Laura Velasco: «Los vecinos se sienten abandonados e impotentes desde hace dos años con la presencia de este polémico y problemático establecimiento».
La portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco, ha exigido medidas contundentes contra un local de ocio nocturno en el Grupo Amaro que “no cumple los horarios y está generando problemas de convivencia e inseguridad ciudadana”.
Así lo ha señalado tras visitar el barrio y reunirse con varios vecinos que “se sienten abandonados e impotentes desde hace dos años con la presencia de este polémico y problemático establecimiento”.
“Peleas en mitad de la calle, personas consumiendo drogas y estupefacientes, manteniendo relaciones sexuales e incluso haciendo sus necesidades a plena luz del día son situaciones que viven los vecinos las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, explica Velasco.
En este sentido, la portavoz de VOX indica que “hemos comprobado cómo este local no tiene horario de cierre y en los vídeos a los que hemos tenido acceso se puede ver cómo los clientes no dejan descansar al barrio e incluso amenazan e insultan a los vecinos”,
“Lo cierto es que cada vez que se llama a la policía aparece, tanto la Nacional como la Local, pero lamentablemente nada se soluciona”, puntualiza.
Por último, la portavoz de VOX exige al equipo de Gobierno que “intensifique las inspecciones a ese establecimiento y que haya patrullas policiales fijas durante toda la semana, especialmente los fines de semana”.
Antonio Ortolá: «Nos imponen una tasa abusiva para recoger la basura y ahora nos quieren vender la rebaja del IBI como una solución».
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha cargado duramente contra el PSOE tras la reciente propuesta del PSPV de compensar el incremento del ‘basurazo’ de Sánchez con una rebaja del IBI. Ortolá ha tachado la iniciativa de «una broma de mal gusto» y ha criticado que los socialistas pretendan engañar a los ciudadanos con medidas que llegan tarde y son insuficientes tras años de asfixiar a los castellonenses.
«Es vergonzoso que después de ocho años ahogando a los castellonenses, el PSOE ahora venga con esta maniobra de última hora para intentar maquillar el desastre de su ‘basurazo’. Se ríen de los castellonenses, de todos los españoles. Nos imponen una tasa abusiva para recoger la basura y ahora nos quieren vender la rebaja del IBI como una solución», ha declarado con contundencia Ortolá.
El portavoz ha señalado que mientras el Gobierno de Sánchez «no ha dejado de ahogar a las familias y a los autónomos con impuestos», desde el Ayuntamiento de Castellón se ha trabajado intensamente para reducir la carga fiscal a los vecinos. «Aquí, en el Ayuntamiento, hemos hecho un gran esfuerzo para bajar los impuestos locales y lo seguiremos haciendo, pero cada paso que damos para aliviar la presión sobre los castellonenses, Sánchez lo destruye con una nueva subida. Ahora nos imponen el ‘basurazo’, un coste que hasta ahora pagábamos parcialmente y ahora lo sufragaremos por completo, y quieren hacernos creer que una pequeña rebaja del IBI lo compensa. Es indignante», ha sentenciado.
Ortolá también ha criticado duramente la falta de sensibilidad del Gobierno socialista hacia las dificultades económicas que enfrentan los ciudadanos: «Este Gobierno no tiene límites. Sánchez no deja de castigar a los españoles. Suben el coste de la vida, aumentan los impuestos y ahora, en un momento en el que las familias lo están pasando mal, nos imponen más cargas”.
El portavoz ha concluido reiterando su compromiso con los castellonenses: «Nosotros seguiremos defendiendo los intereses de nuestros vecinos y trabajando para reducir su carga fiscal, porque está claro que el PSOE, tanto en Madrid como en Castellón, sigue lejos de las necesidades reales de la gente. Su propuesta de bajar el IBI es solo una cortina de humo, sobre todo porque es algo que ya hemos hecho en este primer año de legislatura. No nos engañan más”.
Reyes Romero: «La inmigración ilegal es uno de los principales problemas que preocupan a los sevillanos».
La diputada de VOX en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, señala la inmigración ilegal como “un problema que preocupa especialmente a los españoles. La provincia de Sevilla no es una excepción. Pero tanto los socialistas como sus socios se empeñan en querer ocultar la realidad.”
