Fernández Calle: «La nueva ZBE de Cáceres: mismo golpe, dos firmas —la del PP y la del PSOE».
El candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura en los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre, Óscar Fernández Calle, ha afirmado hoy que «PP y PSOE siguen caminando de la mano, como lo demuestra el hecho de que ayer aprobaran en el Pleno de Cáceres una Zona de Bajas Emisiones».
Fernández Calle, quien ha realizado estas declaraciones en un acto acompañado a la portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, ha sentenciado que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es un «auténtico absurdo» y un despropósito que lo único que consigue es poner impedimentos a los ciudadanos y a los turistas, una iniciativa que «emana del fanatismo climático que el PP y el PSOE defienden en Europa». Esta ZBE, junto a las tasas por la gestión de la basura, «procede directamente de los acuerdos que el bipartidismo PP-PSOE instaura en Europa», ha añadido.
Óscar Fernández Calle ha incidido en que VOX se opuso ayer a esta iniciativa, «y lo volveremos a hacer en todos los pueblos de la provincia cacereña donde tengamos presencia».
Daniel Lafuente: «la ZBE de Esplugues copia errores que ya tumbó la Justicia en Barcelona».
El grupo municipal de VOX en Esplugues de Llobregat denuncia que el Ayuntamiento ha aprobado de forma definitiva la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que abarcará la totalidad del municipio, después de rechazar por completo las alegaciones presentadas por VOX durante el período de exposición pública.
VOX recuerda que sus alegaciones eran sólidas, técnicas y bien fundamentadas, detallando los fallos graves de una ordenanza que consideran injusta, desproporcionada y totalmente desconectada de la realidad social de Esplugues. Sin embargo, el gobierno municipal ha optado por desestimarlas con respuestas superficiales y evasivas, sin entrar a valorar los argumentos de fondo.
Desde VOX Esplugues subrayan que el estudio utilizado para justificar la ZBE no incluye datos propios del municipio, sino que se limita a reproducir documentos metropolitanos “que repiten los mismos errores que ya llevaron al TSJC a anular la anterior ZBE de Barcelona”.
“Esta ZBE se aprueba sin justificación, sin proporcionalidad y castigando a quienes no pueden permitirse un coche nuevo. Es una imposición ideológica que nada tiene que ver con la mejora real del aire en Esplugues”, ha afirmado Daniel Lafuente.
VOX Esplugues anuncia que estudiará todas las vías y pasos a seguir para defender a los vecinos del municipio frente a una ordenanza que consideran ineficaz, arbitraria y profundamente dañina para las familias trabajadoras, que serán las principales perjudicadas por esta nueva imposición del gobierno local.
Antonio Alcázar: «Esto no es por el aire, es por recaudar».
El Grupo Municipal VOX Málaga ha iniciado una campaña activa contra la entrada en vigor, el próximo 30 de noviembre, de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que —según denuncian— el equipo de gobierno del PP continúa imponiendo “sin transparencia y con constantes cambios de criterio”.
Una campaña ciudadana con pegada de carteles, buzoneo y caravana de vehículos
La campaña ha arrancado hoy con una pegada masiva de carteles por distintos puntos de la ciudad.
Además, se realizará buzoneo selectivo en las zonas más afectadas, se desplegarán pancartas y el próximo sábado, a las 12:00 horas, partirá una caravana de coches desde el aparcamiento del Palacio de Deportes Martín Carpena, en la que participarán vehículos afectados de municipios malagueños.
Antonio Alcázar, portavoz de VOX Málaga, ha señalado que “hoy empezamos una campaña activa contra la implantación de la zona de bajas emisiones. Arrancamos con una pegada de carteles y un buzoneo selectivo en las zonas más castigadas por esta medida. Este sábado celebraremos una caravana de coches como protesta ante unas multas que comenzarán el 1 de diciembre y que llevamos denunciando desde 2023”.
La incoherencia del PP de modificar la normativa según sus intereses
Desde VOX recuerdan que el PP ha ido cambiando repetidamente “el relato y el contenido” de la normativa. Lo que en 2023 defendían como una medida para la salud pública y alineada con las leyes climáticas europeas, ahora lo justifican por “obligación” de Bruselas o por la necesidad de acreditar subvenciones.
El Grupo Municipal reprocha al PP que incluso haya oscilado entre afirmar que Málaga sufre un grave problema de contaminación y sostener lo contrario, justificando aun así la aplicación de la ZBE.
