Arroyo exige recuperar la conexión ferroviaria directa entre Cartagena y Madrid.
La presidenta del Partido Popular de Cartagena y alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, y el senador del Partido Popular Francisco Bernabé han denunciado que las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno de España agravan el aislamiento ferroviario de Cartagena y perjudican las posibilidades de crecimiento industrial, logístico y económico del municipio.
En la rueda de prensa también han participado los senadores Antonio Luengo, Antonia López Moya y José Ramón Díez de Revenga, así como el concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Contratación del Ayuntamiento de Cartagena, Álvaro Valdés.
Arroyo denuncia tres nuevos agravios ferroviarios
Noelia Arroyo ha asegurado que el Ministerio de Transportes responde “con silencio y nuevas decisiones que empeoran nuestra situación” a las reclamaciones institucionales planteadas desde Cartagena.
La alcaldesa ha identificado tres actuaciones que, según ha denunciado, incrementan el aislamiento ferroviario de la ciudad: la conexión de las mercancías con el Corredor Mediterráneo mediante un ramal en Alicante, la prórroga del actual contrato ferroviario entre Cartagena y Murcia y el mantenimiento del cierre de la línea directa con Madrid.
“Un corredor de segunda” para Cartagena
Arroyo ha criticado que el Ministerio pretenda conectar los tráficos de mercancías de Cartagena con el Corredor Mediterráneo a través de Alicante.
A su juicio, esta solución configura “un corredor de segunda”, puesto que al norte de Alicante se proyectan plataformas diferenciadas para viajeros y mercancías, mientras que al sur ambos tráficos compartirían una única infraestructura.
La alcaldesa ha lamentado que el Ayuntamiento conociera esta decisión a través de los medios de comunicación y no directamente por el Ministerio, pese a las consecuencias que puede tener para el Puerto de Cartagena, Escombreras, la futura Zona de Actividades Logísticas de Los Camachos y el conjunto de la actividad industrial y logística.
Críticas a la prórroga del servicio Cartagena-Murcia
Como segundo agravio, Arroyo ha señalado la decisión del Consejo de Ministros de prolongar durante tres años el actual modelo de servicio ferroviario entre Cartagena y Murcia.
El Ayuntamiento ya había denunciado que esta prórroga consolida un servicio considerado insuficiente y mantiene el aislamiento ferroviario sin ofrecer avances hacia una conexión moderna entre ambas ciudades.
La alcaldesa considera que esta decisión perjudica a trabajadores, estudiantes y usuarios habituales del transporte público, al renunciar a modernizar una de las conexiones ferroviarias más importantes de la Región de Murcia.
Más de cuatro años sin tren directo a Madrid
Arroyo ha denunciado también que la línea ferroviaria directa entre Cartagena y Madrid permanece cerrada más de cuatro años después de su interrupción.
La regidora ha recordado que el corte fue anunciado inicialmente por un periodo de dos años, pero los compromisos de reapertura se han aplazado sucesivamente.
“No abrirla en el plazo prometido también es una decisión”, ha afirmado.
La alcaldesa ha reiterado la propuesta elaborada por el Ayuntamiento y la Cátedra de Movilidad Sostenible de la Universidad Politécnica de Cartagena para recuperar provisionalmente la conexión directa mediante trenes híbridos mientras concluyen las obras necesarias para la llegada de la alta velocidad.
Consecuencias para el Puerto, la ZAL y la industria
Arroyo ha advertido de que el aislamiento ferroviario reduce la competitividad del Puerto de Cartagena y dificulta el desarrollo de proyectos estratégicos.
Entre las iniciativas afectadas ha citado la nueva terminal de contenedores de Barlomar, la ZAL de Los Camachos, las instalaciones industriales de Escombreras y proyectos relacionados con el ámbito de la defensa como CAETRA.
También ha reprochado al Ministerio que no haya respondido a la carta remitida por el Ayuntamiento para solicitar una reunión ni a las iniciativas promovidas por el Pleno municipal, los alcaldes de Cartagena, Madrid y Albacete y las cámaras de comercio de la Región de Murcia.
Miriam Guardiola exige una respuesta urgente del Gobierno central ante el narcotráfico marítimo.
La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado la falta de respuesta del Gobierno central ante la actividad de las narcolanchas en el litoral murciano y ha reclamado más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Guardiola se ha referido al episodio registrado en la playa de El Portús, en Cartagena, donde varios bañistas grabaron a cuatro personas con el rostro cubierto trasladando bidones de combustible desde la orilla hasta una embarcación. La Guardia Civil investiga lo ocurrido.