“Para el gobierno, las encuestas son según la conveniencia o según sus “cocinas”. Pero la realidad es que éstas señalan la inmigración ilegal como una de las máximas preocupaciones de los españoles, lo cual es lógico. La degradación y la inseguridad campan a sus anchas en muchas calles, desde la ciudad a los pueblos”, asegura Romero, recordando que “estas políticas sólo favorecen a las mafias que se dedican al tráfico de seres humanos y perjudican especialmente a los inmigrantes legales, aquellos que respetan las reglas y contribuyen a construir nuestra patria.”
Asimismo, la diputada sevillana refiere casos como “los de Camas y Alcalá de Guadaíra, en los que se han introducido inmigrantes ilegales sin informar a la población”; y también recuerda la movilización de los vecinos de Espartinas, puntualizando que “en este caso, las informaciones siguen siendo contradictorias y tanto los espartineros como los vecinos de pueblos colindantes, esto es, Umbrete y Villanueva del Ariscal, siguen sin confiar en las palabras de los socialistas, provengan éstas de sus respectivas alcaldías o del gobierno de la nación.”
Para concluir, Reyes Romero recuerda que “VOX es el único partido que se opone a la inmigración ilegal. Frente al PSOE y sus socios, y también frente a la hipocresía del PP, vamos a seguir defendiendo la seguridad y la legalidad.”
Antonio Alcázar: «Lo que nos han dado no es una evaluación real de los problemas, sino una lista de buenos deseos y promesas».
El portavoz del Grupo Municipal VOX Málaga, Antonio Alcázar, acompañado de varios miembros de la ejecutiva provincia, ha denunciado esta mañana “la manipulación del equipo de gobierno popular con un plan estratégico disfrazado de auditoría en la Gerencia de Urbanismo y que lo único que trata es de ocultar los resultados a los malagueños”.
Alcázar, ha explicado que “hace más de un año, Urbanismo anunció una auditoría externa para mejorar el funcionamiento de esta Gerencia debido a la saturación y los largos plazos de resolución, que en algunos casos ha llegado a superar los seis años” por lo que, ha continuado diciendo “esta situación afecta gravemente al desarrollo urbanístico de la ciudad y desalienta a inversores y promotores”.
Al hilo de esto el portavoz ha señalado que “llevamos un tiempo preguntando por la auditoría para ver en qué punto se encontraba y poder revisar la gestión” a lo que ha destacado que “después de un año, y sin haber obtenido respuesta alguna por parte de la GMU, nos hemos enterado por una filtración de que lo que llaman auditoría, no es más que un plan estratégico”, es decir, “que lo que nos han dado no es una evaluación real de los problemas, sino una lista de buenos deseos y promesas”.
La diferencia es fundamental, ya que una auditoría debe decir en lo que se está fallando, en cómo se puede mejorar la gestión, si falta personal, si se necesita más inversión en recursos o si se necesita mejorar la organización, entre otras cuestiones, pero lo que han dado, a criterio de Antonio Alcázar “no aporta nada útil, es decir, que tenemos un bonito documento lleno de promesas vacías, pero no se nos dice qué hay que solucionar para mejorar”.
“Nos han dado humo, cuando lo que necesitamos saber es por qué Urbanismo está colapsado, qué falta y cómo podemos solucionarlo”, ha sentenciado el edil.
El Grupo Municipal VOX Málaga solicitará en la próxima Comisión plenaria de Urbanismo que se aclaren estos hechos, y en caso de seguir entendiendo que la existencia de la auditoria ha sido una quimera política, mero márketing exigiremos responsabilidad sobre los costes en los que se haya podido incurrir en la realización de un documento que nada tiene que ver con un informe auditor.
Antelo: «Vamos a investigar la gestión del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia».
El presidente provincial de VOX en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha anunciado este miércoles a las puertas del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia la presentación de una comisión de investigación sobre la gestión de esta infraestructura. “Es necesario esclarecer las decisiones que han llevado a que un aeropuerto, que fue diseñado para albergar a cuatro millones de pasajeros, cerrara el 2023 con solo 877.000 usuarios”, ha señalado.
