Actualidad Política

30 de octubre de 2026

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La portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Pepa Pardo, vuelve a exigir la dimisión del Fiscal General del Estado por considerarle una “auténtica anormalidad democrática. Por higiene democrática y respeto a la institución que representa váyase”. 

Durante la comparecencia del Fiscal General en la Comisión de Justicia del Senado, Pepa Pardo le acusa de “seguir aferrado a su cargo, dinamitando la Fiscalía y el Estado de derecho”, a pesar de que “cada semana, cada día, cada hora le sacude un nuevo escándalo”. 

“¿Por qué no dimite? ¿Quién le ha dado la orden de aferrarse al cargo? ¿El número Uno? ¿A quién quiere proteger? ¿Es democrático que quien debe perseguir delitos esté imputado o que el tribunal aprecie una ‘dinámica delictiva’?”, interroga la senadora popular a Álvaro García Ortiz.

Afirma que el Fiscal General “está al servicio de Pedro Sánchez, es el protector del número Uno”, al tiempo que le dice que “cada vez está más acorralado y más aferrado a su cargo”.

Además, Pepa Pardo acusa al Fiscal de actuar “al más puro estilo de un vulgar delincuente por borrar las pruebas de un presunto delito”, en referencia al borrado de los mensajes de su móvil y los correos de su cuenta privada de Gmail.

“Usted no puede seguir ni un minuto más en su cargo porque es un verdadero esperpento que un FGE borre las pruebas de un presunto delito”, le dice, tras lo que le recuerda “el frenesí telefónico que vivió antes de la filtración de los datos privados de un ciudadano particular, prueba de que existía una operación contra una rival política”.

COMPORTAMIENTO PROPIO DE DELINCUENTES 

La portavoz de Justicia del GPP también se refiere a su declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo el pasado 29 de enero y critica que se negará a responder a las preguntas del magistrado instructor. “Un comportamiento propio de delincuentes e impropio de quien ostenta su cargo”, reprende a García Ortiz.

“Eso lo puede hacer usted, Álvaro García Ortiz, pero no el Fiscal General del Estado porque entre sus funciones está velar por la independencia judicial, aunque parece que lo ha olvidado”, apostilla.

Por otra parte, Pepa Pardo utiliza calificativos como “vergüenza, obscenidad, incidencia e inmoralidad” al describir la actuación del Fiscal General al frente de la Institución: “Primer FGE considerado inidóneo por el CGPJ, acusado de desviación de poder por el Tribunal Supremo por su política de nombramientos y promover a Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal”. 

Así mismo, recrimina a García Ortiz por “no reconocer la legitimidad del magistrado del Tribunal Supremo; callar antes las acusaciones de lawfare a sus compañeros; por erigirse en abogado defensor de Pedro Sánchez en lugar de los intereses generales; por dictar circulares en contra del criterio de la mayoría de los fiscales por su servilismo al Gobierno sanchista; y por impulsar una circular apoyando la ley del sólo sí es sí en contra del criterio mayoritario de los fiscales”.

La senadora del PP también le reprocha no haber hecho nada por “esclarecer los más de 300 asesinatos sin resolver de ETA”, así como pedir el archivo de la investigación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y dar “carpetazo” a la investigación contra Otegui. 

“Usted representa la historia negra de la Fiscalía y su gestión se resume en dos palabras: servilismo e imputación”, subraya Pepa Pardo, tras lo que concluye su intervención reiterando que “por higiene democrática y respeto a la institución que representa, váyase señor García Ortiz”

La miembro de la ejecutiva del Partido Popular de Burriana y edil de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha criticado que «Sánchez haya dejado sin opciones gratuitas a las parejas que deseen casarse en nuestra ciudad». Una decisión que viene marcada por la Ley Orgánica de 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina la potestad matrimonial a los jueces de Paz. «No hay nada más ineficiente y menos moderno que obligar a 140 parejas burrianenses a coger el coche para tener que casarse en Vila-real», ha valorado Monfort.

En referencia a esta pérdida del servicio y derecho para todos los burrianenses con la entrada en vigor de la nueva ley, la miembro de la ejecutiva del PP en Burriana ha adelantado que «vamos a luchar para evitar que las parejas tengan que desplazarse y nos reuniremos próximamente con el registro civil para ver qué acuerdos podemos alcanzar».

«Este equipo de gobierno liderado por el PP va a dar la batalla para que nuestros vecinos no pierdan más servicios ni derechos» ha valorado Monfort, quien ha añadido que «los tiempos en que nuestra ciudad era ignorada, ninguneada, pisoteada o despojada de servicios en favor de otros municipios sin alzar la voz se han acabado».

La portavoz de Política Social del GPP en Les Corts, Elena Bastidas, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez la elaboración de un estudio, en coordinación con las Comunidades Autónomas, “para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral Adquirido”, que cuente con la participación de todos los agentes implicados, fundamentalmente el movimiento asociativo y el tercer sector, con el objetivo de “garantizar la máxima calidad de vida y la integración social de las personas con DCA”.

