Actualidad Política

8 de noviembre de 2026

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La senadora del Grupo Parlamentario Popular, Marimar Blanco, afirma que “la violencia política no es un juego, o se está con la convivencia y la libertad o se está con los violentos”, tras lo que reprende al Gobierno de Sánchez por no condenar de manera contundente los actos violentos: “Cuando no se condena de forma inmediata la violencia se está siendo cómplice”, asegura.

Durante el debate de una moción del GPP que exige la condena de los actos violentos, en la Comisión de Interior de la Cámara Alta, Marimar Blanco afea a los senadores socialistas que no apoyen esta iniciativa y opten por la abstención.

La iniciativa de los populares reclama al Gobierno una condena de todos los actos de violencia; cumplir las exigencias del Consejo de Europa e investigar la agresión al periodista de El Español en la Universidad de Navarra.

Además, demanda una estrategia específica contra los grupos organizados que están reactivando la violencia callejera; y un respaldo firme y sin fisuras a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Marimar Blanco resalta que, tanto en Navarra como en el País Vasco, “la violencia avanza con total impunidad ante el silencio del Gobierno”, tras lo que recuerda los actos ocurridos el pasado mes de octubre en la Universidad de Navarra, donde 300 jóvenes encapuchados tomaron el campus y golpearon a 3 policías nacionales, agredieron a un estudiante y apalearon brutalmente al periodista de El Español, José Ismael Martínez.

Resalta que “los responsables tienen nombre y son miembros de organizaciones juveniles de la izquierda abertzale muy bien organizados, no eran cuatro chavales que pasaban por allí”, al tiempo que pone de relieve otros actos violentos ocurridos en Pamplona, Vitoria y Azpeitia, así como “los terribles incidentes de Madrid con motivo de la vuelta ciclista a España”.

También denuncia “los señalamientos en los campus universitarios del País Vasco y Navarra, los acosos a las sedes de partidos constitucionalistas y las humillaciones en espacios públicos a quienes dieron su vida por defender la libertad”.

Reprocha al presidente del Gobierno y sus ministros que no condenen estos actos violentos: “Ni una sola condena pública, ni una reacción contundente ni el más mínimo respaldo político a los agentes heridos”, remarca Marimar Blanco.

“Sánchez pisotea los pilares de la democracia cada vez que firma un acuerdo con Bildu, cada vez que concede beneficios penitenciarios a terroristas por puro interés partidista, o cuando se utiliza el periódico proetarra Gara para homenajear nuestra Constitución”, asegura la senadora del PP.

Para finalizar, Marimar Blanco afirma que “la seguridad de los ciudadanos, la libertad de prensa y la condena inequívoca de la violencia política” deben ser los los pilares de nuestra democracia.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado una nueva ampliación de los trabajos de la Comisión de Investigación del Caso Koldo con la incorporación de nuevos comparecientes, entre ellos el exministro de Defensa José Bono y el secretario adjunto de Organización y Acción Electoral del PSOE, Borja Cabezón.

Según ha explicado García, Bono deberá “dar la cara en el Senado” tras las informaciones publicadas sobre la creación de sociedades de asesoramiento en la República Dominicana. La dirigente popular ha señalado que “la corrupción sanchista salpica a ambos lados del charco”.

En el caso de Cabezón, la portavoz del GPP ha aludido a las acusaciones relacionadas con la supuesta evasión fiscal a través de empresas instrumentales, asegurando que “no hay amigo ni alto cargo que no esté bajo la sombra de sospechas por corrupción”.

Hasta 20 nuevas comparecencias

Esta ampliación —la decimosexta— incorpora hasta diez nuevos comparecientes, entre los que figuran también Rafael Pineda, Marc Pons o Ramiro Campos, entre otros.

A estos se suman diez nombres que ya comparecieron y que volverán a ser citados para “no dejar nada sin investigar”, entre ellos Ángel Víctor Torres, Javier Hidalgo, o María Leire Díez, entre otros perfiles vinculados al caso.

Alicia García ha subrayado que esta ampliación responde a la evolución de las investigaciones judiciales y a la información publicada por los medios de comunicación, así como a la documentación solicitada por los senadores del GPP.

