Casanueva exige saber quién ordenó retirar a la UPR del rescate en Adamuz.
La senadora del Partido Popular por Córdoba, Cristina Casanueva, ha denunciado en el Pleno del Senado una nueva negligencia del Gobierno de Pedro Sánchez, tras preguntar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quién dio la orden a la UPR de la Policía Nacional desplegada en Córdoba de no acudir al accidente ferroviario de Adamuz, cuando ya se encontraban en camino.
“La verdad es que esto es una negligencia más de un Gobierno insensible e incapaz de estar a la altura cuando más se le necesita”, ha afirmado Casanueva, quien ha censurado que se impidiera actuar a 18 profesionales entrenados para catástrofes y equipados para dar auxilio, calificando la decisión como “imperdonable”.
Durante su intervención, la senadora popular ha defendido que Policía Nacional y Guardia Civil son un orgullo para todos los españoles, y ha advertido de que “no vamos a consentir que el Gobierno los utilice ni que los enfrente para tapar su incompetencia”.
“¿Cómo es posible que 18 profesionales preparados tuvieran que darse la vuelta por una orden? ¿Quién decidió que sobraban policías en el mayor accidente ferroviario de los últimos años?”, ha preguntado directamente Casanueva al ministro del Interior.
La dirigente del PP ha señalado que, por la envergadura del siniestro, fue una imprudencia impedir la actuación de la UPR, y ha exigido que se depuren responsabilidades. Mientras bomberos, sanitarios, Guardia Civil, Policías Locales de Adamuz y otros municipios, Policía Autonómica, UME y vecinos colaboraban en el rescate, “un grupo de efectivos de la UPR fue obligado a darse la vuelta y regresar a su puesto”.
“¡Obligados a volverse! Es todo un despropósito, señor ministro”, ha exclamado, recordando que menores de edad estaban auxiliando a las víctimas mientras policías especializados eran retirados del operativo.
Casanueva ha denunciado además que el Gobierno “nos mintió con el mantenimiento ferroviario, con las traviesas, con las soldaduras y con la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, y ahora pretende mentirnos también con el auxilio a las víctimas”.
A su juicio, resulta “indignante, bochornoso y una vergüenza” el intento del Ejecutivo de desviar la atención y diluir responsabilidades, cuando el máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es el Gobierno de España. “Hoy faltan explicaciones y dimisiones en un Gobierno más preocupado por controlar el relato que por los ciudadanos”, ha advertido.
La senadora popular ha recordado que desde el Partido Popular se alertó hasta en tres ocasiones en esta Cámara de que una tragedia como la de Adamuz podía producirse, atendiendo a las advertencias de los profesionales del sector ferroviario, “a los que el Gobierno no escuchó y de los que incluso se burlaron”.
Por último, Casanueva ha trasladado su admiración y respeto a todos los vecinos y profesionales que intervinieron en el accidente y ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas.
Jesús Caicedo: «El Acebuche opera con un 33% más de internos de su capacidad»
El senador del Grupo Parlamentario Popular por Andalucía, Jesús Caicedo, ha denunciado la “actitud negligente” del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el “flagrante abandono institucional” que sufre la prisión provincial de El Acebuche (Almería).
Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en la Cámara Alta, Caicedo ha preguntado al ministro qué medidas va a adoptar con urgencia para resolver los graves problemas estructurales que arrastra este centro penitenciario. “El Acebuche es una prisión al límite”, ha advertido el senador popular, recordando que soporta una superpoblación del 33% por encima de su capacidad óptima.
El dirigente del PP ha señalado además que la cárcel está lastrada por un déficit estructural de plantilla, una de las más envejecidas del sistema penitenciario, que apenas cubre el 80% de las necesidades reales, lo que “deja al centro en una situación de clara vulnerabilidad”. A esta carencia se suma, según ha denunciado, la falta de personal médico, una circunstancia que agrava aún más la situación de internos y trabajadores.
Más agresiones a los funcionarios
Caicedo ha alertado también de que los funcionarios de prisiones están expuestos a un número creciente de agresiones, reprochando al ministro del Interior que se niegue a reconocerlos como agentes de la autoridad, pese a que su seguridad está comprometida por la presencia de drogas y teléfonos móviles en el interior del centro.
