Vicente Azpitarte: «Sin planificación no hay Mundial ni futuro deportivo»
El portavoz de Deportes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y senador por Granada, Vicente Azpitarte, ha exigido a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, que se comprometa de manera firme con el deporte español y trabaje en coordinación con el resto de las administraciones.
Durante la sesión de control celebrada en la Cámara Alta, Azpitarte ha preguntado a la ministra si considera necesario modificar la política deportiva en España y ha planteado cuestiones clave para el futuro del sector.
“¿Dónde se va a disputar la final de la Copa del Mundo 2030? ¿Cómo va a cerrar la grieta abierta en el deporte español por sus pactos con el PNV y la pelota? ¿Cómo va a evitar que las mujeres deportistas se sientan discriminadas por culpa de la Ley Trans?”, ha interpelado el senador popular.
Asimismo, ha solicitado información sobre “cuándo tiene previsto desarrollar los reglamentos y decretos derivados de la nefasta Ley del Deporte aprobada en 2022”, así como sobre los problemas existentes con el seguro deportivo.
Inestabilidad y falta de liderazgo
Azpitarte ha recordado que, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, España ha tenido seis ministros de Deportes y cinco secretarios de Estado. “Hablamos de once personas en siete años con la más alta responsabilidad para organizar el deporte español. Es una falta de respeto del sanchismo al deporte español”, ha denunciado.
El senador ha afirmado que con cada nuevo nombramiento “se activa la maquinaria parlamentaria y la adaptación, porque se necesitan horas para entender cómo funciona este sector”, lo que genera inestabilidad y retrasos en la toma de decisiones.
Vicente Azpitarte ha subrayado que el deporte español “necesita que vayamos todos juntos porque usted sola no puede”, y ha ofrecido el apoyo del Partido Popular, recordando que la mayoría de los municipios, comunidades autónomas y ciudades autónomas están gobernadas por el PP.
Por último, el portavoz del GPP se ha interesado por la inclusión de los partidos femeninos de fútbol en la quiniela y ha reclamado a la ministra que comparezca en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Senado para dar explicaciones detalladas sobre su política deportiva.
Alfonso Serrano: «No se compare con Metro: sus cifras dejan en evidencia su gestión»
El senador del Grupo Parlamentario Popular por Madrid, Alfonso Serrano, ha reprochado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que “con su bravuconería y su furor tuitero tapaba la cruda realidad: que nuestra red ferroviaria vive su peor momento por culpa de la falta de inversión de siete años de Gobierno socialista”.
Así se ha expresado tras preguntar en el Pleno del Senado si el Ejecutivo puede garantizar la seguridad ferroviaria de la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid.
Serrano ha recordado que el ministro aseguró que el ferrocarril vivía “su mejor momento” e incluso anunció la eliminación de vuelos cortos, mientras prometía que el AVE circularía a 350 km/h por “las mismas vías por las que ahora vas tan lento que puedes ver cómo crece la hierba”.
“Nos lo dijo mientras se acumulaban las denuncias de sus maquinistas, mientras decenas de trenes se quedaban tirados, mientras cientos de miles de españoles sufrían retrasos, mientras se sucedían incidencias y accidentes, hasta llegar a la tragedia”, ha afirmado.
El senador popular ha denunciado que el PSOE se encontró en 2018 con un Plan de Cercanías presupuestado en 5.000 millones de euros, que “tiraron a la basura y destinaron a pagar las facturas con independentistas que les permiten estar en el Gobierno”.
“La pregunta es muy clara y muy seria: ¿Puede el Gobierno garantizar la seguridad ferroviaria de la red de Cercanías en la Comunidad de Madrid?”, ha insistido.
Los ciudadanos no se sienten seguros
Serrano ha señalado que Cercanías ha perdido en Madrid 12 millones de usuarios acumulados en los últimos años porque “los ciudadanos están hartos de llegar tarde, de quedarse tirados, porque no se fían y porque no se sienten seguros”.
Ha afeado al ministro que los trenes estén “viejos y fuera de su vida útil” y ha advertido sobre el estado de las infraestructuras: “Si han racaneado con las vías del AVE, no quiero ni imaginar la situación real de las vías de Cercanías, C3, C4 o C5”.
