Paloma Martín exige derogar la Ley de Vivienda tras el rechazo de la UE al control de precios.
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Paloma Martín, ha arremetido contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por utilizar la política de vivienda como “el juguete roto de un Gobierno en descomposición” y ha exigido la derogación inmediata de la nefasta Ley de Vivienda, tras conocerse que Bruselas ha rechazado el intervencionismo de los precios en la presentación del nuevo Plan de Vivienda Asequible de la Unión Europea.
Martín ha subrayado que los planes de vivienda de la UE y del Partido Popular coinciden en sus ejes fundamentales: construir más viviendas, simplificar la regulación, destinar fondos a vivienda asequible y tomar decisiones basadas en análisis y datos, no en ideología, “justo lo contrario de lo que hace el Gobierno de Sánchez”.
“La Unión Europea da la razón a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que se han negado a intervenir el mercado y a topar los precios, mientras censura las políticas del Gobierno que están llevando a nuestros jóvenes a la desesperación”, ha afirmado la senadora popular.
Asimismo, ha destacado que el Plan europeo apuesta por la coordinación con los distintos territorios, frente a un Ejecutivo que “impone, chantajea y amenaza” a comunidades autónomas y ayuntamientos. “La vivienda es un problema demasiado serio como para utilizarlo como herramienta de propaganda política”, ha advertido.
Paloma Martín ha explicado que las decisiones radicales del Gobierno de Sánchez han provocado una grave inseguridad jurídica, tanto para propietarios como para inquilinos, lo que ha derivado en un aumento de la okupación, una reducción de la oferta de viviendas en alquiler y, como consecuencia directa, un incremento de los precios.
“La política de vivienda del sanchismo ha fracasado estrepitosamente. Europa marca el camino y el Partido Popular ofrece soluciones realistas y eficaces. Deroguen ya la Ley de Vivienda y empiecen a escuchar a quienes sí saben gestionar”, ha concluido.
Casanueva: «No puede haber dependientes de primera y de segunda»
La senadora del Grupo Parlamentario Popular por Córdoba, Cristina Casanueva, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de castigar a las personas dependientes que no viven en el País Vasco, y ha reclamado que el resto de comunidades autónomas “queremos igualdad de trato y de derechos”.
Casanueva se ha pronunciado así tras preguntar al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la sesión de control al Gobierno, qué medidas prevé adoptar el Ejecutivo para reforzar el Sistema de Dependencia, de manera que las comunidades autónomas y, en particular Andalucía, puedan ofrecer una atención digna, eficaz y sostenible a las personas en situación de dependencia.
La senadora popular ha advertido de que la falta de Presupuestos Generales del Estado está teniendo consecuencias muy graves, ya que “se congelan las partidas destinadas a dependencia para las comunidades autónomas, se paraliza el Plan de Choque y, al mismo tiempo, se imponen nuevos servicios sin financiación”.
“Andalucía y el resto de comunidades están asumiendo en solitario los costes derivados de la modificación de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el incremento de las necesidades del Servicio de Ayuda a Domicilio”, ha remarcado.
En este contexto, Casanueva ha acusado directamente al ministro Bustinduy de no hacer nada por las personas dependientes, denunciando que “no hay créditos extraordinarios para la dependencia, pero sí para todo lo demás”.
Agravio a los andaluces
La senadora del PP ha sido tajante al afirmar que “los andaluces queremos la misma financiación y las mismas condiciones que los vascos en situación de dependencia”, y ha acusado al ministro de ser “cómplice de que existan dependientes de primera y de segunda”.
Como ejemplo de este agravio, Casanueva ha puesto en valor el esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía, señalando que entre 2019 y 2026, con Juanma Moreno como presidente, Andalucía habrá invertido 10.573,9 millones de euros en dependencia, frente a los 4.475 millones aportados por el Gobierno de Sánchez.
