Sonsoles Peralta: «El PP inicia 2026 multando a los vecinos con la Zona de Bajas Emisiones en Oviedo»
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado que el Partido Popular ha comenzado el año 2026 imponiendo sanciones y restricciones a miles de familias con la entrada en vigor, este 1 de enero, de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad.
La portavoz municipal de VOX en Oviedo, Sonsoles Peralta, ha sido contundente al valorar esta medida: “¿Sabéis cómo os felicita el año el Partido Popular? Prohibiéndote, multándote y sancionándote. Hoy entra en vigor la Zona de Bajas Emisiones y miles de familias no van a poder circular libremente por su propia ciudad”.
Peralta ha advertido de que esta medida castiga especialmente a las familias trabajadoras que cumplen con sus obligaciones fiscales, pero que no pueden permitirse cambiar de vehículo. “Son familias que pagan sus impuestos, pero a las que ahora se les dice que no pueden circular por Oviedo si no tienen el coche que marca la agenda ideológica del PP”, ha señalado.
Desde VOX denuncian que la ZBE no responde a una mejora real de la movilidad ni del medio ambiente, sino a un modelo ideológico que limita la libertad de los vecinos y penaliza a quienes menos recursos tienen, convirtiendo Oviedo en una ciudad con restricciones y sanciones.
“El único partido que quiere poner freno a este sinsentido es VOX”, ha subrayado la portavoz municipal, defendiendo que la movilidad no puede convertirse en un privilegio reservado a unos pocos. “No cambies de coche, cambia tu voto”, ha concluido Sonsoles Peralta.
Antonio Fernández: «La ZBE no limpia el aire, vacía los bolsillos».
El portavoz de VOX en Jerez, Antonio Fernández, ha anunciado a las puertas de los juzgados de la ciudad, la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobada por el gobierno municipal del Partido Popular que dirige María José García-Pelayo.
Fernández ha explicado que la decisión de acudir a los tribunales “responde a la obligación que tenemos en VOX de defender a las familias jerezanas frente a una norma injusta, dañina y totalmente desproporcionada, que nada tiene que ver con mejorar la calidad del aire y sí con aumentar la recaudación”.
El portavoz ha subrayado que Jerez no sufre problemas de contaminación, por lo que “la justificación ambiental carece de sentido. Esta ZBE no busca proteger nada; busca meter la mano en el bolsillo de miles de jerezanos en un futuro próximo. Es el mecanismo perfecto para sancionar y recaudar, eso es lo que no cuentan”.
Fernández ha advertido además de que la normativa contempla una zona 2 con calles como Muro, Ancha, Porvera, plaza Monti o el Arroyo que, aunque en principio no esté activa, “terminará activándose, porque ahí es donde están las sanciones”. Y si eso ocurre, ¿cómo van a recoger a sus hijos los padres de colegios como La Salle San José, Beaterio o Cervantes? ¿También los van a multar? ¿O los van a obligar a comprarse un coche nuevo?, se preguntan desde VOX.
“El gobierno municipal repite una y otra vez que esta nueva norma no nos va a afectar en nada, que en Jerez no existen niveles de contaminación para que llegue a activarse la zona 2. Pero entonces, ¿para qué instalan cámaras? ¿Para qué tanto control de matrículas? La realidad es evidente: la ZBE existe para sancionar, como ya ocurre en Sevilla, Málaga o Madrid, donde el PP incluso la ha ampliado pese a prometer lo contrario. Están creando un precedente, esto irá a más y llegará el día que nos darán la razón”, ha asegurado Fernández.
El portavoz ha denunciado que el Partido Popular mantiene en Jerez la misma línea que en el resto de España. “El PP está completamente alineado con el PSOE y con esas políticas ecológicas absurdas que sólo buscan incrementar la recaudación a costa de la gente trabajadora. La ZBE lleva sanción por definición. Si no hay sanción, no hay ZBE. Y si no hay ZBE, no hay ayudas de Europa ni del Gobierno de Sánchez. Esa es la estafa que PP y PSOE ocultan”.