El dirigente popular ha recordado los descarrilamientos en Atocha y Príncipe Pío en 2023, el descarrilamiento de un AVE en el túnel de Atocha en 2024 que afectó a toda la red durante una semana, las dos caídas de tensión en 2025 que paralizaron la red con miles de viajeros andando por los andenes, y el descarrilamiento en San Fernando de Henares que dejó seis heridos. En 2026, ha señalado, ya se contabilizan 120 incidencias, incluyendo un muro caído en Fuenlabrada e incendios en estaciones eléctricas.
“No caiga en el error de compararse con épocas pasadas o con Metro de Madrid. Usted mueve 700.000 personas al día; Metro, 2 millones. Con ese volumen y teniendo más trenes que Cercanías, ustedes tienen 1.500 averías al año frente a las 300 de Metro”, ha advertido.
Para Serrano, Puente “parchea sin presupuestos un incremento en el mantenimiento después de negar el problema”. Por ello, le ha exigido que “presupueste y ejecute el Plan de Cercanías, convoque la Comisión de Seguimiento del plan y, acto seguido, salga de su despacho y dimita”.
Pepa Pardo denuncia un nuevo agravio del Gobierno a la Justicia gallega.
Los senadores del Partido Popular de Galicia han presentado una batería de preguntas en el Senado para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez explicaciones sobre el reparto de las 500 nuevas unidades judiciales anunciadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el pasado 26 de enero.
De las 500 unidades previstas, únicamente 19 corresponden a Galicia, lo que supone el 3,8 % del total, un porcentaje que el PPdeG considera claramente insuficiente y que no respeta el criterio poblacional. Además, esta decisión no fue previamente consultada con la Comisión Mixta del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Con la senadora Pepa Pardo al frente, el Partido Popular de Galicia reclama conocer los verdaderos motivos de lo que califican como una “nueva queja contra Galicia”, especialmente si se tiene en cuenta que otras comunidades autónomas, como Cataluña, recibirán el 19 % de las nuevas plazas.
Los populares preguntan también qué criterios específicos justifican la no creación de nuevas plazas judiciales en municipios como Vilagarcía de Arousa, Ponteareas, Viveiro, Sarria o Carballo, que presentan necesidades objetivas derivadas del volumen de asuntos que tramitan.
Asimismo, lamentan que no se haya atendido la solicitud de creación de una plaza de magistrado en la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, pese al nivel de retrasos acumulados, ni de una segunda plaza en el Juzgado de lo Mercantil de Vigo.
El PPdeG cuestiona además cómo se compensará el perjuicio causado por la creación de las Secciones de Violencia sobre la Mujer en A Coruña y Vigo en detrimento de los juzgados de instrucción, dado que las nuevas plazas comenzarán sin expediente en ambas ciudades.
Igualmente, los senadores populares han preguntado si el Ejecutivo central tiene previsto crear una plaza de magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y, en caso negativo, cuáles son las razones que lo justifican.
Incumplimiento en la creación de nuevas plazas
Por otra parte, el Partido Popular recuerda que en junio de 2025 el ministro de Justicia anunció la creación de 1.440 nuevas plazas de jueces y fiscales hasta 2027, mediante convocatorias anuales de 360 plazas por oposición y 120 por el turno de juristas de reconocida competencia.
Sin embargo, el 1 de noviembre el BOE publicó únicamente la convocatoria de 200 plazas —120 para jueces y 80 para fiscales—, muy por debajo del compromiso anunciado. Por ello, la senadora Pepa Pardo exige explicaciones sobre este incumplimiento y solicita una respuesta urgente a todas las cuestiones planteadas.
“El volumen de entrada de asuntos en numerosos órganos judiciales gallegos supera ampliamente el módulo fijado por el Consejo General del Poder Judicial. Necesitan nuevos titulares y las medidas adoptadas por el Gobierno son claramente insuficientes”, subrayan desde el PPdeG.
El Partido Popular de Galicia reitera su compromiso con la defensa de una Justicia eficaz, cercana y dotada de los recursos necesarios para garantizar un servicio público de calidad para todos los gallegos.
