Antonio Luengo: «El campo necesita certidumbre y garantías»
El senador del Partido Popular por la Región de Murcia Antonio Luengo defenderá el martes en el Pleno del Senado una moción para reclamar al Gobierno un Plan de Ayudas de Emergencia dirigido a los sectores agrario y pesquero ante el incremento de los costes del combustible y los fertilizantes.
Luengo advierte de que el encarecimiento de los insumos está comprometiendo la rentabilidad de numerosas explotaciones y reclama al Ejecutivo medidas que permitan reducir los sobrecostes soportados por agricultores y pescadores.
“El desmesurado incremento del gasóleo y los fertilizantes puede dejar a miles de agricultores sin poder sembrar y a otros tantos pescadores sin faenar”, ha afirmado el senador.
Aprovechar el margen permitido por Bruselas
La iniciativa plantea utilizar las posibilidades contempladas en el Marco Temporal de Ayudas de Estado en respuesta a la crisis de Oriente Próximo, aprobado por la Comisión Europea el pasado 29 de abril.
Este marco permite a los Estados miembros compensar hasta el 70% de determinados costes adicionales derivados del incremento de los precios del combustible y los fertilizantes provocado por la crisis y estará vigente, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2026.
Luengo reclama que España aproveche plenamente estas posibilidades y sostiene que las ayudas actuales resultan insuficientes para compensar el incremento de costes que afrontan los productores.
Más ayudas al gasóleo y los fertilizantes
La moción que llegará al Senado propone revisar al alza las ayudas destinadas al gasóleo agrícola y pesquero y prorrogarlas desde el 1 de octubre.
El PP plantea también revisar el límite nacional de 0,20 euros por litro y aumentar las ayudas destinadas a fertilizantes para aproximarlas al incremento real de los costes soportados por las explotaciones dentro de los márgenes permitidos por la normativa europea.
La Comisión Europea aprobó en junio un régimen español de 25 millones de euros para empresas pesqueras, con ayudas de 0,20 euros por litro de gasóleo adquirido entre el 22 de marzo y el 30 de junio. El marco comunitario permite que estas ayudas cubran hasta el 70% de los costes adicionales elegibles.
Un sistema de cobro más ágil
Antonio Luengo propone asimismo modificar el procedimiento de tramitación para que agricultores y pescadores no tengan que adelantar el dinero y esperar posteriormente al abono de las ayudas.
El senador reclama un mecanismo que vincule las compensaciones a quienes realizan efectivamente el gasto y permita que los recursos lleguen con mayor rapidez.
La propuesta se produce en un contexto de elevada presión sobre determinados insumos agrícolas. La Comisión Europea señala que en abril de 2026 los precios generales de los fertilizantes nitrogenados se situaban un 71% por encima de la media de 2024.
Convocatoria de la Mesa Nacional de la Sequía
La moción incorpora además la situación provocada por la falta de precipitaciones. Luengo reclama al Gobierno que convoque urgentemente la Mesa Nacional de la Sequía para analizar las necesidades del sector y estudiar nuevas medidas.
El senador considera que la combinación de combustible, fertilizantes y falta de lluvias aumenta la presión económica sobre las explotaciones.
“Lo que procede es exactamente lo contrario: revisar inmediatamente al alza” las ayudas, ha defendido Luengo, que llevará estas propuestas al próximo Pleno del Senado.
Bernabé pone cifra a la deuda: «Cada uno tocamos a casi 40.000 euros»
El senador del Partido Popular Francisco Bernabé ha alertado del crecimiento de la deuda pública española y ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de una parte sustancial del incremento registrado durante los últimos años.
“Cada uno tocamos a casi 40.000 euros de deuda del Estado, un tercio de ellos directamente generados por Sánchez. Y lo peor es que la púa sigue subiendo y hay que pagarla”, ha afirmado Bernabé.