“Las narcolanchas operan con total impunidad en las costas de la Región, pero el delegado de Pedro Sánchez sigue sin hacer nada”, ha denunciado la portavoz popular.
Más recursos para combatir a las mafias
Guardiola ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que asuma sus competencias en materia de seguridad y concrete fechas y partidas presupuestarias para reforzar a la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El PP de la Región lleva meses reclamando más medios humanos, embarcaciones y recursos materiales ante el incremento de las actividades vinculadas al narcotráfico. La formación denunció en junio que el Servicio Marítimo disponía de tres lanchas con importantes limitaciones operativas y anunció iniciativas parlamentarias para mejorar su capacidad de actuación.
“Ser delegado del Gobierno no consiste en posturear o utilizar los recursos públicos para hacer oposición al PP, sino en asumir responsabilidades y velar por la seguridad de los ciudadanos”, ha afirmado Guardiola.
Seguridad para los ciudadanos y respaldo a los agentes
La portavoz popular ha advertido de que la Policía Nacional y la Guardia Civil se enfrentan a organizaciones criminales con una elevada capacidad económica, logística y tecnológica.
Guardiola ha reclamado una respuesta coordinada que permita reforzar la vigilancia costera, perseguir el suministro de combustible a las embarcaciones y proteger a los agentes encargados de combatir estas actividades.
“Esperamos que no tengamos que lamentar ninguna desgracia para que el Gobierno de España adopte medidas”, ha concluido.
El Partido Popular de la Región de Murcia seguirá exigiendo más efectivos, mejores medios y una estrategia firme contra el narcotráfico para garantizar la seguridad del litoral y de todos los ciudadanos.
Alfonso Cerón pone en valor el aumento del presupuesto del CEIS hasta los 41 millones.
El diputado regional del Partido Popular Alfonso Fernando Cerón ha puesto en valor el esfuerzo del Gobierno de la Región de Murcia para reforzar los medios humanos y materiales del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento —CEIS—, frente a lo que ha calificado como “oportunismo y alarmismo” del PSOE.
Cerón ha destacado que el presupuesto del CEIS ha aumentado en los últimos seis años de 28,2 a 41 millones de euros, mientras que el gasto destinado al personal ha pasado de 23,5 a 33,5 millones en 2026. Además, entre 2024 y 2028 se habrán ofertado más de 181 plazas y actualmente está en marcha un proceso selectivo para incorporar a 30 nuevos bomberos.
Defensa de la cooperación con la UME
El diputado popular ha defendido la participación de la Unidad Militar de Emergencias en aquellos incendios cuya magnitud requiere un refuerzo extraordinario para proteger a las personas, sus bienes y el medioambiente.
“Los ciudadanos y los territorios necesitan que se les proteja”, ha subrayado Cerón, quien ha reclamado responsabilidad, cooperación institucional y la utilización de todos los recursos disponibles ante las emergencias.
Más efectivos de seguridad para la Región
Cerón ha pedido al PSOE que reclame a la Delegación del Gobierno una solución al déficit de más de 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que, según ha denunciado, padece la Región de Murcia.
El diputado ha instado al delegado del Gobierno a cumplir sus competencias y afrontar esta carencia estructural en materia de seguridad. “Frente a la irresponsabilidad de los socialistas, el Gobierno regional seguirá trabajando con responsabilidad, rigor y hechos”, ha concluido.
Isabel Borrego exige actualizar las indemnizaciones del turno de oficio desde 2003.
La diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia, Isabel Borrego, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez unas indemnizaciones dignas para los abogados del turno de oficio y una reforma legal que permita reforzar el sistema de Justicia gratuita.
Borrego ha reprochado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que no haya actualizado de manera efectiva las cantidades que reciben estos profesionales desde los baremos fijados en 2003.
Esta situación habría provocado, según ha denunciado la diputada popular, una pérdida de poder adquisitivo del 40 % para los cerca de 40.000 abogados de oficio de España, de los cuales 1.257 ejercen en la Región de Murcia.
Reconocer el trabajo y la vocación de los profesionales
“Frente a los recortes de Bolaños, se debe invertir más y mejor en la Justicia y reconocer el trabajo y la vocación de los profesionales”, ha reclamado Borrego.