«Desde VOX vamos a defender los intereses de la ciudadanía de la Región de Murcia. Hasta la fecha nadie lo ha hecho. El Partido Popular nos dijo que este aeropuerto no iba a costar un céntimo y va a costar cientos de millones de euros. No solo eso, sino que el propio PP se ha olvidado de reclamar el aval de 182 millones y, a día de hoy, la Fiscalía está investigando las posibles consecuencias», ha manifestado Antelo.
El líder de VOX en la Región de Murcia ha subrayado que la concesión otorgada por el Partido Popular a AENA es «ruinosa» para los intereses de los murcianos, ya que obliga a la ciudadanía a pagar compensaciones si el aeropuerto no supera los 1.200.000 pasajeros anuales. «Con la tasa de crecimiento interanual actual, si se mantuviese en el tiempo hasta el año 2033, seguiríamos pagando más de un millón de euros a AENA. Y evidentemente, AENA no se va a hacer competencia a sí misma gestionando el aeropuerto de Alicante, que también es suyo», ha indicado.
Asimismo, Antelo ha afirmado que la responsabilidad de impulsar el aeropuerto recae directamente en el Partido Popular y ha instado a que «o bien presionan a AENA para obtener una nueva concesión, o AENA debe tomar medidas reales para impulsar el aeropuerto”.
Finalmente, el presidente provincial ha asegurado que la Asamblea Regional es el lugar adecuado para tratar estos temas y que su partido llevará la propuesta de una comisión de investigación al parlamento autonómico para «saber qué es lo que se quiere hacer con este aeropuerto, que ha costado tantísimo dinero a nuestra Región».
Patricia Rueda: «Marlaska aloja inmigrantes ilegales en hoteles con el dinero de todos».
La diputada nacional de VOX por Málaga, Patricia Rueda, ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que exige al Gobierno que tome «medidas urgentes para evitar el impacto negativo del Real Decreto 933/2021 en la competitividad del sector hotelero español».
Este Real Decreto establece nuevas obligaciones para los establecimientos de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, que deberán registrar y comunicar de manera detallada los datos personales de los clientes a las autoridades.
Rueda ha recalcado que esta norma «no sólo impone una gran carga administrativa, sino que también obliga a las empresas a recabar datos sensibles de los clientes para el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska». Así, ha explicado la diputada que «se les pedirá no sólo el DNI o pasaporte, sino también información como la forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil o domicilio».
Esos datos, ha cuestionado Patricia Rueda, «¿también se los van a pedir a los inmigrantes ilegales que alojan en Torrox, por ejemplo, en los hoteles pagados por los españoles?». Y, dirigiéndose a Marlaska, le ha preguntado, alertando sobre la gravedad de la situación, «¿le va a exigir a los inmigrantes ilegales la misma información que a los turistas legales?».
Patricia Rueda ha advertido que «estas obligaciones, que han generado gran preocupación en el sector, afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas debido a la falta de infraestructura tecnológica adecuada y al incremento de la carga administrativa». La aplicación de esta normativa, ha continuado, «va a poner en una situación muy delicada a un sector fundamental para nuestra economía, afectando gravemente a su competitividad en comparación con otros países de la Unión Europea».
En su iniciativa parlamentaria, Rueda pide al Gobierno que aclare cómo va a garantizar que este Real Decreto no comprometa la competitividad del sector hotelero. «Es fundamental que el Ejecutivo explique qué medidas va a adoptar para asegurar que nuestras empresas no se vean penalizadas frente a sus competidores europeos», ha subrayado.
La diputada ha insistido en que «no hay que demorar ni retrasar, hay que paralizar la aprobación que han propuesto para el 2 de diciembre. La aprobación de un Real Decreto que todo el sector critica».
Finalmente, Rueda ha mostrado su preocupación por la inseguridad jurídica al «imponer normas y burocracia para los autónomos y empresas, demonizando al sector». Una situación que ha descrito como «Gran hermano para el honrado y manga ancha para los delincuentes», ha concluido.
Nicasio Galván: «Los sucesivos gobiernos han convertido a Canarias en un páramo de falta de oportunidades para nuestros compatriotas y un aumento de dificultades para acceder a una vivienda».