La supuesta exención para malagueños es “engañosa”
La Formación denuncia que el mensaje difundido por el equipo de gobierno asegurando que “ningún malagueño se verá afectado” es “falso y manipulador”. La ordenanza prevé que solo estarán exentos quienes mantengan su vehículo actual o no lo hayan cambiado desde noviembre de 2023. Cualquier malagueño que adquiera un vehículo sin etiqueta o con etiqueta B desde esa fecha quedará sujeto a restricciones.
También recuerdan que miles de trabajadores que viven en municipios vecinos continuarán completamente afectados.
La única finalidad del PP es recaudar
Yolanda Gómez, portavoz adjunta, ha sido contundente afirmando que
“se le ha visto el plumero al Partido Popular. Donde decían que buscaban sostenibilidad, lo único que van a sostener es su recaudación. Prometían mejorar el aire, pero lo único que van a ventilar es el bolsillo de los ciudadanos”.
Gómez recuerda que la ordenanza ha sido modificada una y otra vez para hacerla cada vez más laxa, hasta afirmar en redes sociales que prácticamente todos los malagueños podrán circular sin sanciones:
“Si decían que la ZBE era necesaria para reducir la contaminación, ¿cómo es posible que ahora todos puedan entrar? Ha quedado claro que su único objetivo es recaudar, y según su propio informe, hasta 11 millones de euros al año”.
La portavoz adjunta también denuncia la discriminación hacia los vecinos de municipios colindantes, obligados incluso a domiciliar su vehículo en Málaga si desean acceder, y recuerda que la exención anunciada por el PP tampoco se aplica a quienes compraron un vehículo sin etiqueta después del 29 de noviembre de 2024.
VOX reivindica haber frenado la implantación en 2023
El Grupo Municipal destaca que muchas de las rectificaciones del PP se han producido gracias a la presión de VOX, y subrayan que los tribunales en otras ciudades han tumbado normativas similares, demostrando que sus advertencias “eran fundadas”.
Yolanda Gómez insiste que “mientras los concejales del PP viajan en coche oficial, castigan a quienes no pueden permitirse un vehículo eléctrico y a quienes vienen de otros municipios a trabajar, estudiar o visitar a un familiar en el hospital. Europa nunca obligó: solo recomendó. Y el PP se arrodilló ante el radicalismo verde votando junto al PSOE”.
VOX seguirá defendiendo a los malagueños
Desde el Grupo Municipal se concluye que la ordenanza ha sido vaciada de contenido para evitar una sentencia judicial en contra, lo que demuestra —dicen— que no responde a una necesidad real de salud pública, sino a intereses económicos.
Antonio Alcázar ha finalziado su intervención afirmando que “ha llegado la hora de la verdad y de rascarse el bolsillo. Nosotros vamos a seguir defendiendo a los malagueños, con claridad, honestidad y sentido común”.
Alejandro Gómez: «De norma ecológica a soga fiscal: VOX denuncia la ZBE como trampa recaudatoria».
El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife defenderá este viernes (28) una moción en la que solicita al pleno posicionarse contra la implantación obligatoria de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y reclamar al Gobierno central la derogación de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética. La iniciativa sostiene que las ZBE “son el resultado de un modelo normativo europeo impuesto desde Bruselas”, y aplicado en España por el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE), generando restricciones a la movilidad que, según VOX, están perjudicando a familias, trabajadores y pequeños autónomos.
La moción registrada por VOX denuncia que estas políticas han incrementado los costes de vida, han dificultado los desplazamientos cotidianos y han castigado a quienes no pueden renovar su vehículo. Además, el Grupo Municipal señala que la implantación obligatoria de esta zona ha limitado la capacidad de los ayuntamientos para adaptar sus políticas a la realidad local, provocando desigualdades entre municipios y convirtiendo el sistema sancionador en “una máquina de recaudar más que en una herramienta ambiental eficaz”.
La moción plantea que el pleno del Ayuntamiento exprese su rechazo a las políticas que VOX califica de “fanatismo climático”, así como a la Agenda 2030, al considerar que han generado restricciones que afectan a la libertad de movimiento, encarecen la vida y perjudican la soberanía energética e industrial del país. Asimismo, solicita que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a derogar la Ley 7/2021 o, en su defecto, modificar el artículo 14.3.a) con el fin de eliminar la obligación de imponer ZBE, al entender que se trata de una medida ideológica contraria al interés de los vecinos de Santa Cruz de Tenerife.
