Actualidad Política

30 de septiembre de 2026

Archivo de la etiqueta: Senado

La senadora de VOX por Andalucía, Paloma Gómez, ha replicado al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha acudido a comparecer a la Cámara Alta por la tragedia de Adamuz. Allí, ha pedido la dimisión de Puente, tras explicarle que «por respeto a las víctimas, a sus familias y a la ciudadanía, que exige seguridad y no excusas. Su corrupción mata».

Gómez ha explicado al responsable de Transportes que «la responsabilidad política no se congela hasta que haya un informe, ni tampoco queda aplazada hasta que convenga». Porque, tal y como ha insistido la senadora, se está pidiendo liderazgo, autocrítica y responsabilidad». Por ello, ha denunciado que, tras el accidente, «no hubo una comparecencia inmediata asumiendo responsabilidades políticas», sino que, por lo contrario, «hubo que esperar, minimizar, mentir, mirar al pasado y escudarse en tecnicismos».

También ha afirmado que el accidente de Adamuz «no es sólo una tragedia humana: es también un fracaso político, y tiene responsables». Porque, cuando ocurre un accidente grave en una infraestructura bajo responsabilidad del Estado, la pregunta no es solo qué pasó, sino quién debía evitar que pasara».

Y, en esta línea, ha reprochado a Puente que se presente como «un ministro fuerte, escudándose detrás de una red social», y después «como un «ministro mentiroso, cuando hay muertos y heridos»; que exija «autoridad para polemizar y mienta cuando tiene que dar la cara». Y, por último, ha lamentado que «exija confianza, pero tras una tragedia, se protege a sí mismo, y a su estructura».

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Investigación de la Dana en el Senado, Luis Santamaría, ha acusado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de “ocultar información, no coordinar a las administraciones y no tomar decisiones clave que habrían salvado vidas” durante la Dana del pasado 29 de octubre de 2024, en su comparecencia ante la Comisión del Senado.

Santamaría ha exigido responsabilidades políticas y ha reclamado que la delegada del Gobierno facilite los registros de llamadas y mensajes mantenidos durante los días de la emergencia, una petición a la que Bernabé se ha negado. “Las víctimas merecen toda la verdad”, ha subrayado.

El senador del PP ha denunciado la ausencia de liderazgo del Gobierno de España en el momento más crítico de la catástrofe, con los principales responsables fuera del país y sin una dirección clara desde la Delegación del Gobierno. “El Estado estuvo ausente mientras los valencianos afrontaban la peor catástrofe”, ha afirmado.

Durante su intervención, Santamaría ha interpelado directamente a Bernabé por las palabras del presidente del Gobierno: “¿Qué sintió al escuchar a Pedro Sánchez decir a los valencianos ‘si quieren recursos que los pidan’? ¿Respalda usted esa frase? ¿Será ese el lema con el que concurrirá a las elecciones municipales?”, ha preguntado.

Bernabé mintió en su currículum

El portavoz popular ha denunciado además que Bernabé “mintió” en su currículum, recordando que algunos responsables de la gestión de la emergencia fueron cuestionados por cargos del PSOE por no estar capacitados. “¿Cree que sus compañeros opinarán lo mismo de usted a la vista de su currículo?”, ha planteado.

Santamaría ha censurado la inexistencia de mecanismos de coordinación entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana, señalando directamente a la Delegación del Gobierno como responsable de no impulsar la colaboración institucional que exige la ley. Ha añadido que Bernabé se enteró de la alerta roja por los medios y no por AEMET, y que también conoció por la prensa el desbordamiento del Magro en Utiel.

Asimismo, ha cuestionado la reunión convocada a las 9:30 horas del día de la Dana, subrayando que no se adoptaron decisiones operativas relevantes, no participaron responsables autonómicos de emergencias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no recibieron instrucciones claras.

Demoledor informe de la Guardia Civil

Santamaría ha calificado de “demoledor” el informe de la Guardia Civil, que constata retrasos injustificados en los avisos meteorológicos de AEMET y la ausencia total de comunicaciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la crecida del Barranco del Poyo, incluso cuando el caudal alcanzó niveles críticos.

“La Guardia Civil sostiene que la Confederación no avisó en ningún momento a Emergencias de la crecida del Poyo y usted no solo no cesó a Miguel Polo, sino que lo protegió ocultándolo de los medios para que no diera explicaciones”, ha denunciado.

