Carlos Albaladejo: «El calor en las aulas no es un problema local, es un problema nacional».
El diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo ha asegurado, en respuesta al PSRM, que “el Gobierno regional trabaja en solitario desde hace años con iniciativas concretas para mitigar el calor en las aulas”.
“En lugar de actuar con oportunismo y demagogia fácil, el PSOE debería pedir a su jefe Sánchez un Plan Nacional para mejorar la climatización de nuestros centros educativos, y que aporte de una vez financiación”, ha señalado Albaladejo.
Al hilo, el diputado del PP ha recordado que “el Gobierno regional exigió al Ministerio el pasado 12 de junio, en la Conferencia de Educación, un plan nacional de modernización para mejorar las infraestructuras educativas en materia de eficiencia energética y de climatización, pero sigue sin haber respuesta alguna del Gobierno de Sánchez”.
“No estamos ante un problema local y específico de nuestra Región, sino de todo el país, y por eso el Gobierno de España debe atajar el asunto a nivel global”, ha apostillado.
Respecto a la financiación, Albaladejo ha señalado que “de los cerca de 80.000 millones de euros que ha concedido la Unión Europea a España no reembolsables, el Ejecutivo central sólo ha invertido 32.000 millones”. “Lo que pide el Gobierno regional es la redistribución de estos fondos para destinarlos a un plan nacional que permita a las comunidades realizar obras necesarias en educación para paliar los efectos del calor”, ha explicado.
“Pese a que Pedro Sánchez sigue sin poner un solo euro, ya está al 50 % la ejecución del Plan de Eficiencia Energética, con una inversión de 27 millones de euros en 166 centros educativos de 38 municipios de nuestra Región”, ha subrayado.
“Pero a estas alturas ya sabemos que los socialistas de la Región no molestarán a Pedro Sánchez tampoco para esto y seguirá apoyándolo ciegamente, cueste lo que cueste a la Región y a la climatización de sus centros educativos”, ha concluido.
Ruiz Jódar: «Sánchez cambia de ministro cada año pero los problemas de la sanidad siguen igual».
El Partido Popular de la Región de Murcia ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que “escuche de una vez a los profesionales sanitarios” que se han concentrado a las puertas del Hospital Virgen de La Arrixaca para reclamar al Ministerio de Sanidad que no cierre en falso la negociación del Estatuto Marco.
La diputada del PP, Mari Carmen Ruiz Jódar, ha denunciado que las propuestas de la ministra de Sanidad “han sido impuestas de forma unilateral, sin diálogo y contra el criterio de quienes sostienen cada día el sistema sanitario”. Por ello, ha reclamado su retirada inmediata porque “debilitan, deterioran y reducen la calidad de la asistencia sanitaria en toda España”, a lo que ha añadido que “la política sanitaria de Sánchez se reduce a un ministro por año y a soluciones cero”.
Ruiz Jódar ha subrayado que lo que necesita la sanidad española es un nuevo Estatuto Marco, elaborado junto a las comunidades autónomas y los profesionales del sector. “Hace falta consenso y soluciones de calado, no ocurrencias improvisadas que nos empujan al colapso del sistema”, ha remarcado al hacer hincapié en la falta de médicos en todo el país.
En este contexto, la diputada ha recordado que el PP ha impulsado numerosas iniciativas para revertir la grave situación asistencial, pero el Gobierno de Sánchez “no ha puesto sobre la mesa ni una sola medida, condenando a la sanidad española a un problema cada vez mayor y a un deterioro sin precedentes”.
Miriam Guardiola: «Nada hay más injusto que una Justicia lenta».
La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Miriam Guardiola, ha exigido al Gobierno de España “más jueces y más fiscales para la Región de Murcia, para así acabar con la peor ratio de unidades judiciales de toda España”.
Guardiola ha demandado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaños, “hechos y no palabras, porque llevamos siete largos años de promesas vacías e incumplidas”. “En concreto faltan 22 unidades judiciales que no pueden esperar más”, ha asegurado.
