Antonio Landáburu: «Los jóvenes queremos ser propietarios de nuestro futuro»
La Diputación Permanente de la Asamblea Regional ha convalidado el Decreto Ley de Vivienda Asequible impulsado por el Gobierno de Fernando López Miras, una norma destinada a promover la creación de 25.000 hogares durante los próximos cinco años mediante menos burocracia, más incentivos y una mayor movilización de suelo.
La iniciativa ha salido adelante con el voto contrario de PSOE y Podemos y la abstención de Vox. El diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu ha defendido que su aprobación representa un avance decisivo para facilitar el acceso a una vivienda a jóvenes trabajadores y familias de rentas medias.
“Los jóvenes no queremos ser inquilinos permanentes de las promesas de Sánchez, sino propietarios de nuestro futuro, y ese cambio ya ha comenzado aquí, con Fernando López Miras”, ha subrayado Landáburu.
El Gobierno regional plantea una de sus principales reformas en materia residencial para aumentar la oferta, agilizar los desarrollos urbanísticos y proporcionar seguridad jurídica a ayuntamientos, propietarios y promotores. La norma se articula alrededor de tres ejes: simplificación administrativa, incentivos a la construcción y mejora de la calidad residencial.
Hogares para jóvenes y familias de rentas medias
Antonio Landáburu ha remarcado que el objetivo del decreto no es fomentar la especulación, sino favorecer la construcción de hogares accesibles para personas que tienen ingresos y cumplen sus obligaciones, pero no pueden afrontar los precios del mercado libre.
“No vamos a construir viviendas para especular, sino hogares para vivir, especialmente para jóvenes trabajadores y familias de rentas medias que se esfuerzan, pero no pueden acceder al mercado libre”, ha señalado.
La nueva figura de Vivienda Asequible de la Región de Murcia permitirá el acceso a solicitantes que cumplan los requisitos establecidos y cuenten con ingresos de hasta 6,5 veces el IPREM. Se trata de una modalidad de vivienda protegida con un régimen jurídico propio, más flexible y adaptado a las necesidades actuales de la sociedad.
El Partido Popular defiende que ampliar la oferta es la herramienta fundamental para reducir las dificultades de acceso a un hogar y facilitar que los jóvenes puedan emanciparse, formar una familia y desarrollar su proyecto de vida en la Región de Murcia.
Menos burocracia y más viviendas construyéndose
El decreto declara urgentes y prioritarios los procedimientos relacionados con la Vivienda Asequible e incorpora el Proyecto Unificado Residencial, que permitirá tramitar conjuntamente el planeamiento, la gestión urbanística y la evaluación ambiental.
“Menos expedientes durmiendo en un cajón y más hogares construyéndose”, ha resumido Landáburu.
El nuevo modelo busca reducir los tiempos administrativos, agilizar la puesta en marcha de desarrollos residenciales y evitar que los proyectos permanezcan bloqueados durante años por la acumulación de trámites.
La norma también sustituye determinados procedimientos tradicionales por fórmulas más ágiles, como las declaraciones responsables, manteniendo el control público y las garantías jurídicas. Asimismo, flexibiliza los instrumentos urbanísticos para incorporar suelo residencial y acelerar la promoción de vivienda protegida.
Reactivación de edificios y urbanizaciones inacabadas
Landáburu ha destacado que los edificios inconclusos y las urbanizaciones sin finalizar podrán reactivarse siempre que, al menos, la mitad de la edificabilidad se destine a vivienda protegida.
La medida permitirá recuperar proyectos paralizados, aprovechar estructuras existentes y transformar espacios actualmente improductivos en nuevos hogares para jóvenes y familias.
El decreto introduce igualmente incentivos para regenerar barrios, antiguos espacios industriales, cascos urbanos y parcelas bloqueadas por los elevados costes de rehabilitación.
El Gobierno regional contempla primas de edificabilidad para aumentar la oferta de vivienda protegida, recuperar zonas degradadas y revitalizar áreas urbanas. En determinados casos, estas primas podrán alcanzar el 50 % cuando los proyectos se destinen a vivienda protegida.
Más familias podrán beneficiarse del IVA superreducido
La norma eleva hasta 5,5 veces el IPREM el límite de ingresos para acceder al régimen especial de vivienda protegida.
Esta ampliación permitirá que más jóvenes y familias de rentas medias puedan beneficiarse del tipo superreducido del 4 % de IVA en la adquisición de una vivienda, reduciendo así el esfuerzo económico necesario para acceder a un hogar.
Para el Partido Popular, las ventajas fiscales deben acompañar a la simplificación administrativa y a la movilización de suelo para ofrecer una respuesta integral al problema de la vivienda.
Landáburu ha defendido que el modelo de López Miras transforma las promesas en medidas concretas y proporciona oportunidades reales a una generación que encuentra cada vez más dificultades para emanciparse.
Votar contra el decreto es votar contra más oportunidades
El diputado popular ha lamentado el voto contrario de PSOE y Podemos y ha señalado que rechazar la norma supone oponerse a la reducción de la burocracia, a la promoción de vivienda protegida, a la regeneración de los barrios y a las ventajas fiscales para jóvenes y familias.
“Votar contra este decreto no es votar contra el Partido Popular, sino contra miles de jóvenes y familias que están esperando una oportunidad”, ha afirmado.