“Las investigaciones que salpican al Gobierno no dan tregua y en el Senado la verdad seguirá saliendo a la luz”, ha afirmado.

El Partido Popular reitera su compromiso con la transparencia y la depuración de responsabilidades, y continuará impulsando los trabajos de la Comisión hasta esclarecer todos los hechos relacionados con el Caso Koldo.

La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Macarena Montesinos, ha denunciado las presuntas amenazas realizadas en privado por el presidente de RTVE, José Pablo López, a miembros del Consejo de Informativos tras la publicación de un informe que alertaba de mala praxis en programas como Mañaneros 360 y Malas Lenguas.

Montesinos ha rechazado que el Consejo de Informativos dependa jerárquicamente del Consejo de Administración de RTVE y ha recordado que se trata de “un órgano de participación de los profesionales para asegurar la neutralidad y objetividad de los contenidos informativos”. “Ni usted ni sus palmeros tienen mando sobre el Consejo de Informativos”, ha afirmado.

Denuncia de manipulación y externalizaciones

El portavoz del GPP en la comisión, Eduardo Carazo, ha criticado que determinados presentadores “no moderan, sino que opinan en contra del manual de estilo de RTVE” y ha puesto ejemplos de lo que considera manipulación en favor del PSOE.

Asimismo, ha repasado la lista de entrevistas a miembros del Gobierno emitidas por RTVE durante el pasado mes de noviembre y ha ironizado con que “algún ministro va a necesitar despacho en Prado del Rey”.

Carazo ha denunciado también que la externalización de programas informativos como Mañaneros, Directo al grano o Malas lenguas “vulnera la ley y el mandato marco”, acusando al presidente de RTVE de haber creado “una redacción paralela pagada con dinero público para eludir el control de los trabajadores de la casa”.

Señalamientos desde el Parlamento Europeo

Por su parte, la diputada del GPP Belén Hoyo ha denunciado el “plantón” del presidente de RTVE a una delegación del Parlamento Europeo que investigaba la situación de la corporación, considerando que ese gesto “confirma las sospechas que existen en el seno de la UE”.

La también diputada popular Ana Martínez Labella ha advertido que se ha producido el cese del responsable del departamento de Auditoría Interna y Cumplimiento “sin concurso público y sin previo aviso”, subrayando que RTVE “es un servicio público y no un despacho privado”.

El Grupo Parlamentario Popular ha reiterado su compromiso con la neutralidad informativa, la transparencia y el cumplimiento de la ley en la radiotelevisión pública, y ha exigido explicaciones inmediatas ante lo que considera un deterioro grave de la independencia de la corporación.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha denunciado la gravedad de las informaciones conocidas sobre el accidente ferroviario de Adamuz, en las que se apunta a que miembros de Adif se habrían llevado pruebas sin autorización judicial.

Muñoz ha exigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que comparezca para dar explicaciones claras y detalladas. “La próxima vez que venga al Congreso, en lugar de venir con el traje de chulo de discoteca, que venga con el traje de dar explicaciones sobre todo esto”, ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que el Partido Popular ha solicitado una nueva comparecencia del presidente de Adif, recordando que el Gobierno aseguró que acudiría “inmediatamente” a la Cámara Baja y que, hasta la fecha, no se ha producido.

Exigencia de transparencia real

La portavoz popular ha criticado que el presidente del Gobierno solo quiera desclasificar documentos de hace 45 años y no los relativos a la gestión actual. “La pena es que este furor de transparencia que le ha entrado a Sánchez le lleve hasta 1981 y no a todo lo que hay ahora”, ha aseverado.

Muñoz ha recordado que el PP ha solicitado los expedientes de contrataciones en empresas públicas relacionados con distintos casos que afectan al entorno del Gobierno, sin haber obtenido respuesta. En este sentido, ha anunciado que el GPP registrará una solicitud de amparo ante la Mesa del Congreso para que el Ejecutivo entregue la documentación requerida.

“Este Grupo Parlamentario tiene 150 peticiones de documentación que el Gobierno no nos ha dado todavía. La transparencia no llega a lo que hacen ellos, llega a lo que estaba juzgado hace 45 años”, ha denunciado.

