Cristóbal Ortega: «Los socialistas deben explicar por qué mantuvieron en su Ejecutiva a un condenado»
El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha exigido explicaciones a la dirección provincial del PSOE por el robo de informes y datos de Extranjería por parte de un cargo de su Ejecutiva en Vélez-Málaga y ha preguntado al secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, por qué le ha mantenido entre sus filas durante meses tras la primera sentencia.
Ortega, que ha trasladado esta misma cuestión a los socialistas de Vélez-Málaga y a su secretario general local, Víctor González, ha advertido de la gravedad de los hechos, que han sido ratificados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), alegando que “hablamos de información personal y sensible plasmada en los documentos que este conserje, con carné del PSOE, trataba de sustraer”.
Así, el dirigente popular ha incidido en que la sustracción probada de 17 documentos oficiales pertenecientes a la Delegación de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Vélez-Málaga es “un asunto suficientemente grave como para que los socialistas malagueños den explicaciones a la ciudadanía”.
“Hay que llegar al fondo del asunto y aclarar si el partido ha utilizado esa información sobre personas migrantes y en situación de vulnerabilidad”, dado que el condenado era responsable orgánico de esos asuntos en la Ejecutiva local, ha apostillado.
En esta línea, ha explicado en que la persona condenada ocupa actualmente el cargo de Secretario de Modelo de Ciudad, Datos, Prospectiva y Programa del PSOE de Vélez-Málaga y ha instado a los socialistas a exponer “no sólo si justifican este tipo de prácticas, sino por qué no han expulsado a este cargo local de sus filas desde que ocurrieron los hechos, en mayo de 2024”.
Por ello, ha instado a la dirección provincial del PSOE a que “se pronuncie lo antes posible sobre este asunto”, marco en el que ha sostenido que la sentencia del TSJA señala expresamente que la actuación de este cargo local presenta “ribetes incluso delictivos”, subrayando que “no es la primera vez que los socialistas malagueños tapan conductas supuestamente delictivas entre los miembros de sus filas”, ha concluido.
Díaz Ayuso nombra a Mercedes Zarzalejo nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha nombrado hoy a Mercedes Zarzalejo Carbajo como nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno autonómico. El Decreto con su nombramiento se publicará mañana, martes, en el Boletín Oficial regional -BOCM.
Zarzalejo (Madrid, 1976), que toma el relevo al consejero Emilio Viciana, ejercía desde octubre de 2025 como viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia de la Comunidad de Madrid. La nueva consejera es doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y diplomada en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Carlos III de Madrid.
Su trayectoria ligada al sector educativo incluye sus trabajos como personal docente e investigador en diferentes universidades y estancias en centros universitarios europeos. Zarzalejo, además, ha sido miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y de la Comisión de Educación de laFederación Española de Municipios y Provincias -FEMP-.
Alcaldesa y concejala del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias (2015/23) y diputada de la Asamblea de Madrid (2023/25), también es titulada en los estudios en Danza Española por el Real Conservatorio de Danza de Madrid y en los estudios de Ballet Clásico por la Royal Academy of Dance de Londres.
Zarzalejo abre una nueva etapa al frente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que en este 2026 tiene un presupuesto histórico de 6.959 millones de euros -el 22,7% del total regional-, y también con cifras récord de becas y ayudas al estudio y docentes en la educación pública. En universidades públicas, el presupuesto madrileño ha crecido este año un 6,5%.
Beatriz Gascó: «No se puede mantener la norma estatal y culpar a las comunidades por aplicar»
La portavoz de Educación del GPP, Beatriz Gascó, ha señalado que “el Gobierno de España fue quien modificó las pagas extraordinarias al profesorado y ahora no puede mirar hacia otro lado”.
La portavoz de Educación del GPP en Les Corts, Beatriz Gascó, ha señalado que el debate sobre la estructura de las pagas extraordinarias del profesorado “debe abordarse con rigor y sin confundir a la comunidad educativa”.
Gascó ha recordado que fue el Gobierno de España quien, en 2010, modificó el régimen retributivo del personal al servicio del sector público, afectando a la configuración de las pagas extraordinarias. “Esa estructura forma parte de la normativa básica estatal vigente y las comunidades autónomas estamos obligadas a aplicarla”, ha explicado.