Landáburu ha reprochado a los socialistas de la Región que no hayan planteado una alternativa concreta para incrementar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda.
El PP regional ya había pedido anteriormente a los grupos parlamentarios que situaran las necesidades de los jóvenes y las familias por encima de sus intereses políticos y permitieran avanzar en una norma concebida para poner en el mercado 25.000 viviendas asequibles.
Frente a las promesas, soluciones reales
El parlamentario ha contrapuesto las políticas del Gobierno de López Miras con el modelo de vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de acumular anuncios sin resolver las dificultades de acceso a un hogar.
“Sánchez promete y López Miras actúa; el PSOE pone excusas y el Partido Popular pone medidas”, ha señalado.
Landáburu ha defendido que el Decreto de Vivienda Asequible ofrece respuestas medibles: nuevos hogares, reducción de plazos, ventajas fiscales, regeneración urbana y mayor seguridad para quienes desean construir o adquirir una vivienda.
El diputado ya había destacado que el objetivo de promover 25.000 viviendas en cinco años supone una oportunidad real para los jóvenes y una respuesta basada en políticas “serias y responsables”.
Un Gobierno al lado de los jóvenes
El Partido Popular de la Región de Murcia considera que la convalidación del decreto demuestra el compromiso del Gobierno de Fernando López Miras con los jóvenes, las familias y las personas que necesitan una vivienda a un precio asumible.
“Hoy la Región de Murcia da un paso al frente. Este decreto demuestra que el Gobierno del presidente Fernando López Miras está de nuestro lado y siempre está con los jóvenes”, ha concluido Landáburu.
El PP defiende un modelo basado en aumentar la oferta, reducir los obstáculos administrativos, movilizar suelo y ofrecer incentivos que permitan construir más viviendas en menos tiempo.
Antelo propone aumentar la oferta de vivienda y reducir la burocracia.
José Ángel Antelo ha defendido que la solución al problema de la vivienda en España debe centrarse en el aumento de la oferta y no en la aplicación de nuevas medidas intervencionistas.
A través de una publicación en la red social X, Antelo señaló que las administraciones deben facilitar la construcción de nuevas viviendas, reducir las trabas burocráticas y poner una mayor cantidad de suelo a disposición de los proyectos residenciales.
“La solución al problema de la vivienda no pasa por más intervencionismo, sino por aumentar la oferta”, afirmó.
Entre las medidas propuestas, Antelo mencionó la necesidad de actualizar los planes generales de ordenación urbana, simplificar los procedimientos administrativos y facilitar que pueda desarrollarse nuevo suelo residencial.
Según expuso, estas actuaciones permitirían incrementar el número de viviendas disponibles y contribuirían a mejorar las condiciones de acceso tanto para quienes buscan comprar como para quienes necesitan alquilar.
“Hay que facilitar la construcción, eliminar trabas burocráticas, actualizar los planes generales y poner más suelo a disposición”, añadió.
Antelo considera que el incremento de la oferta es una de las principales herramientas para responder a la presión existente sobre los precios. En su opinión, disponer de más viviendas favorecería una mayor competencia en el mercado y ampliaría las posibilidades de acceso para familias, jóvenes y trabajadores.
“Más vivienda significa más oportunidades y precios más accesibles para quienes quieren comprar o alquilar”, concluyó.
La vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos del debate político y social, especialmente por las dificultades que encuentran numerosos ciudadanos para acceder a una propiedad o asumir el precio mensual de un alquiler.
La propuesta defendida por Antelo sitúa el foco en la construcción y en la liberalización de suelo como alternativa a las políticas de intervención directa sobre los precios.
Martínez Alpañez reclama más prevención frente a los incendios.
VOX ha anunciado el registro de una iniciativa en la Asamblea Regional de Murcia para reforzar la prevención de incendios forestales y modificar el modelo de gestión de los montes. La formación trasladará también la propuesta a los ayuntamientos en los que cuenta con representación para reclamar una actuación coordinada entre las administraciones local, autonómica y estatal.
El portavoz de VOX en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, sostiene que la falta de mantenimiento y aprovechamiento de los espacios forestales está aumentando la cantidad de combustible vegetal y elevando el riesgo para viviendas y núcleos de población.
«VOX ha venido a imponer cordura en la gestión forestal. Debemos gestionar nuestros bosques y nuestros montes», ha afirmado.
La formación responsabiliza políticamente al Gobierno regional del Partido Popular y al Gobierno de España, dirigido por el PSOE, de mantener unas políticas que considera insuficientes para conservar los montes y anticiparse a los incendios.
Gestión forestal activa durante todo el año
La iniciativa defiende que la prevención no puede limitarse a los meses de mayor riesgo ni concentrarse únicamente en los medios de extinción.
VOX propone realizar de forma permanente trabajos de limpieza, tratamientos selvícolas, retirada de combustible vegetal, conservación de caminos forestales y creación y mantenimiento de cortafuegos activos.
Martínez Alpañez contrapone este modelo a lo que denomina «fanatismo climático», una expresión política con la que VOX critica las restricciones ambientales que, según la formación, dificultan determinados trabajos, aprovechamientos y actividades tradicionales en los montes.
«Están abandonando completamente nuestros bosques, hasta el punto de poner en riesgo la vida de las personas», ha denunciado el portavoz.