Fernández ha insistido en que VOX actuará “donde haga falta” para frenar una medida que considera perjudicial para quienes menos tienen. “Nuestra obligación es defender a las familias, no mirar hacia otro lado. Las familias trabajadoras de Jerez no necesitan más trabas ni más castigos. Necesitan soluciones, alternativas reales y políticas que piensen en ellas y no de espaldas a la ciudad, como llevamos años soportando”.
Por ello, reafirmó el compromiso de VOX con Jerez: “Aunque hoy quieran disfrazar la ZBE como algo inofensivo, terminará afectando. Y por eso VOX la combatirá en los plenos, en los juzgados y en cualquier ámbito necesario para defender a los jerezanos”.
María Ruiz, diputada nacional de VOX: “Es un atropello a la gente más humilde”
Por su parte, la vicesecretaria nacional de Organización Territorial de VOX y diputada en el Congreso, María Ruiz, ha estado en Jerez apoyando la acción del grupo municipal y ha denunciado lo que VOX califica como un “atropello absoluto” a los ciudadanos en relación a la imposición de las Zonas de Bajas Emisiones, que en la provincia de Cádiz afectan a un total de ocho municipios.
Todo ello, a juicio de VOX, “responde al fanatismo climático que ha llevado al Partido Popular y al Partido Socialista a tomar este tipo de medidas tan perjudiciales, que precisamente a quien más perjudican es a la gente más humilde, a los trabajadores, que ven limitada su movilidad, su acceso a las ciudades, a sus centros de trabajo”.
VOX denuncia que esta medida supone una “tremenda injusticia social” porque quienes se pueden comprar un coche eléctrico son aquellos que tienen capacidad para hacerlo, y hay muchos ciudadanos que no la tienen, que tienen vehículos antiguos que funcionan perfectamente y que no tienen la posibilidad de comprar vehículos nuevos”, afirma María Ruiz.
Por todo ello, “desde VOX vamos a luchar, en todas las localidades donde se hayan declarado Zonas de Bajas Emisiones, para que esta medida finalmente no se lleve a cabo y garantizar una vida más digna y mejor para los ciudadanos”, concluye la diputada nacional de VOX.
Ainhoa García Flórez: «VOX no descarta acudir a los tribunales para frenar la ZBE».
En la sesión plenaria celebrada hoy, el Partido Popular y los grupos de izquierda han votado en contra de la propuesta de VOX para revertir la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Pozuelo.
A ojos de los de Abascal, el proyecto continúa avanzando “sin un solo argumento claro” que explique sus consecuencias para los vecinos y sin ofrecer garantías de proporcionalidad ni de necesidad real para el municipio. Señalan que, mientras se anuncia una ZBE “laxa”, el expediente evidencia lo que califican como “el modus operandi habitual”: asumir los planteamientos de la izquierda en materia climática, introducir algunas excepciones “a modo de parche” y presentar la medida como una actuación moderada.
VOX ha recordado que Pozuelo no parte de una problemática ambiental que justifique una intervención de este tipo y considera que la ZBE responde a “una imposición ideológica ligada a los dogmas establecidos desde Bruselas, asumidos por PP y PSOE, e impulsados por el Gobierno de España en el marco de la Agenda 2030”. A juicio de su portavoz, este tipo de políticas generan “más restricciones, más costes y menos libertad”, con un impacto directo en el coste de vida, el empleo y la movilidad.
Asimismo, advierte de la inseguridad jurídica que, según apunta, ya ha provocado la anulación de ZBE en ciudades como Madrid, Barcelona, Gijón, Ávila o Segovia y expresa su preocupación por que Pozuelo repita errores recientes y que una ordenanza “mal planteada” vuelva a perjudicar a familias, autónomos, proveedores, comercios y hosteleros, tal y como, afirma, ha ocurrido con la tasa de basuras.