Alicia García: «Si Sánchez no comparece en un mes, acudirá al Tribunal Constitucional»
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García Rodríguez, ha anunciado que el Partido Popular registrará para su debate y votación en el próximo Pleno del Senado, previsto para el 18 de febrero, un conflicto de atribuciones ante la incomparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno extraordinario celebrado el pasado 29 de enero sobre las tragedias ferroviarias.
“Si en el plazo de un mes desde la aprobación del requerimiento Pedro Sánchez no comparece en el Senado, acudiremos al Tribunal Constitucional”, ha advertido Alicia García, quien ha subrayado que se trata del primer conflicto de atribuciones que afecta directamente al presidente del Gobierno.
La portavoz popular ha sido clara: “En España la ley es igual para todos. Nadie está por encima del Parlamento, nadie está por encima de la Constitución; ni siquiera el presidente del Gobierno”. En este sentido, ha recordado que “la Constitución no es opcional, el control parlamentario no es una cortesía; es una obligación democrática”.
Para el Grupo Popular, la actitud del presidente del Gobierno supone una “rebeldía parlamentaria y constitucional”. “Estamos ante un presidente en rebeldía frente al Senado, en rebeldía frente a la obligación de rendir cuentas”, ha denunciado García.
Asimismo, ha reprochado que Sánchez decidiera “quedarse en el búnker de La Moncloa antes que cumplir con su obligación parlamentaria, legal y moral de venir al Senado”. “No vino porque no quiso, prefirió el cálculo político”, ha afirmado, denunciando lo que considera “una auténtica abdicación moral”.
“El Grupo Popular no se va a quedar de brazos cruzados. Vamos a defender los derechos de los españoles con todos los instrumentos parlamentarios, políticos y judiciales a nuestro alcance”, ha asegurado.
Argumentos jurídicos del conflicto
En el texto registrado, el Partido Popular fundamenta el conflicto de atribuciones en que el presidente del Gobierno ha impedido que el Senado ejerza una de sus funciones constitucionales: el control al Gobierno.
El artículo 66.2 de la Constitución establece que “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos y controlan la acción del Gobierno”. Asimismo, el artículo 110.1 dispone que “las Cámaras pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno”.
En este caso, el Pleno extraordinario fue solicitado conforme al Reglamento del Senado, al tratarse de un periodo extraordinario, con la firma de la mayoría absoluta de los senadores para fijar el orden del día en Junta de Portavoces.
El Grupo Popular invoca igualmente el artículo 182.1 del Reglamento del Senado, que señala que “El presidente del Gobierno, a petición propia o por acuerdo de la Junta de Portavoces, comparecerá ante el Pleno del Senado para informar sobre un asunto determinado”. Para el PP, la forma verbal “comparecerá” no deja margen de discrecionalidad, sino que establece una obligación clara.
Doce conflictos de atribuciones en defensa del Senado
Este sería el duodécimo conflicto de atribuciones impulsado por el Partido Popular en el Senado durante la presente legislatura. Todos los anteriores se encuentran en tramitación ante el Tribunal Constitucional, sin que ninguno haya sido denegado ni archivado.
Entre los precedentes se encuentran conflictos planteados por la imposibilidad de votar vetos del Senado a leyes aprobadas en el Congreso, la modificación de normas mediante fórmulas irregulares, la alteración de leyes para impedir la votación de enmiendas aprobadas en la Cámara Alta o el incumplimiento de la obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado.
El Partido Popular reitera así su compromiso con la defensa de la función constitucional del Senado, la separación de poderes y el respeto a las instituciones.
Elena Castillo: «Llevar un casino en el bolsillo no es un juego»
La viceportavoz del Partido Popular en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones y senadora por Cantabria, Elena Castillo, ha exigido al Gobierno que se posicione claramente del lado “de la salud, la dignidad y el futuro de los jóvenes” ante el creciente riesgo de ludopatía asociado al juego online.
Castillo ha defendido en el seno de esta comisión mixta Congreso-Senado una moción del Grupo Parlamentario Popular que reclama una respuesta firme y coherente por parte del Ejecutivo, con inversiones en prevención “al menos de la misma cuantía que las que se destinan a promover el juego”.
