Javier Jové critica el veto a las enmiendas de VOX sobre prestaciones sociales.
El diputado de VOX en la Junta General del Principado, Javier Jové, ha lamentado que la Mesa de la Cámara haya inadmitido las seis enmiendas presentadas por su grupo al proyecto de modificación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.
Según ha denunciado el parlamentario, esta decisión impide que la Cámara debata la incorporación del principio denominado por VOX como “prioridad nacional” en el acceso a determinadas prestaciones sociales gestionadas por el Principado.
«Lamentablemente, nos hemos encontrado en la Junta de Portavoces con que el resto de las formaciones políticas no quieren hablar de la prioridad nacional en el acceso a las prestaciones sociales», ha afirmado Jové.
VOX quería introducir criterios de arraigo y nacionalidad
Las enmiendas registradas por VOX planteaban incorporar el arraigo y la nacionalidad entre los elementos que debían valorarse para acceder a las prestaciones sociales autonómicas.
Jové ha reconocido que su grupo conocía las dificultades para conseguir el respaldo del resto de las fuerzas parlamentarias, pero ha defendido que las propuestas debían admitirse para permitir su discusión y votación.
«Sabíamos que nuestras enmiendas no iban a salir adelante porque conocemos la posición del resto de los grupos. Lo que pedíamos era que pudieran debatirse para que la sociedad asturiana conociera y contrastara las distintas posiciones», ha explicado.
La formación considera que el debate sobre la distribución de los recursos públicos debe celebrarse abiertamente en el Parlamento para que los ciudadanos conozcan los argumentos y el voto de cada partido.
Jové denuncia «tics autoritarios»
El diputado de VOX sostiene que la inadmisión de las seis enmiendas priva a la Junta General de un debate que considera «legítimo y sano».
«No podremos introducirlas ni tan siquiera entrar a valorarlas, lo que nos parece un comportamiento que tiene ciertos tics autoritarios», ha manifestado.
Jové ha cuestionado que una propuesta política pueda quedar fuera del debate antes de que los grupos tengan la oportunidad de defenderla, enmendarla o rechazarla mediante una votación.
VOX reclama que las iniciativas relacionadas con el acceso a las prestaciones puedan discutirse dentro del procedimiento parlamentario, independientemente de que cuenten o no con una mayoría suficiente para salir adelante.
«Los recursos son finitos»
Jové ha defendido que las administraciones deben establecer prioridades debido al carácter limitado de los presupuestos públicos.
«Los recursos son finitos y nosotros lo tenemos claro. Para VOX, los españoles van primero», ha subrayado.
La formación sostiene que deberían obtener preferencia quienes hayan contribuido durante años al sostenimiento del sistema mediante su trabajo, impuestos y cotizaciones.
VOX ya había anunciado anteriormente la presentación de enmiendas dirigidas a priorizar a los asturianos en el acceso a las prestaciones sociales y sanitarias, argumentando que los servicios públicos afrontan una creciente presión y unos recursos limitados.
Acceso para los inmigrantes legales que hayan contribuido
El diputado ha precisado que la propuesta no planteaba excluir a todos los ciudadanos extranjeros del sistema de prestaciones.
Jové ha afirmado que los inmigrantes que residan legalmente en España, hayan trabajado, cotizado y demostrado su arraigo también deben poder acceder a las ayudas sociales.
«Hay inmigrantes legales que han cotizado, que han aportado a la sociedad española y, como tal, tienen acceso a esas prestaciones», ha explicado.
El parlamentario ha diferenciado esta situación de la de quienes, según la posición defendida por VOX, pretendan acceder a los recursos sociales sin haber contribuido previamente al mantenimiento del sistema.
«Lo que no compartimos es que quienes han venido a vivir de la generosidad de los españoles tengan prioridad sobre quienes han sostenido con su esfuerzo nuestro sistema de bienestar», ha concluido Javier Jové.
Sonsoles Peralta exige informes sobre la terraza del Quiosco de la Chucha.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de preguntas para la próxima Comisión de Urbanismo con el objetivo de comprobar que la instalación de una terraza vinculada al Quiosco de la Chucha cumple toda la normativa urbanística, patrimonial, técnica y sanitaria aplicable.
La formación solicita al equipo de gobierno que acredite que la actuación dispone de los informes preceptivos y las autorizaciones necesarias, teniendo en cuenta el régimen especial de protección del Campo San Francisco.