“La responsabilidad de este desastre es exclusivamente suya y de quienes le mantienen en una tarea que le viene demasiado grande”, ha afeado Caicedo a Marlaska, insistiendo en que El Acebuche es uno de los centros más insostenibles del sistema penitenciario español.
Asimismo, ha calificado de “absoluto desprecio” que el Gobierno no haya cumplido la Proposición No de Ley aprobada hace más de un año en el Congreso de los Diputados, que incluía más de siete medidas concretas para mejorar la situación de la prisión almeriense. “Ni una sola de esas actuaciones se ha llevado a cabo”, ha lamentado.
Desde el Partido Popular se exige al Ministerio del Interior que actúe de inmediato, refuerce las plantillas, garantice la seguridad de los funcionarios y ponga fin al abandono de una infraestructura esencial para la seguridad y el Estado de Derecho.
Rosa Romero: «España no necesita propaganda educativa, necesita calidad»
La senadora del Partido Popular por Ciudad Real, Rosa Romero, ha denunciado que España acumula siete años de una política educativa “errática, ideológica y sectaria”, cuyas consecuencias perjudican gravemente a alumnos, familias y docentes, tal y como evidencia “el último suspenso del informe PISA”.
Romero se ha pronunciado así durante el Pleno del Senado, en una pregunta dirigida a la ministra de Educación, Milagros Tolón, a quien ha recordado que España registra “los peores resultados académicos de su historia, mientras que las comunidades gobernadas por el Partido Popular obtienen los mejores resultados”.
La senadora popular ha exigido a la ministra un cambio urgente de rumbo, advirtiendo de que, de no hacerlo, “pasará a la historia como una ministra más del fracaso sanchista”. “La dignidad y las oportunidades de nuestros jóvenes dependen en gran medida de la educación que reciben, y es su obligación garantizarla”, ha subrayado.
Rosa Romero ha lamentado que el Ministerio de Educación, pese a ser un departamento esencial, haya estado “abandonado durante años por el sanchismo”, y ha preguntado directamente a Tolón si va a rectificar “el desastre educativo de este Gobierno o viene a continuar con la misma política fracasada”.
En su intervención, ha calificado de “nefasta” la LOMLOE, una ley que, según ha denunciado, fue aprobada “sin consenso, sin contar con las familias, ni con los docentes ni con los expertos”, con el único objetivo de “controlar el relato, colonizar las aulas, cargarse la cultura del esfuerzo y rebajar la calidad educativa”.
Asimismo, ha acusado al Gobierno socialista de utilizar la educación como instrumento político, atacando a la enseñanza concertada, limitando la libertad de las familias y “arrinconando el castellano para no molestar a sus socios”.
Romero ha denunciado que el PSOE ha “convertido la escuela en el laboratorio ideológico del sanchismo” y ha reprochado a la anterior ministra, Pilar Alegría, haber estado “más preocupada por ejercer de escudo de Pedro Sánchez que por resolver los problemas reales del sistema educativo”.
Entre los principales problemas, la senadora del PP ha señalado el fracaso escolar, la pérdida de autoridad del profesorado, las desigualdades entre territorios y el aumento insoportable de los gastos escolares que soportan las familias.
Finalmente, ha afirmado que la ministra Tolón llega “al peor Gobierno y en el peor momento”, a un Ejecutivo “agotado, sin rumbo y cercado por la corrupción”, cuyo único proyecto es “resistir en La Moncloa a cualquier precio”. “Los españoles no necesitan más ministros para resistir; necesitan un Gobierno que gobierne y una ministra que defienda a los alumnos y apoye a los docentes”, ha concluido Rosa Romero.
Alicia García denuncia que 53 millones de euros pasaron del chavismo al sanchismo.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de encubrir un grave escándalo de corrupción vinculado al rescate de Plus Ultra y al papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, García ha sido tajante al afirmar que “53 millones de euros salieron del bolsillo de los españoles, pasaron por el chavismo y regresaron al sanchismo”, subrayando que “esto no es mediación, es corrupción”.