“La Generalitat no puede alterar unilateralmente las retribuciones básicas fijadas con carácter estatal. Si alguien quiere modificar la estructura de las pagas extraordinarias, debe hacerlo donde corresponde: en el ámbito estatal”, ha afirmado.
La portavoz ha lamentado que se intente trasladar a la Comunitat Valenciana y a la Generalitat una responsabilidad que no le corresponde. “No es serio generar expectativas sabiendo que la competencia normativa es del Gobierno de España. Lo coherente es asumir la responsabilidad política de las decisiones adoptadas y actuar en consecuencia”.
Por último, Gascó ha defendido que “el profesorado merece claridad y seguridad jurídica. Si el Ejecutivo central considera que debe revisarse la estructura de las pagas extraordinarias, tiene la capacidad normativa para hacerlo. Lo que no es aceptable es mantener el marco estatal vigente y, al mismo tiempo, señalar a las comunidades por aplicarlo”.
Díaz-Pache: «Madrid será la gran perjudicada del acuerdo de financiación secesionista»
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha anunciado que esta semana se presentarán las conclusiones de la comisión que ha analizado el acuerdo de financiación impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, avanzando que el dictamen es claro: “No tiene encaje constitucional, fractura la igualdad y perjudica de forma directa a la Comunidad de Madrid”.
Díaz-Pache ha sido rotundo al afirmar que el acuerdo “supone una ruptura del principio de solidaridad interterritorial recogido en la Constitución” y que pone en riesgo la prestación de los servicios públicos comunes en todas las comunidades autónomas.
“El acuerdo fractura la Agencia Tributaria Estatal, introduce incertidumbre en el sistema y debilita la capacidad del Estado para garantizar el equilibrio territorial y social”, ha explicado. A su juicio, trocear la Agencia Tributaria “es un disparate que aumentará la burocracia y facilitará el fraude fiscal”.
El portavoz popular ha rechazado de plano la tesis de que Cataluña esté infrafinanciada, calificándola de “rotundamente falsa”, y ha advertido de que extender este modelo al resto de comunidades “es una trampa porque sencillamente no es posible”.
Díaz-Pache ha subrayado que la Comunidad de Madrid sería una de las regiones más perjudicadas por este acuerdo. “Madrid aporta actualmente el 70% del Fondo de Solidaridad Interterritorial y, con este modelo, se le exigiría aún más esfuerzo a los madrileños para que otros territorios aporten menos”, ha señalado.
Además, ha alertado de que Cataluña dejaría de contribuir al fondo en los términos actuales para pasar a una cuota negociada anualmente, lo que generaría “una incertidumbre absolutamente intolerable”.
“Este acuerdo no va de madrileños contra catalanes. Va de corrupción secesionista y de corrupción institucional para mantener a Pedro Sánchez en el poder”, ha denunciado, asegurando que se pretende modificar la Constitución “por la puerta de atrás” y avanzar hacia un modelo confederal “sin legitimidad democrática”.
Finalmente, Díaz-Pache ha defendido el modelo madrileño como ejemplo de buena gestión: “Con impuestos bajos y eficiencia, Madrid es próspera. Y como no pueden reconocerlo por puro sectarismo ideológico, pretenden imponer un sistema fracasado que ni siquiera garantiza la autosuficiencia en Cataluña pese a tener 15 impuestos propios”.
“Este acuerdo rompe la igualdad de oportunidades entre españoles y destruye los principios de solidaridad que sostienen nuestro Estado”, ha concluido.
José Antonio Sánchez: «Primero arreglen lo que depende del Ministerio y luego hablen de Madrid»
El viceconsejero de Presidencia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez, ha respondido a las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, defendiendo el modelo sanitario madrileño frente a los ataques del Gobierno central.
Sánchez ha asegurado que la Comunidad de Madrid no quiere “cargarse la sanidad”, sino “poner fin al chiringuito ideológico” que, a su juicio, impulsa el Ministerio mientras descuida los verdaderos problemas del sistema sanitario nacional.
El viceconsejero ha criticado que, en lugar de resolver las carencias que dependen directamente del Ministerio, la ministra opte por confrontar con la Comunidad de Madrid y plantear intervenciones o imponer un Estatuto Marco que “ni los propios profesionales sanitarios ven claro”.