Los últimos datos disponibles del Banco de España sitúan la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas en 1,763 billones de euros en junio de 2026, frente a los 1,698 billones reflejados para 2025 en el gráfico compartido por el senador.
La deuda aumenta en euros y baja respecto al PIB
El Banco de España señala que el volumen de deuda pública creció un 4,2% interanual en junio.
Al mismo tiempo, la ratio de deuda sobre el PIB se situó en el 101,5%, 1,9 puntos porcentuales por debajo de la registrada un año antes.
Por subsectores, la deuda del Estado alcanzó los 1,602 billones de euros, mientras que las comunidades autónomas acumulaban 355.000 millones y las corporaciones locales 21.000 millones.
Bernabé cuestiona la evolución durante los últimos años
Francisco Bernabé utiliza la evolución de la deuda en términos absolutos para cuestionar la política económica desarrollada durante los gobiernos de Pedro Sánchez.
El senador sostiene que una parte relevante del endeudamiento acumulado durante este periodo es atribuible a la gestión del actual Ejecutivo y advierte de que el incremento de la deuda supone obligaciones financieras que deberán afrontarse en los próximos años.
Antelo pide a Europa blindar Ceuta: «Es la primera línea de la civilización y no la podemos perder»
El diputado regional murciano y portavoz del Grupo Mixto, José Ángel Antelo, ha reclamado desde Ceuta una mayor implicación de Europa en la protección de la frontera y ha lanzado una dura crítica contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que responsabiliza políticamente de la situación que atraviesa la ciudad autónoma.
Antelo realizó estas declaraciones después de visitar Ceuta junto a Virginia Martínez y una delegación del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), integrada por eurodiputados de España, Italia, Francia y Finlandia. La misión europea recorrió las zonas afectadas por las entradas irregulares de finales de julio y mantuvo reuniones con representantes de la Ciudad Autónoma.
El parlamentario destacó precisamente el movimiento realizado desde Europa y puso como referencia al grupo ECR, donde se integra Fratelli d’Italia, el partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
“Han hecho algo muy claro”, sostuvo Antelo antes de reclamar que Europa refuerce las fronteras españolas y destine los medios necesarios para proteger Ceuta.
Antelo: “Esta es la primera línea de la civilización”
Antelo reclamó una respuesta europea que vaya más allá de las declaraciones políticas y se traduzca en presencia y medios sobre el terreno.
“Que refuercen las fronteras desde Europa, que manden las fuerzas necesarias, como pueden ser las de Frontex, que entiendan que esta es la primera línea de la civilización y que no la podemos perder”.
El diputado utilizó además el término “barbarie” para describir lo que, según su valoración, está observando en las playas ceutíes. Se trata de la caracterización política utilizada por Antelo sobre la crisis migratoria.
El ECR había llevado días antes la situación de Ceuta al Parlamento Europeo y reclamado un refuerzo de las fronteras exteriores, más apoyo a los Estados fronterizos y mayores capacidades para Frontex.
La Unión Europea, por su parte, ya ha activado asistencia para España: la Comisión Europea anunció 114,7 millones de euros de ayuda de emergencia y confirmó el apoyo operativo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE.
Desde Murcia, una iniciativa “en defensa de la soberanía nacional”
Antelo vinculó su visita a Ceuta con las iniciativas que viene impulsando junto a Virginia Martínez desde la Asamblea Regional de Murcia.
“Nosotros desde la Región de Murcia hemos llevado una iniciativa para defender la soberanía nacional”, aseguró, presentando su actuación como un respaldo a Ceuta ante la actual situación.
El diputado insistió en que su posición pretende transmitir un apoyo “claro y al unísono” a los ceutíes.
Su intervención se produce después de que él y Martínez, ambos antiguos integrantes de Vox y actualmente en el Grupo Mixto, impulsaran en Murcia una moción para declarar al presidente del Gobierno persona non grata en la comunidad autónoma.
Antelo vuelve a apuntar directamente a Pedro Sánchez
Antelo aprovechó su intervención para elevar nuevamente el tono contra el jefe del Ejecutivo.