En ese sentido, y por su parte, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional presentará una moción para pedir al Gobierno de España más jueces y fiscales para la Región, frente a la discriminación en la materia que viene sufriendo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez
“A las puertas del solemne acto de apertura del Año Judicial de la Región, que se celebrará el próximo viernes, más que nunca desde el Partido Popular seguimos exigiendo al Gobierno de Sánchez lo que llevamos tantos años pidiendo: que acabe de una vez con el maltrato que también en materia de Justicia, que es competencia del Gobierno de España, nos viene sometiendo y que ha provocado un auténtico déficit estructural en la Administración en la Región”, ha alertado la portavoz regional del PP.
“Un déficit que pone de manifiesto el mismísimo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha instado al Gobierno de España a la creación de 18 nuevas unidades judiciales en la Región para agilizar la actividad en los juzgados y tribunales y adecuar la planta judicial a la litigiosidad existente”, ha apuntado Guardiola.
Al hilo, la portavoz ha recordado que, por su parte, “el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) propuso la creación de 22 nuevas unidades judiciales para hacer frente a la saturación prolongada en, especialmente, los partidos judiciales de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura”.
“También incidía el propio TSJUM en la necesidad de reorganizar y reforzar los juzgados especializados en violencia sobre la mujer de la Región, tal y como venimos advirtiendo desde hace tiempo desde el Partido Popular”, ha añadido.
“La creación de estas nuevas plazas se hacen imprescindibles, no solo para reducir de una vez los tiempos de respuesta judicial y descongestionar los juzgados”, ha señalado Guardiola, “sino también adecuar los recursos humanos a la nueva estructura prevista en la propia Ley de Eficiencia de la Justicia”.
Esta fue aprobada por el Gobierno de Sánchez con el rechazo de las asociaciones judiciales y que, “si no se ponen los medios necesarios, supondrá un retroceso en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista”, ha puesto de manifiesto.
“La falta de recursos e inversiones en la Administración de Justicia provoca dilaciones y retrasos que afectan a los ciudadanos y a nuestra economía”, ha insistido la portavoz del PPRM. Y ha remarcado que “mientras no se alcance la media nacional de jueces por habitante, no se podrá garantizar la calidad del servicio público de Justicia en la Región”.
“Ya es hora de que el ministro Bolaños se ponga manos a la obra y termine de una vez con su castigo y su trato injusto a la Región”, ha manifestado Guardiola. “Nada hay más injusto como la Justicia lenta y tardía a la que nos condena el Gobierno de Sánchez”, ha concluido.
González de Zárate: «Antifraude destapa sobrecostes millonarios en la estación de Albal».
El PP ha solicitado el convenio de la construcción de la estación de cercanías de Albal por parte del Ministerio de Fomento que ha presentado una serie de irregularidades detectadas por la Agencia Valenciana Antifraude.
El portavoz de infraestructuras del Grupo Popular en les Corts, Joserra González de Zárate, ha explicado que “hemos solicitado la documentación del convenio entre el Ayuntamiento de Albal y Adif, que fue firmado en su día por el anterior alcalde socialista de Albal e Isabel Pardo de Vera, por aquel entonces presidenta de la entidad pública empresarial”.
Joserra González de Zárate ha indicado que “Antifraude ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades en la tramitación y ejecución del convenio remitidas al Tribunal Supremo. Al parecer, se ha detectado un presunto pago por parte del consistorio a Adif de un importe superior a más de un millón de euros por encima del coste real de la obra”.
“Estamos hablando de irregularidades administrativas graves que deben ser analizadas y estudiadas, porque el modificado del contrato y los sobrecostes parece que no están debidamente justificados”, ha indicado.
González de Zárate ha afirmado que “esta obra se ha desarrollado a lo largo de tres etapas ministeriales, comenzando bajo el mandato de José Blanco en 2011, continuando con José Luis Ábalos y concluyendo con Óscar Puente, quien en 2024 aprobó una modificación del proyecto que ha sido entregado finalmente en 2025. Conociendo los antecedentes y modus operandi de la trama socialista, queremos conocer el convenio firmado por las administraciones entonces gobernadas por el PSOE, porque todos los hechos resultan más que sospechosos”.