“El Gobierno debe decidir de qué lado está, porque llevar un casino en el bolsillo no es un juego”, ha afirmado la senadora popular, quien ha criticado la falta de apoyo del resto de grupos parlamentarios a esta iniciativa, que ha salido adelante únicamente con los votos del PP y la abstención de PSOE, Sumar y Vox.
La dirigente popular ha denunciado que el Gobierno destina más de 100 millones de euros anuales a publicidad institucional vinculada al juego, una circunstancia que ha calificado de “incoherencia política”. “No se puede hablar de prevención ni de lucha contra una adicción mientras se promociona activamente”, ha subrayado, reclamando presupuesto suficiente, medidas vinculantes, evaluación real y prioridades claras.
Castillo ha alertado especialmente sobre el impacto del juego online en los más jóvenes, recordando que más del 10% de los adolescentes ha jugado online en el último año y que uno de cada cuatro presenta indicadores de juego problemático. “Hablamos de un entorno digital que concentra riesgo, acelera la adicción y atrapa especialmente a los jóvenes”, ha advertido.
En este contexto, ha criticado que el juego se infiltre en los dispositivos móviles y en los videojuegos infantiles a través de mecanismos como las loot boxes, que reproducen los mismos patrones que los juegos de azar: pago, azar y refuerzo inmediato.
La senadora del PP ha calificado de “contradictorio” el mensaje institucional frente al juego y ha advertido de que la Estrategia de Juego Seguro impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, aún en fase de elaboración, “todavía no protege a nadie”. “Estamos a tiempo de exigir que no sea un documento vacío, porque España necesita una estrategia bien redactada y eficaz”, ha señalado.
Antes de concluir, Castillo ha subrayado que la moción aprobada “no es simbólica, sino una exigencia política concreta”, y ha reclamado que la lucha contra la ludopatía se base en la evidencia científica, en campañas de concienciación sobre el impacto de los dispositivos móviles y en una colaboración institucional real.
La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a impulsar un plan integral contra la ludopatía online, reforzar la inversión en prevención, promover estudios científicos exhaustivos, lanzar campañas dirigidas a adolescentes y familias, y formar a profesionales de la salud, la educación y los servicios sociales para el diagnóstico precoz y el tratamiento eficaz de esta adicción.
Ángel Pelayo exige explicaciones por el aumento de contratos públicos de Sumelzo, S.A.
El diputado de VOX Ángel Pelayo ha cuestionado duramente en sede parlamentaria la relación entre el espectacular incremento de contratos públicos adjudicados a la empresa Sumelzo, S.A. y la llegada del Partido Socialista al Gobierno, así como la responsabilidad institucional de Susana Sumelzo.
Durante su intervención, Pelayo ha señalado que la empresa vinculada a la familia de Sumelzo ha experimentado un aumento de facturación pública que no se corresponde con su evolución previa, coincidiendo temporalmente con la llegada del actual Gobierno al poder. Según los datos expuestos, Sumelzo, S.A. habría recibido más de 30 millones de euros en contratos públicos desde 2018, muchos de ellos financiados con fondos europeos y concedidos por administraciones gobernadas por el Partido Socialista.
El diputado de VOX ha subrayado que más del 90 % de la facturación pública de la empresa procede de administraciones socialistas y que, en el periodo analizado, la facturación pública se habría incrementado en más de un 150 %, una evolución que, a juicio de Pelayo, “no parece normal en una empresa constructora sin un cambio objetivo que lo justifique”.
En este contexto, Ángel Pelayo ha planteado una pregunta directa a la secretaria de Estado, poniendo en duda que estos incrementos puedan atribuirse únicamente al azar o a la excelencia empresarial. “Usted comprenderá que hay motivos suficientes para sospechar”, ha afirmado, remarcando que la condición de alto cargo del Gobierno exige un plus de transparencia y ejemplaridad.
Desde VOX se insiste en que la acumulación de contratos millonarios, la coincidencia temporal con la llegada del PSOE al poder y la vinculación familiar directa hacen imprescindible una explicación clara y detallada. La formación considera que este caso vuelve a poner de manifiesto la necesidad de investigar posibles tratos de favor y el uso partidista de los recursos públicos, especialmente cuando están en juego fondos europeos.