La Región de Murcia ya dispone de un Plan Operativo Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales para 2026. Este documento organiza las actuaciones preventivas, el sistema de vigilancia, el dispositivo de extinción y las restricciones aplicables durante los periodos de riesgo. La propuesta de VOX pretende reforzar esos mecanismos y modificar su aplicación sobre el territorio.
Más coordinación y recursos para responder a las emergencias
Otra de las medidas planteadas es mejorar la coordinación entre comunidades autónomas y provincias limítrofes para que los medios puedan intervenir con rapidez cuando un incendio supere la capacidad de respuesta de una administración.
VOX reclama mecanismos estables de colaboración interprovincial, protocolos más ágiles y una mayor dotación de personal, vehículos, maquinaria, sistemas de vigilancia y recursos aéreos.
La formación considera que los dispositivos deben estar dimensionados no solo para extinguir los incendios, sino también para vigilar las zonas de mayor riesgo y ejecutar trabajos preventivos durante todo el año.
El Plan INFOMUR ya establece la organización jerárquica y funcional de los servicios autonómicos y de los recursos aportados por otras administraciones o entidades. VOX pide ampliar la cooperación práctica y garantizar que los medios necesarios estén disponibles cuando se produzca una emergencia.
La legislación estatal también obliga a las administraciones competentes a aprobar planes anuales de prevención, vigilancia y extinción y a establecer planes de defensa específicos para las zonas declaradas de alto riesgo de incendio.
Agricultura de secano y recuperación de usos tradicionales
VOX propone impulsar la agricultura de secano como una herramienta para mantener el territorio trabajado y reducir la continuidad de la vegetación que puede favorecer la propagación del fuego.
La formación también plantea recuperar actividades y usos tradicionales de los montes, siempre dentro de la legalidad y con las autorizaciones necesarias. Entre ellos se encuentran el pastoreo, la recogida de biomasa, los aprovechamientos forestales y otras labores que contribuyan a conservar caminos, parcelas y zonas de transición.
Según VOX, el abandono de las explotaciones agrícolas y ganaderas está provocando la pérdida del mosaico rural y la acumulación de combustible vegetal.
Martínez Alpañez ya había reclamado días antes una mayor colaboración entre la Administración y los propietarios privados, así como la comparecencia del consejero regional de Medio Ambiente para explicar la política de prevención desarrollada por el Gobierno murciano.
Un censo de personas vulnerables para facilitar las evacuaciones
La propuesta incluye la elaboración de un censo de personas que puedan necesitar asistencia especial durante una evacuación por incendio forestal.
VOX plantea identificar, con las debidas garantías de protección de datos, a vecinos que por razones de edad, dependencia, discapacidad, salud o circunstancias familiares tengan dificultades para abandonar sus viviendas sin ayuda.
El objetivo sería que los servicios de emergencias, protección civil y los ayuntamientos puedan anticipar las necesidades de transporte, asistencia sanitaria y alojamiento cuando un incendio amenace una zona habitada.
La formación reclama que este registro se coordine con los servicios sociales municipales y sanitarios y que su utilización quede limitada exclusivamente a la planificación y respuesta ante emergencias.
VOX responsabiliza a PP y PSOE de la situación
Martínez Alpañez sostiene que tanto el PP como el PSOE deben abandonar las políticas que VOX identifica con la Agenda 2030 y priorizar el mantenimiento de los montes, la protección de las viviendas y la seguridad de los ciudadanos.
Esta acusación constituye una valoración política de la formación. La Comunidad Autónoma cuenta actualmente con instrumentos de prevención y extinción, aunque VOX considera que sus recursos, ejecución y orientación resultan insuficientes.
El grupo parlamentario defenderá que la gestión forestal activa, la cooperación con los propietarios, el refuerzo de los medios de emergencia y la preparación de las evacuaciones se conviertan en prioridades permanentes.
«La mala gestión mata y desde VOX vamos a evitarlo», ha concluido Rubén Martínez Alpañez.
Martínez Alpañez: «VOX llevará a la Asamblea la retirada de posidonia en las playas»
VOX llevará a la Asamblea Regional una iniciativa para facilitar la retirada de los restos de posidonia acumulados en las playas de la Región de Murcia, especialmente durante la temporada turística.
El anuncio se ha producido durante una visita a la playa de Calabardina, en Águilas, realizada por el portavoz parlamentario, Rubén Martínez Alpañez; el diputado regional Ignacio Arcas y el portavoz municipal de VOX, Isidro Carrasco. Los dos primeros forman parte del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea, mientras Carrasco representa a la formación en el Ayuntamiento aguileño.
VOX sostiene que las limitaciones actuales dificultan una limpieza suficientemente rápida cuando las acumulaciones afectan al acceso al agua, generan malos olores o perjudican la actividad turística y hostelera.
«Vamos a llevar una iniciativa a la Asamblea Regional para poner como prioridad la riqueza y el bolsillo de los ciudadanos», ha anunciado Martínez Alpañez.
Calabardina, en el centro de la iniciativa
Ignacio Arcas ha denunciado la presencia de grandes acumulaciones de restos vegetales en Calabardina y otros puntos del litoral murciano.
«Los bañistas tienen que soportar auténticas montañas en descomposición, con malos olores, que impiden un baño normal», ha afirmado.
La posidonia no es técnicamente un alga, sino una planta marina protegida. Sus restos, conocidos como arribazones, cumplen una función ambiental relevante al reducir la erosión, estabilizar la arena y proteger la costa frente al oleaje.
