VOX Ávila denuncia una subida de sueldos «ocultada» por el equipo de Gobierno.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Ávila ha respondido al comunicado emitido por el equipo de Gobierno tras la denuncia pública realizada por la formación sobre el incremento de las retribuciones de los miembros liberados de la Corporación municipal.
VOX sostiene que sus afirmaciones están respaldadas “exclusivamente en documentación oficial remitida por el propio Ayuntamiento” y debatida en los órganos municipales correspondientes.
La formación recuerda que el Pleno municipal aprobó el 3 de diciembre de 2024 una reducción del 10 % en los salarios brutos de los miembros de la Corporación con efectos desde el 1 de enero de 2025, dentro del acuerdo político alcanzado entre PorÁvila y VOX.
Según explica el grupo municipal, dicho acuerdo establecía que durante el ejercicio 2025 no se producirían nuevas alteraciones en las percepciones económicas de los cargos liberados.
Posteriormente, en el Pleno celebrado el 19 de diciembre de 2025, se aprobó una modificación puntual del acuerdo sin que aparecieran las cuantías salariales que ahora han generado la polémica.
Sin embargo, VOX asegura que en la Comisión Informativa de Presidencia e Interior celebrada el pasado 20 de mayo sí figuraban nuevas cantidades relativas a las retribuciones periódicas y fijas de los miembros liberados.
La formación denuncia que esas cuantías reflejan “un incremento generalizado” de los salarios sin que el equipo de Gobierno ofreciera explicaciones al respecto.
“El propio equipo de Gobierno, mientras negaba públicamente dicha subida, adjuntaba un documento que evidencia precisamente ese incremento”, sostiene VOX.
El grupo municipal considera acreditado que sí se ha producido una subida retributiva “exactamente en los términos denunciados públicamente” por la formación.
Asimismo, VOX rechaza que el incremento pueda justificarse por la subida salarial aprobada para empleados públicos en 2026, ya que considera que las cifras reflejadas no se corresponden con dicha actualización.
La formación añade que, si el Gobierno municipal pretende incluir también incrementos correspondientes a ejercicios anteriores, ello supondría “un evidente incumplimiento” del acuerdo político firmado con VOX para reducir las percepciones económicas de los cargos municipales durante 2025.
VOX lamenta además que el equipo de Gobierno haya optado por responder con “descalificaciones y acusaciones de manipulación” en lugar de ofrecer explicaciones claras a los ciudadanos.
“Nuestra obligación como oposición es fiscalizar la acción del Gobierno municipal, revisar la documentación oficial y trasladar a los abulenses toda aquella información que afecte a la gestión de los recursos públicos”, señala el comunicado.
Por último, el Grupo Municipal VOX reafirma su compromiso con “la transparencia, la verdad y el derecho de los ciudadanos de Ávila a conocer qué sucede dentro de su Ayuntamiento”.
Marta Garrido denuncia el abandono del Polígono El Prado y el riesgo de incendios.
El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Mérida ha registrado una iniciativa para reclamar un refuerzo urgente de los servicios municipales de limpieza, recogida de residuos y desbroce en el Polígono Industrial El Prado.
La formación denuncia que esta zona industrial arrastra desde hace años graves deficiencias de mantenimiento tanto en el viario como en las infraestructuras generales, una situación que, según VOX, afecta directamente a la imagen del polígono y genera preocupación entre empresarios y trabajadores.
La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Mérida, Marta Garrido, ha advertido de la necesidad de actuar de forma inmediata para evitar mayores problemas de seguridad y salubridad.
“Esta situación hace necesario llevar a cabo medidas para mejorar la limpieza, la retirada de residuos y el desbroce de las parcelas, lo que evitaría también el riesgo de incendios”, ha señalado.
Desde VOX alertan de que el estado de abandono del polígono está provocando continuas quejas de los empresarios de la zona, especialmente por la acumulación de basura, la proliferación de plagas y el riesgo de incendios durante los meses de verano.
La formación recuerda además que el pasado verano ya se produjo un incendio en la zona, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de reforzar urgentemente las labores de mantenimiento y prevención.
La iniciativa registrada por VOX reclama al Ayuntamiento de Mérida la adopción inmediata de medidas eficaces para garantizar una recogida adecuada de residuos en el polígono.
Asimismo, solicita la realización periódica de trabajos de desbroce y la aplicación de herbicidas en solares, parcelas y zonas comunes con el objetivo de reducir el riesgo de incendios y mejorar la seguridad del entorno industrial.
VOX considera que el Polígono Industrial El Prado representa un espacio estratégico para la actividad económica de Mérida y reclama que el consistorio garantice unas condiciones adecuadas de limpieza, mantenimiento y seguridad para empresas, trabajadores y visitantes.