VOX recuerda que este espacio está catalogado como Jardín Histórico e incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, por lo que cualquier intervención en su interior debe respetar las obligaciones derivadas de dicha protección.
VOX reclama todas las garantías legales
La portavoz municipal de VOX, Sonsoles Peralta, ha defendido la necesidad de revisar con especial atención cualquier actuación que pueda afectar a uno de los espacios más emblemáticos de Oviedo.
«El Campo San Francisco forma parte del patrimonio de todos los ovetenses y cualquier actuación que se lleve a cabo en su interior debe cumplir escrupulosamente la normativa vigente y contar con todas las garantías», ha señalado.
La formación no afirma que se haya producido un incumplimiento, sino que pide al Ayuntamiento que facilite la información necesaria para verificar la legalidad de la instalación.
Preguntas sobre Patrimonio Cultural
Entre las cuestiones registradas, VOX pregunta si la colocación de la terraza fue comunicada a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
También solicita conocer si existen informes patrimoniales previos, qué autorizaciones se han concedido y cómo encaja la actuación en la planificación municipal prevista para el Campo San Francisco.
El Grupo Municipal considera necesario determinar si las características de la terraza son compatibles con la protección del entorno y con las condiciones establecidas para la utilización de este espacio histórico.
Requisitos técnicos y sanitarios
VOX también ha pedido que el equipo de gobierno confirme si la terraza reúne todas las condiciones técnicas y sanitarias exigidas para este tipo de instalaciones.
La formación solicita información sobre la documentación presentada, las comprobaciones municipales efectuadas y el cumplimiento de los requisitos relacionados con la seguridad, la salubridad y el desarrollo de la actividad hostelera.
Peralta sostiene que la protección patrimonial debe ser compatible con la actividad económica, siempre que las actuaciones se ejecuten con pleno respeto a la normativa.
Defensa del Campo San Francisco
VOX reclama que el Ayuntamiento responda con claridad y aporte los expedientes, informes y autorizaciones vinculados a la instalación.
«Nuestro objetivo es comprobar que cualquier intervención en un espacio tan emblemático como el Campo San Francisco se realiza con pleno respeto a la legalidad y a la protección que merece este Jardín Histórico», ha concluido Sonsoles Peralta.
Pollán Fernández anuncia el pago único del Bono Nacimiento y más ayudas familiares.
El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán Fernández, ha anunciado nuevas medidas destinadas a reforzar el apoyo económico y la conciliación de las familias de la Comunidad. Pollán ocupa ambos cargos desde el 15 de junio de 2026.
Entre las principales novedades se encuentra el incremento progresivo de la cuantía del Bono Nacimiento, que continuará teniendo en cuenta el nivel de renta y el número de hijos de cada unidad familiar.
«Incrementaremos progresivamente la cuantía del Bono Nacimiento según renta y número de hijos, reforzando el acompañamiento a las familias desde el primer momento», ha anunciado Pollán.
El Bono Nacimiento se abonará en un solo pago
Carlos Pollán también ha avanzado una simplificación en la forma de cobrar esta ayuda. El importe completo del Bono Nacimiento se abonará de una sola vez, en lugar de dividirse en dos pagos como se venía haciendo hasta ahora.
«Al amparo de nuestro compromiso con la simplificación administrativa, el importe del Bono Nacimiento se abonará en una sola vez y no en dos partes», ha explicado.
La medida pretende agilizar la gestión y facilitar que las familias puedan disponer de la totalidad de la ayuda desde el primer momento, coincidiendo con los gastos asociados al nacimiento o la adopción de un menor.
Actualmente, las cuantías del Bono Nacimiento dependen de la renta familiar y del orden que ocupe el hijo. Oscilan entre los 500 euros para un primer hijo en el tramo superior de renta y los 2.500 euros para el tercer hijo o siguientes en familias con rentas de hasta 40.000 euros. Las cantidades se duplican cuando el menor tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33%.
Continuidad del Bono Concilia
Pollán ha confirmado también el mantenimiento del Bono Concilia para las familias con menores de entre cero y tres años.
Esta ayuda está dirigida a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral mediante el apoyo a los gastos relacionados con el cuidado de los niños más pequeños.
El vicepresidente primero ha enmarcado su continuidad en una política familiar destinada a acompañar a los padres desde el nacimiento de sus hijos y durante sus primeros años.