VOX afirma que las ZBE simbolizan hoy el fracaso de una política ambiental desconectada de la realidad, y aplaude que países como Francia hayan dado un paso atrás “cuestionando abiertamente las imposiciones del fanatismo climático y replanteando una legislación que castiga a las familias y destruye la libertad de movimiento”.
Eliana Palacios: «Zonas de Bajas Emisiones sin ley, pero con multas de 200 euros».
El Grupo Municipal VOX denuncia que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Rivas se han implantado sin ninguna ordenanza que las respalde, de modo que los vecinos están siendo engañados con unas supuestas ZBE que, jurídicamente, ni siquiera existen.
La portavoz de VOX, Eliana Palacios, subraya que “el Gobierno local ha creado una ficción jurídica para imponer restricciones injustificadas y recaudar dinero”, recordando que la calidad del aire en Rivas es buena y que el impacto ambiental declarado —18 toneladas de CO₂ al año— “equivale a las emisiones de apenas cuatro personas”.
Palacios denuncia, además, que el Ayuntamiento presenta como ZBE simples medidas de ordenación del tráfico en entornos escolares, sin criterios ambientales reales. “Ni siquiera permiten acceder a vehículos eléctricos. Esto no va de medio ambiente, va de restricciones ideológicas y afán recaudatorio”, afirmó.
VOX advierte también de que estas zonas han sido financiadas con fondos europeos pese a no existir jurídicamente en el municipio, lo que podría constituir un uso indebido de subvenciones públicas. A ello se suma un régimen sancionador desproporcionado, con multas de 200 euros calificadas como infracciones graves.
Por todo ello, VOX llevará al pleno del 27 de noviembre una moción para exigir la paralización inmediata de las ZBE, la devolución de todas las multas impuestas y la realización de una auditoría de los fondos recibidos.
“Vox seguirá defendiendo el derecho de los ripenses a una movilidad libre y a no ver sus bolsillos vaciados en nombre de la Agenda 2030. Las ZBE de Rivas son un montaje ideológico sin respaldo legal”, concluyó Palacios.
Isabel Pérez Moñino: «El PP se alinea con la izquierda para multar a los españoles».
La Portavoz Nacional de Agenda España de VOX, Isabel Pérez Moñino, ha visitado Santander tras la aprobación, por parte del PP, de la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones en la ciudad.
Para Pérez Moñiño, tanto PP como PSOE viven de espaldas a los españoles y su único objetivo es recaudar con las multas de las ZBE para seguir engordando las redes clientelares del bipartidismo. “Los españoles cada vez tienen más la sensación de pagar impuestos nórdicos y tener servicios completamente tercermundistas”, ha afirmado la portavoz de VOX.
VOX se ha opuesto a la estafa de las políticas climáticas del bipartidismo en Bruselas, en el Congreso de los Diputados, en los parlamentos regionales y ayuntamientos, que sobre todo afectan a las clases más humildes: “VOX se opone a esta estafa recaudatoria del bipartidismo. VOX va a defender la libertad de circulación, en especial de las clases más humildes y trabajadoras que no pueden acceder a un coche
eléctrico”.
Pérez Moñino también ha enviado un mensaje de esperanza al afirmar que, “cuando VOX tenga una mayoría suficiente, derogará estas leyes ideológicas, estas leyes totalitarias, anteponiendo el sentido común y el rigor científico”.
Isaac García: «El 96 % de Coslada pagará la fiesta ideológica del tripartito».
El pleno celebrado en el Ayuntamiento de Coslada ha evidenciado, según el grupo municipal de VOX, la falta de transparencia y de rigor del equipo de gobierno, PSOE, Más Madrid, Podemos/IU, en la tramitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Isaac García, portavoz de VOX en Coslada, ha denunciado que, pese a las reiteradas solicitudes, el gobierno municipal sigue sin entregar los informes de calidad del aire, impacto socioeconómico, efecto frontera y parque automovilístico circulante. “No se puede justificar una medida tan dura con datos de Madrid, Barcelona o Londres. Los vecinos de Coslada merecen saber la verdad sobre la situación de su ciudad y el impacto real de estas restricciones”.