Buxadé: «La UDEF sitúa a Zapatero en la cima de una trama criminal»
El jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha afirmado que los informes de la UDEF sitúan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero “en la cabeza de una trama criminal” relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Durante una intervención en televisión, Buxadé ha señalado que las investigaciones policiales describen una red de reuniones, contratos, comunicaciones, sociedades paralelas y presuntas mordidas vinculadas al rescate aprobado por el Gobierno.
“La UDEF lo ha dejado claro: Zapatero está en la cima de una trama criminal con reuniones, contratos, mordidas y sociedades paralelas”, ha afirmado.
El dirigente de VOX ha insistido en que lo relevante del caso no son los asuntos secundarios que ocupan el debate mediático, sino el contenido de los informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.
“Aquí lo importante es que nos centremos en lo gordo”, ha señalado.
Según Buxadé, los documentos de la UDEF detallan “perfectamente la existencia de esa trama criminal” y sitúan al expresidente socialista como pieza central de una estructura vinculada al rescate de Plus Ultra.
El eurodiputado también ha defendido la solidez de las investigaciones policiales y ha asegurado que las posibles críticas al informe deberán producirse “en el seno del proceso judicial”.
“Tenemos reuniones, comunicaciones, contactos, contratos, sociedades paralelas, porcentajes y mordidas”, ha enumerado.
Asimismo, Buxadé ha denunciado que el rescate de Plus Ultra “no era el rescate de una sociedad estratégica”, sino que se convirtió, según VOX, en “una operación política de saqueo de fondos públicos”.
“El rescate de Plus Ultra no fue estratégico. Fue saqueo de fondos públicos”, ha reiterado.
El dirigente de VOX sostiene que este caso representa uno de los mayores escándalos relacionados con la gestión del dinero público durante el Gobierno de Pedro Sánchez y ha insistido en la necesidad de depurar responsabilidades políticas y judiciales.
Rafael Millán exige a la Generalitat cumplir el auto del TSJC sobre el castellano en las aulas.
El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat presentará en el próximo pleno ordinario una moción de máxima urgencia para exigir a la Generalitat de Cataluña el cumplimiento inmediato del auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el pasado 29 de marzo de 2026 sobre el uso del castellano en el sistema educativo.
La iniciativa reclama que el Govern acate sin “subterfugios” la resolución judicial que acuerda la ejecución provisional de la sentencia que anuló parcialmente el Decreto 91/2024, desmontando parte del modelo de inmersión lingüística impulsado por el separatismo en la enseñanza no universitaria.
VOX sostiene que los preceptos anulados por el TSJC no pueden seguir aplicándose mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos pendientes.
La moción insta además al Ayuntamiento de El Prat a posicionarse en defensa de la libertad lingüística de las familias y del cumplimiento del Estado de Derecho frente a lo que la formación considera un desafío institucional por parte de la Generalitat.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Rafael Millán, ha denunciado que el nacionalismo catalán “lleva años utilizando los colegios públicos y concertados como laboratorios de ingeniería social y trincheras de imposición ideológica”.
“Ya basta de utilizar la educación de nuestros hijos para romper España y pisotear los derechos fundamentales de los catalanes”, ha afirmado.
Millán ha calificado el auto del TSJC como “un torpedo a la línea de flotación del modelo excluyente y sectario de inmersión obligatoria”.
Asimismo, el portavoz municipal ha exigido que el Departament d’Educació dicte instrucciones claras a todos los centros educativos para acabar con la marginación del castellano como lengua vehicular.
“Ningún gobierno autonómico puede actuar al margen de la ley”, ha señalado.
VOX también ha advertido de que no tolerará “coacciones, presiones o represalias” contra familias, alumnos o profesores que reclamen su derecho a recibir enseñanza en español.
La iniciativa incluye además un reconocimiento expreso a la labor de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en defensa de los derechos lingüísticos de alumnos y docentes en Cataluña.
Entre los acuerdos planteados, VOX propone advertir formalmente a la Generalitat de que cualquier retraso o maniobra para eludir la ejecución judicial supondría “un ataque directo a la tutela judicial efectiva”.
La formación solicita que el acuerdo aprobado se traslade al President de la Generalitat, a la consejera de Educación y Formación Profesional, al TSJC y al Parlamento de Cataluña.
VOX defiende que la cooficialidad lingüística debe garantizarse de manera efectiva y denuncia que el modelo de inmersión obligatoria ha vulnerado durante años los derechos de miles de familias catalanas.
Garriga: «No vamos a dar ni un paso atrás frente a la violencia política»
El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha denunciado desde Vitoria el ataque vandálico sufrido recientemente contra la sede de la formación en Álava, donde, según ha explicado, “los de siempre” lanzaron piedras, pintura e incluso intentaron incendiar las instalaciones.