El Bono Infantil llegará a más familias
Otra de las novedades anunciadas será la ampliación del alcance del Bono Infantil mediante el aumento de los umbrales de renta exigidos para acceder a esta ayuda.
La modificación permitirá que más familias puedan beneficiarse del programa y destinar la ayuda a actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio desarrolladas fuera del horario escolar.
En su intervención de investidura de junio de 2026, el Gobierno autonómico ya anunció su intención de ampliar el número de beneficiarios del Bono Infantil y mantener el Bono Concilia, dotado con una ayuda de 750 euros.
Apoyo a la natalidad y simplificación administrativa
Las medidas anunciadas combinan el refuerzo económico a las familias con una reducción de los trámites y una gestión más sencilla de las ayudas.
El pago único del Bono Nacimiento busca evitar procedimientos innecesarios, mientras que el incremento de las cuantías y la ampliación de los límites de renta pretenden adaptar los programas a las necesidades de un mayor número de hogares.
Pollán ha defendido que el objetivo es acompañar a las familias desde el nacimiento, favorecer la conciliación y facilitar el acceso de los menores a actividades formativas, culturales y deportivas.
VOX anuncia una ofensiva judicial contra las Zonas de Bajas Emisiones de Barcelona.
VOX ha anunciado una ofensiva política y judicial contra las políticas de movilidad desarrolladas por el Área Metropolitana de Barcelona y diferentes ayuntamientos de la provincia.
La formación presentará alegaciones contra el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana 2025-2030 y prepara recursos contencioso-administrativos frente a las Zonas de Bajas Emisiones de L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat del Vallès.
El PMMU fue aprobado inicialmente por el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona el 28 de abril de 2026. El documento establecerá la estrategia y las políticas de movilidad metropolitana hasta 2030 y servirá como referencia para los planes municipales de los 36 municipios que integran el organismo.
VOX presenta alegaciones contra el PMMU
El portavoz de VOX en el Área Metropolitana de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha calificado el nuevo plan de movilidad como un «rodillo ideológico» destinado a incrementar las restricciones sobre el vehículo privado.
La formación sostiene que las medidas previstas perjudicarán especialmente a los autónomos, comerciantes, repartidores y familias trabajadoras que necesitan utilizar sus vehículos en sus desplazamientos cotidianos.
VOX cuestiona también que el plan se apoye en infraestructuras futuras cuya financiación, según denuncia, no estaría suficientemente garantizada.
Las alegaciones planteadas por la formación incluyen críticas relacionadas con la autonomía municipal, la documentación empleada durante la tramitación y la ausencia, a juicio de VOX, de un estudio económico suficientemente detallado sobre las consecuencias de las restricciones.
De Oro considera que el PMMU no responde únicamente a criterios técnicos, sino que pretende consolidar un modelo de movilidad contrario a la libertad de circulación y a las necesidades reales de una parte importante de la población.
Recursos contra siete Zonas de Bajas Emisiones
Paralelamente, VOX ha anunciado que acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa para recurrir las Zonas de Bajas Emisiones implantadas en siete municipios barceloneses.
La formación sostiene que las ordenanzas carecen de una justificación técnica, ambiental y socioeconómica suficiente y que no evalúan adecuadamente las consecuencias para los ciudadanos con menor capacidad económica.
VOX considera que estas restricciones son «profundamente clasistas» porque afectan especialmente a quienes poseen vehículos antiguos y no disponen de recursos para adquirir uno nuevo.
Según la formación, las ZBE penalizan a las rentas medias y bajas, dificultan los desplazamientos laborales y pueden perjudicar al comercio de proximidad y a las pequeñas empresas.
Antecedentes judiciales sobre las ZBE
VOX ha recordado que los tribunales ya han anulado anteriormente ordenanzas relacionadas con las Zonas de Bajas Emisiones.
En julio de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la ordenanza común aplicada en Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y L’Hospitalet de Llobregat. La resolución apreció deficiencias, entre otras cuestiones, en la justificación de determinadas restricciones y en el análisis de sus efectos.
La formación considera que estos precedentes respaldan la necesidad de examinar judicialmente las nuevas ordenanzas municipales, aunque cada recurso deberá resolverse atendiendo a la regulación y documentación concreta de cada ayuntamiento.