La formación ha recordado que la ZBE diseñada para Coslada es una de las más estrictas: “afectará al 96% de la población, al 79% del comercio y al 84% de la hostelería, y la mitad del parque móvil quedará excluido, sin que se hayan concretado ayudas ni medidas compensatorias reales. Hablan de empleo verde y de modernidad, pero no explican cómo van a ayudar a las familias, autónomos y pequeños negocios que van a pagar el precio de esta imposición”, ha añadido el concejal.
VOX ha advertido también del riesgo jurídico de aprobar una ordenanza sin los informes exigidos por la ley y sin participación ciudadana real, recordando que ya hay sentencias que han anulado ZBE en otras ciudades por falta de motivación, proporcionalidad y transparencia.
El grupo municipal reitera su compromiso con la defensa de la libertad, el sentido común y el interés de los vecinos de Coslada, y anuncia que seguirá exigiendo transparencia, rigor y soluciones reales frente a las imposiciones ideológicas y recaudatorias.
Nicasio Galván desenmascara las ZBE: «Una estafa ideológica que castiga al ciudadano».
El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una Proposición No de Ley relativa al rechazo de imposiciones ideológicas y recaudatorias en los municipios de España. En concreto, se hace una referencia directa a las Zonas de Bajas Emisiones y al ‘basurazo’. Ambas medidas ya se están aplicando en municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla de Abona, La Laguna o Santa Cruz de Tenerife, con nefastas consecuencias para los contribuyentes de cada zona.
Cabe recordar que la primera de las medidas, las ZBE, parte de una imposición ideológica desde Bruselas que llega a nuestra nación por la laxitud del bipartidismo (PP y Psoe). En cuanto al basurazo, el gobierno socialista lo insertó en un decreto ómnibus en el Congreso con la férrea oposición de VOX. Bajo promesas compensatorias para Canarias se introdujeron “los impuestazos que hoy sufren los canarios”, ha denunciado con el portavoz de VOX en el Parlamento canario, Nicasio Galván.
Las ZBE se materializan en la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, pretextos que han condicionado de forma drástica la movilidad y los hábitos de vida de millones de españoles.
VOX denuncia que el Gobierno de España, en lugar de defender la soberanía nacional y los intereses de sus ciudadanos, se haya limitado a acatar “con alegría” las órdenes de Bruselas, mediante la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares a implantar ZBE. Bajo la excusa de reducir las emisiones contaminantes un 50% para 2030, se ha condenado a más de 25 millones de españoles que residen en 149 municipios.
La realidad de este plan con enfoque preservacionista es que hoy día miles de canarios se ven obligados a sustituir sus vehículos por otros “etiquetados” por la Dirección General de Tráfico, con precios inaccesibles para la mayoría —un coche eléctrico cuesta de media entre 7.000 y 9.000 euros más que uno de gasolina-.
El ‘basurazo’
En la misma línea de imposiciones verdes, Bruselas adoptó la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. Para trasponer esta normativa el Ejecutivo ha establecido un impuesto municipal, que se conoce como tasa de residuos mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Bajo el engañoso principio de “quien contamina, paga”, se obliga a los españoles a asumir íntegramente los costes de la gestión de residuos, descargando sobre los hogares una nueva carga impositiva disfrazada de conciencia ecológica. En 2025, la tasa media asciende a 116,32 euros anuales por hogar, un incremento del 16,2% respecto a 2024, muy por encima del IPC y constituyendo la mayor subida de la década. Y lo más grave: esta recaudación ni siquiera cubre el coste total del servicio, lo que anticipa nuevas subidas en los próximos años.
El panorama, explican en el texto de la PNL desde el grupo, no es fatalista, pues es reversible ya que en otras comunidades se han logrado detener o frenar estas imposiciones.
Por todo, ello, el GPVOX en Canarias instará al Parlamento de Canarias a:
- Manifestar su disconformidad absoluta con las políticas impuestas por el bipartidismo en Bruselas y su sometimiento al fanatismo verde, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.
- Instar al gobierno de la Nación a revocar de manera inmediata la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles.
- Instar al gobierno de la Nación a anular la normativa que ha implantado “el basurazo”.
- Mostrarse favorable a que se reviertan todas las ZBE aprobadas en los municipios de nuestra región o que, en su caso, queden sin efecto y no se impongan sanciones a los vecinos.
Tal y como apostilla Galván, “es cuestión exclusivamente de voluntad política, de si queremos asfixiar a impuestos a nuestros ciudadanos o les permitimos holgura para hacer uso de sus finanzas, pues la administración debe de revisar su gestión propia antes de seguir recaudando como solución para todo”.