El grupo parlamentario VOX presentará una nueva Proposición No de Ley para establecer una bonificación del 100% de la cuota tributaria del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para todos los supuestos contemplados en la línea de avales que ha anunciado el Gobierno de España. Asimismo, sostendrá reducir el tipo general del 0,75% al 0,15% del AJD para fomentar la transmisión de bienes inmuebles y favorecer de esta manera la actividad inmobiliaria, ayudando a reducir así los precios finales de y la compra de viviendas y reactivando la actividad económica.
Asimismo, solicitará una bonificación del ITP en cuota del 100% para compra de vivienda habitual, cuyo precio sea inferior o igual a 300.000 euros, para familias numerosas y personas con discapacidad.
Desde el estudio de la economía canaria y el lugar estrecho para la emancipación de sus jóvenes, los datos no son halagüeños. Deben dedicar el 99,4% de su salario para pagar un alquiler, frente a la media nacional, por debajo en un 80%.
El precio de la vivienda en Canarias ha subido durante los últimos 12 meses un 15,9%, colocando el precio del metro cuadrado en los 2.432 euros, según el último índice de precios trimestral de Idealista. provincias, crecieron un 10,3% en el caso de Las Palmas, hasta los 2.278 euros/m2, y un 20,2% en Santa Cruz de Tenerife, hasta los 2.555 euros/m2.
El portavoz del grupo parlamentario, Nicasio Galván, señala que “hay claros culpables” de esta situación y “son los sucesivos gobiernos que han convertido a Canarias en un páramo de falta de oportunidades para nuestros compatriotas y un aumento de dificultades para acceder a una vivienda para las clases medias y trabajadoras”.
Respecto a la reciente medida anunciada por el gobierno, VOX la considera “insuficiente y un parche de problemas estructurales a través de un condicionado que hace imposible que los españoles reciban estas ayudas “que se quedan en su mayoría en tinta de periódicos y clicks en digitales”, concluye Galván.
Hernández Quero: «La ocupación ilegal no es un problema anecdótico, sino una amenaza real que afecta a cada vez más ciudadanos».
Carlos Hernández Quero, diputado nacional de VOX por Málaga, acompañado por la diputada nacional, Patricia Rueda, ha comparecido ante los medios en la localidad de Manilva para expresar su apoyo y solidaridad con los vecinos que, según ha explicado, «llevan demasiado tiempo padeciendo las consecuencias de un doble juego perverso».
Así, durante su declaración, Hernández Quero ha destacado «el grave problema que representa la ocupación ilegal en esta zona, especialmente por parte de mafias organizadas y grupos de inmigrantes ilegales», quienes, ha señalado, «actúan con total impunidad, violencia y extorsión».
«Estamos ante una situación insostenible en la que muchas familias, que con esfuerzo y ahorro consiguieron una vivienda para vivir en paz y tranquilidad, ahora se encuentran sumidas en un día a día marcado por la preocupación y el desconcierto», ha afirmado el diputado, quien, no sólo ha denunciado la ocupación ilegal en sí, sino también lo que considera «un abandono» por parte de las autoridades. «Un Estado que no protege ni respeta el derecho a la propiedad es un Estado indigno de tal nombre», ha subrayado.
Hernández Quero también ha criticado el enfoque de la izquierda política y mediática, asegurando que «intentan presentar la ocupación ilegal como un problema anecdótico cuando esto no es una cuestión superficial, es un problema que afecta y daña el día a día de decenas de miles de familias y de su entornos».
Tal y como ha explicado el diputado de VOX, «la degradación de barrios y municipios, como es el caso de Manilva, es una prueba palpable de las consecuencias de la ocupación».
Sobre este asunto, Hernández Quero ha recordado las medidas que su grupo parlamentario propone para combatir la ocupación ilegal, incluyendo «la implementación de un desalojo express y el endurecimiento de las penas», con el objetivo de que «estas acciones sean verdaderamente disuasorias». También, en esta línea, ha señalado la necesidad de «la creación de un registro de okupas para evitar que puedan beneficiarse de ayudas sociales y exonerar a los propietarios de los inmuebles ocupados del pago de ciertos impuestos mientras dure la ocupación».
Finalmente, Hernández Quero ha destacado «la importancia de la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales que participen en ocupaciones» y, en el caso de inmigrantes legales, ha abogado por «su deportación si han cometido delitos». Así, «todo será poco para preservar la vida, la propiedad y la seguridad de los ciudadanos honrados», ha concluido.