Alicia García: «Las urnas retratan al sanchismo y refuerzan la alternativa del PP»
La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha valorado con contundencia los resultados electorales en Aragón, donde la candidata socialista ha cosechado el peor resultado del PSOE en la comunidad y Podemos ha desaparecido del mapa político.
Para García, el desplome de la izquierda responde a un hartazgo creciente de los ciudadanos frente a “las mentiras, las triquiñuelas y las maniobras para mantenerse en el poder a cualquier precio”. En este sentido, ha subrayado que el resultado electoral es “una enmienda a la totalidad al sanchismo y a su forma de gobernar”.
“La izquierda se hunde porque ha perdido toda credibilidad. Aragón ha hablado claro y ha dicho basta”, ha afirmado la dirigente popular, que ha destacado el avance sólido del Partido Popular como alternativa real de gobierno.
Alicia García ha puesto en valor que el mensaje de las urnas confirma un cambio de ciclo político, con un PP “cada vez más fuerte, más unido y más cerca de liderar el futuro de Aragón y de España”.
“Aragón es imparable y el Partido Popular es imbatible. Cada vez estamos más cerca del cambio que España necesita”, ha concluido.
Rocío Dívar: «Más versiones que explicaciones: el caos del relato socialista»
El Partido Popular ha denunciado en el Senado las contradicciones y presuntas mentiras de la ministra y candidata socialista en Aragón, Pilar Alegría, tras la comparecencia de Paco Salazar en la Comisión de Investigación del caso Koldo.
Durante la sesión, Salazar negó que Alegría le reprochara su comportamiento tras las denuncias de acoso sexual que motivaron su salida del entorno socialista, contradiciendo así las versiones públicas ofrecidas por la dirigente del PSOE. Según explicó, en la comida que mantuvieron tras su apartamiento, Alegría se interesó únicamente por cuestiones personales, como su familia, y no por las denuncias que pesaban sobre él.
La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Senado y senadora por Zaragoza, Rocío Dívar, fue tajante al afirmar que “Pilar Alegría ha faltado a la verdad y ha mentido”, subrayando que ha ofrecido “más versiones sobre esa comida que sobre el Parador de Teruel”. Dívar recalcó que es falso que Alegría reprochara a Salazar su conducta tras conocerse las denuncias.
Durante la comparecencia, Salazar reconoció además que “nadie” en Moncloa ni en el PSOE le pidió explicaciones tras las denuncias de acoso sexual, una afirmación que el PP considera especialmente grave. “Ese es el feminismo del PSOE”, denunció Dívar, acusando a los socialistas de tapar denuncias de acoso sexual dentro de su propio entorno.
La senadora popular cuestionó por qué Salazar siguió vinculado al núcleo duro de Pedro Sánchez pese a las denuncias, y exigió aclarar si su salida se produjo por los hechos denunciados o por mera conveniencia política. A su juicio, el PSOE “miró hacia otro lado” y llegó incluso a “eliminar del sistema las denuncias de sus propias compañeras”.
En el ámbito de la financiación del PSOE, Dívar puso el foco en la relación entre Alegría y Salazar durante las primarias socialistas, señalando que negociaron las reglas del proceso en pleno estallido de las sospechas sobre Bancal de Rosas, entidad vinculada a la recaudación de fondos. También denunció graves inconsistencias en las cifras de financiación: desde los 100.000 euros citados en Manual de Resistencia hasta los 400.000 euros sin fiscalizar señalados por el Tribunal de Cuentas.
Asimismo, el PP interrogó a Salazar sobre la posible existencia de sobres con dinero en efectivo, un circuito paralelo de pagos y un trato de favor que, según Dívar, se explicaría porque “sabía demasiado”.
La comparecencia abordó también la etapa de Salazar al frente del Hipódromo de la Zarzuela, donde se acumularon pérdidas millonarias y se habría utilizado el recinto como lugar de reuniones de dirigentes socialistas, incluyendo encuentros vinculados al entorno de Pedro Sánchez.
“Ha quedado claro que Paco Salazar formó parte del círculo íntimo de confianza del PSOE y de Pedro Sánchez”, concluyó Dívar, recordando que junto a Koldo García y Santos Cerdán custodió avales, fondos y algunos de los principales secretos del partido.