Negociaciones y estabilidad institucional

En relación con las negociaciones entre el Partido Popular y Vox, Muñoz ha defendido que es lógico que la primera fuerza política que ha ganado unas elecciones presente un documento marco claro y transparente para dar certidumbre sobre los términos del acuerdo.

Ha subrayado que dicho documento establece que las negociaciones deben centrarse en competencias autonómicas y no nacionales, y ha considerado “muy lejano” un escenario de repetición electoral, señalando que “ningún ciudadano entendería que las fuerzas del centro-derecha desaprovechen una mayoría amplia para gobernar”.

Ester Muñoz ha reiterado el compromiso del Partido Popular con la transparencia, la rendición de cuentas y la estabilidad institucional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido hoy un encuentro en la Real Casa de Correos con la nueva presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Madrid), Mayte Gallego, para reforzar la colaboración institucional y avanzar en las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad.

El Gobierno regional ha destacado la participación activa de CERMI Madrid en la elaboración de la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad Horizonte 2028, un plan que contempla más de 300 medidas y una inversión de 4.800 millones de euros.

Recursos pioneros y nuevas iniciativas

Entre las actuaciones más relevantes, la Comunidad de Madrid está incorporando recursos innovadores en la red pública, como el nuevo Servicio de Inserción Sociolaboral (SERPAIS), dedicado exclusivamente a personas con autismo y en el que ya han participado 36 usuarios, o la futura Oficina de Vida Independiente para personas con enfermedad mental grave y duradera, que será una realidad este año.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha avanzado en la reducción de barreras arquitectónicas y sensoriales en infraestructuras sanitarias y ha desplegado nuevas iniciativas como:

  • El programa de acompañamiento para pacientes ambulantes con discapacidad.
  • El proyecto Hospital Amable para personas mayores.
  • La adaptación de espacios para personas ostomizadas en cinco hospitales públicos.
  • El sistema de teletraducción en llamadas a centros del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

El Gobierno de la Comunidad de Madrid reafirma así su compromiso con la inclusión, la accesibilidad universal y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, consolidando un modelo basado en la colaboración con las entidades sociales y en la inversión sostenida.

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha defendido que “la mejor campaña que puede hacer un partido que está en el Gobierno es la gestión del día a día, estar dedicado a solucionar los problemas de la gente”.

Según Repullo, cuando llega una cita electoral “los que no tienen decidido el voto valoran no los mensajes políticos de campaña ni el rifirrafe de las últimas semanas, sino lo que se ha hecho mucho antes”. En ese sentido, ha señalado que ahí es donde “gana el Partido Popular y, fundamentalmente, gana la sociedad”.

El dirigente popular ha vinculado esta gestión constante con el “resultado histórico” obtenido por el PP en Extremadura, que atribuye a dos factores: la buena gestión centrada en los problemas reales de la ciudadanía y la “desafección y rechazo que provoca Pedro Sánchez y el PSOE en territorios que sociológicamente eran muy favorables para ellos”.

Repullo ha subrayado que “aquellos gobernantes que no proponen soluciones y no conocen la realidad de los territorios son castigados en las urnas”, mientras que quienes trabajan y gestionan reciben el respaldo mayoritario.

Diálogo y estabilidad como señas de identidad

El secretario general del PP andaluz ha destacado la capacidad de diálogo del Gobierno presidido por Juanma Moreno, que, pese a contar con mayoría suficiente, ha aprobado siete presupuestos desde 2019 incorporando más de un centenar de enmiendas de todos los grupos parlamentarios.

“La vocación del Partido Popular siempre es el diálogo. Dialogar no es ceder, es llegar a acuerdos y respetar a los ciudadanos”, ha afirmado, contraponiendo este modelo al del anterior Gobierno socialista en Andalucía, al que ha acusado de “pasar el rodillo” a la oposición.

Repullo ha asegurado que Andalucía vive una “inercia muy positiva” y que los sondeos reflejan el deseo mayoritario de mantener “un gobierno estable, serio y centrado en los intereses de Andalucía”.

Financiación justa para Andalucía

El dirigente popular ha advertido de que uno de los principales retos es la falta de una financiación autonómica justa. En este sentido, ha citado datos de la Fundación FEDEA que sitúan a Andalucía un 4,5% por debajo de la media en financiación por habitante.