En la Comunitat Valenciana hay 52.451 personas que sufren esta lesión, de ellas 46.157 lo son por accidentes cerebrovasculares. Mientras que en España la sufren un total de 435.400 personas, de las que 213.000 son mujeres. Una cifra que, según ha indicado la diputada popular “año tras año se incrementa y se considera actualmente como una discapacidad emergente”.

Como consecuencia, “la vida de la persona que lo sufre y la de su familia cambia por completo de manera súbita e inesperada, por lo que, actividades que antes hacía sin ningún problema, ahora suponen un enorme esfuerzo físico y cognitivo”, ha apuntado la diputada popular.

Por todo ello, ha indicado Bastidas, “es necesario una acción inmediata e integral por parte de la Administración Pública, entidades prestadoras de servicios y las Comunidades Autónomas, para garantizar la igualdad de oportunidades y derechos de las personas con Daño Cerebral Adquirido, con herramientas y recursos para mejorar el acceso y la participación social y favorecer su calidad de vida”.

El PP ha presentado una proposición no de ley solicitando al Gobierno revertir la cancelación de las ayudas destinadas a proyectos de investigación en Inteligencia Artificial.

La portavoz de universidades del GPP, Lola Roch, ha exigido a la ministra Morant que “deje de perseguir a los científicos y restituya las ayudas a la investigación. Es vergonzoso que la ministra Morant haya cancelado sin dar razón las ayudas a proyectos de investigación que ya estaban convocadas y a las que se presentaban cerca de 40 proyectos de la Comunitat Valenciana, con el concurso público de méritos realizado y sólo a falta de adjudicar”.

Para la diputada popular, “la paralización de la convocatoria, de 31 millones de euros, procedentes de fondos europeos Next Generation EU, es una falta de respeto a los investigadores que han invertido tiempo y esfuerzo en la elaboración y presentación de los proyectos. Son más de cien investigadores que se ven afectados laboralmente al haber vinculado su carrera al mantenimiento de dichos proyectos que debían haberse resuelto en marzo del pasado año”.

“Nadie entiende que el Ministerio haya suspendido un proyecto millonario sin más explicaciones para realizar una nueva convocatoria y con unas nuevas condiciones bajo sospecha”, ha señalado.

Lola Roch ha indicado que “Morant, en lugar de insultar a Mazón y huir a la Antártida sin importarle la Comunitat Valenciana, debería dedicarse más a las tareas propias de su Ministerio y apoyar la investigación de verdad. Todo lo que toca, lo estropea. Ha hundido el prestigio de un centro prestigioso como el CNIO tratando de mantener hasta el último momento a su directora María Blasco pese a los escándalos, ha provocado el desmantelamiento del Centro Nacional de Neurociencias, polémicas en el CSIC, ceses y dimisiones controvertidas… lo mejor que podía hacer es abandonar el Ministerio”.

Roch ha indicado que “la gravedad de la decisión de revertir la convocatoria en pleno proceso no sólo interrumpe los esfuerzos para posicionar a España como líder en la investigación de la Inteligencia Artificial, sino que también pone en peligro la utilización estratégica de los fondos europeos de recuperación dedicados a fomentar la innovación y la colaboración interdisciplinaria en este campo fundamental. Es una irresponsabilidad y demuestra la incapacidad de Morant para gestionar nada”.

Por último, Lola Roch ha señalado que “el abandono de los científicos por parte del Ministerio contrasta con el Consell de Carlos Mazón que ha puesto en marcha el programa Valer para atraer talento y contratar a 30 investigadores de prestigio en cinco años”.

El senador del Partido Popular de la Región de Murcia Francisco Bernabé ha denunciado que “el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a castigar a la Región de Murcia, ahora con el pago de los peajes en las autopistas”.

“El Ejecutivo central anuncia que libera del pago de peajes a la circunvalación de la AP7 a su paso por Alicante, pero se olvida precisamente del tramo que va de Cartagena a Vera en nuestra comunidad autónoma”, ha lamentado Bernabé.

“El único ranking que lidera la Región de Murcia con Pedro Sánchez es el de los agravios comparativos”, ha señalado el senador.

Al respecto ha recordado que “además de soportar la peor financiación autonómica de España, de tener mutilado el Trasvase Tajo-Segura, abandonado el Mar Menor, sepultado el proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán, de imponernos los trenes AVE más lentos de España, ahora los habitantes de esta Comunidad Autónoma tenemos que seguir pagando por unas carreteras que son públicas”.

“No queremos más que nadie, pero al menos queremos ser tratados igual que el resto de los ciudadanos españoles, algo que sabemos que mientras gobierne el PSOE va a ser imposible”, ha subrayado Bernabé.

“La única esperanza que nos queda es que haya elecciones cuanto antes y que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo vuelva a gobernar España: será el momento en el que vuelva la decencia, la dignidad y, desde luego, la igualdad entre todos los españoles”, ha concluido.