La diputada ha destacado que los abogados del turno de oficio constituyen un pilar básico del Estado de derecho, al garantizar que ningún ciudadano quede indefenso por carecer de recursos económicos suficientes.
“Defender la Justicia gratuita y el turno de oficio es defender la libertad y la igualdad ante la ley, porque hacen efectivo el derecho constitucional de defensa”, ha subrayado.
Una reforma para actualizar y simplificar el sistema
Borrego ha recordado que el Partido Popular ha registrado en el Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y reforzar el funcionamiento del servicio.
La propuesta plantea actualizar y simplificar los procedimientos utilizados por los colegios profesionales para reconocer el derecho a la Justicia gratuita.
También reclama la creación de un mecanismo de pago mensual que permita evitar retrasos perjudiciales para los colegios de abogados y para los profesionales que prestan el servicio.
Un descenso del 14,14 % en el número de letrados
La parlamentaria popular ha alertado de que el número de abogados adscritos al turno de oficio ha disminuido un 14,14 % durante los últimos cinco años.
Borrego considera que esta reducción refleja la falta de incentivos, el deterioro de las condiciones económicas y la ausencia de una respuesta adecuada por parte del Gobierno central.
“Es un dato que demuestra la falta de compromiso del Gobierno de Sánchez y que lleva al sistema al borde del colapso”, ha denunciado.
Críticas al delegado del Gobierno en Murcia
La diputada ha reprochado al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, que no haya defendido públicamente las reivindicaciones de estos profesionales.
“El delegado de Sánchez en la Región abandona a unos profesionales que son un pilar básico de nuestra democracia y cuyo trabajo debe ser reconocido”, ha afirmado Borrego.
El Partido Popular reclama que los representantes del Gobierno central atiendan las necesidades de los abogados del turno de oficio y trabajen para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Preguntas sobre los refuerzos judiciales rechazados
Borrego ha denunciado también que el Gobierno de España no haya autorizado las medidas de refuerzo solicitadas para la Administración de Justicia de la Región de Murcia.
Por este motivo, el Partido Popular ha registrado preguntas en el Congreso para conocer las razones del rechazo y por qué la resolución se adoptó en una fecha que la formación considera tardía, con las consecuencias que ello puede generar para los juzgados murcianos.
El Partido Popular seguirá defendiendo una Justicia accesible, ágil y eficaz, con profesionales reconocidos y remunerados dignamente y con los medios necesarios para proteger los derechos de todos los ciudadanos.
Miguel Ángel Miralles: «Quien promete, pero no presupuesta, abandona»
El diputado regional del Partido Popular Miguel Ángel Miralles ha denunciado que la reforma de la Ley de Dependencia promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez “llega tarde y mal” y no compensa los más de 600 millones de euros que, según ha señalado, el Ejecutivo central adeuda a la Región de Murcia en esta materia.
Miralles ha cuestionado la credibilidad del compromiso del Gobierno de España de asumir el 50 % del coste del sistema cuando, según ha recordado, no existen unos Presupuestos Generales del Estado que garanticen esa financiación.
“¿Cómo nos vamos a creer que el Gobierno de Sánchez va a asumir ahora el 50 % del gasto en dependencia cuando no hay Presupuestos ni lo ha hecho en sus ocho años en el poder?”, se ha preguntado.
“Quien promete, pero no presupuesta, abandona”
El parlamentario popular ha defendido la posición responsable del Partido Popular ante una reforma que, a su juicio, no cuenta con una memoria económica suficiente.
“Quien deja abandonadas a las personas con discapacidad es quien promete, pero no presupuesta”, ha afirmado Miralles.
El diputado ha explicado que el Partido Popular no puede respaldar una iniciativa que no detalle de forma clara los recursos necesarios para garantizar su aplicación presente y futura.
Miralles ha advertido de que las personas dependientes y sus familias necesitan certezas, financiación estable y servicios adecuados, no anuncios sin respaldo presupuestario.
Sin garantías para 2027 y los próximos años
El diputado regional ha señalado que el decreto anunciado contempla un incremento de 2.218 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas, pero únicamente para el ejercicio actual.
Miralles ha criticado que el Gobierno central no haya aclarado cuánto aportará en 2027 ni cómo garantizará la sostenibilidad del sistema en los años siguientes.