VOX defiende que esa protección debe compatibilizarse con la accesibilidad, el uso recreativo de las playas y las necesidades económicas de los municipios turísticos.
La normativa permite retiradas con autorización
El Real Decreto 191/2026 establece como principio general que los restos permanezcan en la costa siempre que sea posible. No obstante, permite su retirada autorizada en playas urbanas durante la temporada turística, comprendida entre el 15 de marzo y el 15 de octubre. También la admite en playas naturales durante ese periodo, salvo cuando exista una regresión costera significativa.
La norma impone condiciones técnicas: no se pueden retirar restos de la zona húmeda emergida ni de la parte sumergida, la maquinaria debe trabajar sobre superficies secas y deben evitarse actuaciones que arrastren arena o dañen los sistemas dunares.
Por tanto, la iniciativa anunciada por VOX no parte de una prohibición absoluta, sino que pretende revisar, flexibilizar o agilizar los procedimientos y las limitaciones que, según la formación, impiden responder adecuadamente ante acumulaciones extraordinarias.
En mayo, el Ayuntamiento de Águilas recibió autorización autonómica para retirar restos en Calabardina y La Cola después de más de un mes de espera desde la solicitud municipal, un retraso que volvió a situar el procedimiento administrativo en el centro del debate local.
VOX señala a PP y PSOE
Martínez Alpañez y Arcas atribuyen estas restricciones a las políticas ambientales respaldadas por PP y PSOE en las instituciones nacionales y europeas.
«El fanatismo climático está llevando a la ruina a nuestros municipios», ha afirmado Martínez Alpañez.
Esta expresión constituye una valoración política de VOX. La regulación estatal busca conservar las praderas de posidonia y aplica el marco europeo de protección y restauración de los ecosistemas marinos, aunque permite determinadas retiradas durante la temporada turística.
La formación reclama criterios más flexibles que permitan intervenir cuando los arribazones dificulten el baño, la accesibilidad o la actividad económica, manteniendo controles para evitar daños en la arena y en las praderas marinas.
Isidro Carrasco alerta del impacto económico
El portavoz municipal de VOX ha pedido una solución inmediata para Calabardina y ha advertido del daño que la situación puede provocar sobre la imagen turística de Águilas.
«Nunca habíamos tenido un problema de esta magnitud», ha manifestado Isidro Carrasco.
VOX considera que la acumulación prolongada perjudica a los establecimientos hosteleros, alojamientos y comercios que dependen de la temporada estival.
La situación de Calabardina ya ha llegado al debate municipal y otras formaciones también han planteado modificar o adaptar la normativa para facilitar intervenciones justificadas por razones de accesibilidad, seguridad y uso público.
Equilibrio entre conservación y uso turístico
La iniciativa parlamentaria buscará que la Comunidad Autónoma adopte medidas para agilizar las autorizaciones, ampliar los supuestos de retirada y ofrecer seguridad jurídica a los ayuntamientos costeros.
VOX reclama protocolos claros que permitan limpiar las zonas más utilizadas sin dañar las praderas vivas ni provocar una pérdida de arena.
La formación continuará impulsando actuaciones tanto en el Ayuntamiento de Águilas como en la Asamblea Regional para recuperar el uso de Calabardina y proteger uno de los principales atractivos turísticos del municipio.
García Fuster exige una auditoría externa por la trama de las prótesis del SMS.
La portavoz nacional de Sanidad de VOX, María García Fuster, ha exigido una auditoría independiente y externa de la gestión del Servicio Murciano de Salud tras conocerse nuevos avances en la investigación judicial sobre la presunta trama relacionada con la compra y facturación de prótesis y otros productos sanitarios.
Durante una comparecencia celebrada este lunes en Murcia, García Fuster también ha reclamado que la consejera de Salud, Isabel Ayala, explique públicamente las actuaciones desarrolladas durante los años en los que ocupó responsabilidades directivas en el SMS.
Ayala fue gerente del Servicio Murciano de Salud antes de ser nombrada consejera en mayo de 2026. María García Fuster es diputada autonómica en Cataluña y portavoz nacional de Sanidad de VOX desde junio de 2025.
«Lo destapado en el Servicio Murciano de Salud no es un caso aislado, sino la prueba de una trama que lleva años desarrollándose y que el Partido Popular ha tratado como un auténtico cortijo», ha afirmado García Fuster.
Esta consideración constituye una valoración política de VOX. La causa continúa abierta y será la investigación judicial la que determine el alcance de las irregularidades y la responsabilidad individual de las personas investigadas.
Un fraude investigado de casi siete millones de euros
La operación policial inicial se saldó con once detenidos y otras personas investigadas por su presunta participación en un fraude relacionado con la adquisición y facturación de productos sanitarios.
La investigación dirigida por un juzgado de Murcia sitúa provisionalmente el perjuicio económico cerca de los 6,9 millones de euros. Entre los arrestados figuraban personal sanitario, funcionarios relacionados con las compras y la facturación y comerciales de empresas proveedoras. Se investigan posibles delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
La UDEF sostiene que el presunto entramado habría introducido información falsa en el sistema contable del SMS para facturar materiales que no estaban incluidos en el catálogo oficial, además de sustituir productos homologados por otros más caros.