El parlamentario defendió la iniciativa para declarar a Sánchez persona non grata como una forma de evidenciar, según sus propias palabras, que al presidente “no se le quiere ni en Ceuta, ni en la Región de Murcia, ni en ningún otro lugar de España”.
Esta afirmación constituye una valoración política de Antelo y no una medición de la opinión pública española.
La tramitación de esa moción quedó suspendida el 23 de septiembre después de que el Grupo Socialista presentara una solicitud de reconsideración ante la Asamblea Regional de Murcia, por lo que no llegó a votarse ese día. infobae
Antelo pronosticó además que Sánchez pasará a la historia, en su opinión, como “uno de nuestros peores gobernantes”.
“El pueblo español siempre se ha sobrepuesto a los peores gobernantes. Es verdad que Pedro Sánchez nos lo está poniendo muy difícil, pero también pasará como un mal recuerdo”.
“Los ceutíes volverán a recuperar la tranquilidad”
El dirigente murciano cerró su intervención mirando hacia las playas de Ceuta y recordando su propia vinculación familiar con la ciudad.
Antelo explicó que su familia había utilizado años atrás la playa del Trampolín, una de las zonas especialmente afectadas por la actual situación migratoria.
“Estoy seguro de que los ceutíes volverán a recuperar la tranquilidad”, afirmó.
Según Antelo, el objetivo debe ser que las familias puedan volver a disfrutar con normalidad de sus espacios públicos y de las playas.
“Vendremos otra vez a ver que Ceuta vuelve a estar como tiene que estar y no como está a día de hoy”, concluyó, mientras calificaba nuevamente la situación como una “invasión”. Ese término corresponde a la interpretación política utilizada por el diputado para referirse a las entradas migratorias y no supone por sí mismo una calificación jurídica de los acontecimientos.
Martínez Alpañez lleva a la Asamblea una propuesta para priorizar a los españoles en la Renta Básica de Inserción.
El portavoz de VOX en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, defenderá el próximo martes una iniciativa para modificar los criterios de acceso a la Renta Básica de Inserción (RBI) y establecer lo que su formación denomina «prioridad nacional» en las ayudas públicas de la Comunidad Autónoma.
Martínez Alpañez ha presentado la propuesta acompañado por el portavoz nacional de Seguridad de VOX, Samuel Vázquez, y la diputada regional María José Ruiz. La formación pretende que los españoles que han trabajado y cotizado durante años sean prioritarios en el acceso a determinadas prestaciones autonómicas. La iniciativa sobre la RBI había sido presentada por VOX el pasado mes de julio y llegará ahora al debate parlamentario.
«No puede ser que los ilegales que se empadronan de forma fraudulenta tengan la exclusividad en el acceso a las ayudas que reparte el Gobierno regional», ha afirmado Martínez Alpañez, que ha extendido su reclamación a ámbitos como la vivienda y los comedores escolares.
La RBI exige actualmente cinco años de residencia legal
La afirmación de Martínez Alpañez sobre el acceso de inmigrantes irregulares debe diferenciarse de los requisitos actualmente establecidos por la normativa regional.
La información oficial de la Comunidad Autónoma señala que, con carácter general, para ser beneficiario de la Renta Básica de Inserción es necesario residir legalmente en España y haberlo hecho durante al menos cinco años, estar empadronado en un municipio murciano y acreditar residencia efectiva en la Región durante el año inmediatamente anterior a presentar la solicitud.
En el caso de extranjeros no comunitarios, la Administración exige además permiso de residencia en vigor e informe de extranjería. Por tanto, el empadronamiento por sí solo no permite acceder ordinariamente a esta prestación.
La normativa sí recoge algunas excepciones para situaciones específicas, como refugiados, personas con una solicitud de asilo en trámite o extranjeros autorizados a permanecer en España por razones humanitarias.