Durante su comparecencia ante los medios, Garriga ha trasladado “todo el apoyo” de VOX a los cargos, afiliados y simpatizantes del partido en el País Vasco y ha asegurado que la formación “no va a dar ni un paso atrás” frente a quienes pretenden “acabar con la libertad política mediante la intimidación y la violencia”.
“VOX no va a abandonar a aquellos vascos que quieren recuperar la libertad y una política basada en la prioridad nacional en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda protegida”, ha afirmado.
El dirigente de VOX ha centrado gran parte de su intervención en denunciar las consecuencias de las políticas migratorias impulsadas, según ha señalado, por “el Partido Popular, el Partido Socialista y los partidos separatistas”.
Garriga ha asegurado que estas políticas han provocado “terribles consecuencias en materia de seguridad e identidad” y ha citado datos obtenidos, según ha indicado, gracias al trabajo de VOX en el Parlamento Vasco.
En este sentido, ha afirmado que “más del 60 % de los detenidos en 2025 fueron extranjeros” y que “más del 70 % de los responsables de delitos violentos fueron personas extranjeras de origen magrebí”.
Asimismo, ha denunciado que “muchos vascos se sienten extranjeros en su propia tierra” y ha asegurado que “el 90 % de las solicitudes para acceder a vivienda protegida en régimen de alquiler fueron realizadas por personas con apellidos árabes”.
El secretario general de VOX también ha criticado la construcción de una gran mezquita en Vizcaya en un espacio anteriormente ocupado por una discoteca.
“Las políticas migratorias del bipartidismo han logrado que donde antes se bailaba ahora sea un lugar de rezo islámico”, ha afirmado.
Frente a esta situación, Garriga ha defendido que VOX seguirá trabajando “para recuperar la seguridad en los barrios y devolver la prosperidad a familias y trabajadores”.
El dirigente nacional también ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha definido como “el Gobierno de la ruina, de la corrupción y del saqueo del bolsillo de los españoles”.
Garriga ha acusado al PSOE de organizar “un entramado criminal” y ha recordado que VOX está personado en las distintas causas judiciales relacionadas con corrupción que afectan al entorno socialista.
Además, ha anunciado que la formación ha solicitado “el ingreso en prisión de Rodríguez Zapatero” y la comparecencia judicial “de todo el Consejo de Ministros responsable del rescate fraudulento de Plus Ultra”.
Por último, Garriga ha asegurado que VOX continuará trabajando para “recuperar la dignidad de las instituciones” y situar la prioridad nacional “como eje de la acción política”.
María López reclama reforzar la protección de la Guardia Civil en las costas de Huelva.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva llevará al próximo Pleno una iniciativa para exigir el refuerzo de medios, protección y operatividad de la Guardia Civil frente al avance del narcotráfico y la criminalidad organizada en las costas onubenses.
La viceportavoz de VOX en el Consistorio, María López, ha recordado durante una rueda de prensa el fallecimiento de dos agentes de la Comandancia de Huelva el pasado 8 de mayo durante un operativo contra el narcotráfico a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, donde además otros dos guardias civiles resultaron heridos.
“El sacrificio de estos agentes demuestra la extrema peligrosidad a la que se enfrentan cada día quienes defienden nuestra seguridad frente a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor equipadas”, ha señalado la edil.
La propuesta registrada por VOX insta al Gobierno de España a incrementar los recursos humanos y materiales de la Guardia Civil, especialmente en aquellas unidades encargadas de combatir el narcotráfico en el litoral andaluz.
Entre las medidas reclamadas figuran más efectivos, embarcaciones, vehículos, equipos de protección, sistemas de comunicación, medios tecnológicos, armamento y munición adecuados para garantizar actuaciones eficaces y seguras frente a las mafias del narcotráfico.
Asimismo, VOX reclama la implantación de protocolos operativos claros y reformas legales que refuercen la protección jurídica de los agentes.
La formación también exige el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo y una equiparación salarial “real y efectiva” con otros cuerpos que desempeñan funciones equivalentes.
Otro de los puntos destacados de la iniciativa es la defensa de las Casas Cuartel de la Guardia Civil en la provincia de Huelva.
VOX reclama impedir “el cierre, abandono o desmantelamiento” de estas instalaciones por su importancia para la seguridad, la presencia institucional y la vertebración territorial en municipios rurales.
Además, la propuesta solicita que el Ayuntamiento de Huelva conceda la Medalla de la Ciudad, con carácter colectivo, al Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
La formación considera que este reconocimiento serviría para homenajear la labor de los agentes en la lucha contra el narcotráfico y recordar a los dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio.
VOX insiste en que el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico hace imprescindible reforzar de manera urgente la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.
Priscilla Cuadrado exige explicaciones por las deficiencias del transporte público en Cabrils.
