Actualidad Política

30 de octubre de 2026

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El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, ha reivindicado hoy la “política de los hechos, que cumple” y demuestra, con la protección de Les Casetes, “que las viviendas singulares de nuestro litoral tienen futuro”. “Lo decimos y lo hacemos”, ha manifestado Aguilella, quien ha celebrado “un cambio en las instituciones que ejerce una política que viene a servir a los ciudadanos, no a servirse de ellos”.

El número dos del PPCS ha hecho estas valoraciones poniendo en valor el informe favorable que la Conselleria de Cultura ha emitido sobre ‘Les cases de vora mar de la platja’ de Nules. “Un paso decisivo para lograr su declaración como Bien de Relevancia Local (BRL)”, ha considerado.

Al mismo tiempo, ha subrayado la “gestión de la palabra dada” que se materializa en la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana”. “Un marco legislativo que concilia los usos de las playas y ejerce de fortín sobre los conjuntos inmuebles tradicionales cuyos valores singulares son innegables. El futuro para unas viviendas que el Gobierno de Pedro Sánchez se empeña en derribar”.

Y mientras en el Congreso la proposición de ley aprobada por el PP en el Senado sigue bloqueada, el PSOE aprueba deslindes que “como en el caso de Torreblanca, Cabanes, Vinaròs o Benicarló, son lesivos para los intereses de la provincia”. Es por ello que Aguilella considera que “PSOE y Compromís actúan en contra de la protección y defensa de la costa y de los intereses de la provincia de Castellón”, ha concluido el secretario general del PPCS.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una iniciativa en Les Corts en la que pide al Gobierno de Pedro Sánchez que paralice la ley que obligará a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a asumir también todos los delitos sexuales cometidos hacia las mujeres. La portavoz popular de Violencia contra la Mujer, Verónica Marcos, ha advertido de que esta reforma tendrá graves perjuicios en la protección de las víctimas de violencia de género.

Esta decisión del Ejecutivo socialista, que deriva de la nueva Ley de Eficiencia Judicial, supondrá un “colapso inmediato” de unos órganos que, según recuerda Marcos, “ya están al límite de su capacidad”. La diputada del GPP ha denunciado que “el PSOE vuelve a hacer lo de siempre: aprueba reformas sin pensar en las consecuencias reales ni garantizar los medios necesarios para aplicarlas”.

Marcos ha señalado que el Gobierno de Sánchez ya aprobó sin ningún reparo la Ley del ‘solo sí es sí’, que ha reducido penas a más de 1.200 agresores sexuales, y ahora vuelven a cometer el mismo error. “Las juezas ya han advertido del desastre que se avecina, pero el PSOE prefiere el titular al trabajo serio. ¿Cuántos errores más van a cometer a costa de la seguridad de las mujeres?”, se ha preguntado.

En esta Proposición No de Ley el GPP recalca que, tres meses después de la aprobación de la ley, el Gobierno sigue sin dotar a las autonomías de los recursos necesarios ni coordinar su aplicación, lo que agrava la desigualdad en el acceso a la justicia y los problemas estructurales del sistema. Además, la práctica totalidad de operadores jurídicos, el CGPJ y los jueces especializados han rechazado la reforma. En la Comunitat Valenciana, estiman que la carga de trabajo aumentará un 20%.

Marcos ha respondido también a la propuesta del Ministerio de Justicia de incrementar 5 plazas judiciales para hacer frente al nuevo reparto de competencias en la Comunitat Valenciana, de las cuales 3 serán de nueva creación y 2 se reconvertirán desde juzgados de instrucción. “La realidad es que no se pueden improvisar jueces ni fiscales en pocos meses, ni especializarlos de la noche a la mañana. Y mientras tanto, ya ha entrado en vigor una reforma que desbordará unos juzgados ya saturados”, ha advertido.