Garriga promete mantener la ofensiva
El presidente de VOX Barcelona, Joan Garriga, ha anunciado que su partido mantendrá su oposición a este modelo de movilidad tanto en las instituciones como en los tribunales y en las calles.
«Mientras el resto de los partidos compite por ver quién prohíbe más y quién asfixia más a los ciudadanos, nosotros defenderemos la libertad de circulación, el derecho al trabajo y la prosperidad de los españoles corrientes», ha afirmado.
Garriga ha asegurado que VOX «no va a dar ni un paso atrás» y que actuará en todos los ámbitos posibles para intentar frenar unas políticas que considera perjudiciales para los trabajadores y las familias.
La formación se compromete a acompañar a los autónomos, comerciantes y ciudadanos afectados por las restricciones y a trasladar su rechazo a los plenos municipales, al Área Metropolitana y a los órganos judiciales.
Defensa de la libertad de circulación
VOX sostiene que la mejora de la calidad del aire debe abordarse mediante alternativas que no conviertan al vehículo privado en el principal objetivo de las políticas públicas.
La formación reclama mejores conexiones de transporte público, infraestructuras suficientes y medidas que permitan renovar progresivamente el parque móvil sin imponer prohibiciones que perjudiquen a quienes dependen del coche para trabajar.
«Vamos a dar la batalla en las instituciones, en los tribunales y en las calles, al lado de los autónomos, de las familias trabajadoras y de todos aquellos ciudadanos que se niegan a que les arrebaten sus derechos», ha concluido Garriga.
Teresa Ramírez: «La prioridad nacional es sentido común puro y duro»
La portavoz de Economía de VOX en las Cortes Valencianas, Teresa Ramírez, ha destacado la incorporación del principio de prioridad nacional a la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026.
La formación ha introducido este criterio mediante las enmiendas presentadas al proyecto presupuestario y a su ley de acompañamiento, con el objetivo de aplicarlo en ámbitos como el acceso a la vivienda pública y las políticas sociales. Las cuentas todavía deben completar su tramitación y votación en las Cortes Valencianas.
Ramírez ha calificado la medida como un «motivo de orgullo» y ha defendido que los recursos públicos limitados deben conceder mayor puntuación a las personas que acrediten un arraigo real y duradero en la Comunidad Valenciana.
Ramírez: «La prioridad nacional no excluye a nadie»
La diputada de VOX ha rechazado que este principio implique la exclusión automática de posibles beneficiarios.
«Hay que tener claro que la prioridad nacional no excluye a nadie. Es el sentido común, lo que demanda la calle. Los recursos son limitados y hay que decidir a quién deben dirigirse en primer lugar», ha afirmado.
Según ha explicado, el sistema se articularía mediante baremos y criterios objetivos, valorando factores como el tiempo de residencia, el empadronamiento, el trabajo y el arraigo acreditado en la Comunidad Valenciana.
VOX ha planteado que este principio se incorpore al acceso a la vivienda pública, tanto en régimen de alquiler como de compraventa, y a determinadas prestaciones sociales. Sus enmiendas también proponen modificar las condiciones de acceso a la Renta Valenciana de Inclusión.
Mayor arraigo, mayor puntuación
Ramírez ha recurrido a un ejemplo para explicar el funcionamiento del criterio defendido por su formación.
«Si una familia lleva un año viviendo y trabajando aquí y otra lleva diez años, ¿quién tiene preferencia? Habrá un baremo y una puntuación. Eso es la prioridad nacional: sentido común puro y duro», ha señalado.
La portavoz de Economía sostiene que ninguna persona quedaría excluida por esta medida, pero quienes acrediten una vinculación más prolongada con la Comunidad Valenciana obtendrían una puntuación superior en los procedimientos correspondientes.
VOX presentó más de un centenar de enmiendas al proyecto presupuestario para introducir expresamente este principio en la vivienda y los servicios sociales, junto con otras medidas relacionadas con la fiscalidad, las familias y la seguridad.
El acceso a la vivienda, una de las prioridades
Ramírez ha señalado que la dificultad para encontrar una vivienda asequible constituye uno de los principales problemas de las familias y los jóvenes valencianos.
«Hoy vemos cómo muchos valencianos tienen que buscar una vivienda a una hora de Valencia por la subida de los precios. También conocemos las enormes dificultades que tienen los jóvenes y las personas con mayores necesidades para acceder a una vivienda», ha manifestado.