El senador del PP ha preguntado a Bernabé si las obras hidráulicas salvan vidas, una cuestión que evitó contestar, tras lo que ha responsabilizado al Gobierno de Sánchez y al PSOE de haber paralizado proyectos prioritarios como las actuaciones en el Barranco del Poyo, declaradas prioritarias desde 2018.

Por último, Santamaría ha puesto el foco en el corte tardío e insuficiente de carreteras del Estado, especialmente la A-3, y ha denunciado que la Delegación del Gobierno tenía capacidad preventiva y no actuó. Ha cuestionado además la contradicción sobre las competencias: “Si nunca se decretó el nivel 3 y la competencia era autonómica, ¿cómo pudo el presidente del Gobierno ordenar el Es-Alert el día 31 y por qué no lo hizo usted el día 29?”.

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Antonio Luengo, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere imponer un sistema de reparto de cuotas de gamba roja “totalmente arbitrario y de espaldas al sector”. Por ello, ha exigido que se resuelva este reparto “injusto” de forma inmediata, “por su grave perjuicio económico al sector”.

Luengo ha anunciado que presentará una batería de iniciativas en las Cortes Generales, para instar al Gobierno central a que “deje de castigar de manera sistemática a los profesionales del mar, que ya soportan una presión normativa y económica absolutamente desproporcionada”.

El senador popular ha recordado que “hace apenas unos días toda la flota española se vio obligada a realizar un paro ante la intención del Gobierno de imponer restricciones totalmente inasumibles”, como la obligación de notificar el regreso a puerto con cuatro horas de antelación o declarar todas las capturas debidamente pesadas a bordo, desde un solo gramo antes de llegar a puerto. “Exigimos a Sánchez que deje de castigar y asfixiar a nuestros pescadores, quienes tiene inundados de burocracia”, ha denunciado.

Luengo ha explicado que, además de estas imposiciones, el pasado 16 de enero se celebró una reunión del sector con la Secretaría General de Pesca para abordar el reparto correspondiente al ejercicio 2026. En dicho encuentro, el Gobierno planteó ampliar el período de referencia de capturas al intervalo 2019-2024, calculando la media de los tres mejores años de cada embarcación, pese a contar con el mismo total admisible de capturas otorgado por la Comisión Europea para 2025.

“El problema no es solo la propuesta en sí, sino la falta absoluta de transparencia”, porque “si el Gobierno no facilita al sector una comparativa clara entre las capturas de 2025 y los resultados que tendría esta nueva fórmula, ¿cómo van a saber los pescadores si les beneficia o les perjudica este cambio?”.

Así, parte del sector pesquero, especialmente el perteneciente a la Región de Murcia y el de la Comunidad Valenciana, defendió la misma propuesta de 2025: que la cuota de gamba roja se distribuya de forma lineal en función de los días de pesca en profundidad asignados a cada embarcación.

Imposición de medidas que limitan su actividad

“Hace apenas unos días, nuestros pescadores dejaron todos los barcos en los puertos porque Sánchez proponía llevar a cabo la imposición de una serie de medidas que limitaban su actividad, totalmente inaceptables e inasumibles para el sector”, ha afirmado.

“Consideramos que no es justo ni coherente aplicar dos veces el criterio de historicidad en la misma pesquería: una, para asignar días de pesca y otra, para asignar cuota”, ha subrayado Luengo. Y ha recordado que esta situación llevó incluso a los pescadores de la Región de Murcia a recurrir a los tribunales.

Asimismo, el senador ha advertido de los graves problemas que genera el actual sistema de unidades de gestión conjunta, “tanto para los días de pesca como para cuotas de gamba roja, al no establecer criterios claros más allá del segmento de eslora en el caso de los días”. 

En este sentido, Luengo considera imprescindible garantizar la coherencia con los esfuerzos pesqueros realizados en cada región, asegurar una vinculación territorial de los históricos de pesca, evitar situaciones de competencia desleal dentro del propio sector, prevenir la pérdida de control y trazabilidad en la gestión del recurso, e impedir que los días de pesca y las cuotas asignadas por el Plan Plurianual se conviertan en “productos de negociación”.