Para la diputada del GPP, la prioridad debe ser reforzar los juzgados, no sobrecargarlos sin medios, ya que esto pone en peligro a las víctimas. “Exigimos al Gobierno medidas reales para proteger a las mujeres. Lo que hace el PSOE es propaganda sin preocuparse por las consecuencias”, ha concluido.

La ponente del Grupo Parlamentario Popular para el Proyecto de Ley del Voluntariado de la Comunitat Valenciana, Marisa Gayo, ha defendido durante el debate del texto en Les Corts que “esta ley es una herramienta necesaria para convertir las buenas acciones de voluntad en un voluntariado que perdure en el tiempo”.

Gayo ha puesto en valor el trabajo de los más de 8.000 voluntarios que hay en la Comunitat con historias personales de valencianos y valencianas que dedican su tiempo y su dinero a los demás. “Centenares de voluntarios en nuestra tierra inspiran la convivencia en una sociedad democrática, participativa y más justa”, ha afirmado.

La diputada popular ha recordado que “24 años después de la primera ley sobre voluntariado de la Comunitat”, esta norma garantiza el derecho de la ciudadanía a participar de forma consciente y activa en la construcción de una sociedad “más solidaria y justa”. En esta línea, el texto “establece un marco actualizado y flexible” para el desarrollo y promoción de la acción voluntaria.

Entre las principales novedades de la ley, Gayo ha destacado la creación del Registro de Entidades de Voluntariado y de la Tarjeta del Voluntario, que “servirá para acreditar competencias, dar seguridad jurídica y garantizar derechos”, así como el desarrollo de planes de voluntariado y la coordinación entre entidades públicas y privadas a través del Consejo Valenciano del Voluntariado. La parlamentaria ha explicado que esta tarjeta “ha sido una reivindicación de las organizaciones que han participado en el desarrollo de esta norma”.

“Somos una Comunitat comprometida, con una rica historia de solidaridad, con un compromiso arraigado que promociona los valores y principios de los castellonenses, alicantinos y valencianos. Somos un pueblo que sale el primero a la calle a ayudar, lo hemos hecho siempre. Somos un pueblo cuyo valiente corazón nos impulsa a realizar una acción de buena voluntad ante cualquier circunstancia”, ha concluido.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha indicado que la delegada del Gobierno Pilar Bernabé “no es la más adecuada para hablar y criticar a Mazón cuando todos la vimos huir de Paiporta con Sánchez”.

Laura Chulià ha afirmado que “Bernabé debería salir del bucle en el que se encuentra cuando hace declaraciones sobre el president de la Generalitat en las que incluso ya empieza a cuestionar que se tengan que establecer cordones de seguridad para protegerlo. Eso es grave e increíble. Le pedimos más responsabilidad. Debería mirarse en el espejo y analizar, por ejemplo, la única visita a Valencia de Pedro Sánchez, bunquerizado en la Delegación del Gobierno e incapaz en cinco meses de pisar la zona afectada. O la actitud del presidente del CHJ, Miguel Polo, escondido y sin dar ninguna explicación”.

Chulià ha indicado que “ya está bien de que Bernabé salga todos los días a hablar de cuestiones que no llevan a ningún sitio. En lugar de criticar siempre, lo que debería hacer es reclamar de una vez por todas y pedir a su jefe Sánchez, que es quien ostenta el máximo poder del ejecutivo central, que ayude de verdad a la reconstrucción que necesita la Comunitat Valenciana. Por ejemplo, de las mil viviendas de la SAREB solicitadas solo han facilitado 92”.

“Los socialistas han abandonado a los valencianos. Hemos pedido las ayudas, pero dos de cada tres han sido desestimadas por el Gobierno. Estamos hablando de centros educativos, servicios sociales, salud mental, infraestructuras vitales para los valencianos. Le pedimos que de una vez se centre en lo que es urgente y prioritario para los valencianos”, ha concluido.