La diputada del GPP en la Asamblea de Madrid, Ana Millán, ha reprochado a la izquierda que “frente a la prioridad del PP de Madrid con el mundo rural, tenemos enfrente a un PSOE que se llena la boca con campañas de la España vaciada pero es incapaz de asumir sus competencias dejando así abandonados a los ayuntamientos”.

Así lo ha hecho durante el Pleno en la cámara regional, en el que ha recordado que “es un deber de todos, administración y ciudadanos, trabajar juntos para garantizar el futuro”.

En ese sentido, la popular ha señalado que “los municipios son el alma de Madrid. Son espacios de convivencia, de cultura y tradiciones que han resistido el paso del tiempo con esfuerzo y dedicación. En cada calle y en cada plaza de cada pueblo se encuentran los valores que nos definen y hacen grande nuestra región”.

“El compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con el municipalismo se concreta en este tipo de políticas públicas. Políticas de verdad, de hechos y no de palabras, alejadas de esa ideología woke que tanto gusta a la izquierda pija, que un día viene en bici para aparentar cuánto cuida el medioambiente, pero que ataca y desprecia al campo y al mundo rural con sus mantras, sus sectarismos y sus prohibiciones en cuanto tocan un poquito de poder”, ha criticado.

Sobre la falta de efectivos y medios de la Guardia Civil, competencia del Estado, Millán ha reprochado que tenemos un delegado del Gobierno “más ocupado en confrontar con alcaldes y el PP que en cubrir las carencias para garantizar la seguridad en nuestros municipios”.

Para concluir, la diputada ha asegurado estar “orgullosa de ser de pueblo”, al tiempo que ha señalado que “es hora de reivindicar su papel como espacio de oportunidades y de futuro. Porque un Madrid sin sus pueblos es una región sin raíces, y nosotros vamos a velar para asegurarnos de que esas raíces sigan firmes y vivas”.

La síndica adjunta del GPP en Les Corts, Laura Chulià, ha apuntado que «la verdad va saliendo a la luz poco a poco, cada día más». Así se ha manifestado en relación a la conversación entre la AEMET y Emergencias el 29 de octubre, de la que ha subrayado que «se confirma que tanto desde la AEMET como desde la Delegación del Gobierno y Presidencia de la Generalitat la información que se manejaba en esas primeras horas era que el mayor riesgo de esas lluvias abundantes pasaría sobre las 18 horas de la tarde». Para la diputada popular «eso sí que es una realidad».

En cuanto a las «interpretaciones» de este audio, Chulià ha remarcado que «quien tiene que juzgar el nivel de responsabilidad de unos y otros es precisamente el poder judicial, que para eso está y, nosotros, desde el PP, seguimos defendiendo esa independencia de los tres poderes, le pese a quien le pese».

La síndica popular ha tachado de «desacertadas» las declaraciones de «los portavoces del sanchismo en la Comunitat Valenciana» en las que han acusado de manipular la información sobre este asunto. Laura Chulià ha denunciado que «vuelven a poner en duda informaciones de las que se hacen eco medios de comunicación de ámbito nacional, menosprecian la labor de los que ellos dicen ‘pseudomedios’ después de intentar copar el control de radio televisión española precisamente en esas horas más críticas después de la riada del 29 de octubre».

La portavoz del Partido Popular en Rivas, Janette Novo, ha denunciado la irresponsable gestión económica y urbanística del Gobierno municipal, que continúa dilapidando el dinero de los vecinos en pleitos judiciales contra la Comunidad de Madrid.

“El equipo de Gobierno de Rivas sigue generando deuda y conflictos en lugar de ofrecer soluciones reales a los problemas de los ciudadanos. Es incongruente que ahora pretendan que Rivas sea declarada zona tensionada en materia de vivienda, cuando ha sido el propio Ayuntamiento el responsable de paralizar las licencias de construcción, provocando la situación que vivimos hoy”, ha afirmado Novo.

Esta actitud ha tenido consecuencias directas para los jóvenes y las familias, que ven imposible acceder a una vivienda en el municipio. Durante el último Pleno municipal, los cooperativistas afectados recordaron a la alcaldesa que, por su decisión de bloquear las licencias, los ha dejado sin vivienda y sin expectativas de futuro.

Novo ha criticado que, en lugar de buscar soluciones reales al problema habitacional y facilitar el acceso a la vivienda, el Gobierno de Rivas haya optado por abrir un nuevo frente judicial denunciando a la Comunidad de Madrid por negarse a declarar la ciudad como zona tensionada.

“Mientras la alcaldesa judicializa la política, el éxodo de los jóvenes continúa. Están condenando a las nuevas generaciones de ripenses a marcharse de su ciudad porque aquí no encuentran oportunidades ni vivienda asequible”, ha concluido Janette Novo, exigiendo al Gobierno municipal que abandone la confrontación constante y se centre en gobernar para resolver los problemas reales de los vecinos.

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