En este sentido, ha defendido que Madrid cuenta con hospitales de referencia, libertad de elección de centro médico y capacidad de gestión propia, configurando un modelo que, según ha señalado, es uno de los mejor valorados por los ciudadanos.
“Madrid no necesita tutelas, necesita respeto”, ha afirmado Sánchez, quien ha acusado a la ministra de disfrazar de reforma sanitaria lo que considera una confrontación política basada en motivos ideológicos.
Finalmente, ha instado al Ministerio a centrarse primero en cumplir con los profesionales sanitarios de toda España y en solucionar los problemas estructurales que dependen de su competencia antes de señalar a comunidades autónomas que, ha defendido, gestionan con eficacia.
Cayetana Álvarez de Toledo: «El Gobierno huye de la UE porque sabe lo que esconde»
La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha denunciado este lunes el “plantón descortés y profundamente antidemocrático” del Gobierno de Pedro Sánchez a la misión del Parlamento Europeo que ha visitado España para evaluar la situación del Estado de Derecho.
Álvarez de Toledo ha vinculado esta actitud con las informaciones conocidas hoy sobre un estrecho colaborador del presidente del Gobierno y adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, que presuntamente habría utilizado una trama de empresas falsas y testaferros para eludir el pago de impuestos.
En este contexto, la diputada popular ha señalado que los distintos casos que afectan al entorno del presidente del Gobierno —en referencia a antiguos altos cargos, familiares y colaboradores— “no son manzanas podridas aisladas”, sino que reflejan un problema estructural. “Cuando todo el entorno aparece salpicado, el problema no es periférico, sino nuclear”, ha afirmado.
Álvarez de Toledo ha acusado al Ejecutivo de despreciar la labor de fiscalización europea por “temor a la vigilancia y al escrutinio”, asegurando que el Gobierno “no quiere que se investigue la corrupción en su entorno íntimo y político ni su presión sistemática sobre los contrapesos democráticos”.
Asimismo, ha advertido de que España atraviesa un proceso de “degradación institucional”, en el que —según sus palabras— se debilitan progresivamente la independencia judicial, el papel del Parlamento y la libertad de los medios de comunicación.
La diputada ha criticado también la reciente apelación del presidente del Gobierno a un “rearme moral” en Europa, señalando que “la regeneración democrática empieza por casa” y que España necesita recuperar estándares de ejemplaridad y transparencia institucional.
Finalmente, Álvarez de Toledo ha defendido que el país requiere “una profunda regeneración democrática” y un cambio político que garantice el respeto al Estado de Derecho, la separación de poderes y la rendición de cuentas.
Carmen Fúnez: «Emergencia en cadena: transporte, agua, vivienda y sanidad en crisis simultánea»
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha asegurado que “España no funciona” y que los servicios públicos esenciales atraviesan una “situación de emergencia nacional” como consecuencia de la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “El Gobierno está en respiración asistida por toda la corrupción que le inunda y ha llevado el sistema ferroviario, la red de carreteras, las infraestructuras hidráulicas, la vivienda o el caos sanitario a la UVI”, ha subrayado.
Fúnez ha criticado que el Ejecutivo no haya ofrecido “ninguna explicación convincente” sobre el accidente ferroviario de Adamuz, que considera fruto de “una negligencia donde ha fallado el mantenimiento y el control de la red”, ignorando incluso las advertencias de instituciones y sindicatos. “La marca España del AVE se ha convertido en la marca Sánchez de la España que no funciona”, ha afirmado.
La dirigente popular ha exigido un plan urgente de mantenimiento de la red de carreteras y ha denunciado que España invierte un 30% menos en conservación que los países de su entorno, situando la red viaria en condiciones “similares a las de los años 80 y 90”. Asimismo, ha anunciado que el PP interpelará esta semana al ministro de Transportes en el Senado para exigir explicaciones sobre el “caos ferroviario” y el deterioro de las infraestructuras.
En materia hidráulica, Fúnez ha recordado la petición del presidente Alberto Núñez Feijóo de impulsar un plan nacional de revisión de las 2.400 presas existentes en España y ha reclamado al Gobierno que no ignore las advertencias técnicas.