Para Repullo, mientras otras comunidades reciben tratamientos singulares, Andalucía necesita un modelo que garantice igualdad y recursos suficientes para afrontar sus retos.

Tolerancia cero ante el acoso

Por último, ha instado al PSOE a acudir a la Fiscalía ante los casos de acoso denunciados en el seno del partido. “Si de verdad quieren erradicar cualquier conducta inapropiada, el protocolo más eficaz es acudir a la Justicia”, ha señalado.

Antonio Repullo ha reafirmado que el PP seguirá centrado en la gestión, la estabilidad y el diálogo como pilares fundamentales del proyecto político en Andalucía.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha exigido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la activación urgente del Fondo de Contingencia y de Imprevistos, dotado con 36 millones de euros, para hacer frente a los graves daños ocasionados por las inundaciones registradas a finales de enero y principios de febrero.

Gregorio ha recordado que el tren de borrascas afectó “muy gravemente” a la ciudad, provocando anegamientos en calles fundamentales y en avenidas principales como la de la Real Fábrica de Sedas, que permanecieron cortadas al tráfico durante varios días. También resultaron afectadas viviendas y garajes, principalmente por el desbordamiento de arroyos que discurren bajo la ciudad.

El alcalde ha agradecido la actuación de los servicios de emergencia, bomberos de la Diputación, Infocam, Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional, Cruz Roja y los servicios municipales, cuya rápida intervención permitió mantener la seguridad y cierta normalidad en la vida diaria de los vecinos.

Asimismo, ha explicado que solicitó al Ministerio del Interior la declaración de Talavera como zona gravemente afectada por emergencia, petición que fue trasladada también a la Junta. Mientras el Estado ha incluido diversas zonas en dicha declaración, Gregorio ha lamentado que “la única administración que no nos ha comunicado absolutamente nada para ayudar a paliar los problemas que sufre la ciudad es la Junta de Comunidades”.

Por ello, ha insistido en la necesidad de activar el Fondo de Contingencia para financiar ayudas directas a los vecinos, la reparación urgente de infraestructuras dañadas —viales, redes de saneamiento e instalaciones públicas— y la ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas que reduzcan el riesgo de futuras inundaciones.

El alcalde también ha solicitado apoyo al Estado y a la Confederación Hidrográfica del Tajo para la rehabilitación de las zonas del río afectadas y la puesta en marcha de un sistema de drenaje del Tajo, reclamando la implicación de la Junta para trabajar de forma coordinada.

“Talavera se siente totalmente desprotegida por la Junta de Comunidades. Ahora es la Administración regional la que tiene que ayudarnos a paliar los daños sufridos”, ha concluido Gregorio.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha denunciado lo que considera una campaña de difamación impulsada desde el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez con el objetivo de “penetrar en Móstoles de forma absolutamente antidemocrática”.

Bautista ha asegurado que se trata de “una gran mentira” y ha rechazado que exista ninguna causa judicial abierta, querella o resolución judicial en su contra. “No hay ninguna condena, no hay ni siquiera la condición de querellado”, ha afirmado, defendiendo su derecho al honor y a la presunción de inocencia.

El alcalde ha anunciado que emprenderá acciones legales contra quienes hayan difundido acusaciones falsas o hayan actuado de mala fe, asegurando que defenderá “con uñas y dientes” su integridad, la de su Gobierno y la de su familia.

“Esto no le va a salir gratis al señor Sánchez”, ha señalado Bautista, quien considera que se trata de una “cortina de humo” en un contexto político marcado por debates nacionales y procesos electorales en otras comunidades autónomas.

El regidor ha reivindicado la legitimidad de su Gobierno, recordando que fue elegido por 39.000 mostoleños en las últimas elecciones municipales, y ha defendido que el actual Ejecutivo local está centrado en situar a Móstoles “en las cotas que se merece” y en reforzar la transparencia institucional.

Asimismo, ha reiterado su disposición a ofrecer todas las explicaciones necesarias en el Pleno municipal y ha subrayado que el Ayuntamiento continuará trabajando con normalidad y firmeza.

“El honor y la presunción de inocencia son valores fundamentales en una democracia”, ha concluido Bautista.

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