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha afirmado que “el PP difícilmente puede pactar los presupuestos regionales con un partido que tiene como socios a Puigdemont y Bildu”, y ha recordado que “el PSOE no está en condiciones de dar lecciones de nada cuando pacta con quienes quieren romper España”.

Guardiola ha reprochado a los socialistas de la Región que exijan responsabilidad en esta tierra mientras “Pedro Sánchez tiene los Presupuestos Generales del Estado paralizados, prorrogados y caducados, porque fueron aprobados en una legislatura que ya ni existe”. 

“Con qué cara se presentan ellos que ni si quiera cumplen con el mandato de 134 de la Constitución que les obliga a presentar las cuentas Estatales”, y “cuando han amenazado incluso que son capaces de acabar la legislatura sin Presupuestos Generales”, ha dicho Guardiola. 

Guardiola ha acusado al PSOE de “anteponer siempre los intereses de Pedro Sánchez a los de la Región de Murcia”, y ha calificado como “puro teatro” su supuesto ofrecimiento para pactar los presupuestos regionales. “Se doblegan ante cada castigo del Gobierno central hacia esta tierra, así que su mano tendida es otro brindis al sol”, ha concluido.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha denunciado “la estafa piramidal de Sánchez con las ayudas a los vehículos por la dana. La recaudación del Gobierno por impuestos, vía renta e IVA, superará el importe de las ayudas”.

Chulià ha explicado que “la estafa de Sánchez consiste en dar ayudas solo por la compra del coche no por vehículo siniestrado como Mazón. Eso significa que recaudará más por el IVA de los 120.000 coches que se renovarán tras la dana que ayudas dará a los afectados”.

“La cuantía de las ayudas pagadas por el Gobierno central se queda en 25 millones de euros, según los últimos datos; es decir, Sánchez sólo ha pagado el 19,2% del importe total de las ayudas destinadas a las personas que perdieron sus vehículos por la riada y ahora necesitan comprar otro vehículo. Así, el Consell de Carlos Mazón ha pagado 146 millones de euros por este capítulo, casi seis veces más”.

Laura Chulià ha indicado que “mientras el Gobierno gana más a costa de la tragedia, obliga a la Generalitat a hipotecarse para ayudar a los afectados. Sánchez no le da a los valencianos ninguna ayuda a fondo perdido, sino que tan solo le permite endeudarse más”.

“Además, ahora Sánchez ha bloqueado la ayuda anunciada de 10.000 euros por coche eléctrico porque quiere que pague la UE”, ha continuado. “Pero esta estafa se extiende más allá de los vehículos. Como ha señalado la CEV en su informe reciente, Pedro Sánchez cobra más IVA por sus ayudas que lo que entrega a los afectados y sólo el 9% de lo anunciado son ayudas directas mientras que en el caso de Mazón se eleva hasta el 61%”.

La diputada popular también ha criticado la lentitud del ritmo de pago de la administración estatal respecto al Consell. “Es vergonzoso que a estas alturas el Consorcio de Seguro todavía tenga a 28.000 valencianos, un 20% de las indemnizaciones, sin cobrar y que reconozca que, a este ritmo, hasta finales de abril, seis meses después de la tragedia, aún le quedarán ayudas sin pagar, pese a que la ley de contrato de seguros obliga a pagar tres meses después del siniestro como máximo”.

Por último, Laura Chulià ha explicado que “los seguros del Consorcio no son un regalo de Sánchez, sino que provienen de las pólizas de los asegurados; son pagos a los que tienen derecho. Además, las ayudas anunciadas por Sánchez para vehículos están vinculados a la compra, mientras que las ayudas de Mazón se abonan por siniestro, sin necesidad de comprar coche nuevo”.

La portavoz de políticas LGTBI del GPP en Les Corts, Verónica Marcos, ha asegurado que el Consejo Valenciano LGTBIQ+ acoge a todas las personas y asociaciones del colectivo y ha denunciado que “Compromís miente una y otra vez, con el único objetivo de alimentar la crispación”. En ese sentido ha remarcado que “por supuesto que desde el Consell no se recortan derechos a las personas LGTBI, al contrario, se va a continuar trabajando por la inclusión y los derechos del colectivo”.