La dirigente popular ha dibujado lo que ha definido como el “círculo vicioso” del escándalo Zapatero, explicando que “dinero público se utilizó para dar apariencia legal a fondos de origen criminal”. En este sentido, ha acusado al expresidente socialista de actuar como “comisionista, recadero, defensor y blanqueador de una dictadura sanguinaria”.
Según ha denunciado García, el esquema sería “muy sencillo”: Zapatero presionaba al Gobierno, la empresa pagaba a un intermediario y el intermediario pagaba a Zapatero, todo ello mientras el Ejecutivo miraba hacia otro lado. “El Gobierno conocía los chanchullos de Zapatero y los tapó; por eso hoy el PSOE lo esconde y ha desaparecido de la campaña”, ha afirmado.
La portavoz del PP ha interpelado directamente al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, exigiéndole explicaciones sobre el papel del expresidente socialista en Venezuela y preguntándole si embajadas y aviones oficiales estuvieron a disposición de Zapatero.
“O Zapatero actuaba por encargo del Gobierno y entonces usted es cooperador necesario, o actuaba sin encargo y permitió una diplomacia paralela, opaca y con sombras de corrupción”, ha advertido García, quien ha recordado que el propio Albares aseguró que Zapatero no actuaba en nombre del Ejecutivo.
Asimismo, ha señalado que Zapatero viajaba fuera de agenda, utilizaba vuelos del régimen chavista y operaba con empresarios hoy investigados por blanqueo de capitales, además de cobrar supuestas consultorías encubiertas relacionadas con el rescate de Plus Ultra.
“¿Quién se hizo de oro con el sufrimiento del pueblo venezolano? ¿Zapatero, Ábalos, Sánchez, el Partido Socialista… o todos a la vez?”, ha preguntado la portavoz popular, reclamando respuestas claras “para los españoles saqueados y los venezolanos oprimidos”.
Alicia García ha concluido denunciando que existen indicios de posibles vías de financiación ilegal del PSOE vinculadas al petróleo del chavismo, y ha exigido al Gobierno que dé explicaciones inmediatas y asuma responsabilidades políticas.
Elena Castillo denuncia la irresponsabilidad del Gobierno y de ADIF tras el apagón.
La portavoz de Ciencia del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y senadora por Cantabria, Elena Castillo, ha denunciado hoy la “irresponsabilidad y temeridad” del Gobierno de España y de ADIF por la falta de gestión de las señales de alerta en infraestructuras críticas, durante la comparecencia del presidente de ADIF en la Comisión de Investigación del Apagón.
Durante su intervención, Castillo ha reprochado al presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña, que reconociera que el suministro eléctrico no fue adecuado ni los días 22 y 24 de abril ni el propio día del apagón, al mismo tiempo que defendía que “el sistema funcionó bien”.
La senadora del PP ha advertido de que en los días y meses previos al apagón de 2025 se registraron incidencias relevantes en el AVE y en otras infraestructuras ferroviarias, especialmente los días 18, 20, 22 y 24 de abril, lo que, a su juicio, evidencia una vulnerabilidad estructural en la infraestructura ferroviaria.
“El presidente de ADIF ha confirmado que notificó la incidencia eléctrica del 22 de abril al Ministerio de Transportes y a Red Eléctrica, pero no recuerda si se actuó de igual forma con el resto de incidencias, ni si se ordenaron medidas extraordinarias de refuerzo o revisión”, ha señalado Castillo, que ha calificado esta falta de respuesta como una grave negligencia en la gestión de la seguridad ferroviaria.
En este contexto, la senadora ha recordado los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, subrayando que, aunque no se puede establecer una relación causal directa con el apagón, “sí comparten elementos técnicos que apuntan a un sistema sometido a estrés y con impacto potencial en la seguridad”.
Castillo ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido el ferrocarril en un elemento clave de su modelo energético “sin una inversión proporcional y sostenida en resiliencia eléctrica, mantenimiento y márgenes de seguridad”, y ha recordado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se negó a desarrollar el Plan de Atención Urgente a los Pasajeros aprobado en 2024.