Andrea Gigante: «Negar el reconocimiento al VDS es frenar la innovación valenciana».
El Grupo Popular en Les Corts ha pedido al Gobierno de España que declare el Valencia Digital Summit (VDS) como Acontecimiento de Excepcional de Interés Público por su impacto económico directo, indirecto e inducido, estimado en 20,3 millones de euros, y por su capacidad para generar oportunidades de inversión por valor de más de 480 millones de euros para startups participantes.
Así lo ha avanzado la diputada popular Andrea Gigante quien ha subrayado que este encuentro “se ha consolidado, desde su primera edición en 2018, como uno de los eventos tecnológicos más relevantes del panorama europeo. Contribuyendo de forma decisiva a posicionar a la ciudad de Valencia como un referente internacional en innovación, emprendimiento y atracción de talento”.
Gigante ha remarcado el VDS “ha contribuido a la creación de empleo equivalente a 1.853 puestos mensuales a tiempo completo y ha tenido un efecto total en el PIB de 9,3 millones de euros”. Por lo que “ha actuado como catalizador de inversión, con una proyección de más de 480 millones de euros en financiación para startups participantes. Desde 2018, las startups vinculadas al evento han recaudado más de 18.400 millones de euros”.
Para la octava edición del evento, que se celebrará los próximos 22 y 23 de octubre de 2025 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, “consideramos que este reconocimiento oficial por parte del Gobierno de España sería rotundamente significativo como herramienta que aporte beneficios fiscales al tejido empresarial valenciano que quiere involucrarse en dicho evento, fomentando la participación del sector privado y ofreciendo a las empresas colaboradoras un conjunto de incentivos fiscales”.
Francisco Bernabé: «Portmán respira veneno mientras el Gobierno central mira hacia otro lado».
El secretario general del PP se pregunta si con el nuevo delegado del Gobierno “tenemos un aliado en la Región de Murcia o simplemente tenemos un enviado de Pedro Sánchez”
El alcalde de La Unión del PP, Joaquín Zapata, ha anunciado que denunciará ante la fiscalía la inacción del Gobierno central por un posible delito contra la salud de los vecinos de Portmán, al conocer un informe emitido por la Policía Científica a raíz de una denuncia del PSOE al senador Francisco Bernabé. En él se determina la existencia en la bahía de “metales pesados, tóxicos, contaminantes y potencialmente nocivos contra la salud humana, vía inhalación, entre ellos plomo y arsénico”.
Estas conclusiones fueron extraídas del análisis del saco de estériles que el senador por Murcia del PP Francisco Bernabé entregó el pasado 20 de mayo a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en el Senado. Lo hizo a modo de protesta por la decisión adoptada por el Gobierno de España de romper el consenso para llevar a cabo la regeneración medioambiental de la bahía de Portmán, en La Unión, y optar en su lugar por el sellado de los residuos mineros contaminantes.
El alcalde también ha alertado de que la paralización desde el año 2018 hasta la actualidad del proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán, que ya tendría que estar finalizado, “ha supuesto y sigue suponiendo una contaminación del mar por medio de metales pesados”.
Por ello, en una rueda de prensa ofrecida hoy en la sede regional del PP, “el Ayuntamiento, en el ejercicio de su responsabilidad y del cuidado de sus vecinos”, ha decidido llevar a la Fiscalía estos hechos por si “eventualmente pudieran resultar delictivos”.
En el encuentro con los medios de comunicación también estuvieron los senadores Francisco Bernabé y Antonia López y el secretario general del PP, José Miguel Luengo. Bernabé ha explicado que, a raíz de su protesta en el Senado, el Departamento de Toxicología de la Universidad de Murcia realizó otro informe en el que se pone de relieve que “los estériles, al ir en una bolsa de plástico cerrada, no suponen ningún riesgo para nadie, como ya anunciamos que así ocurría”.
Bernabé criticó que el PSOE le denunciara porque llevar un saco de estériles a la Cámara Alta “podía suponer un atentado para la salud de la señora ministra y de los senadores del Partido Socialista, pero, sin embargo, los 20 millones de toneladas que tenemos allí, en la bahía, al aire libre, y que respiramos a diario las más de 40.000 personas que vivimos en las localidades de la Sierra Minera de Cartagena de la Unión, no suponen ningún peligro”.