Verónica Marcos ha insistido en que “todas las entidades que representan al colectivo tienen derecho a proponer ideas y participar” en contraposición de lo que ocurría con el Botànic. “La llegada del gobierno de Carlos Mazón ha supuesto acabar con 8 años de sectarismo ideológico por parte del PSOE y Compromís, con quienes imperaba el coto de las subvenciones”.

La diputada popular ha señalado que “lo que se ha planteado a través de las enmiendas a la Ley de Acompañamiento es la refundación  del  Consejo Consultivo Trans en el Consejo Valenciano LGTBIQ+” ya que la composición y régimen de funcionamiento del primero, creado en 2017 por el Botànic “ha sido objeto de debate por parte de las entidades sociales que no estaban representada”.

Así, “siguiendo con la apuesta por la eficiencia y simplificación administrativa, y con el fin de evitar burocracia excesiva, se considera oportuno la supresión del Consejo Consultivo Trans, sin que ello signifique una merma en los derechos de las personas trans” puesto que “consideramos que su protección y promoción de sus derechos es igualmente eficaz sin la necesidad un órgano consultivo separado del Consejo Valenciano LGTBIQ+, que lo único que puede producir es duplicidad de funciones, con la consecuente mala gestión y por tanto poca eficacia”. Por lo tanto, “será el Consejo Valenciano LGTBIQ+ que garantizará el control, evaluación y comprobación periódica de la ley que modificamos” ha apuntado Marcos.

La portavoz de Políticas LGTBI en Les Corts ha insistido en que “queremos dejar claro que en el Consejo Valenciano LGTBIQ+ están todas las personas del colectivo representadas y que además, vamos a modificar el reglamento que desarrollar el Consejo Valenciano LGTBIQ+ para que lo formen todas las entidades LGTBIQ+ de la CV que quieran participar, proponer ideas o coordinar acciones”.

El diputado del GPP, Ángel Alonso, ha sido nombrado esta mañana portavoz del Grupo en la comisión de estudio sobre las consecuencias del llamado “acuerdo bilateral del concierto singular en Cataluña” y en sus declaraciones a los medios después de la sesión de constitución ha señalado Sánchez y Puigdemont negocian a espaldas de todos los españoles lo que es de todos los españoles para que Cataluña pase a recaudar el 100% de los impuestos en la región, poniendo en riesgo el modelo de Estado y el derecho de todos los madrileños a seguir viviendo en un país de ciudadanos libres e iguales”.

Por ello, el objetivo de esta comisión de estudio “es el análisis de las consecuencias que tiene para todos los madrileños* el concierto singular de Cataluña o cupo catalán”, ha explicado Alonso, quien ha criticado que, lo llamen como lo llamen, es un acuerdo entre Pedro Sánchez y los separatistas a espaldas del resto de Comunidades Autónomas.

“Este acuerdo causa un daño a la Hacienda española y al propio mantenimiento del Estado, y pone en riesgo la prestación de los servicios públicos en todas las CCAA, entre ellas Madrid, para la que supone además un nuevo hachazo fiscal”, ha indicado.

Sin embargo, para Alonso lo más relevante es que “se trata un nuevo ataque a la Constitución española, que es el objetivo de los separatistas., porque pone en peligro dos de los principios básicos que recoge la Constitución: la solidaridad entre todas las tierras de España y la igualdad entre los ciudadanos”.

Sobre la ausencia del PSOE como parte de la comisión, el popular ha afirmado que no forma parte de esta comisión porque “no puede explicar a los madrileños por qué les hace pagar ese precio, por qué pone en riesgo los servicios públicos en la región y permite un nuevo hachazo fiscal para mantener a Pedro Sánchez en el poder”.

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