Por último, el senador ha defendido que “los días de pesca o los cupos de captura no utilizados por una embarcación deben revertir en los barcos con puerto base en la misma región, preservando así la eficacia del Plan Plurianual”. Solo en caso de existir excedentes, ha añadido, “debería ser la Administración la que realice un reparto a nivel nacional”. “Lo que pedimos es justicia, transparencia y respeto a un sector esencial para nuestra economía y nuestro litoral”, ha concluido.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha advertido de la gravedad sin precedentes que supone la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ministerio para la Transición Ecológica para requisar expedientes e investigar posibles casos de corrupción en adjudicaciones y contratos públicos.

Así lo ha manifestado el portavoz de Medio Ambiente del GPP y senador por Jaén, Javier Márquez, durante el Pleno extraordinario celebrado para exigir explicaciones a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen.

Márquez ha denunciado que Aagesen “pretende normalizar que la UCO entre en su Ministerio como el séptimo de caballería”, algo que ha calificado de absolutamente excepcional por su gravedad. “Lo que más preocupa es que la presunta corrupción que afecta al Gobierno, los amaños de contratos, los enchufes y las facturas las pagamos todos los españoles”, ha subrayado.

El senador popular ha señalado directamente a la vicepresidenta como responsable política de numerosas adjudicaciones, tanto en su actual etapa como ministra como en su anterior cargo de secretaria de Estado de Energía, con expedientes que los tribunales consideran fruto de “gestiones políticas cruzadas y no de automatismos neutrales”.

En este sentido, ha vinculado los registros de la Guardia Civil con escándalos como Villafuel, Forestalia o Mina Muga–Enusa, en los que aparecen nombres relacionados con la trama PSOE, la SEPI, Ábalos, Leire Díez o Santos Cerdán.

“El interés público para ustedes significa que los beneficios siempre recaigan en cuatro empresas de la trama, en sus socios, amantes y familiares”, ha afirmado Márquez, quien ha acusado a la vicepresidenta de mentir en sede parlamentaria, recordando que “mentir es también una forma de corrupción”.

Antes de concluir, el portavoz del GPP ha reclamado la dimisión inmediata de Aagesen por no haber protegido el interés general ni ejercido las responsabilidades que exige la ley.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha reivindicado las políticas de vivienda impulsadas por el Ayuntamiento de Madrid como ejemplo de gestión eficaz, durante la comparecencia del alcalde José Luis Martínez-Almeida en la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta.

El portavoz de Vivienda del GPP, José Ramón Díez de Revenga, ha subrayado que “las políticas de vivienda implantadas por el PP en Madrid funcionan, están dando resultados y marcan el camino para superar la devastación ideológica provocada por el sanchismo”. En este sentido, ha defendido que el Partido Popular centra sus propuestas en construir más vivienda, acabar con la intervención y ofrecer vivienda asequible a los jóvenes, en claro contraste con la propaganda del PSOE.

Desde el GPP se ha puesto en valor una hoja de ruta basada en más suelo disponible, más rehabilitación, vivienda pública focalizada en quienes más lo necesitan, menos burocracia, incentivos a la inversión y construcción industrializada, un modelo que, según los senadores populares, “devuelve la ilusión y las oportunidades a los ciudadanos”.

“El PP tiene claro que la vivienda es una prioridad política porque es hoy el principal problema de los españoles, y Madrid demuestra que hay una alternativa real frente a las políticas fallidas del Gobierno”, han concluido.

El senador de VOX Ángel Pelayo ha reprochado hoy al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la situación «desesperada» que sufren los madrileños, quienes no pueden hacer frente a su proyecto vital, comprando o alquilando una vivienda, debido a los elevados precios, que implican el 60% del salario disponible de los ciudadanos.

Pero no ha sido el único reproche de Pelayo al alcalde. Durante su réplica, en la Comisión de Vivienda del Senado, el portavoz de VOX le ha recordado su promesa incumplida de derogar Madrid Central: «Su credibilidad, señor alcalde, pues quedó  bastante mermada o resentida cuando usted prometió acabar con Madrid Central para sustituirlo después por una norma mucho más restrictiva, que es Madrid 360, y que  tuvo, y tiene, por supuesto, también su impacto en materia de vivienda».