Respecto a la vivienda, ha criticado los “anuncios reiterados” del Ejecutivo desde 2018 y ha asegurado que “cada vez que hay un problema de corrupción, el Gobierno lanza una cortina de humo”. Frente a ello, ha reiterado el compromiso del PP de promover la construcción de un millón de viviendas en la próxima legislatura y reforzar la seguridad jurídica frente a la okupación.
En el ámbito sanitario, Fúnez ha anunciado una reunión con el comité de huelga y la mesa de la profesión médica para escuchar sus reivindicaciones y trabajar en soluciones “con rigor y diálogo”. Ha pedido al Gobierno informes jurídicos, técnicos y económicos sobre el Estatuto Marco y ha denunciado que las huelgas sanitarias son consecuencia de una política “más marcada por el sectarismo que por la gestión”.
Además, ha cuestionado la credibilidad del CIS, al que ha acusado de ofrecer datos alejados de la realidad demoscópica y electoral, y ha criticado que el Gobierno no haya recibido a la delegación de europarlamentarios que visitan España para analizar la situación del Estado de derecho y la corrupción.
“España necesita un Gobierno que gestione, que escuche y que asuma responsabilidades. Hoy lo que tenemos es un Ejecutivo agotado, sin presupuestos y sin rumbo”, ha concluido.
Paco Núñez: «El agua debe ser sinónimo de riqueza, empleo y futuro»
El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha indicado que el agua es un recurso esencial para el presente y el futuro del campo castellanomanchego, por lo que ha apostado por “garantizar que el agua llegue a agricultores y ganaderos”, ya que “no hay otro camino” porque “sin agua no hay agricultura ni ganadería, y por tanto, no puede haber desarrollo agroalimentario ni oportunidades en el medio rural”.
Así lo ha indicado tras mantener una reunión con la Federación de Usuarios de Aguas del Guadiana en Ciudad Real, a quienes ha agradecido su labor diaria para garantizar que el agua del Guadiana sea motor de riqueza, empleo y bienestar en la región, especialmente en la provincia de Ciudad Real.
El presidente regional del PP ha defendido que la política hídrica debe abordarse desde la generación de riqueza y empleo, alejándose del enfrentamiento y apostando por soluciones eficaces.
En este sentido, Núñez ha asegurado una de sus primeras decisiones al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha será poner en marcha el Pacto Regional por el Agua, firmado hace más de cinco años y que, según ha denunciado, “no se ha desarrollado”.
Igualmente, ha incidido en la necesidad de impulsar un Pacto Nacional por el Agua que permita blindar los intereses hídricos de Castilla-La Mancha en el marco de una planificación consensuada a nivel nacional.
Núñez ha destacado la puesta en marcha de una auditoría hídrica regional para conocer con exactitud cuánta agua tiene actualmente Castilla-La Mancha, así como la elaboración de un mapa de necesidades presentes y futuras que determine los recursos necesarios para la agricultura, la ganadería, el desarrollo urbano, industrial y la transformación agroalimentaria.
El presidente del PP regional también ha defendido garantizar la prioridad de la cuenca cedente, asegurando que todas las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha estén cubiertas antes de cualquier otra decisión.
Núñez ha advertido de que en los últimos años agricultores y ganaderos disponen de menos agua que hace una década, mientras persisten los mismos problemas estructurales de hace 40 años. “No puede ser que la región siga anclada en la misma problemática y con más dificultades que hace diez años”, ha lamentado.
REGULACIÓN DE LOS POZOS
Además, ha señalado cuestiones urgentes como la regularización de más de 1.800 pozos pendientes, la situación de los denominados “pozos de 7.000” cuya utilización podría verse comprometida en 2027 si no se actúa conforme a la Directiva Marco y la necesidad de ampliar plazos y garantizar los derechos de uso.
Por último, Núñez ha insistido en la importancia de invertir en infraestructuras hídricas, en la modernización y transformación de regadíos y en sistemas de almacenamiento que permitan a la región aprovechar al máximo sus recursos.
“Quiero ser el presidente que garantice agua para agricultores, agua para ganaderos y agua para el campo de Castilla-La Mancha, porque el agua tiene que ser sinónimo de riqueza, empleo y futuro”, ha concluido.