“Pese al trato injusto y arbitrario del Ejecutivo central, Andalucía sigue sosteniendo el sistema y aportando más inversión para garantizar la atención a quienes más lo necesitan”, ha subrayado.
La senadora ha denunciado además el desequilibrio flagrante en la financiación, recordando que mientras la Junta de Andalucía aporta de media 1.749 euros al mes por plaza en residencias, el Gobierno de España solo contribuye con 130 euros.
“Esto es un auténtico escándalo”, ha afirmado.
Para concluir, Cristina Casanueva ha exigido al Gobierno que priorice de una vez las necesidades de millones de familias y ha sido contundente en su mensaje final:
“Si usted y su partido no son capaces de defender a las personas que más lo necesitan, no arrastren más a los españoles a esta decadencia de un Gobierno que va de escándalo en escándalo y fuercen ya la convocatoria de elecciones generales”.
Inmaculada Hernández denuncia que el Gobierno del PSOE da “un cheque en blanco a quienes aprietan aprovechando la agonía sanchista”
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y senadora por Andalucía, Inmaculada Hernández, ha señalado al Gobierno del PSOE por dar “un cheque en blanco a los que aprietan aprovechando la agonía sanchista”, durante la sesión de control al Ejecutivo, en la que ha acorralado al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, por la cesión de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional a Cataluña, prevista en el Real Decreto Ley 15/2025.
Hernández ha advertido de que Pedro Sánchez ya anunció que gobernaría sin el Parlamento y ha subrayado que “esta cesión, que ya fue declarada inconstitucional, es un ejemplo más de ese desprecio al control democrático”. En este sentido, se ha dirigido directamente al ministro López para reprocharle que “sus socios les aprietan cada vez más por su debilidad parlamentaria y por la corrupción que les ahoga”.
La dirigente popular ha recordado que hace apenas dos meses el Senado aprobó una Proposición de Ley del Partido Popular para modificar el artículo 92 bis de la Ley de Bases del Régimen Local, con el objetivo de blindar el carácter estatal de los habilitados nacionales —secretarios, interventores y tesoreros—, garantizando su independencia.
“Es una ley emanada del Senado para proteger a quienes garantizan la legalidad y el control del gasto público, impidiendo su cesión a las comunidades autónomas, y que la presidenta del Congreso mantiene congelada mediante un uso pervertido del procedimiento, que el PSOE aplica de forma sistemática”, ha denunciado.
Sánchez gobierna contra lo que aprueba el Senado
Inmaculada Hernández ha criticado que “el Gobierno utiliza este decreto ley para hacer justo lo contrario de lo que aprueba el Senado” y que, como pago a sus socios independentistas, “cede más competencias a Cataluña”. Una cesión que ha calificado de “estructural para el Estado, sin debate parlamentario, en contra del criterio de la FEMP y de las organizaciones sindicales de funcionarios”.
La portavoz en materia de Función Pública del GPP ha insistido en que “los problemas administrativos requieren soluciones estructurales, no regímenes singulares que rompen la igualdad”, y ha sido tajante al afirmar que “no se puede resolver un problema administrativo con una cesión política”.
Asimismo, ha denunciado que “mientras la UCO y la UDEF se instalan en los ministerios, la corrupción que acorrala al Gobierno actúa como un agente corrosivo que impregna las instituciones, y aun así el Ejecutivo de Sánchez continúa cediendo, como ya hizo con la Ley de Eficiencia de la Justicia o con la Ley de Presupuestos Generales del Estado en favor del País Vasco”.
En este contexto, Hernández ha preguntado al ministro si el objetivo es “desmantelar el cuerpo de funcionarios que fiscaliza y asesora a los ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de la ley, precisamente porque fueron ellos quienes informaron en contra del referéndum ilegal en Cataluña”.
La senadora popular ha señalado directamente a Óscar López al afirmar que “su Gobierno ataca sistemáticamente a quienes controlan la corrupción: jueces, medios de comunicación, la oposición y, por supuesto, los profesionales que fiscalizan a los políticos”.