VOX quiere introducir el principio de «prioridad nacional»
La iniciativa registrada por la formación plantea modificar este modelo para establecer un criterio preferente para españoles que hayan contribuido previamente al sistema.
Ya en julio, Martínez Alpañez argumentó que las ayudas sociales deberían beneficiar «en primer lugar» a quienes han sostenido mediante su trabajo y cotizaciones el Estado del bienestar. VOX extendió entonces su propuesta más allá de la RBI para defender ese criterio en otras prestaciones autonómicas.
La Renta Básica de Inserción es una prestación gestionada por el Instituto Murciano de Acción Social destinada a cubrir necesidades básicas de personas que carecen de recursos suficientes y está vinculada a un proyecto individual de inserción laboral y social.
Para acceder a ella también se exige, entre otros requisitos, carecer de recursos suficientes y no disponer de otra prestación pública de naturaleza similar por un importe igual o superior.
Martínez Alpañez vincula las ayudas con la política migratoria
Durante su intervención, el portavoz de VOX también relacionó la propuesta con la inmigración irregular y la situación de determinados barrios de la Región.
«Barrios ocupados, inseguridad descontrolada y delitos por doquier. Eso es lo que ha traído el bipartidismo, Partido Popular y Partido Socialista, a la Región de Murcia», afirmó.
Estas afirmaciones constituyen la valoración política de VOX. La iniciativa sobre la Renta Básica de Inserción se centra específicamente en los criterios de acceso a prestaciones y no acredita por sí misma una relación causal entre inmigración, delincuencia y las situaciones descritas por el portavoz.
Martínez Alpañez ha acusado además al Gobierno regional de colaborar con unas políticas migratorias que su formación rechaza y sostiene que los recursos autonómicos deben priorizar a quienes hayan contribuido previamente al sostenimiento de los servicios públicos.
VOX mantiene su propuesta de deportación y «remigración»
El portavoz regional concluyó su comparecencia reiterando la posición general de VOX sobre inmigración irregular.
«Con los ilegales, deportación, remigración y repatriación. Con VOX lo tenemos garantizado», afirmó Martínez Alpañez.
La propuesta que llegará el martes a la Asamblea permitirá al resto de grupos parlamentarios pronunciarse sobre la modificación de los criterios de acceso a la Renta Básica de Inserción y sobre la denominada «prioridad nacional» defendida por VOX.
López Pretel denuncia que 28 camas del Hospital Santa Lucía siguen fuera de servicio tras el incendio.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel, ha denunciado que las consecuencias del incendio sufrido por el Hospital General Universitario Santa Lucía siguen afectando a la capacidad asistencial del centro diez meses después del siniestro y ha reclamado al Gobierno regional que acelere las actuaciones pendientes.
López Pretel ha centrado sus críticas en las habitaciones afectadas por el fuego del 26 de noviembre de 2025 y cifra en 28 las camas que continúan sin estar disponibles.
«En una comarca castigada por el colapso y la saturación de los centros de salud, tener plazas hospitalarias bloqueadas provoca que el problema se convierta en una auténtica condena para todo aquel que necesite atención sanitaria», ha afirmado.
La cifra de 28 camas inhabilitadas no ha sido utilizada únicamente por VOX. Una moción registrada en marzo en el Ayuntamiento por el PSOE reclamaba expresamente «rehabilitar de forma urgente e inmediata las 28 camas» afectadas por el incendio. En mayo, colectivos vecinales continuaban denunciando que esas plazas hospitalarias permanecían inutilizadas.
Las habitaciones afectadas continúan en el centro del debate
El incendio de noviembre obligó a movilizar a 113 pacientes de varias plantas del Santa Lucía. La rápida intervención del personal y de los Bomberos de Cartagena permitió que no se registraran heridos.
Tras el siniestro, el Servicio Murciano de Salud constituyó una comisión técnica para estudiar la fachada y anunció actuaciones de reparación. Un informe técnico elaborado posteriormente concluyó que existía riesgo de repetición de incendios si se mantenía la configuración de determinados elementos de la fachada y planteó intervenciones para adaptarla a las exigencias de protección contra incendios.
