Carmen Pérez Becerra pide impulsar las Carreras de Sanlúcar como Patrimonio de la Humanidad.
La senadora del Grupo Parlamentario Popular por Cádiz, Carmen Pérez Becerra, ha reclamado al Gobierno “compromiso e implicación” para que las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda sean declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Durante la sesión de control en el Senado, Pérez Becerra ha preguntado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, si el Ejecutivo tiene previsto impulsar y promocionar esta candidatura internacional, destacando que se trata de “una tradición única en el mundo” con casi dos siglos de historia.
La dirigente popular ha puesto en valor el impacto económico, social y cultural de este evento, que reúne cada año a más de 250.000 personas y proyecta la imagen de España a nivel internacional, generando una notable repercusión mediática y beneficios para la comarca.
Asimismo, ha recordado que las Carreras cuentan con reconocimientos como Fiesta de Interés Turístico Internacional y la Medalla de Andalucía, subrayando que cumplen los requisitos para su inclusión en la lista de la UNESCO.
Pérez Becerra ha destacado el trabajo realizado por las instituciones locales, provinciales y autonómicas, así como por la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, insistiendo en que “ahora le toca al Gobierno de España liderar esta candidatura”.
La senadora ha subrayado que esta iniciativa representa una oportunidad para situar a España, Andalucía y Sanlúcar de Barrameda en el mapa internacional del patrimonio cultural, reclamando al Ejecutivo un calendario claro y una implicación efectiva.
José Crespo acusa al Gobierno de priorizar la recaudación frente a lo social.
El senador del Grupo Parlamentario Popular, José Crespo, ha criticado duramente al Gobierno por su “afán recaudatorio” en materia social, denunciando que sus decisiones han perjudicado a miles de personas dependientes tras la paralización del Plan de Choque de Dependencia y Discapacidad impulsado por la Xunta de Galicia.
Durante su intervención en el Pleno del Senado, Crespo ha señalado que la impugnación del sistema autonómico ha provocado un grave perjuicio a miles de ciudadanos, destacando que alrededor de 3.000 personas vieron suspendidos sus procedimientos y se enfrentaron a retrasos innecesarios pese a tener ya reconocidos sus derechos.
El dirigente popular ha reprochado al Ejecutivo que haya recurrido una medida que, posteriormente, ha replicado parcialmente sin reconocer los beneficios fiscales asociados. En este sentido, ha acusado al Gobierno de actuar “de espaldas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos”, que son las administraciones encargadas de gestionar estos servicios.
Crespo ha defendido el modelo desarrollado por la Xunta de Galicia, destacando que simplificaba los trámites administrativos y mejoraba la vida de miles de personas al reconocer automáticamente la discapacidad en casos ya acreditados de dependencia.
Asimismo, ha denunciado la “contradicción” del Gobierno al recurrir la norma gallega ante el Tribunal Constitucional para después incorporar medidas similares en la legislación estatal, aunque sin incluir los beneficios fiscales correspondientes.
El senador popular ha subrayado que estas decisiones responden a un interés recaudatorio, afirmando que el Ejecutivo “busca recaudar al máximo incluso a costa de las personas más vulnerables”.
Pepa Pardo: «Un ministro en guerra con la Justicia»
La portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Pepa Pardo, ha denunciado que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, está promoviendo un “linchamiento público” contra jueces que dictan resoluciones que no son favorables al Gobierno.
Durante su intervención en el Pleno, Pardo ha calificado de “anormalidad democrática” que un ministro de Justicia mantenga una confrontación directa con el poder judicial, y ha advertido de que las críticas del Ejecutivo a decisiones judiciales suponen un “ataque feroz a la independencia judicial”.
La dirigente popular ha subrayado que la acumulación de competencias en Bolaños —Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes— evidencia, a su juicio, una “declaración de guerra a la separación de poderes”, cuestionando el equilibrio institucional.
Pardo ha denunciado además presiones a órganos judiciales y ha recordado que asociaciones de jueces han calificado de “inadmisibles” los ataques del Gobierno, alertando del riesgo de socavar la confianza de los ciudadanos en la Justicia.
Asimismo, ha criticado el bloqueo legislativo en el Congreso de iniciativas procedentes del Senado y ha advertido de un deterioro institucional, señalando que el Ejecutivo está “atacando al poder judicial, a la oposición y a la prensa crítica”.
La portavoz popular ha exigido responsabilidades políticas al ministro y ha reclamado su dimisión, reiterando la necesidad de garantizar la independencia judicial, la separación de poderes y el respeto a las instituciones democráticas.