Para concluir, Inmaculada Hernández ha contrapuesto este modelo al del presidente Alberto Núñez Feijóo, subrayando que “el Partido Popular defiende la legalidad, la transparencia y la independencia de los funcionarios, sin excepciones y sin cesiones, porque fortalecer las instituciones no es una opción: es la base misma de nuestra democracia”.
Alicia García acorrala al Gobierno por la reunión clandestina de Zapatero y denuncia un “gobierno a la fuga y en descomposición”
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha exigido hoy explicaciones al Gobierno por la reunión clandestina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con un presunto delincuente, celebrada en una zona restringida de titularidad estatal, sin cobertura y con escolta reforzada.
Durante su intervención, García ha preguntado de forma directa si en ese encuentro “solo intercambiaron una bolsa con documentos o también favores”, y ha ido más allá al cuestionar si “Zapatero dio el chivatazo y el presunto delincuente borró pruebas”, en referencia a la eliminación de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp.
La portavoz popular ha interpelado directamente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, preguntándole si fue él quien intermedió en esa reunión, y le ha exigido que aclare si el rescate de Plus Ultra fue legal.
“¿Pone usted la mano en el fuego por Zapatero?”, ha preguntado García desde la tribuna.
En este sentido, ha recordado que “no era el primer favor que intercambiaban”, ya que hoy se sabe que Zapatero mantenía reuniones con la SEPI mientras se rescataba la aerolínea Plus Ultra, lo que agrava la sombra de duda sobre la actuación del Gobierno.
Alicia García ha advertido al Ejecutivo de que “por mucho que borren, no podrán borrar la verdad”, y ha subrayado que la UCO, la UDEF, la Justicia y la Fiscalía Anticorrupción están estrechando el cerco.
“El tsunami de corrupción sanchista lo inunda todo”, ha denunciado.
La dirigente del PP ha señalado además que a la corrupción sistémica del sanchismo se suma la violencia sexual machista, exigiendo al Gobierno que no finja amnesia con el caso de Paco Salazar, persona de máxima confianza del presidente.
“Paco Salazar no era un desconocido”, ha afirmado García, recordando que era un “manda más en Moncloa y Ferraz, de absoluta confianza del presidente”.
“Utilizó su poder para acosar, extorsionar y someter a mujeres con prácticas machistas repugnantes. ¿De verdad quiere el Gobierno que creamos que nadie vio nada?”, ha cuestionado.
“Cuando se tapa el acoso, el silencio también es corrupción”, ha sentenciado la portavoz popular.
García ha denunciado también que 13 ministros y el propio Pedro Sánchez hayan plantado al Senado, reprochando que el presidente del Gobierno se vaya de vacaciones hasta febrero “presumiendo de contundencia contra la corrupción y el acoso sexual sin adoptar ni una sola medida”.
“Se agarra a su manual de resistencia porque sabe que la UCO no tendrá clemencia”, ha asegurado, al tiempo que ha denunciado que Sánchez es “un presidente que lleva 21 meses desaparecido del control parlamentario”.
La portavoz del PP ha descrito la imagen del Ejecutivo como la de “un gobierno a la fuga y en descomposición”, con vicepresidentas ausentes, ministros preocupados por registros de la Guardia Civil y una estrategia clara de huida.
“Huyen de dar explicaciones y huyen de la verdad”, ha concluido.
Dolores Esteve: «Los fallos en el CNIO los acaban pagando los pacientes de cáncer».
La senadora del Partido Popular por Alicante, Dolores Esteve, ha alertado de que los fallos de supervisión y control en el CNIO tienen un impacto directo en los pacientes, ya que “cada euro que no se orienta con rigor a la misión científica es un euro que retrasa resultados”.
“Y en cáncer —ha añadido— retrasar la investigación significa llegar más tarde a diagnósticos, terapias y prevención”, ha subrayado durante el debate de la moción consecuencia de interpelación en el Pleno del Senado.