Desde VOX Pozuelo afirman que seguirán defendiendo “el sentido común, la libertad de movilidad y los intereses de los vecinos” y que se opondrán “a cualquier restricción injustificada y a cualquier carga económica innecesaria”. Además, adelantan que, del mismo modo que ya han hecho con la tasa de basuras, no descartan acudir a los tribunales si fuera necesario para frenar la ZBE.
Rafael Millán: «El Ayuntamiento instala cámaras para multar, no para proteger».
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de El Prat alerta sobre la resolución adoptada por el gobierno municipal —liderado por el consistorio actual— de instalar 16 cámaras de vigilancia para multar vehículos en la nueva Zona de Ultra Bajas Emisiones (ZBE) del municipio.
El contrato adjudicado por más de 405.521 euros, incluye el suministro, instalación, integración y puesta en marcha de un sistema de videovigilancia para controlar automáticamente el acceso de vehículos a un área restringida, especialmente en entornos escolares.
Se trata no solo de una medida recaudatoria, sino de una restricción que perjudica directamente a residentes, trabajadores y autónomos que dependen del vehículo privado para desplazarse. Además, la medida se adopta sin un proceso real de consenso social ni alternativas reales de transporte.
“Con estas 16 cámaras el Ayuntamiento lo que busca es multar a los vecinos, no mejorar la calidad del aire. Es una ZBE ideológica, dirigida a castigar a quienes trabajamos y vivimos con nuestros medios, no a los contaminadores reales”, ha denunciado Rafael Millán.
“En lugar de invertir en transporte público, en aparcamientos accesibles o en alternativas reales, nos instalan cámaras. Esto castiga a familias, autónomos, repartidores… pero deja intactas a las élites que pueden permitirse un coche nuevo o coche con etiqueta ambiental”, ha afirmado Millán.
“Exigimos la paralización inmediata de este sistema de multas. Que se escuche a los ciudadanos, que se informe con transparencia a todos los afectados y que se abran vías reales de participación antes de imponer este castigo urbano.”
VOX reafirma su compromiso con una política ambiental sensata —sin imposiciones ideológicas— que defienda siempre el bienestar social, la libertad de movilidad y los intereses de los vecinos de El Prat.
En Las Palmas no hay contaminación, pero sí un pleno lleno de sumisos a Bruselas.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lamenta que todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, hayan rechazado la moción presentada por VOX para paralizar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad y exigir al Gobierno de España la derogación de una ley que está castigando a familias, autónomos y comercios.
Mientras en Santa Cruz de Tenerife el PP y Coalición Canaria han apoyado la iniciativa de VOX para suprimir la obligatoriedad de implantar Zonas de Bajas Emisiones, en Las Palmas de Gran Canaria ambos partidos han elegido alinearse con las políticas ideológicas del PSOE, rechazando una propuesta que protege directamente a los vecinos de Las Alcaravaneras.
VOX denuncia la hipocresía del PP en Canarias
Resulta incomprensible que el Partido Popular, que en S.C. de Tenerife respalda la posición de VOX y se opone al fanatismo climático impuesto desde Madrid y Bruselas, en Las Palmas de Gran Canaria vote exactamente lo contrario, traicionando a los vecinos que sufrirán restricciones injustas en una ciudad cuya calidad del aire ha sido reconocida como una de las mejores de España.
Esta incoherencia confirma que el PP mantiene un doble discurso según el municipio, obedeciendo intereses partidistas en lugar de defender a los ciudadanos.
Las ZBE, una imposición ideológica del bipartidismo
La moción de VOX rechazaba la aplicación automática de las ZBE, recordando que:
– La normativa europea no obliga a imponer Zonas de Bajas Emisiones en todos los municipios.
– Fue el bipartidismo PSOE–PP quien convirtió esa orientación en una obligación legal en España mediante la Ley de Cambio Climático.