Los investigadores detectaron cerca de treinta productos sanitarios no homologados facturados presuntamente de forma irregular. En determinadas derivaciones a centros concertados, los sobrecostes analizados habrían oscilado entre el 100 % y el 1.287 % sobre el valor real.
«Estamos hablando de dinero público, pero también de decisiones que pueden haber afectado a la seguridad y a la tranquilidad de los pacientes», ha advertido García Fuster.
La investigación se amplía a casi 500 operaciones
El juzgado ha encargado a la UDEF que examine otras 462 intervenciones realizadas por uno de los facultativos investigados, que se suman a las treinta operaciones analizadas inicialmente.
El objetivo es determinar en cuántas intervenciones pudo emplearse material caducado o irregular. El auto también reclama informes de alta, partes de implante, pedidos, facturas y documentación sobre la evolución posterior de los pacientes.
La investigación policial constató inicialmente la implantación de una prótesis caducada en uno de los expedientes revisados. Según la información disponible, el supuesto fraude habría permanecido activo entre 2018 y 2025 y afectaba principalmente a la adquisición de material cardiovascular.
García Fuster ha afirmado que las pesquisas también alcanzan a intervenciones realizadas en distintos centros sanitarios de la Región de Murcia, tanto públicos como concertados.
VOX considera que la ampliación de las diligencias demuestra que no basta con revisar los expedientes inicialmente detectados y reclama que todos los posibles afectados reciban información individualizada sobre los materiales que les fueron implantados.
VOX pide la comparecencia de Isabel Ayala
La portavoz nacional de Sanidad ha exigido la comparecencia inmediata de la consejera para aclarar qué información conocía la dirección del SMS, cuándo se detectaron las primeras anomalías y qué controles se aplicaban sobre la compra, homologación y trazabilidad de los productos.
García Fuster considera que el nombramiento de Ayala como consejera requiere explicaciones porque anteriormente ejerció responsabilidades directivas dentro del organismo investigado.
La Consejería sostiene que fue la propia Administración sanitaria la que detectó las irregularidades mediante una investigación interna y trasladó los hechos a la Fiscalía. El SMS se encuentra personado en la causa como perjudicado.
Ayala explicó ante la Asamblea Regional que existen trece personas investigadas y que no hay cargos políticos entre ellas. También anunció una unidad específica para reforzar los controles económicos, integrada por cuatro inspectores, y la puesta en marcha de un Registro Regional de Prótesis Implantables.
VOX considera insuficientes estas explicaciones y reclama una comparecencia centrada en las responsabilidades políticas y en los posibles fallos de supervisión que permitieron que las prácticas investigadas continuaran durante años.
Una auditoría externa e independiente
García Fuster sostiene que la investigación interna realizada por la Administración no puede sustituir una auditoría externa que examine la contratación, la facturación y la trazabilidad de los materiales sanitarios.
La formación quiere que la revisión abarque los expedientes de compra, las derivaciones a centros privados, los procedimientos utilizados para incorporar nuevos productos al catálogo y los controles efectuados sobre las empresas proveedoras.
VOX también reclama conocer cuántas alertas internas se registraron, quién recibió esos avisos y qué decisiones se adoptaron tras detectar incrementos anómalos en la facturación.
La Consejería ha asegurado que los responsables de la Unidad de Aprovisionamiento Integral y el jefe de Radiología Vascular Intervencionista del Área I fueron apartados de sus cargos, y que se están revisando las historias clínicas de los pacientes relacionados con el facultativo investigado.
El Gobierno regional afirma que, hasta el momento, no se han constatado episodios clínicos vinculados a la implantación de material inadecuado. Sin embargo, las diligencias judiciales continúan abiertas y la UDEF analiza un número mayor de operaciones.
Las advertencias del Tribunal de Cuentas
García Fuster también se ha referido a las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la contratación de asistencia sanitaria externa en el Hospital Virgen de la Arrixaca.
El órgano fiscalizador señaló que el hospital destinó 30,7 millones de euros a medios ajenos durante 2022 y que alrededor de nueve millones estaban relacionados con contratos prorrogados fuera del plazo previsto o prestaciones realizadas sin un contrato formalizado.
VOX considera que estas conclusiones evidenciaban deficiencias de planificación y control que deberían haber provocado una respuesta más contundente del Ejecutivo autonómico.
La formación reclama que la auditoría determine si existe alguna relación administrativa entre esas deficiencias generales de contratación y los procedimientos concretos investigados en la trama de las prótesis. Por el momento, ambas cuestiones no deben darse por conectadas sin una conclusión judicial o técnica que lo acredite.
García Fuster acusa a López Miras de reaccionar tarde
La portavoz de VOX ha criticado la actuación del presidente autonómico, Fernando López Miras, y ha asegurado que su Gobierno reaccionó «tarde y mal» ante la gravedad de las informaciones conocidas.
García Fuster sostiene que la remodelación de la Consejería no elimina la necesidad de asumir responsabilidades por las posibles deficiencias de control existentes en el SMS.
«VOX no va a permitir que la salud de los murcianos dependa de comisiones, sobresueldos o del silencio administrativo del Gobierno de López Miras», ha concluido.
La formación mantendrá su petición de comparecencia, una auditoría independiente y la entrega de toda la documentación necesaria para conocer el alcance económico, sanitario y administrativo de los hechos investigados.
Martínez Alpañez exige terminar el centro de salud de Lo Pagán.