El Gobierno regional informó en febrero de que las obras comenzarían en marzo y el SMS comunicó después el inicio de la rehabilitación de la fachada, las habitaciones dañadas y sus elementos colindantes.
Pese a ello, en septiembre continuaban las críticas por la falta de reapertura de todas las habitaciones. El Grupo Socialista en Cartagena denunció el día 16 que los espacios afectados seguían cerrados y vinculó esta situación con una pérdida de capacidad de hospitalización.
López Pretel reclama una solución definitiva para la fachada
El portavoz municipal de VOX considera insuficiente prolongar durante meses una situación provisional y reclama una actuación que permita recuperar las habitaciones y resolver de forma definitiva los problemas de la envolvente exterior del hospital.
El Santa Lucía ya había sufrido otro incendio en su fachada en 2015. Tras el episodio de noviembre de 2025, distintos grupos municipales y colectivos han reclamado sustituir los materiales considerados problemáticos en lugar de limitar las actuaciones a las zonas directamente dañadas.
«Lo más grave es que las 28 camas inhabilitadas a causa del fuego siguen sin estar disponibles para los cartageneros», ha insistido López Pretel.
Las listas de espera, otro de los problemas señalados
El dirigente municipal relaciona la pérdida temporal de capacidad hospitalaria con las demoras sanitarias existentes en el Área II de Salud.
A finales de 2025 se contabilizaban 37.846 pacientes en las listas de espera de intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas del Área II, según datos del SMS recogidos en una iniciativa municipal presentada a comienzos de este año.
VOX sostiene que mantener habitaciones inutilizadas añade presión a un área sanitaria que ya tiene que responder a una elevada demanda asistencial.
El PP ha defendido, sin embargo, las inversiones realizadas en Cartagena y ha destacado en distintos momentos el incremento de personal sanitario y las actuaciones ejecutadas en infraestructuras. En julio, Ayuntamiento y Consejería señalaron que durante la legislatura se habían movilizado cerca de nueve millones de euros para mejorar infraestructuras sanitarias en el municipio.
«Cartagena no puede tener una sanidad de segunda»
López Pretel considera que los problemas del Santa Lucía se suman a otras carencias que denuncia en centros de salud, plantillas e infraestructuras de la comarca.
El portavoz de VOX reclama al Ejecutivo regional un calendario claro para recuperar toda la capacidad del hospital y considera que Cartagena debe recibir una inversión sanitaria acorde con la población atendida por el Área II.
«La falta de personal, la sobrecarga de los profesionales sanitarios y las deficiencias en las instalaciones» son, según López Pretel, problemas que requieren una respuesta prioritaria del Gobierno autonómico.
El concejal figura oficialmente como portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Cartagena.
Martínez Alpañez acusa al PP de convertir el SMS en una «máquina de generar deuda»
El portavoz de VOX en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado desde Cartagena la situación financiera del Servicio Murciano de Salud (SMS) y ha responsabilizado al Gobierno regional del Partido Popular de mantener un modelo que, según sostiene, acumula déficit mientras persisten problemas de listas de espera, presión asistencial e infraestructuras pendientes.
Martínez Alpañez cifra actualmente en 5.500 millones de euros el «agujero» acumulado del SMS y define la situación como una «quiebra técnica» derivada, a su juicio, de años de insuficiencia presupuestaria y mala gestión.
«El Partido Popular ha convertido la sanidad pública regional en una máquina de generar deuda e ineficiencia», ha afirmado el portavoz parlamentario.
La cifra de 5.500 millones corresponde a la estimación defendida públicamente por VOX durante 2026. El último ejercicio fiscalizado por el Tribunal de Cuentas ofrece una referencia distinta y anterior: a 31 de diciembre de 2023, el déficit acumulado del SMS pendiente de financiación ascendía a 3.724 millones de euros. El órgano fiscalizador concluyó además que las dotaciones presupuestarias destinadas al Servicio Murciano de Salud eran «manifiestamente insuficientes» para atender sus necesidades reales.