“Estamos una vez más ante promesas sin soporte real”, ha manifestado, antes de preguntar al Ejecutivo central cómo piensa garantizar la dependencia sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Murcia recibiría 19 millones adicionales
Miralles ha indicado que la Región de Murcia podría recibir este año 19 millones de euros adicionales mediante el nuevo decreto, una cantidad con la que, según ha explicado, la aportación estatal apenas alcanzaría el 40 % del gasto.
El diputado ha advertido de que este incremento no soluciona la deuda acumulada de más de 600 millones que atribuye al Gobierno central desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
También ha cuestionado que pueda garantizarse una financiación estatal del 50 % en 2027 sin contar con unas cuentas públicas que respalden ese compromiso.
El Estado solo asumiría el 30 % del gasto actual
“Si el Gobierno de España cumpliera la actual Ley de Dependencia, en la Región de Murcia podríamos acabar con la lista de espera, crear las plazas necesarias y llegar mejor a quienes más lo necesitan”, ha asegurado Miralles.
Sin embargo, el diputado popular ha denunciado que el Ejecutivo central solo estaría asumiendo actualmente alrededor del 30 % del coste del sistema en la Región de Murcia.
El Partido Popular reclama un modelo de financiación justo, estable y suficiente que permita atender con mayor rapidez a las personas dependientes, aumentar los recursos disponibles y aliviar el esfuerzo económico asumido por la Administración autonómica.
La lista de espera baja un 21 %
Miralles ha puesto en valor el esfuerzo realizado por el Gobierno de la Región de Murcia pese a la infrafinanciación autonómica y a la insuficiente aportación del Estado.
Según ha destacado, las listas de espera de dependencia en la Región se han reducido un 21 % durante el último año gracias a las actuaciones impulsadas por el Ejecutivo regional.
“Este es el camino que debemos seguir. Solo falta que el Gobierno de Sánchez deje de castigar a la Región y cumpla con las personas en situación de dependencia”, ha concluido.
El Partido Popular de la Región de Murcia seguirá reclamando una financiación suficiente que garantice una atención ágil, digna y de calidad para las personas dependientes y sus familias.
Martínez Alpañez reclama al PP debatir ya la Ley del Mar Menor.
El portavoz de VOX en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha reclamado al Partido Popular que acelere el debate parlamentario sobre la reforma de la Ley del Mar Menor, una iniciativa que, según ha denunciado, permanece bloqueada desde hace más de un año.
Martínez Alpañez considera que las políticas aplicadas hasta ahora están perjudicando a la agricultura, al tejido económico y social del Campo de Cartagena y a la propia recuperación de la laguna.
El portavoz realizó estas declaraciones tras reunirse, junto a varios diputados regionales de VOX, con representantes de la Fundación Ingenio y de AgroIngenieros por el Mar Menor para analizar posibles modificaciones de la normativa.
VOX cuestiona las políticas basadas en el abandono de cultivos
Martínez Alpañez sostiene que diferentes estudios científicos están cuestionando la eficacia de las medidas que obligan o incentivan el abandono de tierras agrícolas.
Según el dirigente de VOX, estas políticas no estarían contribuyendo a mejorar el estado del Mar Menor y podrían estar generando consecuencias contrarias a las previstas.
«El fanatismo climático y la cobardía de los políticos están perjudicando gravemente los bolsillos de todos los ciudadanos y, concretamente, al Mar Menor», ha afirmado.
El portavoz ha señalado la existencia de versiones contradictorias sobre la influencia del acuífero en la aportación de nutrientes a la laguna.
En este sentido, ha recordado que la Comisionada del Ciclo del Agua manifestó recientemente que el acuífero no afectaba al Mar Menor, mientras que un estudio de la Universidad de Barcelona lo identifica, según ha indicado, como la principal fuente de nutrientes que llega a la laguna.
Martínez Alpañez considera que las publicaciones científicas y los congresos especializados están poniendo en cuestión las medidas promovidas durante los últimos años por el PP y el PSOE.
«La agricultura es la solución»
VOX ha defendido su proposición de ley para modificar la actual normativa y compatibilizar la protección medioambiental con el mantenimiento de un sector agrícola competitivo.
«La agricultura no es el problema del Campo de Cartagena; la agricultura es la solución», ha asegurado Martínez Alpañez.
El portavoz ha señalado que otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos consiguen proteger su entorno natural sin penalizar de manera sistemática al sector primario.
En cambio, considera que en la Región de Murcia se han impuesto restricciones y sanciones que perjudican a los agricultores sin garantizar una recuperación efectiva del Mar Menor.
