Actualidad Política

30 de septiembre de 2026

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La senadora de VOX, Paloma Gómez Enríquez, defendió hoy en el Senado la pesca artesanal y de bajura en España, advirtiendo de que la actual aplicación de la normativa europea de control de la pesca puede comprometer la viabilidad, la seguridad y la continuidad del sector, especialmente en las regiones ultraperiféricas como Canarias.

Durante su intervención, la senadora subrayó que la pesca artesanal constituye un sector estratégico a nivel nacional, tanto por su aportación al empleo y a la economía local como por su papel en la conservación del tejido social y cultural de las zonas costeras. En el caso de Canarias, recordó, esta actividad adquiere una relevancia añadida por las singularidades geográficas y operativas del Archipiélago.

Gómez Enríquez alertó de que una aplicación rígida del Reglamento (UE) 2023/2842, relativo al control de la pesca, puede traducirse en exigencias técnicas y económicas difíciles de asumir para las pequeñas embarcaciones, poniendo en riesgo la seguridad marítima y la continuidad de la actividad artesanal.

“Cada pequeña embarcación y cada familia que vive del mar representa una España que resiste. Perder a nuestros pescadores sería perder una parte de España misma”, afirmó la senadora durante su intervención.

Desde VOX se reclamó que el Gobierno defienda ante la Unión Europea una aplicación flexible del reglamento, adaptada a la realidad de la pesca artesanal y de bajura, y que tenga en cuenta de forma específica a las regiones ultraperiféricas. Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de establecer excepciones o calendarios graduales, reforzar el diálogo con las cofradías y organizaciones del sector y garantizar apoyo técnico y financiero suficiente.

La intervención puso de relieve la necesidad de que las políticas de control pesquero aseguren no solo el cumplimiento normativo, sino también la viabilidad económica, la seguridad de los pescadores y la continuidad de la pesca artesanal, un sector clave para España y, de manera especial, para territorios como Canarias.

El senador de VOX por Extremadura, Ángel Pelayo, ha puesto al PP delante del espejo, durante el debate de la moción de los populares relativa a la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno. «En este Senado, sencillamente, durante esta legislatura, VOX ha registrado 11 iniciativas en el Senado en materia de inmigración ilegal. De ellas, sólo cuatro se han llegado a debatir. En tres de esas cuatro ocasiones, el Partido Popular han votado en contra de las propuestas de VOX».

Así, les ha recordado que VOX «tomó una decisión clara: abandonó gobiernos regionales por este motivo», porque el PP «no hacían absolutamente nada». Y ha lanzado una pregunta: «¿Van a aceptar las medidas en materia de inmigración que proponemos en Extremadura, por ejemplo?».

En definitiva, ·la credibilidad es esencial cuando se está debatiendo algo en este Senado». Porque «se está con la le, o se setá contra ella, y no necesitamos más consenso ni discursos calculados», sino «decisiones y coraje político», ha concluido.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, José Manuel Barreiro, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido en una práctica habitual gobernar sin Presupuestos Generales del Estado, una situación que ha calificado de “irresponsabilidad constitucional” y que, a su juicio, pone en riesgo la economía, los servicios públicos y el bienestar social.

Así se ha pronunciado Barreiro durante el Pleno del Senado, en una interpelación dirigida al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, sobre las consecuencias de la ausencia de Presupuestos en la prestación de los servicios públicos, el mantenimiento de las infraestructuras y la financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales.

El portavoz adjunto del GPP ha recordado que el Gobierno de Sánchez solo ha aprobado tres Presupuestos en ocho años, una situación que ha definido como la “anomalía democrática del sanchismo”. “Gobernar sin Presupuestos es una estrategia de supervivencia política, no una forma de gestionar un país”, ha advertido.

“Sin Presupuestos no hay planificación, ni prioridades, ni rendición de cuentas”, ha subrayado Barreiro, alertando de que las principales víctimas de esta deriva son la vivienda, las infraestructuras y los servicios públicos, con especial incidencia en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, como se ha evidenciado trágicamente en el último accidente de Ademuz.

Barreiro ha denunciado que, pese a batir récords de recaudación y recibir fondos europeos, el Ejecutivo renuncia al instrumento básico de la política económica, que son los Presupuestos Generales del Estado. “España no necesita un Gobierno que sobreviva, necesita un Gobierno que gobierne”, ha remarcado.