El Tribunal de Cuentas pidió aumentar la financiación del SMS
La situación económica del organismo sanitario ha sido objeto de advertencias reiteradas por parte del Tribunal de Cuentas.
En su informe sobre las cuentas regionales de 2023, el organismo señaló que el Servicio Murciano de Salud registró unas pérdidas superiores a los 2.525 millones de euros durante aquel ejercicio y mantuvo su advertencia sobre la insuficiencia estructural de las aportaciones presupuestarias.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas asumió posteriormente esas conclusiones e instó a la Comunidad Autónoma a «aumentar las dotaciones presupuestarias al Servicio Murciano de Salud en aras del mantenimiento de la calidad asistencial».
Martínez Alpañez utiliza estos antecedentes para cuestionar la gestión económica del Gobierno de Fernando López Miras.
«El agujero de 5.500 millones de euros es producto de años de descontrol presupuestario, mientras las familias de Cartagena sufren demoras desesperantes para ser atendidas», sostiene.
VOX vincula las cuentas del SMS con los problemas asistenciales
El portavoz parlamentario considera que la situación financiera no puede analizarse al margen de las condiciones en las que se presta actualmente la asistencia sanitaria.
Martínez Alpañez apunta a las listas de espera, la saturación de determinados servicios y la necesidad de inversiones como consecuencias de un problema que, según defiende, no radica únicamente en disponer de más recursos.
«No es un problema de recursos, es un problema de gestión y de falta de voluntad política para priorizar lo que verdaderamente importa a los ciudadanos», ha afirmado.
Las listas de espera son también objeto de disputa entre el Gobierno y diferentes colectivos. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública denunció este mes que en junio había 57.170 pacientes pendientes de consulta sin una fecha asignada. El SMS sostiene, por su parte, que los tiempos de espera han mejorado y destaca una evolución favorable tanto en consultas como en cirugía.
Martínez Alpañez pone a Cartagena como ejemplo
El portavoz de VOX realizó sus declaraciones frente al Hospital General Universitario Santa Lucía junto al portavoz municipal de la formación en Cartagena, Gonzalo López Pretel.
Martínez Alpañez ha utilizado la situación del centro hospitalario como ejemplo del modelo sanitario que cuestiona. El incendio registrado en noviembre de 2025 obligó a trasladar a 113 pacientes, aunque no produjo heridos.
El SMS anunció en febrero que las obras de reparación comenzarían en marzo y posteriormente informó del inicio de los trabajos de rehabilitación de la fachada y de las habitaciones dañadas.
Sin embargo, meses después continúan las críticas políticas por el tiempo empleado en recuperar completamente los espacios afectados. En septiembre, el PSOE de Cartagena aseguraba que las habitaciones dañadas permanecían cerradas.
Martínez Alpañez exige al Ejecutivo autonómico que asuma responsabilidades tanto por la situación económica del SMS como por las consecuencias que, según VOX, está teniendo sobre la calidad del sistema sanitario regional.
Virginia Martínez pone rostro a la noche de Ceuta: campamentos, inseguridad y críticas al Gobierno.
La diputada autonómica murciana Virginia Martínez García, actualmente integrada en el Grupo Parlamentario Mixto de la Asamblea Regional de Murcia, ha difundido un vídeo grabado alrededor de la una de la madrugada de este viernes 25 de septiembre desde las playas de Ceuta, donde denunció la presencia de miles de migrantes, la ausencia de efectivos policiales que pudiera observar en ese momento y una sensación de inseguridad entre quienes se encontraban en la zona.
Martínez realizó la grabación acompañada por Juan, un vecino de Ceuta al que presentó como una de las personas que desde hace semanas documenta mediante vídeos lo que ocurre en las zonas de El Trampolín y playa Benítez.