Dicho plan incluía medidas como protocolos ante incidencias eléctricas o climáticas, auditorías de los sistemas de señalización y seguridad, geolocalización en tiempo real de trenes y mecanismos ágiles de compensación a los pasajeros, iniciativas que “habrían paliado el caos vivido el día del apagón y podrían haber evitado tragedias”.
“El dolor no entiende de siglas, y la sociedad española merece respuestas claras cuando lo que está en juego es la seguridad de las personas y la gestión de infraestructuras críticas del Estado”, ha afirmado Castillo, quien ha exigido responsabilidades políticas.
La senadora ha concluido denunciando que “mientras se deja de invertir en mantenimiento y seguridad, el Gobierno reparte contratos de forma fraudulenta y prioriza intereses ajenos a los de los españoles”, sin que nadie asuma responsabilidades.
Vicente Tirado: «El CIS ha dejado de hacer ciencia para hacer propaganda»
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Investigación del CIS, Vicente Tirado, ha reclamado la dimisión o el cese inmediato del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, tras denunciar el “secuestro político” del organismo público y su utilización al servicio de los intereses de Pedro Sánchez.
Durante la sesión de cierre de la Comisión de Investigación en el Senado, impulsada por el Partido Popular, Tirado ha advertido de que “Sánchez no gobierna, resiste”, y que ante la falta de presupuestos, de una mayoría parlamentaria estable y de capacidad real para legislar, “necesita un aparato de apoyo político y mediático”, entre los que ha situado a un Centro de Investigaciones Sociológicas sometido a sus intereses.
El senador por Toledo ha subrayado que la exigencia de cese de Tezanos “no es una cuestión partidista, sino un imperativo ético, institucional y democrático”, imprescindible para recuperar la credibilidad del CIS. En este sentido, ha denunciado que el actual presidente del organismo “ha actuado como el presidente del club de fans de Sánchez”, alineando de forma sistemática el funcionamiento del CIS con los intereses del Gobierno.
Tras 21 sesiones y 27 meses de trabajo, la Comisión ha acreditado “discrepancias técnicas, errores metodológicos y la conversión del CIS en un instrumento del poder, en una herramienta de propaganda y en una pieza más de la maquinaria política del sanchismo”. “Cerramos el acta de una degradación institucional sin precedentes en nuestra democracia”, ha afirmado.
Tirado ha puesto en valor el trabajo de la Comisión, destacando que ha sacado a la luz hechos que se pretendían ocultar, ha escuchado a expertos independientes, ha contrastado datos objetivos y ha formulado recomendaciones claras para regenerar la institución. Asimismo, ha alertado de prácticas que “dañan gravemente la reputación institucional”, como la utilización de empresas públicas vinculadas al CIS que han erosionado aún más la confianza ciudadana.
El portavoz popular ha enmarcado lo ocurrido en el CIS dentro de un “patrón de colonización y deterioro de las instituciones”, caracterizado por el desprecio a los contrapoderes y la utilización partidista de organismos que deberían servir al interés general. “No se puede normalizar la mentira institucional ni aceptar que un organismo público se convierta en un generador de desinformación”, ha advertido.
Además, ha subrayado que la manipulación de datos con apariencia científica “no es una simple irregularidad, sino una forma de desinformación oficial que atenta directamente contra la calidad democrática”, y ha señalado que los hechos descritos pueden dar lugar no solo a responsabilidades políticas, sino también jurídicas.
Finalmente, Tirado ha destacado que el Partido Popular, “como partido de Estado y alternativa de Gobierno”, no se limita a la crítica, sino que ofrece soluciones. El plan de regeneración del CIS presentado por el PP incluye la limitación del mandato de su presidente, el refuerzo del control parlamentario, la definición clara de incompatibilidades, un proceso de nombramiento público, competitivo y transparente, así como mayor transparencia metodológica, rendición de cuentas y auditorías externas.
“El CIS no es del PSOE, ni de Sánchez, ni de Tezanos. El CIS es de todos los españoles y solo se debe a la ciencia, a la verdad y al interés general”, ha concluido.