En su intervención, ha apelado a la lealtad institucional y profesional del ministro Cuerpo, a quien ha instado a decidir entre “la lealtad a los españoles o la lealtad al presidente del Gobierno”. “Señor ministro, o se va usted o se va el presidente del Gobierno”, ha afirmado con contundencia.

El portavoz adjunto del GPP ha insistido en que no se trata de un debate técnico ni coyuntural, sino de una forma de gobernar, recordando que el artículo 134 de la Constitución obliga al Gobierno a presentar Presupuestos. “No es una opción, es una obligación constitucional”, ha recalcado.

“Un país sin Presupuestos es como un coche sin volante, y el ministro es quien lo conduce”, ha señalado Barreiro, advirtiendo de que los perjuicios no los sufre el Gobierno, sino los ciudadanos.

Por último, ha asegurado que la incapacidad del Ejecutivo para presentar Presupuestos evidencia el agotamiento del proyecto político de Pedro Sánchez y refuerza la necesidad de devolver la palabra a los ciudadanos.

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Jaén, Javier Márquez, ha reprochado al Gobierno que “se felicite por la subida del PIB mientras España tiene ya la primera generación que es más pobre que la de sus padres”.

Así se ha expresado durante la sesión de control al Gobierno, en una pregunta dirigida al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre las razones por las que las exportaciones españolas caen tres veces más que la media de la Unión Europea.

Márquez ha explicado que esta situación responde a una grave pérdida de competitividad y productividad, advirtiendo de que, mientras otros países “sí hacen los deberes” y su población gana poder adquisitivo —como Polonia o Chequia—, en España “los costes de fabricación son más altos, el IPC sube un 2,4%, la energía es más cara, los impuestos son mayores y la burocracia asfixia a las empresas”.

El senador popular ha ironizado sobre la celebración gubernamental del crecimiento del PIB, señalando que este se debe en gran parte al incremento del precio de la vivienda, incluidos los alquileres. “Eso también hace subir el PIB, ¿verdad, señor ministro?”, ha señalado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la provincia de Málaga, donde ciudadanos polacos y checos se sitúan entre los principales compradores de vivienda. “Ellos pueden comprar porque en sus países ganan poder adquisitivo; el español medio, no”, ha lamentado.

Márquez ha denunciado que el aumento del consumo interno se apoya en una política migratoria desordenada y en un empobrecimiento generalizado de los jóvenes: “Su modelo es que un europeo se compre una casa en la playa y que los jóvenes españoles no puedan acceder a una vivienda, pero se conformen con comer un kebab en la calle”.

Asimismo, ha recordado las 184.000 viviendas prometidas reiteradamente por Pedro Sánchez, que nunca llegan, advirtiendo de que este abandono explica la desafección política y el rechazo creciente de los jóvenes.

Un PIB que sube a costa de lo básico

El senador por Jaén ha añadido que el PIB también crece por el encarecimiento de bienes esenciales como los alimentos, los vehículos, el combustible o la energía, lo que no mejora la calidad de vida, sino que la deteriora.

En este contexto, Márquez ha criticado la gestión de los fondos europeos, que debían destinarse a mejorar la competitividad de las empresas españolas, cuestionando su adjudicación a entornos familiares y empresariales vinculados al PSOE. “¿En qué mejora la competitividad de España que los fondos acaben en manos de familiares y amiguetes del poder?”, ha preguntado al ministro.

Por último, ha advertido de que esta mala gestión provoca que no haya recursos para el mantenimiento de lo básico, generando negligencias y evidenciando una desconexión alarmante del Gobierno con la realidad social y económica de los españoles.

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Sevilla, Juan Ávila, ha tachado de “macabro” que el Gobierno de Pedro Sánchez persiga a los jóvenes que acuden a los eventos taurinos, “atacando su libertad cultural, familiar y educativa”.

Así se lo ha reprochado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, tras preguntarle si es partidaria de prohibir el acceso de los menores de 18 años a las corridas de toros.

Juan Ávila ha advertido de que “miles de jóvenes están indignados” ante lo que ha definido como “otra cacicada más del Gobierno de Sánchez para cargarse la fiesta nacional”, y ha subrayado que desde el Partido Popular “vamos a seguir defendiendo la tauromaquia y la libertad cultural”.