“Los únicos españoles que estamos aquí somos nosotros”, afirmó al comienzo de la intervención. La diputada sostuvo que las demás personas presentes eran migrantes que habían entrado irregularmente durante los acontecimientos del 30 y 31 de julio y estimó en alrededor de 5.000 el número de personas que permanecerían actualmente en la zona. Esa cifra corresponde a la estimación expresada por Martínez durante la grabación.
Martínez denuncia ausencia policial durante su recorrido
La parlamentaria puso especialmente el foco en la seguridad y cuestionó que, durante el momento de la grabación, no observara presencia policial ni militar en el lugar.
Martínez destacó además el papel del vecino que la acompañaba, señalando que había acudido repetidamente a las playas para documentar la situación.
Juan aseguró durante la conversación que en anteriores visitas había recibido insultos y lanzamientos de piedras y afirmó que suele grabar peleas y otros incidentes que presencia mientras recorre la zona.
La diputada utilizó ese testimonio para cuestionar que, según su percepción, sean ciudadanos particulares quienes estén mostrando lo que sucede en Ceuta durante la noche.
“Que tengas que ser tú, un ciudadano de Ceuta, el que tenga que venir a mostrar la realidad”, lamentó.
“Nos sentimos bastante desprotegidos”
Durante el vídeo, Martínez afirmó que varias personas que pasaban junto a ellos los insultaban y los llamaban “racistas”.
A partir de esa situación, sostuvo que existe una sensación de desprotección y reclamó una mayor presencia de las autoridades.
“Esto es lo que tenemos que aguantar dentro de nuestro país y además nos sentimos bastante desprotegidos”, afirmó.
Uno de los momentos más duros de su intervención llegó cuando relató una conversación que, según aseguró, había mantenido esa misma tarde con uno de los migrantes.
Martínez dijo haberle preguntado por agresiones sexuales contra mujeres y afirmó que el hombre habría justificado una violación cuando una mujer se acerca sola a un hombre sin estar acompañada por alguien de su familia.
Se trata del relato realizado por Martínez sobre una conversación que asegura haber mantenido, y el material proporcionado no permite comprobar de manera independiente ni la conversación ni las afirmaciones atribuidas a esa persona.
A partir de ese episodio, la diputada sostuvo que determinadas concepciones culturales son incompatibles con los derechos y principios vigentes en España.
Martínez acusa al Gobierno de haber dejado sola a Ceuta
La diputada cerró el vídeo denunciando la situación que asegura haber encontrado en las playas durante la madrugada.
“Ahora mismo aquí no hay Policía”, afirmó antes de asegurar que se encontraban rodeados por miles de personas y sin capacidad para reaccionar ante un eventual incidente.
Martínez terminó lanzando una acusación directa contra el Ejecutivo central:
“Estamos completamente abandonados por nuestro propio Gobierno”.
También empleó términos como “invasión” para describir las entradas migratorias y afirmó que España estaría enfrentándose tanto a la actuación de su propio Gobierno como a la de “un Gobierno extranjero que nos invade”.
Estas expresiones corresponden a la valoración política de Virginia Martínez y no constituyen por sí mismas una determinación jurídica sobre la naturaleza de los acontecimientos ni sobre una eventual responsabilidad de otro Estado.
María José Ruiz reclama priorizar a las familias españolas en el acceso a los servicios públicos.
La portavoz adjunta de VOX en la Asamblea Regional de Murcia, María José Ruiz, ha reclamado priorizar a las familias españolas en el acceso y la financiación de los servicios públicos y ha vinculado la presión sobre la sanidad y la educación con las políticas migratorias desarrolladas en España.
«Desde VOX vamos a exigir que cada euro que se destine a los servicios públicos vaya directamente a las familias españolas», ha afirmado Ruiz, que también sostiene que numerosos ciudadanos terminan recurriendo a servicios privados después de haber financiado los públicos mediante sus impuestos.