El portavoz de VOX en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado la paralización de las obras del nuevo centro de salud de Lo Pagán y ha exigido al Gobierno autonómico que actúe de inmediato para completar la infraestructura.
Martínez Alpañez realizó estas declaraciones durante una visita a las instalaciones acompañado por el concejal de VOX en San Pedro del Pinatar Ismael Pérez. Ambos comprobaron el estado de un edificio que permanece inacabado y que todavía no puede prestar atención sanitaria.
«Otro ejemplo más de la mala gestión del Partido Popular en la Región de Murcia», ha afirmado el portavoz parlamentario, quien sostiene que los retrasos están perjudicando directamente a los vecinos y obligándolos a continuar utilizando unas instalaciones sanitarias que no responden a las necesidades actuales del municipio.
Una obra anunciada con más de 3,2 millones de euros
El Gobierno regional aprobó en diciembre de 2022 la contratación del nuevo centro de salud con un presupuesto base de licitación de 3.223.318 euros. El proyecto estaba incluido en el Plan de Inversiones en Infraestructuras de Atención Primaria 2022-2026 y podía recibir cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El objetivo era sustituir el actual consultorio de Lo Pagán, un edificio de dos plantas que la propia Comunidad Autónoma describió como deteriorado debido, entre otros factores, a su proximidad al mar. El proyecto contemplaba levantar el nuevo centro, demoler posteriormente el inmueble antiguo y acondicionar el solar como aparcamiento.
Las obras fueron adjudicadas en marzo de 2023 por 2.900.986 euros y debían ejecutarse en dos fases. El plazo inicial expiraba en noviembre de 2024, aunque posteriormente se concedieron distintas ampliaciones.
El Consejo Jurídico avala la rescisión del contrato
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia emitió el pasado 4 de junio un dictamen favorable a la resolución del contrato por incumplimiento de los plazos de ejecución.
El órgano consultivo concluyó que las obras no habían terminado pese a las ampliaciones concedidas y consideró que el retraso era imputable a la empresa contratista. El dictamen avala la incautación de la garantía definitiva y permite reclamar los daños y perjuicios que puedan superar el importe de esa garantía.
La documentación del expediente señala que el grado de ejecución se situaba aproximadamente en el 70,48 %. También recoge trabajos pendientes y diferentes unidades ejecutadas de manera deficiente, entre ellas elementos de climatización, accesos, ventanas, revestimientos y determinadas instalaciones interiores.
VOX considera que, aunque el incumplimiento contractual se atribuya a la adjudicataria, el Gobierno regional debe asumir responsabilidades políticas por el seguimiento, la planificación y el desenlace de una infraestructura financiada con recursos públicos.
La obra pierde la financiación europea prevista
Martínez Alpañez ha afirmado que la rescisión obligará a devolver «más de tres millones de euros» previstos para el proyecto. Sin embargo, la documentación pública consultada no concreta que deba reintegrarse íntegramente esa cantidad.
El dictamen sí confirma que el retraso obligó a la Consejería de Salud a renunciar a la financiación europea prevista, debido a la imposibilidad de terminar la actuación dentro del periodo exigido por el programa FEDER 2021-2027.
La cantidad de 3,2 millones corresponde al presupuesto base de licitación de la obra, mientras que el contrato terminó adjudicándose por unos 2,9 millones. El expediente no cuantifica el importe exacto de la cofinanciación europea perdida.
Para VOX, la pérdida de esos fondos constituye una consecuencia directa de una gestión que no ha conseguido garantizar el cumplimiento de los plazos ni la apertura del centro.
Los vecinos continúan esperando el nuevo centro
Martínez Alpañez ha lamentado que los residentes de Lo Pagán y San Pedro del Pinatar sigan sin disponer de la infraestructura anunciada, pese a que el proyecto comenzó a tramitarse hace varios años.
«No tenemos los servicios que merecemos y los vecinos de San Pedro del Pinatar lo están pagando», ha manifestado el portavoz de VOX.
La resolución del contrato obligará ahora a liquidar las obras realizadas, revisar las deficiencias existentes y determinar qué actuaciones serán necesarias para finalizar el edificio. También será necesario decidir si los trabajos pendientes se someten a una nueva licitación.
VOX reclama que el Gobierno regional presente públicamente un calendario, explique el coste adicional derivado de la paralización y concrete cuándo podrá entrar en funcionamiento el centro.
VOX acusa al PP de perjudicar a las familias
El portavoz parlamentario sostiene que los retrasos, la pérdida de financiación europea y la necesidad de volver a tramitar parte de las actuaciones terminarán teniendo consecuencias para las cuentas públicas.
«La mala gestión del Partido Popular está perjudicando gravemente los bolsillos de las familias», ha denunciado Martínez Alpañez.
VOX exige que el Ejecutivo autonómico garantice la continuidad de las obras, depure las responsabilidades correspondientes y evite que el centro de salud de Lo Pagán permanezca paralizado de manera indefinida.
La formación mantendrá su presión parlamentaria para que San Pedro del Pinatar disponga cuanto antes de unas instalaciones sanitarias modernas, accesibles y adaptadas a la demanda asistencial del municipio.
Ignacio Arcas denuncia el abandono de Marina de Cope ante la inmigración ilegal.
El Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea Regional de Murcia ha denunciado la falta de medios destinados a la vigilancia del litoral murciano, especialmente en la zona de Marina de Cope, en Águilas, y ha exigido al Gobierno de España un refuerzo inmediato de los recursos humanos, marítimos y tecnológicos.
El portavoz parlamentario de VOX, Rubén Martínez Alpañez, y el diputado regional Ignacio Arcas han reclamado una mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para impedir desembarcos clandestinos, localizar embarcaciones de alta velocidad y combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de personas. Ambos figuran como miembros del Grupo Parlamentario VOX en la actividad oficial de la Asamblea Regional.
Desde Marina de Cope, Arcas ha asegurado que este tramo del litoral se encuentra «abandonado» por el Ministerio del Interior debido, según su valoración, a la insuficiencia de agentes y medios operativos.
«Cada vez son más recurrentes las imágenes de embarcaciones de alta velocidad utilizadas para desembarcar inmigrantes ilegales», ha afirmado el diputado.
VOX reclama vigilancia permanente en Marina de Cope
La formación considera que la extensión y características del litoral de Águilas requieren una vigilancia estable y no únicamente dispositivos puntuales cuando ya se ha producido un desembarco.
VOX pide reforzar las patrullas terrestres y marítimas, mejorar los sistemas de detección y garantizar que los agentes cuenten con embarcaciones, vehículos y recursos tecnológicos suficientes para intervenir con rapidez.
Arcas ha defendido que quienes quieran entrar en España deben hacerlo «cumpliendo los trámites establecidos y de forma regular y ordenada».
La preocupación por la actuación de redes organizadas en la costa de Águilas cuenta con antecedentes recientes. El Ministerio del Interior informó en mayo de 2026 del desmantelamiento de un grupo que presuntamente suministraba combustible a embarcaciones utilizadas para trasladar migrantes. La operación localizó en el litoral aguileño un punto clandestino de almacenamiento de combustible y una embarcación que estaba siendo abastecida después de un desembarco.
Martínez Alpañez denuncia desembarcos clandestinos
Por su parte, Rubén Martínez Alpañez ha advertido de la frecuencia con la que, según VOX, se producen llegadas de embarcaciones a la costa de Águilas y otros puntos de la Región de Murcia.
«Cada día llegan embarcaciones con ilegales a las costas de Águilas», ha afirmado el portavoz parlamentario, quien ha relacionado estos desplazamientos con las organizaciones que obtienen beneficios trasladando personas por el Mediterráneo.
La afirmación sobre la frecuencia diaria de las llegadas constituye una denuncia política de VOX. Los balances públicos del Ministerio del Interior ofrecen datos acumulados sobre inmigración irregular por rutas y territorios amplios, pero no una serie diaria específica de desembarcos en Marina de Cope. El último informe disponible recoge los datos acumulados hasta el 15 de julio de 2026.
VOX reclama que el Gobierno detalle el número de embarcaciones interceptadas, las personas localizadas, las operaciones desarrolladas contra las redes y los efectivos destinados actualmente a la vigilancia del litoral murciano.
Repatriación de las personas que entren irregularmente
Martínez Alpañez ha defendido que las personas que accedan de manera irregular deben ser repatriadas y ha pedido «cerrar la puerta a la inmigración ilegal, a las mafias y a la esclavitud».
La Ley de Extranjería contempla la devolución de quienes pretendan entrar ilegalmente en España. Sin embargo, la medida debe acordarla la autoridad gubernativa competente y está sujeta a garantías y excepciones. Cuando se presenta una solicitud de protección internacional, la devolución no puede ejecutarse hasta que se resuelva su admisión a trámite.
Por tanto, la petición general de repatriar a todas las personas que entren irregularmente representa la posición política de VOX, mientras que su aplicación debe realizarse de manera individualizada y respetando la legislación de extranjería, asilo y protección internacional.
Reagrupación familiar de los menores en origen
El portavoz de VOX también se ha referido a los menores que llegan acompañados de sus progenitores y ha defendido que las familias sean repatriadas conjuntamente.
«Si son niños, con sus padres», ha señalado Martínez Alpañez, quien ha reclamado procedimientos orientados a preservar la unidad familiar en el país de origen.
En el caso de los menores no acompañados, la legislación establece que deben quedar bajo la protección de la comunidad autónoma correspondiente. La Administración General del Estado es la encargada de tramitar una eventual repatriación, después de analizar las circunstancias familiares, escuchar al menor y recabar los informes de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal. Cualquier retorno debe responder al interés superior del menor y puede realizarse mediante reagrupación familiar o entrega a los servicios de protección del país de origen cuando existan condiciones adecuadas.
VOX considera que las administraciones autonómicas deben colaborar para localizar a las familias y favorecer el retorno al entorno familiar siempre que resulte legalmente posible.
Combate contra las redes de tráfico de personas
Martínez Alpañez y Arcas han insistido en que el refuerzo de las fronteras debe ir acompañado de una actuación policial y judicial más intensa contra quienes organizan las travesías.
El Ministerio del Interior informó recientemente de otra operación internacional contra una organización dedicada al tráfico de personas y drogas entre Argelia y España. A la red se le atribuye la entrada irregular de más de 400 migrantes y su relación con una travesía en la que murieron doce personas.
Para VOX, estas investigaciones demuestran que el control de las costas también permite perseguir a quienes obtienen beneficios económicos poniendo en riesgo la vida de los migrantes.
