combustible”

El portavoz popular también se ha referido al encarecimiento del combustible derivado de la crisis internacional en Oriente Medio y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté “más preocupado por fabricar eslóganes que por ofrecer soluciones”.

Alonso ha recordado que en los ocho años de Gobierno del PSOE se han producido más de 100 subidas de impuestos, mientras las familias y empresas soportan el impacto de la inflación.

En este sentido, ha destacado el plan del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que incluye medidas como:

  • Bajada del IRPF para compensar la inflación.
  • Alivio fiscal a familias con hijos.
  • Reducción del IVA de la electricidad, el gas y la gasolina del 21% al 10%.
  • Eliminación del impuesto a la generación eléctrica.

Análisis del impacto económico

Alonso ha señalado que el Gobierno de Cantabria analizará junto al sector primario, la industria y el tejido empresarial el impacto que la crisis internacional está teniendo en la comunidad para adoptar medidas que complementen las que debería poner en marcha el Ejecutivo central.

Críticas al delegado del Gobierno

Por último, el dirigente popular ha criticado la actuación del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en relación con su reciente viaje a México.

“Pedro Casares miente y ahora también se esconde”, ha afirmado Alonso, quien ha acusado al delegado de no dar explicaciones claras sobre ese viaje y de eludir responsabilidades.

El portavoz popular ha reclamado que Casares explique con detalle la agenda del viaje, la delegación que le acompañó y quién asumió los costes, advirtiendo de que, si no lo hace, el Partido Popular estudiará las medidas oportunas.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha calificado de “inaceptable” que el servicio de alta velocidad entre Málaga y Madrid siga sin recuperarse en un momento clave para la economía y el turismo de la provincia.

España ha advertido de que esta situación se produce en fechas especialmente importantes para Málaga, con la celebración de eventos destacados y a las puertas de la Semana Santa, uno de los periodos con mayor impacto económico para el sector turístico y comercial.

“El sector ya empieza a calcular pérdidas millonarias”, ha señalado.

Advertencia de acciones legales

La consejera ha asegurado que, si la conexión ferroviaria de alta velocidad no se restablece completamente antes de Semana Santa, la Junta de Andalucía estudiará todas las vías legales disponibles para reclamar los daños ocasionados.

“Si en Semana Santa no está restablecida completamente la conexión ferroviaria entre Málaga y Madrid, desde la Junta de Andalucía utilizaremos todos los instrumentos jurídicos de los que dispongamos para resarcir los daños que se están causando a Málaga y a los malagueños”, ha afirmado.

En este sentido, España ha subrayado que el Gobierno andaluz está dispuesto a dar la batalla jurídica para defender los intereses de la provincia.

Infraestructuras clave para Málaga

La consejera ha recordado que el AVE Málaga-Madrid ha sido históricamente una infraestructura estratégica para la provincia, fundamental para la movilidad, el turismo y la actividad económica.

“El AVE era la joya de la corona y se están cargando nuestras infraestructuras”, ha lamentado.

España ha insistido en la necesidad de que el servicio ferroviario se recupere con normalidad lo antes posible para evitar mayores perjuicios económicos y garantizar la conectividad de la provincia.

El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde, ha denunciado el “empobrecimiento” que están sufriendo los ciudadanos de la provincia como consecuencia de la inflación y del encarecimiento de los precios derivados del contexto internacional, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez continúa incrementando la recaudación fiscal.

Conde ha advertido de que la cesta de la compra ya había subido un 4% antes incluso del inicio del conflicto en Oriente Medio, y ha señalado que los datos de inflación correspondientes al mes de marzo “se dispararán” debido al incremento de los precios de la energía y los combustibles.

“El aumento de los carburantes está generando un efecto dominó que impacta en toda la economía de la provincia”, ha explicado.

Subida de carburantes y costes de producción

El dirigente popular ha detallado que los carburantes han superado ya el 30% de incremento, mientras que los abonos básicos para el sector primario se han encarecido hasta un 35%.

Además, ha alertado de que, si no se adoptan medidas urgentes, la cesta de la compra podría aumentar hasta un 50% en los próximos meses, afectando directamente al poder adquisitivo de las familias.

Críticas a la recaudación del Gobierno

Carlos Conde ha criticado que el Gobierno central esté aumentando sus ingresos fiscales como consecuencia directa de la subida de precios.

“El Gobierno se está frotando las manos ante este incremento desmesurado de los precios”, ha señalado.

En este sentido, ha apuntado que el Ministerio de Hacienda ha recaudado más de 20 millones de euros adicionales en la primera semana del conflicto debido al aumento del precio de los combustibles.

Denuncia del abandono a Málaga

El dirigente popular también ha lamentado lo que ha calificado como “ensañamiento del Gobierno con la provincia de Málaga”, recordando que tras los recientes temporales y los problemas de aislamiento ferroviario de la capital, el Ejecutivo central no ha impulsado medidas para compensar las pérdidas económicas sufridas por sectores clave como el turismo.

Propuestas del Partido Popular

Conde ha destacado que el Partido Popular propone un plan económico que permitiría aliviar hasta en 900 euros al año la carga económica de las familias.

Entre las medidas planteadas figuran:

  • La deflactación del IRPF para adaptarlo a la inflación.
  • Rebajas fiscales para familias con hijos.
  • La reducción del IVA de la electricidad, el gas y la gasolina del 21% al 10%.
  • La eliminación del impuesto a la generación eléctrica.

Asimismo, ha puesto en valor las políticas fiscales impulsadas por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, que ha aprobado siete rebajas fiscales que suponen un ahorro de 1.000 millones de euros para los andaluces, frente a las 97 subidas de impuestos aplicadas por el Gobierno central, ha concluido.

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