El senador popular ha denunciado la contradicción del Ejecutivo, señalando que mientras la ministra Rego considera que “una chica de 16 años es lo suficientemente madura para decidir si quiere cambiar de sexo”, esa misma joven “no puede asistir el Domingo de Resurrección a la Maestranza de Sevilla para ver la reaparición de Morante”.

Rego “no tiene ni idea de tauromaquia”

Ávila ha acusado a la ministra de no tener “ni idea de lo que es la tauromaquia” y ha desmentido que esta medida venga impuesta por la ONU. Además, le ha recordado que una eventual prohibición de este tipo invade competencias de las comunidades autónomas, que son las responsables de regular y organizar estos eventos.

Asimismo, ha afeado al Gobierno que intente implantar “una falsa maniobra que rompe la cadena de transmisión cultural entre padres e hijos”, y ha advertido de que desde el Partido Popular “no vamos a permitir que ningún político sectario y radical diga a las familias cómo tienen que educar a sus hijos”.

Antes de concluir su intervención, el senador sevillano ha lanzado desde su escaño un clamor en defensa de “la libertad, España y los toros”.

La senadora del Partido Popular por Albacete, Miriam García Navarro, ha denunciado en el Pleno del Senado que la sustitución de los triángulos de señalización por la baliza V16 responde más a un interés político y económico que a una mejora real de la seguridad vial.

Durante la sesión de control al Gobierno, en una pregunta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, García Navarro ha afirmado que “el único coche que debería haber llevado baliza es el Peugeot de Sánchez, para marcar el punto exacto en el que el PSOE se salió de la carretera y perdió el rumbo y la dignidad”.

La senadora popular ha calificado la baliza V16 como “el objeto que mejor define al sanchismo”: “Dicen que es por tu bien, te obligan a comprarlo y, si protestas, es que no entiendes el progreso”, ha ironizado.

García Navarro ha advertido de que “la baliza no es una necesidad, es un invento registrado y el sueño de cualquier lobby”, y ha alertado de que, “en un Gobierno de imputados, el progreso tiene una extraordinaria capacidad para acabar en un informe de la UCO”.

En este sentido, ha puesto el foco en las empresas beneficiadas por la homologación de la baliza y en los contratos millonarios derivados de su implantación obligatoria. Como ejemplo, ha citado el contrato adjudicado a Blu Castle Iberia SL, tramitado por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, para el suministro de 17.000 balizas V16, por un importe de 750.000 euros, pese a no haber presentado la oferta más ventajosa entre las 15 empresas concurrentes.

“Para que no faltara ningún clásico del sanchismo, en el asunto aparecen Correos y Leyre”, ha remarcado, denunciando que el Gobierno “mezcla seguridad con negocio y lo llama progreso, cuando lo único que avanza es el retroceso”.

“Un progreso que fía una emergencia a una pila olvidada”

La senadora del PP ha subrayado que la baliza V16 fía una emergencia vital a una pila que puede estar descargada y a una SIM que caduca, y ha añadido que “ese supuesto progreso ni siquiera ha llegado al resto de Europa”.

Asimismo, ha criticado que la baliza “no avisa a la grúa, no pide auxilio y no saca a nadie del peligro”, y que las prometidas ventajas de geolocalización apenas existen en el 9% de las carreteras y en navegadores que solo tienen el 35% de los vehículos, lo que, a su juicio, demuestra que “el progreso del PSOE exige coche nuevo”.

Por último, Miriam García Navarro ha censurado el continuo cambio de criterio del Gobierno, que “obliga a los conductores a no saber si deben llevar una baliza o una bola de cristal para adivinar el último bandazo sanchista”, y ha concluido: “La baliza no es seguridad vial; es la memoria del sanchismo: una luz intermitente que señala cada línea roja que cruzan”.

La portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Popular y senadora por Toledo, Carmen Riolobos, ha exigido la dimisión inmediata del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, por “haberse declarado incompetente” tras la tragedia ferroviaria de Adamuz. “Cuando falla la seguridad y se tolera el abuso, la única salida digna es dimitir”, ha sentenciado.

Durante la sesión de control al Gobierno, Riolobos ha denunciado que “al dolor humano se añadió el abuso económico”, reprochando al ministro que no protegiera derechos básicos como la seguridad, las indemnizaciones y los precios justos para los usuarios afectados.