VOX acusa al PP de bloquear la iniciativa
Martínez Alpañez ha denunciado que VOX lleva más de un año solicitando una reforma de la Ley del Mar Menor.
Según ha explicado, desde el pasado mes de mayo la formación ha pedido semanalmente en la Junta de Portavoces que la proposición de ley sea incluida en el orden del día, después de mantener reuniones con las principales organizaciones agrarias.
«El Partido Popular se ha negado de forma sistemática», ha afirmado el portavoz parlamentario.
No obstante, Martínez Alpañez ha recordado que el Reglamento de la Asamblea Regional establece un plazo máximo de seis meses para debatir las proposiciones de ley registradas.
Por este motivo, sostiene que las iniciativas presentadas por VOX, el Partido Popular y el Grupo Mixto tendrán que debatirse una vez que comience el nuevo periodo de sesiones.
«El Partido Popular ya no tiene escapatoria. Tendrá que retratarse y decidir si quiere seguir sosteniendo una ley que está perjudicando al Campo de Cartagena o apostar por una reforma que proteja el Mar Menor sin condenar al sector agrícola», ha aseverado.
Fundación Ingenio presenta un informe sobre el abandono de tierras
Durante la reunión, la directora de Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, presentó el informe Influencia de las políticas públicas basadas en el abandono de tierras de cultivo en la dinámica de los nutrientes en el Campo de Cartagena.
El documento ha sido elaborado por AgroIngenieros por el Mar Menor y, según la entidad, cuenta con el aval de investigadores de la Universidad de Murcia, la Universidad de Almería y la Universidad Politécnica de Madrid.
Corbalán ha explicado que el informe concluye que las medidas de abandono de cultivos recogidas en la Ley del Mar Menor y en determinadas resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Segura no mejoran el estado de la laguna.
La directora de Fundación Ingenio también ha advertido de que estas políticas pueden poner en riesgo el tejido productivo agrícola de la Región.
Por ello, ha defendido que el estudio sirva como punto de partida para una reforma legislativa que tenga en cuenta al Campo de Cartagena y contribuya de manera efectiva a la recuperación del Mar Menor.
María Casajús exige a Sánchez retirar el nuevo Reglamento de Costas.
La diputada regional del Partido Popular María Casajús ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que retire el proyecto del nuevo Reglamento de Costas, al considerar que incrementa la inseguridad jurídica y puede poner en riesgo viviendas, actividades económicas e infraestructuras situadas en el litoral.
Casajús ha denunciado que el Ejecutivo central pretende aprobar la norma de manera unilateral, sin atender suficientemente las alegaciones presentadas por las comunidades autónomas, entre ellas las formuladas por el Gobierno de la Región de Murcia.
“El nuevo Reglamento de Costas genera más inseguridad jurídica y amenaza con derribar más casas en el litoral”, ha advertido la parlamentaria popular.
Riesgo de nuevos deslindes
La diputada del PP ha alertado de que el proyecto abre la puerta a nuevos procedimientos de deslinde que podrían afectar a propiedades, negocios e infraestructuras ubicadas en zonas costeras.
A juicio de Casajús, una reforma de esta importancia no debe tramitarse sin diálogo ni consenso con las administraciones autonómicas y los colectivos afectados.
“Nos parece intolerable que una modificación de ese calibre se pretenda llevar a cabo de forma unilateral, sin contar con las comunidades autónomas y cuando puede restringir los derechos de más ciudadanos”, ha señalado.
El Partido Popular defiende que cualquier modificación de la normativa costera debe ofrecer certeza jurídica a los propietarios y compatibilizar la protección del litoral con la defensa de las actividades económicas y sociales desarrolladas en estos territorios.
El PP denuncia una invasión de competencias autonómicas
Casajús ha acusado al Gobierno central de desoír las alegaciones presentadas por el Ejecutivo murciano y de invadir competencias autonómicas mediante la aprobación de un reglamento que aborda aspectos esenciales de la gestión del dominio público marítimo-terrestre.
La parlamentaria ha reprochado también al Ejecutivo que utilice el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España como justificación para modificar mediante un reglamento cuestiones que, según ha defendido, deberían regularse a través de la propia Ley de Costas.
“El proyecto presenta incompatibilidades con la legislación vigente. Antes de aprobar un nuevo desarrollo reglamentario debería abordarse una reforma de la ley que elimine esas contradicciones”, ha explicado.