VOX ha anunciado que exigirá explicaciones formales a la Generalitat de Cataluña por la situación del transporte público en Cabrils, especialmente por las graves deficiencias que presenta la línea de autobús 806, encargada de conectar el municipio con Barcelona a través de Vilassar de Dalt.
La formación denuncia que las actuales frecuencias y horarios impiden una movilidad digna para los vecinos y obligan a muchos residentes a depender exclusivamente del vehículo privado para acudir al trabajo o a sus centros de estudio.
La coordinadora de VOX en Cabrils, Priscilla Cuadrado, ha criticado la gestión del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Maite Viñals y ha asegurado que el servicio actual “no responde a las necesidades reales de la población”.
“Si la alcaldesa Maite Viñals utilizara el transporte público, no tendríamos este problema con la línea 806”, ha afirmado Cuadrado.
Desde VOX denuncian que, tras las primeras expediciones de la mañana, existe un vacío de más de cuatro horas sin conexiones adecuadas con Barcelona, dificultando enormemente la movilidad cotidiana de los vecinos.
La formación también ha alertado de la falta total de servicio durante sábados, domingos y festivos, así como de la suspensión completa de la línea durante el mes de agosto.
“¿Cómo pretenden que se desplacen los trabajadores?”, ha cuestionado la coordinadora local de VOX.
Cuadrado considera que esta situación supone un agravio comparativo respecto a otros municipios de la provincia de Barcelona y ha acusado a la Generalitat de mantener abandonados a los vecinos de Cabrils.
VOX ha anunciado que trasladará sus reclamaciones a la administración autonómica para exigir una reestructuración profunda de la línea y garantizar frecuencias suficientes durante todo el año.
“Desde VOX vamos a exigir explicaciones a la Generalitat de Cataluña. Queremos acabar de una vez por todas con este servicio tercermundista y garantizar que los vecinos cuenten con las frecuencias y el transporte de calidad que merecen”, ha concluido Cuadrado.
La formación insiste en que el transporte público debe adaptarse a las necesidades laborales y educativas reales de los ciudadanos y no convertirse en un obstáculo para la vida diaria de quienes viven fuera de Barcelona.
Marcos Rodríguez: «Los españoles pagan impuestos para ser siempre los últimos»
El Grupo Comarcal de VOX en el Vallès Occidental ha lamentado el rechazo del pleno a su moción en defensa de la prioridad nacional, una iniciativa que buscaba garantizar el acceso preferente de los españoles a ayudas sociales, vivienda y prestaciones públicas frente al impacto que, según la formación, está provocando la inmigración masiva y descontrolada sobre los servicios públicos.
La propuesta no salió adelante tras recibir el voto en contra del resto de formaciones políticas representadas en el Consell Comarcal.
Desde VOX consideran que el actual Estado del bienestar atraviesa una situación crítica debido a la elevada presión fiscal y al incremento de población extranjera derivado de las políticas migratorias impulsadas por el bipartidismo.
La formación sostiene que esta situación está provocando saturación en servicios sociales, atención básica, padrón municipal y emergencia habitacional.
Asimismo, VOX denuncia que una parte importante de las ayudas públicas al alquiler se destina a población extranjera mientras “los trabajadores nacionales quedan relegados”.
La moción también alertaba sobre el deterioro de la seguridad ciudadana y vinculaba el aumento de determinados delitos con el descontrol migratorio.
El concejal de VOX en el Consell Comarcal del Vallès Occidental, Marcos Rodríguez, ha criticado duramente la postura del resto de partidos tras el rechazo de la iniciativa.
“Es una absoluta irresponsabilidad que el Consell Comarcal dé la espalda a los vecinos que con su trabajo y sacrificio sostienen el sistema público”, ha afirmado.
Rodríguez también ha defendido que “no se puede tolerar que quienes cumplen la ley y pagan sus impuestos sean los últimos de la fila en su propia tierra”.
El edil ha señalado además al Gobierno central y a la Generalitat por, según VOX, “premiar la ilegalidad con regularizaciones masivas”.
La moción presentada por la formación incluía medidas como la repatriación de inmigrantes en situación ilegal, la reserva de prestaciones no contributivas para nacionales y la prioridad de los españoles en el acceso a vivienda protegida y bonificaciones fiscales.
VOX también reclamaba la derogación del Real Decreto 180/2026, relativo al acceso sanitario financiado con fondos públicos para personas sin residencia legal.
Tras el rechazo de la propuesta, VOX ha acusado al resto de fuerzas políticas de mantener un modelo que “precariza los recursos públicos y diluye la identidad de los barrios”.
La formación insiste en que seguirá defendiendo el principio de prioridad nacional “como una cuestión de justicia social” en todas las instituciones.