Ángel Pelayo: «Demasiados porqués y ninguna respuesta, señor ministro»
El portavoz de VOX, Ángel Pelayo, ha protagonizado una intervención contundente en el Congreso de los Diputados al exigir al ministro Óscar Puente que asuma responsabilidades tras la semana más trágica que ha vivido el transporte ferroviario en España.
“¿Por qué han muerto 46 personas esta semana? ¿Quién responde por los cientos de heridos?”, ha preguntado Pelayo con dureza, poniendo el foco sobre el abandono del sistema ferroviario por parte del actual Gobierno.
Con un tono directo, Pelayo ha señalado sin rodeos:
“Hoy hay miedo en España a viajar en tren, y ese miedo no existía antes de que ustedes llegaran al Gobierno”.
Y ha rematado con una acusación clara:
“El responsable es usted, señor ministro, y quienes lo sostienen. Ni la ultraderecha, ni los medios, ni los bulos. Ustedes gobiernan, ustedes son responsables de lo que pasa. Sencillamente.”
VOX exige una investigación inmediata, dimisiones políticas y un cambio urgente en la gestión del transporte público, que según Pelayo, “está dejando víctimas por la incompetencia de este Ejecutivo”.
“No es tiempo de excusas ni de desviar el foco: es tiempo de asumir culpas y dar un paso al lado”.
Juan Milián: «Dimita ya, los políticos irresponsables y mentirosos deben irse a casa»
El senador del Partido Popular por Cataluña y portavoz en materia de Transportes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Juan Milián, ha exigido la dimisión inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su comparecencia en el Pleno extraordinario del Senado para dar explicaciones por los accidentes ferroviarios y el colapso del servicio de Rodalies.
“Dimita, señor Puente, porque los políticos irresponsables y que mienten deben irse a su casa ya”, ha reclamado Milián, quien ha subrayado que la falta de gestión del ministro “es motivo más que suficiente para una dimisión diaria”. En este sentido, ha señalado que los senadores del Partido Popular acudieron al Pleno “para pedir su dimisión sin rodeos, preámbulos ni retórica”.
El senador popular ha afirmado que Rodalies “ya no ofrece las mínimas garantías en seguridad ni en horarios” y ha denunciado que miles de ciudadanos en Cataluña “ya no se preguntan si llegarán puntuales a su trabajo, sino simplemente si llegarán”. A su juicio, el deterioro del servicio ha alcanzado un punto límite que afecta directamente a la seguridad y a la vida cotidiana de los usuarios.
Milián ha acusado al ministro de no cumplir con sus obligaciones y de recurrir siempre a las mismas excusas: “Ya no valen las cantinelas de la financiación, los traspasos o el ‘estamos arreglando tramos, disculpen las molestias’. Los ciudadanos ya no compran ni ese discurso ni su relato”. En este contexto, ha recordado que Rodalies arrastra un caos estructural desde hace años.
Entre los datos aportados, ha destacado que solo en Barcelona el servicio perdió casi siete millones y medio de usuarios en 2025; que en el primer semestre del año anterior se acumularon 90.000 minutos de retraso; que más de 6.000 convoyes se vieron afectados por incidencias; y que más de un millón de personas resultaron perjudicadas.
Caos en Rodalies y dejación política
El portavoz de Transportes del GPP ha reprochado al Gobierno que el colapso de Rodalies “haya estallado mientras ustedes no estaban en lo importante, sino repartiéndose cargos y competencias entre incompetentes”. Asimismo, ha denunciado la descoordinación entre el Ministerio de Transportes y la Generalitat de Cataluña, lo que está provocando que los usuarios “estén atrapados en un auténtico infierno logístico”.
Milián ha subrayado que el Gobierno de Sánchez gestiona Transportes desde 2018 y que la situación actual “no se puede achacar a una herencia, una crisis puntual o una mala semana”, sino que es el resultado de “una degradación progresiva por dejación”.
Por último, ha recordado la etapa del anterior ministro, José Luis Ábalos, como “otro fracaso de gestión”, denunciando que “no había dinero para el mantenimiento de la red ferroviaria, pero sí para pagar vicios privados con recursos públicos”.