Ruiz figura oficialmente como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX y forma parte, entre otros órganos, de las comisiones de Sanidad y Política Social y de Educación y Cultura de la Asamblea Regional.
La iniciativa ya fue debatida en febrero en la Asamblea
La propuesta a la que hace referencia VOX coincide con la moción 11L/MOCP-0902, denominada «Medidas para garantizar el Estado del Bienestar y asegurar el acceso de los españoles a unos servicios públicos de calidad».
La documentación oficial de la Asamblea Regional muestra que esta iniciativa fue registrada con el número 272/2026 y admitida a trámite a comienzos de febrero, por lo que no se trata de una moción registrada por primera vez en septiembre.
La propuesta fue llevada al Pleno del 18 de febrero de 2026, donde fue presentada por la diputada de VOX Virginia Martínez García. PSOE, PP y Grupo Mixto formularon enmiendas de totalidad.
La iniciativa acabó siendo rechazada. El propio VOX informó entonces de que no había logrado el respaldo del Partido Popular ni de los grupos de izquierda.
Ruiz vincula la presión de los servicios públicos con la inmigración
VOX sostiene que el crecimiento de la población derivado de la inmigración está incrementando la presión sobre servicios como la sanidad y la educación y defiende introducir criterios de prioridad para los españoles.
«Los españoles están pagando dos veces por servicios esenciales: la primera con sus impuestos y la segunda acudiendo a la privada porque la pública ya no tiene sitio para ellos», ha señalado Ruiz.
La atribución de un supuesto «colapso» sanitario o educativo a la inmigración constituye la interpretación política de VOX. Los datos oficiales disponibles no permiten establecer por sí solos esa relación causal.
De hecho, los últimos datos publicados por el Servicio Murciano de Salud muestran una evolución a la baja de los tiempos medios de espera durante el primer semestre de 2026. En junio, la demora media para una consulta hospitalaria se situaba en 69,82 días, 19,51 días menos que seis meses antes, mientras la espera quirúrgica descendió hasta los 94,58 días.
Más de 46.000 alumnos extranjeros en los últimos datos regionales
En educación sí existe un peso significativo del alumnado extranjero dentro del sistema regional. Los últimos datos consolidados disponibles del Centro Regional de Estadística contabilizan 46.498 alumnos extranjeros en enseñanzas de régimen general durante el curso 2023-2024, de los que 39.773 estaban escolarizados en centros públicos.
Estos datos describen la composición del alumnado, pero tampoco permiten concluir por sí mismos que exista un deterioro de la educación atribuible a la inmigración. Para establecer esa relación serían necesarios indicadores adicionales sobre recursos, ratios, resultados académicos, necesidades lingüísticas y distribución territorial.
VOX ha planteado previamente en la Asamblea que se analicen precisamente factores como la edad de incorporación, las dificultades lingüísticas y el nivel educativo previo de los alumnos extranjeros.
VOX insiste en la «prioridad nacional»
La formación mantiene esta posición dentro de una línea política más amplia que reclama establecer lo que denomina «prioridad nacional» en determinadas políticas públicas.
La moción debatida en febrero defendía precisamente medidas destinadas a garantizar el acceso de los españoles a los servicios públicos y fue presentada por VOX como una respuesta a lo que considera un deterioro del Estado del Bienestar.
Ruiz ha insistido ahora en esa posición y ha vuelto a cargar contra la política migratoria del Ejecutivo central.
«No hay bienestar social posible con las políticas de fronteras abiertas», ha afirmado la portavoz adjunta, que reclama que el gasto público se oriente prioritariamente hacia las familias españolas.
El debate vuelve así a la Asamblea murciana con dos cuestiones diferenciadas: por un lado, la presión y financiación de los servicios sanitarios y educativos; por otro, la propuesta política de VOX de vincular su acceso y asignación de recursos a criterios de prioridad para los españoles.