Reforma legal previa y diálogo institucional
El Partido Popular reclama al Gobierno que retire la propuesta actual, abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y promueva previamente una modificación de la Ley de Costas.
Para el PP, esta reforma legal debe servir como base para elaborar posteriormente un reglamento consensuado, claro y respetuoso con la distribución constitucional de competencias.
Casajús ha señalado que el PSOE debería desbloquear las proposiciones de ley de Costas impulsadas por el Partido Popular en el Congreso y en el Senado, en lugar de continuar tramitando una norma que genera dudas jurídicas y preocupación entre los residentes del litoral.
Moratoria para proteger a los vecinos
La diputada popular ha solicitado también la aprobación urgente de una moratoria que paralice temporalmente cualquier actuación de deslinde, ocupación o demolición hasta que exista un marco jurídico claro y consensuado.
El objetivo, ha explicado, es evitar decisiones irreversibles mientras continúa el debate sobre la normativa y garantizar la protección de los ciudadanos que puedan verse afectados.
“El Partido Popular está junto a los vecinos que ven peligrar sus casas y en defensa de la libertad, la seguridad jurídica y la propiedad privada”, ha concluido Casajús.
El Partido Popular defiende una política de costas equilibrada, que proteja el medio ambiente sin menoscabar los derechos de los ciudadanos, la actividad económica ni las competencias de las comunidades autónomas.
Martínez Alpañez exige deportación y remigración para recuperar la seguridad en España.
El portavoz de VOX en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, y la concejal del Grupo Municipal VOX en San Javier, Isabel Ferrer, han denunciado este jueves en Santiago de la Ribera el aumento de la inseguridad en el municipio tras el violento robo sufrido por una mujer de 80 años el pasado domingo.
Según ha señalado VOX, la víctima fue arrastrada y golpeada para robarle el bolso en un suceso presuntamente cometido por un inmigrante magrebí. La formación ha vinculado este episodio con el deterioro de la seguridad en barrios y zonas turísticas del municipio.
Martínez Alpañez ha lamentado que “Santiago de la Ribera fue hace unos años el paraíso de las vacaciones para los vecinos de la Región de Murcia y para miles de turistas. Sin embargo, hoy es un paraíso para los delincuentes”.
El portavoz parlamentario de VOX ha responsabilizado al bipartidismo de PP y PSOE de una situación que, a su juicio, responde a unas políticas que “están fomentando la inmigración ilegal y la inseguridad en nuestros barrios y en nuestras playas”.
“La única respuesta que ha dado el Gobierno regional del Partido Popular ante el incremento de la inseguridad y la delincuencia asociadas a la inmigración ilegal ha sido pedir más fondos a Pedro Sánchez para atender a ilegales”, ha criticado Martínez Alpañez.
Asimismo, el dirigente de VOX ha recordado que la Asamblea Regional aprobó una iniciativa impulsada por su formación para reclamar la expulsión de quienes entren ilegalmente en España y de los inmigrantes legales que cometan delitos. En este sentido, ha defendido que “deportación, remigración y prioridad nacional” son las medidas necesarias para recuperar la seguridad.
“Todo el que entre de forma ilegal en nuestro país debe tener billete de vuelta, y todo aquel que cometa un delito, sea cual sea, también debe ser expulsado. Tenemos que garantizar que los españoles puedan vivir y disfrutar de sus vacaciones con seguridad”, ha afirmado.
Martínez Alpañez ha añadido que VOX trabajará para “recuperar la seguridad de los españoles” y la prosperidad que, según ha señalado, merecen las familias. También ha denunciado que los impuestos de los ciudadanos se destinen a políticas que, en opinión de VOX, favorecen la inmigración ilegal.
Por su parte, Isabel Ferrer ha denunciado la falta de inversión en seguridad por parte del Ayuntamiento de San Javier y ha advertido de que el municipio afronta la temporada estival con menos presencia policial.
“El Ayuntamiento debería reforzar la Policía Local. Sin embargo, este verano San Javier cuenta con menos patrullas, menos horas extraordinarias y un Gobierno municipal que anuncia 20 nuevos agentes que no estarán operativos hasta el año que viene”, ha reprochado la concejal de VOX.
Ferrer ha concluido que, mientras no se refuercen los recursos destinados a la seguridad, vecinos y visitantes seguirán sufriendo las consecuencias de una delincuencia que, según denuncia VOX, no deja de aumentar en el municipio.