Esteve ha recordado que, a pesar de los informes y advertencias sobre las irregularidades que se estaban produciendo, la actuación de la ministra Diana Morant fue, a su juicio, “no vigilar”, lo que ha tenido consecuencias muy graves para una institución que llegó a ser referente europeo en investigación oncológica.
En este sentido, ha lamentado que una de las consecuencias directas haya sido la pérdida de programas, redes y financiación competitiva, además de la salida de entre 10 y 15 investigadores de perfil muy senior, lo que provoca —ha advertido— “un efecto dominó: menos músculo científico, menos competitividad y menos logros”.
La senadora popular ha alertado también de que cuando se publican informaciones sobre irregularidades “se resiente la confianza y se caen los apoyos de los donantes”, una situación especialmente dañina para un centro que necesita estabilidad y prestigio para atraer talento y recursos.
Por último, Esteve ha advertido de que “hoy el CNIO se encuentra en una situación de incertidumbre jurídica, institucional y reputacional”, una realidad que exige una respuesta inmediata, rigurosa y responsable por parte del Gobierno, en lugar de la pasividad demostrada hasta ahora.
Elena Castillo exige responsabilidades por la falta de control en el CNIO.
El Senado dará luz verde a una moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular en la que se exigen medidas de control y supervisión en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ante los escándalos acumulados en esta institución clave para la investigación contra el cáncer.
La portavoz de Ciencia del GPP en el Senado, Elena Castillo, ha acusado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, de fallos prolongados en la supervisión y el control del CNIO, y ha denunciado que “la ministra conocía sobradamente durante meses las alertas internas, las denuncias y las señales evidentes de deterioro institucional y no actuó de forma eficaz”.
Castillo ha defendido que la iniciativa del Partido Popular tiene como objetivo “restaurar la credibilidad institucional del CNIO, garantizar la integridad de los fondos públicos y dejar claro que la investigación contra el cáncer no se puede gestionar ni desde la opacidad ni desde la irresponsabilidad”.
En este sentido, la senadora por Cantabria ha reclamado claridad, responsabilidad, rigor y transparencia en la gestión de una institución financiada con fondos públicos y de enorme relevancia científica y social. A su juicio, los escándalos del CNIO no son un hecho aislado, sino “una consecuencia directa del modo de gobernar del PSOE, donde el discurso sustituye a la responsabilidad y la propaganda tapa los problemas reales”.
Durante su intervención, Castillo se ha dirigido a la bancada socialista para cuestionar su falta de sensibilidad y escucha: “Si no son capaces de escuchar a las mujeres que denuncian abusos, ¿cómo van a escuchar a los investigadores o a los universitarios de este país?”.
Asimismo, ha advertido de que “el silencio, la inacción y la negativa a intervenir no son neutralidad, sino una forma de complicidad”, subrayando que en ciencia, igualdad y defensa de las instituciones públicas, “mirar hacia otro lado también es una decisión política”.
Antes de concluir, la senadora popular ha alertado de que “cada euro mal gestionado no es solo una cifra, es una oportunidad perdida para la ciencia, un avance que no llega y una quiebra de la confianza pública”.
Isabel Moreno alerta de la cronificación de la pobreza en España por la inacción del Gobierno.
La senadora del Partido Popular por Melilla denuncia que la inacción del Gobierno está perpetuando la pobreza y condenando el futuro de miles de menores.
La senadora del Partido Popular por Melilla, Isabel Moreno, ha alertado sobre la grave situación de pobreza y exclusión social que atraviesa España, a la vista de los datos del noveno informe de pobreza de Cáritas, que confirma que 4,3 millones de personas viven en situación de exclusión severa, y que uno de cada tres afectados por la pobreza más extrema son menores.
Moreno ha subrayado que esta realidad “no es una mala racha”, sino el resultado de la inacción del Gobierno, que está “cronificando la pobreza y fabricándola políticamente por pura ideología”. Una situación que, según ha advertido, contribuye a perpetuar los ciclos intergeneracionales de pobreza, tal y como ya ha señalado UNICEF.