El Partido Popular reafirma su compromiso con el Estado de Derecho, la independencia judicial y la calidad democrática, en línea con los principios recogidos en su proyecto político.
Fernando Priego: «El Gobierno invita y los ayuntamientos pagan»
El senador del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Priego, ha denunciado en el Senado el “maltrato” que, a su juicio, sufren las entidades locales por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, acusando al Ejecutivo de utilizar a los ayuntamientos “a su beneficio”.
Durante la sesión de control, Priego se ha dirigido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para exigir explicaciones por la detracción de más de 1.300 millones de euros destinados a ayuntamientos y diputaciones, que han sido redirigidos para financiar un crédito extraordinario del Ministerio de Defensa.
El senador popular ha criticado que esta decisión se haya adoptado “con total oscurantismo, sin diálogo ni consenso”, y sin convocar la Comisión Nacional de Administración Local, lo que, según ha señalado, vulnera los principios de cooperación institucional.
Priego ha recordado que, pese a las promesas reiteradas de distintos ministros, el Gobierno no ha abordado la reforma del sistema de financiación local ni ha reforzado la autonomía municipal. En este sentido, ha denunciado que el Ejecutivo “se aprovecha de la lealtad institucional de los ayuntamientos” mientras mantiene una elevada presión fiscal.
Asimismo, ha advertido de que estas decisiones ponen “contra las cuerdas” a la administración más cercana al ciudadano, clave para garantizar servicios públicos y bienestar social.
El senador ha exigido al ministro que dialogue con la Federación Española de Municipios y Provincias, convoque los órganos de cooperación institucional y escuche a los alcaldes para alcanzar soluciones consensuadas.
Finalmente, Priego ha reclamado medidas urgentes como la devolución de los fondos detraídos, la reforma del sistema de financiación local, la clarificación de competencias y la flexibilización normativa para permitir a los ayuntamientos desarrollar sus políticas con mayor eficacia.
El Partido Popular reitera su compromiso con el fortalecimiento de las entidades locales, la autonomía municipal y la mejora de los servicios públicos, en línea con los principios de buena gobernanza recogidos en su proyecto político.
Martínez-Maíllo denuncia la injerencia del Gobierno en la Justicia.
El senador del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha denunciado que las instituciones europeas han “desautorizado” al Gobierno en relación con sus actuaciones en materia judicial, señalando que el comisario europeo de Justicia ha reprochado al Ejecutivo sus críticas a los tribunales y su cuestionamiento de la independencia judicial.
Martínez-Maíllo ha advertido de que las valoraciones del Gobierno sobre decisiones judiciales suponen, a su juicio, una injerencia en el poder judicial. “Eso se llama intervencionismo”, ha afirmado, alertando del riesgo que estas prácticas representan para el equilibrio institucional.
En este sentido, el dirigente popular ha instado al Ejecutivo a actuar con “extrema prudencia y cautela”, especialmente en asuntos que afectan a personas del entorno del presidente del Gobierno, subrayando la necesidad de preservar la independencia de las instituciones.
El senador ha defendido que la separación de poderes es “un valor esencial de nuestra democracia” y ha advertido de que su cuestionamiento supone un deterioro grave del Estado de Derecho.
El Partido Popular reafirma su compromiso con la independencia judicial, el respeto institucional y la defensa de los principios democráticos, en línea con su proyecto político.
María Jesús Bonilla denuncia la «imposición» de la baliza V16 sin garantías.
La senadora del Grupo Parlamentario Popular, María Jesús Bonilla, ha denunciado que el Gobierno ha obligado a millones de españoles a adquirir la baliza V16, un dispositivo cuya “legalidad es cuestionada, su eficacia no está probada y su implantación se ha realizado sin notificar a Europa”.
Durante el Pleno del Senado, Bonilla ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en qué se basa el Ejecutivo para imponer la obligatoriedad de este dispositivo, señalando además problemas en su homologación y dudas sobre la transparencia en los procesos relacionados con su comercialización.
La dirigente popular ha afirmado que los ciudadanos “no merecen más cargas económicas ni falta de transparencia”, y ha exigido responsabilidades políticas al ministro, reclamando su dimisión.
Bonilla ha recordado que organismos como asociaciones de la Guardia Civil han cuestionado la eficacia técnica del dispositivo y ha reclamado la publicación de informes independientes que avalen su utilidad. Asimismo, ha denunciado que la Dirección General de Tráfico ha tenido que retirar la homologación de algunas balizas, lo que ha afectado a ciudadanos que adquirieron dispositivos posteriormente invalidados.