El cambio de proyecto, ha recriminado Bernabé, fue una decisión unilateral que había existido entre todas las formaciones políticas, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, y entre todos los agentes sociales, económicos, sindicales, empresariales, académicos de la Región de Murcia”, ha remarcado el senador Bernabé.
Miriam Guardiola: «Los vecinos no necesitan promesas, necesitan policías».
La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia Miriam Guardiola ha preguntado al delegado del Gobierno Francisco Lucas, tras sus declaraciones de hoy, “cuántos agentes de la guardia civil va a enviar a Torre Pacheco para garantizar su seguridad, de la que se preocupa dos meses después de los incidentes”.
Al hilo, Guardiola también le ha exigido a Lucas “esa comisaría de Policía Nacional durante tanto tiempo demandada por los vecinos de Torre Pacheco”.
“Ya está bien de oportunismo y de postureo de cara a la galería”, ha dicho la portavoz. “El delegado de Sánchez en la Región debe ser preciso e informar con claridad y no lanzar promesas que, como buen sanchista pata negra, no va a cumplir”, ha apostillado.
“El problema es que el PSOE carece de credibilidad alguna en la materia, ya que nunca se ha tomado en serio la seguridad y protección de los ciudadanos”, ha señalado Guardiola. “Más bien ha utilizado la inseguridad que su inacción y sus nefastas políticas generan como arma arrojadiza política”, ha apuntado.
“Lo que debería hacer Lucas es tomar medidas de una vez para que la Región de Murcia deje de estar a la cola en número de policías nacionales y guardias civiles por cada 100.000 habitantes”, ha señalado la portavoz del PPRM, para añadir a continuación que “lo que le molesta al delegado de Sánchez en la Región es que quede más que patente el compromiso del presidente Fernando López Miras, con su puesta en marcha de un plan de seguridad con una inversión histórica para aumentar las plantillas de las policías locales de los 45 municipios”.
“Todo ello, frente a la escandalosa dejación de funciones de un Gobierno de Pedro Sánchez que nos debe a los ciudadanos de la Region más de 1.000 policías nacionales y guardias civiles”, ha concluido.
Cayetana Álvarez de Toledo: «No es política, es narcotráfico: Maduro lidera un cartel disfrazado de gobierno».
La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha lanzado un contundente mensaje contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su papel como mediador internacional en Venezuela.
Según ha afirmado, “Zapatero lleva años ejerciendo de operador internacional de un régimen que ya no es solo una dictadura, sino un cartel criminal”. En este sentido, Álvarez de Toledo ha acusado directamente a Nicolás Maduro de no gobernar un país, sino de “dirigir una organización criminal dedicada al narcotráfico que exporta droga, violencia y muerte”.
La dirigente popular ha subrayado que Zapatero ha sido “cómplice, defensor y protector” de ese régimen, al que ha contribuido a blanquear en la escena internacional. “La verdad se abre paso —ha sentenciado— y caerán también los cómplices. Zapatero tiene serios motivos para estar muy, muy preocupado”.
Álvarez de Toledo insistió en que lo que está en juego ya no es una simple cuestión política:
“No es una intervención sobre Venezuela lo que se plantea, sino una operación internacional contra el narcotráfico”.
En esta línea, recordó que para Estados Unidos el régimen chavista supone un riesgo directo para su seguridad nacional, al estar detrás de redes de narcotráfico y terrorismo que afectan a toda la región.
“Si quieren una América segura y grande otra vez, hagan a Venezuela libre otra vez”, reclamó, advirtiendo que la amenaza no se limita a Venezuela, sino que también incluye a Cuba y Nicaragua, aunque “muy especialmente Venezuela, epicentro de un régimen criminal que siembra de droga, muerte y terrorismo todo el continente”.
Álvarez de Toledo concluyó señalando que, tarde o temprano, “quienes han colaborado con un régimen de estas características tendrán que dar serias y puntuales explicaciones”.