En este sentido, la senadora popular ha recordado que un menor en situación de vulnerabilidad tiene más riesgo de abandono escolar, peor atención a su salud física y emocional, y menos oportunidades de desarrollo personal y profesional, lo que supone una ruptura directa de la igualdad de oportunidades.
“Así es como se condena el futuro de un país”, ha señalado Moreno, que ha interpelado al resto de grupos parlamentarios para que decidan “en qué lado quieren estar: perpetuar la pobreza o trabajar para dar oportunidades reales a quienes más lo necesitan”.
El Partido Popular defiende políticas eficaces orientadas a romper el círculo de la pobreza, proteger a la infancia y garantizar que el origen social no determine el futuro de ningún español.
Severiano Cuesta: «La Lecrim es el muro que el Gobierno levanta para proteger su corrupción y tapar sus investigados».
El senador del Grupo Parlamentario Popular por Cantabria, Severiano Cuesta, afirma que “la única urgencia de la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) impulsada por el ministro Bolaños es paralizar y archivar todos los casos de corrupción que acorrala a Sánchez, su Gobierno y su entorno”.
Así se expresa el dirigente popular en la Comisión de Justicia del Senado, en la que comparece Bolaños para explicar cuestiones como la Lecrim, el fallo del Supremo contra el ex Fiscal General por
revelación de secretos o el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que concluye que España no ha implementado ninguna de las diecinueve recomendaciones.
“Tenían prisa para dar un vuelco a nuestro sistema de instrucción dando la misma a la Fiscalía y retirándosela a los jueces. La misma que ha solicitado continuamente el archivo de las causas contra la esposa y el hermano de Sánchez”, recalca el senador por Cantabria.
Advierte de “la entrega de la instrucción judicial a la Fiscalía que, obscenamente, Sánchez dice sin rubor que depende de usted y de él” y califica el fallo condenatorio de García Ortiz como “la muestra de dependencia y sumisión”.
“Mientras el Fiscal General del Estado siga siendo designado discrecionalmente por ustedes, todas las medidas que dicen haber tomado para garantizar su independencia son una broma”, critica Severiano Cuesta.
MANIATAR LA ACUSACIÓN POPULAR
Advierte que, de materializarse la Lecrim, las “acusaciones populares quedarían maniatadas, reducidas a la mínima expresión” e incapaces de denunciar que se persigan los delitos perpetrados en el ámbito público.
“¿Me puede decir quién habría tenido el valor de denunciar las corruptelas de Sánchez y los suyos o de denunciar los delitos de los poderes públicos?”, pregunta.
Advierte que, con la reforma judicial de Bolaños, la policía judicial -por ejemplo la UCO- también pasaría a depender de la Fiscalía. “Ya sabemos de quién depende la Fiscalía, entonces ¿quién va investigarles a ustedes? Pues eso”, dice con sarcasmo, reproduciendo las palabras de Sánchez.
Critica al ministro que su argumento para justificar “la urgencia de la nueva Lecrim” es que “es del siglo XIX obviando que es un texto que ha aplicado 80 reformas” y le pide que no intente “dar a entender que,
hasta que no han llegado al poder, nuestro sistema procesal penal no había entrado en la democracia”.
Advierte que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes recurre a falacias para justificar su reforma legal: “Dice que el mandato fiscal será de cinco años para no coincidir con una legislatura ordinaria pero Sánchez lleva ya siete en el poder. Después dirá que es un lapsus, como sucedió con la amnistía”, ironiza.
Ante esto, el senador por Cantabria afirma con rotundidad que “no legislan para mejorar nuestra Justicia, lo hacen únicamente en su beneficio”, y lanza una advertencia al ministro: “Cuando ya no le sirva a su jefe, no dude que le dejará caer a las tinieblas de la más absoluta soledad”.