En este sentido, la senadora ha planteado si el Gobierno compensará a los afectados y ha exigido garantías de igualdad y transparencia en la competencia empresarial vinculada a estos dispositivos.
Además, ha advertido del impacto económico de la medida, estimando que supondrá un coste superior a los 1.500 millones de euros para los conductores, y ha cuestionado si responde a criterios de seguridad vial o recaudatorios.
Bonilla también ha criticado la desigualdad que, a su juicio, genera la normativa, al obligar únicamente a los conductores españoles a utilizar este sistema, mientras que vehículos de otros países pueden seguir empleando métodos tradicionales.
Finalmente, ha señalado que la Comisión Europea ha indicado que España no siguió el procedimiento de notificación previo, cuestionando el proceso de implantación de la medida y reclamando explicaciones sobre sus resultados en materia de seguridad vial.
El Partido Popular reitera su compromiso con la transparencia, la seguridad jurídica y la defensa de los intereses de los ciudadanos, en línea con los principios recogidos en su proyecto político.
Juan José Matarí alerta del abandono del Gobierno a la seguridad en las costas andaluzas.
El senador del Partido Popular por Almería, Juan José Matarí, ha denunciado que la “pasividad y falta de inversiones” del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de seguridad está teniendo “graves consecuencias” en las costas andaluzas, donde, según ha señalado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad alertan de una situación de desprotección frente al auge del crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal.
Durante la sesión de control al Gobierno, Matarí ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que refuerce de manera urgente los medios humanos y materiales de la Guardia Civil en Andalucía, especialmente ante la llegada del verano, cuando se intensifican estos fenómenos.
El dirigente popular ha criticado las “precarias condiciones de trabajo” de guardias civiles, policías y agentes aduaneros, señalando como responsables de la falta de inversiones tanto al titular de Interior como a María Jesús Montero, por la ausencia de presupuestos que permitan mejorar los recursos.
Matarí ha advertido de la situación “crítica” en distintas provincias andaluzas, destacando el caso de Almería, donde, según ha indicado, existen patrulleras obsoletas, falta de helicópteros y deficiencias en infraestructuras como el cuartel de Roquetas de Mar. Asimismo, ha señalado carencias en Granada, Málaga, Jaén y Córdoba, con vehículos no operativos y cuarteles en mal estado.
El senador del PP ha alertado también del incremento de la criminalidad en los últimos años, con subidas significativas en delitos graves, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de reforzar de manera urgente la seguridad en la región.
En este contexto, ha puesto en valor la labor de los agentes, calificando de “heroica” su dedicación pese a las dificultades, y ha reclamado que se reconozca la profesión de riesgo para policías y guardias civiles, tal y como propone el Partido Popular.
El Partido Popular reitera su compromiso con el refuerzo de las plantillas, la mejora de los medios y la dignificación de las condiciones laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en línea con los principios de seguridad y servicio público recogidos en su proyecto político.
Paloma Gómez: «La regularización masiva perjudica a los trabajadores españoles»
La senadora de VOX por Andalucía, Paloma Gómez Enríquez, ha sido la encarada de preguntar hoy a Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno, «cómo justifica una regularización masiva que desprecia la prioridad nacional de empleo y condena al colapso definitivo a unos servicios públicos que el ciudadano ya no puede costear». Una cuestión que la portavoz ha argumentado al recordar que España tiene cerca de 2,5 millones de personas en busca de empleo.
Y con esta situación laboral, el Ejecutivo regulariza a medio millón más de ilegales «para que compitan por los mismos puestos». «Es un insulto a nuestros trabajadores», ha lamentado la senadora andaluza, quien ha apostado por aplicar el principio de prioridad nacional. «Por justicia social, el Gobierno debe dar preferencia a los millones de españoles y residentes legales que ya están aquí, que pagan sus impuestos y que hoy ven cómo sus servicios públicos se degradan mientras ustedes miran hacia otro lado», ha expuesto.
Durante su intervención, la senadora de VOX ha preguntado también si el 70% de los españoles que rechaza esta regularización, también es xenófoba. Y ha recomendado al Ejecutivo buscar a racistas en la «cumbre del comunismo, donde han abrazando a líderes de países donde la persecución a minorías étnicas y extranjeros es la norma». Regímenes comunistas».