– Las ZBE castigan a los hogares con menos recursos y generan graves perjuicios económicos, sin aportar beneficios ambientales reales en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria no necesita una ZBE
VOX recordó en el Pleno que Las Palmas de Gran Canaria ha sido reconocida por la OMS y por la Agencia Europea de Medio Ambiente como una de las ciudades con el aire más limpio del país, lo que hace aún más incomprensible que el resto de partidos insistan en imponer restricciones a los vecinos de Las Alcaravaneras sin ninguna base técnica o ambiental.
VOX seguirá defendiendo a los vecinos frente al fanatismo climático
Pese al rechazo del resto de partidos, VOX reafirma su compromiso de seguir defendiendo la libertad de movimiento, la actividad económica local y la protección de las familias trabajadoras.
«Hoy ha quedado claro que VOX es la única alternativa coherente frente a la hipocresía del resto de partidos. En Tenerife nos dan la razón y en Las Palmas de Gran Canaria nos votan en contra. La ZBE no es una obligación legal: es una imposición ideológica del PP y el PSOE que perjudica a los grancanarios. VOX seguirá combatiendo este fanatismo climático y defendiendo a nuestros barrios.”
VOX es, nuevamente, la voz que denuncia lo que otros intentan ocultar y la única fuerza política que actúa con coherencia en toda Canarias.
Patricia Rueda: «Ni libertad ni justicia en la Málaga del PP con esta ordenanza».
La diputada nacional por VOX Málaga, Patricia Rueda, ha mostrado su total respaldo a la campaña y ha denunciado el impacto social de la ZBE
“Con la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones, se confirma el saqueo del PP a los malagueños que no pueden comprarse un coche nuevo”, ha afirmado Rueda, quien ha continuado explicando que “entra en vigor una máquina recaudadora vía multas que castigará a aquellos que no pueden permitirse renovar su vehículo”.
La diputada nacional de VOX, además, ha alertado de que la ordenanza divide a los ciudadanos en función de su capacidad económica, esta medida cercena derechos y libertades. Crea malagueños de primera y de segunda: si puedes comprarte el vehículo que ellos imponen, accedes; si no, te expulsan. Es una medida injusta y saqueadora”.
Batalla en el ámbito nacional
Patricia Rueda ha querido dejar claro que “desde VOX decimos NO a una imposición maquillada de verde que cercena derechos, libertades y el bolsillo de los malagueños. Hemos llevado esta cuestión al Congreso para derogar esta norma que entra en vigor ya, y ni PP ni PSOE la apoyaron. Son lo mismo cuando hacen lo mismo”.
“Sólo VOX combate esta imposición ideológica que comparten PP y PSOE, con una oposición firme política y jurídicamente, tal y como ha explicado nuestro concejal”, ha recalcado.
Patricia Rueda ha concluido su intervención señalando que “hoy alzamos la voz en nombre de miles de malagueños de toda la provincia: basta ya de robarle a los malagueños su libertad y su dinero”.
Antonio Alcázar: «Una farsa ideológica que castiga a los malagueño».
El Grupo Municipal VOX Málaga ha impulsado una campaña frontal contra la entrada en vigor, del 30 de noviembre, de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una ordenanza que, según denuncian, carece de fundamento ambiental, responde únicamente a intereses recaudatorios y perjudica gravemente a los malagueños con menos recursos.
Ya, el pasado lunes, se inició una la campaña con una pegada masiva de carteles, a la que se ha sumado el buzoneo selectivo, despliegue de pancartas y una caravana de vehículos que ha partido este sábado, a las 12:00 horas, desde el aparcamiento del Palacio de Deportes Martín Carpena. En ella han participado conductores afectados de Málaga capital y municipios de la provincia.
Afán recaudatorio
Para Antonio Alcázar, portavoz del Grupo Municipal VOX Málaga “no hay pruebas de contaminación, pero sí un enorme afán recaudatorio”
Alcázar, ha advertido del carácter “injusto y no científico” de la ZBE destacando que “mañana entra en vigor la zona de bajas emisiones, una medida que pretenden imponer en nuestra ciudad y que no es ambiental, ni justa, ni basada en la ciencia”, señalando que “es simplemente una decisión política injustificada que castiga a los malagueños y fractura la igualdad entre ciudadanos”.