La diputada sostiene que los recursos deben dirigirse prioritariamente a quienes contribuyen al sostenimiento del Estado del bienestar y necesitan acceder a una vivienda pública o a prestaciones sociales.
El acuerdo presupuestario alcanzado entre el Consell y VOX estableció tres grandes ejes: la reducción fiscal, el acceso a la vivienda y la prioridad nacional. Posteriormente, la formación trasladó estos compromisos a sus enmiendas parlamentarias.
VOX defiende su apoyo desde la oposición
Ramírez ha reivindicado el respaldo de VOX a las cuentas autonómicas como un ejercicio de responsabilidad con los valencianos.
«VOX, estando en la oposición, ha apoyado estos presupuestos por responsabilidad. Son unos presupuestos por y para las personas y por primera vez incluyen el principio de prioridad nacional», ha afirmado.
La diputada ha explicado que la formación condicionó su respaldo a que se incorporaran medidas relacionadas con la vivienda, la reducción de impuestos y la preferencia basada en criterios de arraigo.
«Los acuerdos consisten en negociar y alcanzar consensos. Hemos defendido desde el primer momento que debía incorporarse porque hablamos de vivienda pública, de políticas sociales y de priorizar a los valencianos con criterios objetivos de arraigo», ha concluido Teresa Ramírez.
José Manuel Vallejo exige acceso inmediato a la información solicitada.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Fiñana ha denunciado un nuevo episodio de «falta de transparencia» por parte del Gobierno local del PSOE, después de no haber recibido, según la formación, la documentación solicitada para ejercer su labor de fiscalización.
El portavoz municipal de VOX, José Manuel Vallejo, ha explicado que su grupo registró distintas peticiones de información relacionadas con gastos, desplazamientos, contratos y operaciones financieras del Ayuntamiento.
«Pese a haber solicitado una serie de documentos y facturas, desde el Gobierno de Rafael Montes no nos han facilitado ningún tipo de información», ha afirmado.
Facturas, viajes y gastos municipales
Entre la documentación reclamada se encuentra la factura correspondiente a una comida de Navidad celebrada el 21 de diciembre de 2019.
VOX también ha solicitado información sobre los viajes realizados por miembros del equipo de Gobierno a Terrassa durante los años 2023, 2024 y 2025.
A estas peticiones se suman diferentes facturas relacionadas con fiestas, trabajos municipales, suministros de agua y electricidad y obras ejecutadas en el cementerio de Fiñana.
Vallejo ha señalado que el objetivo de recabar esta documentación es comprobar la correcta utilización de los recursos municipales y despejar cualquier duda sobre posibles irregularidades.
La formación recuerda que la solicitud de información no implica que se haya acreditado ninguna irregularidad, sino que forma parte de la labor de control que corresponde a los grupos de la oposición.
VOX pide conocer los préstamos y las pólizas
El portavoz también ha reclamado información sobre la situación financiera del Ayuntamiento.
VOX quiere conocer los préstamos que permanecen pendientes, las pólizas de crédito contratadas y la documentación correspondiente a los seguros municipales.
«No nos queremos quedar ahí. También queremos la información sobre los préstamos que tiene pendientes este Ayuntamiento, las pólizas de crédito y las correspondientes a seguros», ha indicado Vallejo.
El concejal ha insistido en que el Gobierno local no ha entregado ninguno de los documentos solicitados.
«No nos han facilitado ni una sola de todas las facturas ni documentos que hemos pedido», ha denunciado.
Derecho de acceso a la información
Vallejo ha recordado que los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener los datos y antecedentes necesarios para desarrollar sus funciones.
El portavoz de VOX sostiene que las solicitudes de información deben atenderse dentro del plazo legal correspondiente y afirma que, en este caso, dicho plazo no se ha respetado.
«Hay que recordar al señor alcalde y al Gobierno socialista que todos los miembros de la Corporación tienen derecho a obtener los datos o informaciones solicitados», ha señalado.
VOX reclama al Ejecutivo municipal que entregue de forma inmediata la documentación pendiente y garantice el acceso de la oposición a las facturas, expedientes e información económica del Ayuntamiento.
La formación considera que la transparencia y la rendición de cuentas son obligaciones esenciales de cualquier Gobierno municipal, especialmente cuando se trata de conocer el destino del dinero público.