También se ha referido a la presión por parte de una inmigración ilegal descontrolada, que, como ha explicado, «tiene un impacto muy negativo porque necesitan un espacio donde vivir en la distribución de la poca vivienda que hay». Y es que, la llegada masiva y descontrolada de la población sin planificación migratoria, ni urbanística, ni habitacional «es uno de los ejemplos del fracaso en vivienda».

En cuanto a la Ley de Vivienda, que procede del Gobierno Central, y sobre cuyos efectos negativos advirtió VOX. «Los  madrileños necesitan algo más que un diagnóstico, necesitan también valentía política». Por ello, ha pedido al alcalde «valentía» para defender los intereses de los madrileños frente a leyes injustas». También ha recomendado «coherencia entre lo que se promete y lo que se hace».

El Partido Popular ha denunciado en el Senado la falta de transparencia, la descoordinación y la dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez durante la DANA que asoló la Comunitat Valenciana, tras la comparecencia del jefe superior de Policía autonómico en la comisión de investigación.

El portavoz del Grupo Popular en dicha comisión, Luis Santamaría, ha censurado que el principal subordinado de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, borrara sus mensajes del día de la DANA, en un comportamiento que ha comparado con el del fiscal general del Estado. “Qué curioso: los de Feijóo no se borran”, ha subrayado.

Santamaría ha considerado extremadamente grave que el jefe superior de Policía no aportara mensajes cruzados con la delegada del Gobierno y alegara que fueron eliminados “por protección de datos”, y ha reclamado una copia íntegra de los registros telefónicos y de las comunicaciones mantenidas con Interior y con los máximos responsables del Ministerio.

El senador del PP ha denunciado además que el responsable policial se encontraba en Madrid el día de la DANA, pese a existir alerta roja, y que no fue informado de la magnitud de la tragedia hasta las 5:30 de la madrugada, lo que evidencia, a juicio del PP, que “el Gobierno dejó solos a los valencianos en la peor noche de su historia reciente”.

Durante la comparecencia, Santamaría ha puesto de relieve que el Gobierno no informó a la Policía Nacional de las zonas de riesgo ni de la alerta meteorológica, y que la coordinación entre Guardia Civil y Policía Nacional tardó tres días en activarse, tiempo en el que se produjeron saqueos en zonas afectadas.

Asimismo, ha criticado que el Ministerio del Interior desplegara 1.300 policías por turno en Valencia durante la mayor tragedia con más de 230 víctimas mortales, mientras que en Sevilla se movilizaron 1.400 efectivos para una final de la Copa del Rey, lo que, a su juicio, refleja una escala de prioridades inaceptable.

“El Gobierno fue rápido para pactar y lento para proteger. No hubo información, no hubo coordinación y ahora tampoco hay transparencia”, ha concluido Santamaría, quien ha insistido en que la comisión seguirá trabajando para que se conozca toda la verdad sobre la gestión de la DANA.

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado que, frente a un Congreso de los Diputados “paralizado por pactos imposibles”, el Partido Popular ha logrado convertir al Senado en “el único espacio de estabilidad parlamentaria en España”.

García ha señalado que la situación política actual tiene “una causa única y común”: que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, perdió las elecciones y decidió aferrarse al poder “levantando un Frankenstein político nacido de pactos imposibles, sin proyecto común y basado en el chantaje y el silencio cómplice”.

La portavoz popular ha denunciado que Sánchez inició la legislatura blanqueando políticamente a dirigentes como Arnaldo Otegi, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, y ha advertido de que ese mismo bloque de apoyos es el que sostiene hoy al Gobierno.

“Este es el precio del Frankenstein político que Sánchez decidió construir para seguir en La Moncloa”, ha afirmado García, subrayando que la falta de estabilidad, de proyecto y de mayoría real está teniendo como consecuencia la parálisis legislativa y el deterioro de las instituciones.

Frente a esta situación, la portavoz del PP ha reivindicado el papel del Senado como cámara útil y responsable, donde el Partido Popular garantiza estabilidad, control parlamentario y respeto institucional, en contraste con un Congreso condicionado por los pactos del Gobierno con sus socios.

“El Partido Popular seguirá ofreciendo una alternativa seria, estable y al servicio de los españoles frente a un Gobierno sostenido por acuerdos que no responden al interés general”, ha concluido Alicia García.

208/249
Consentimiento de Cookies con Real Cookie Banner