La formación reclama cooperación con los países de origen y tránsito, intercambio de información policial y mayores recursos para investigar a las organizaciones que operan en el Mediterráneo.
Más agentes y medios para proteger el litoral murciano
VOX pedirá al Gobierno de España que explique qué medios están desplegados en Águilas, qué refuerzos están previstos y qué estrategia aplica para impedir nuevos desembarcos clandestinos.
La formación también reclama apoyo para los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que intervienen en operaciones de vigilancia, rescate, identificación y persecución de las redes.
Martínez Alpañez y Arcas han concluido que la seguridad de las costas y la lucha contra el tráfico de personas requieren una presencia permanente del Estado, medios materiales suficientes y una política migratoria basada en la entrada legal y ordenada.
VOX mantendrá su exigencia de reforzar la vigilancia en Marina de Cope y en el conjunto del litoral de la Región de Murcia.
Martínez Alpañez exige que el Corredor Mediterráneo llegue a Murcia con doble vía.
VOX registrará una batería de iniciativas en la Asamblea Regional para exigir que el Corredor Mediterráneo llegue a la Región de Murcia con una doble vía que permita atender de forma adecuada y diferenciada el transporte de mercancías y pasajeros.
El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Rubén Martínez Alpañez, ha asegurado que la comunidad continúa sufriendo retrasos y deficiencias en unas conexiones ferroviarias que considera fundamentales para mejorar la competitividad, la movilidad y el desarrollo económico regional. Martínez Alpañez ejerce como portavoz de la formación en la Asamblea desde marzo de 2026.
«El Corredor Mediterráneo no llega a la Región. Por ello, seguimos impulsando esta reivindicación para que esta infraestructura llegue con una doble vía para mercancías y pasajeros», ha afirmado.
VOX llevará la reivindicación a la Asamblea Regional
Las iniciativas anunciadas estarán dirigidas a reclamar una infraestructura ferroviaria con capacidad suficiente para absorber el transporte de viajeros y el creciente movimiento de mercancías asociado a la actividad industrial, agrícola, portuaria y logística de la Región de Murcia.
VOX sostiene que la falta de una red completa y sin cuellos de botella limita las posibilidades de crecimiento de las empresas murcianas, dificulta las exportaciones y reduce la competitividad del Puerto de Cartagena y de los principales centros logísticos regionales.
Martínez Alpañez ha recordado que la diputada nacional de VOX por Murcia, Lourdes Méndez, ya planteó durante el primer semestre de 2026 diferentes preguntas en el Congreso sobre la planificación del Corredor Mediterráneo.
En mayo, Méndez y otros diputados de VOX reclamaron una línea ferroviaria exclusiva para mercancías entre Monforte del Cid y Murcia, así como conexiones con Cartagena y Alcantarilla. La iniciativa también advertía sobre la saturación del tramo Alicante-Murcia y sobre los problemas derivados de compartir una vía entre trenes de viajeros y mercancías.
Respaldo de VOX a la reivindicación de CROEM
El portavoz parlamentario también ha mostrado el apoyo de VOX a la ofensiva anunciada por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia para reclamar una doble vía y acelerar las infraestructuras ferroviarias pendientes.
«Manifestamos nuestro más absoluto apoyo a esa iniciativa y solicitamos a todos los grupos políticos que trabajen para que la Región deje de estar a la cola de España en materia de infraestructuras», ha señalado Martínez Alpañez.
La patronal murciana lleva años participando en las movilizaciones empresariales a favor de la ejecución completa del Corredor Mediterráneo. CROEM considera esta infraestructura esencial para facilitar el tránsito de mercancías hacia Europa y mejorar la competitividad del tejido productivo regional.
Mercancías, pasajeros y conexión con los puertos
VOX defiende que el Corredor Mediterráneo debe diseñarse atendiendo tanto a las necesidades de los pasajeros como a las del transporte de mercancías. La formación reclama una planificación que evite la saturación de las líneas y garantice conexiones eficientes con Cartagena, Alcantarilla, Alicante y Almería.
Adif mantiene en ejecución distintas actuaciones en la Región. Entre ellas se encuentran la línea de alta velocidad Murcia-Almería, con 198 kilómetros de longitud, y la nueva conexión entre Murcia y Cartagena. En junio de 2026 se contrataron nuevos materiales para avanzar en el montaje de vía entre Lorca y Almería, mientras continúan las obras en el entorno de Torre Pacheco y Cartagena.
Pese a estas actuaciones, VOX considera que todavía faltan compromisos claros para garantizar una doble vía plenamente operativa, evitar los cuellos de botella y separar adecuadamente los tráficos cuando sea necesario.
Una infraestructura clave para la economía murciana
Martínez Alpañez ha subrayado que la Región no puede continuar acumulando retrasos en proyectos estratégicos. A su juicio, unas conexiones ferroviarias modernas permitirían reducir los costes logísticos, facilitar las exportaciones y reforzar sectores como la agricultura, la industria, el transporte y la actividad portuaria.
«La Región de Murcia no puede seguir acumulando retrasos en proyectos estratégicos», ha advertido.
VOX ha anunciado que continuará impulsando iniciativas en la Asamblea Regional y en el Congreso para exigir las inversiones necesarias y conseguir que Murcia disponga de unas infraestructuras acordes con su peso económico, exportador y logístico.