El edil ha denunciado la ausencia de estudios técnicos que justifiquen restricciones tan severas, “en el expediente municipal no existe una sola prueba medioambiental seria que acredite que Málaga tenga un problema real de contaminación”, añadiendo que “no hay mediciones contrastadas, no hay estudios técnicos independientes, no hay informes que justifiquen el cierre de calles o la restricción al tráfico”.
A ello se suma importantes costes económicos para la ciudad con gastos millonarios en cámaras y controles, un total de seis millones de euros, a los que hay que sumar la previsión de ingresos en multas, que se espera que supere los 11 millones de euros al año.
El portavoz recordó que los tribunales ya han anulado ZBE similares en varias ciudades, “en Barcelona, Madrid, Gijón, Segovia o Ávila han tumbado ordenanzas idénticas por falta de base científica y proporcionalidad. Málaga no necesita repetir estos errores”.
Alejandro Gómez: «Hoy decimos NO a las multas, sí a la libertad de conducir».
El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha logrado que el Pleno del Ayuntamiento se posicione en contra de la imposición de la Zona de Bajas Emisiones. Así, la formación municipal liderada en el Consistorio por Alejandro Gómez, si bien no ha logrado que el pleno acuerde solicitar al Gobierno central la derogación de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, sí ha podido parar el efecto de la ZBE con el acuerdo de que el pleno solicite al Estado la no obligatoriedad de la imposición de la ZBE a los municipios de más de 50 mil habitantes. Tal y como ha explicado el portavoz municipal de VOX, Alejandro Gómez, “lo que ha pasado hoy es el mejor ejemplo de la imposibilidad de aplicar las ensoñaciones climáticas a la vida real de los chicharreros. Los tiempos y las dinámicas de la ZBE solo coartan la libertad de los vecinos y los empobrecen”.
La iniciativa, defendida en la sesión plenaria de este viernes (28) por Gómez, sostiene que las ZBE son el resultado de un modelo normativo europeo impuesto desde Bruselas, aplicado en España por el Partido Popular (PP), Partido Socialista (PSOE) y Coalición Canaria (CC), y que generan restricciones a la movilidad que, según ha relacionado el portavoz de VOX, “perjudican a familias, trabajadores y pequeños autónomos”. La moción aprobada denuncia que estas políticas han incrementado allá donde se aplican el coste de la vida, han dificultado los desplazamientos cotidianos y han castigado a quienes no pueden renovar su vehículo.
VOX subraya que la obligación de implantar ZBE limita la autonomía local provocando desigualdades entre municipios y convirtiendo el sistema sancionador en “una máquina de recaudar más que una herramienta ambiental eficaz”. El pleno, con la aprobación de esta iniciativa en la que PP y CC se han visto en la necesidad de apoyar que se suprima la obligatoriedad de implantar la ZBE, expresa su rechazo a lo que VOX califica de “fanatismo climático” y a la Agenda 2030, al considerar que han generado restricciones que afectan a la libertad de movimiento, encarecen la vida y debilitan la soberanía energética e industrial del país.
Para sacar adelante la propuesta, el pleno aprobó manifestar que la actual regulación estatal que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implantar Zonas de Bajas Emisiones no ofrece una solución adecuada ni realista para ciudades con particularidades urbanas, sociales y económicas como Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, el Ayuntamiento solicita al Gobierno de España la supresión del artículo 14.3.a) de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que establece la implantación obligatoria de las ZBE.
VOX sostiene que las Zonas de Bajas Emisiones representan “el fracaso de una política ambiental desconectada de la realidad” y celebra que países como Francia hayan comenzado a cuestionar “las imposiciones del fanatismo climático”, replanteando una legislación que, según afirman, castiga a las familias y limita la libertad de movimiento.