La senadora popular ha exigido explicaciones sobre qué medidas concretas ha adoptado el Ejecutivo frente al aumento abusivo de los precios del transporte alternativo entre Andalucía, la Región de Murcia y Madrid, tras el accidente de Alta Velocidad y el caos ferroviario posterior, así como por los problemas registrados en Rodalies. “Hay un doble daño a las víctimas: inseguridad y abuso económico”, ha subrayado.

Riolobos ha sido contundente al afirmar que “la falta de seguridad cuesta vidas y, después, el abandono del consumidor permite subidas salvajes en vuelos y alquileres de vehículos para viajeros sin tren”. “Usted tiene responsabilidad directa”, ha remarcado dirigiéndose a Bustinduy.

Asimismo, ha recordado que ya advirtió al ministro de su obligación de defender a los usuarios, reclamándole que exigiera seguridad al Ministerio de Transportes. “No hizo nada hasta anoche, cuando se decidió paralizar el tráfico nocturno para mantenimiento de las vías”, ha añadido.

Desoyeron las alertas previas

La dirigente del PP ha lamentado que “el accidente era evitable” y ha insistido en que “no fue una fatalidad”: hubo alertas previas, informes de ADIF y advertencias ignoradas, en un contexto de deterioro del sistema ferroviario. “La responsabilidad política es directa”, ha afirmado.

Riolobos ha recordado que el Gobierno conocía los fallos, eliminó indemnizaciones por retrasos, permitió cobrar como Alta Velocidad un servicio que no lo es y normalizó el deterioro. También ha señalado que la Unión Europea llegó a calificar tramos como obsoletos, alertó de una red sobredimensionada y mal conservada y envió 111 millones de euros que no se tradujeron en mejoras.

Por último, ha lamentado el balance de los dos siniestros: “47 fallecidos y 160 heridos, pasajeros con secuelas psicológicas, familias rotas y vidas truncadas”. “Han hecho demasiado daño a las víctimas y a los usuarios”, ha concluido, pidiendo a Bustinduy: “Márchese y llévese a Puente”.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, María Salom, ha exigido a la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que no niegue, maquille ni sustituya la verdad, como —según ha denunciado— hizo de forma reiterada su antecesora, Pilar Alegría.

Así se ha pronunciado Salom durante la sesión de control al Gobierno, en una pregunta directa a Saiz en la que le ha planteado si su línea será “continuidad en el bulo al estilo Pilar Alegría o rectificación total en favor de la verdad y la transparencia”.

La senadora del PP ha recordado que Pilar Alegría utilizó las ruedas de prensa del Consejo de Ministros como un instrumento de propaganda política, hasta el punto de que la Junta Electoral Central la sancionó en dos ocasiones por “hacer electoralismo desde una tribuna que es de todos”.

En este contexto, María Salom ha denunciado que la ex portavoz de Moncloa alimentó bulos y construyó relatos defensivos para “proteger al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno”, en lugar de ofrecer explicaciones claras y contrastables.

Como ejemplos, ha citado la gestión informativa de las presuntas irregularidades de Begoña Gómez, esposa del presidente, o los “chanchullos” del hermano del presidente, David Sánchez, en los que, según ha señalado, Alegría ofreció explicaciones “cambiantes, manipuladas y orientadas más a confundir que a aclarar”.

Salom ha subrayado que una portavoz del Gobierno “no está para fabricar versiones, sino para explicar hechos; no está para desinformar, sino para informar; y no está para servir al PSOE, sino al interés general de todos los españoles”.

El Parador de Teruel y un patrón de desinformación

La portavoz adjunta del GPP ha insistido en que no se trata de errores puntuales, sino de un patrón sistemático: “Negar, maquilar o sustituir una verdad incómoda por un bulo conveniente”. En este sentido, ha recordado también el episodio del Parador de Teruel, donde, a su juicio, Pilar Alegría no explicó todo lo que sabía.

Por todo ello, María Salom ha preguntado a Elma Saiz si piensa seguir utilizando la portavocía para generar relatos y mentiras políticas que protejan “al poder y al jefe”, o si, por el contrario, va a ejercerla con verdad, transparencia y respeto a la inteligencia de los españoles.

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