Isabel Pérez Moñino: «El PP se alinea con la izquierda para multar a los españoles».
La Portavoz Nacional de Agenda España de VOX, Isabel Pérez Moñino, ha visitado Santander tras la aprobación, por parte del PP, de la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones en la ciudad.
Para Pérez Moñiño, tanto PP como PSOE viven de espaldas a los españoles y su único objetivo es recaudar con las multas de las ZBE para seguir engordando las redes clientelares del bipartidismo. “Los españoles cada vez tienen más la sensación de pagar impuestos nórdicos y tener servicios completamente tercermundistas”, ha afirmado la portavoz de VOX.
VOX se ha opuesto a la estafa de las políticas climáticas del bipartidismo en Bruselas, en el Congreso de los Diputados, en los parlamentos regionales y ayuntamientos, que sobre todo afectan a las clases más humildes: “VOX se opone a esta estafa recaudatoria del bipartidismo. VOX va a defender la libertad de circulación, en especial de las clases más humildes y trabajadoras que no pueden acceder a un coche
eléctrico”.
Pérez Moñino también ha enviado un mensaje de esperanza al afirmar que, “cuando VOX tenga una mayoría suficiente, derogará estas leyes ideológicas, estas leyes totalitarias, anteponiendo el sentido común y el rigor científico”.
Isaac García: «El 96 % de Coslada pagará la fiesta ideológica del tripartito».
El pleno celebrado en el Ayuntamiento de Coslada ha evidenciado, según el grupo municipal de VOX, la falta de transparencia y de rigor del equipo de gobierno, PSOE, Más Madrid, Podemos/IU, en la tramitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Isaac García, portavoz de VOX en Coslada, ha denunciado que, pese a las reiteradas solicitudes, el gobierno municipal sigue sin entregar los informes de calidad del aire, impacto socioeconómico, efecto frontera y parque automovilístico circulante. “No se puede justificar una medida tan dura con datos de Madrid, Barcelona o Londres. Los vecinos de Coslada merecen saber la verdad sobre la situación de su ciudad y el impacto real de estas restricciones”.
La formación ha recordado que la ZBE diseñada para Coslada es una de las más estrictas: “afectará al 96% de la población, al 79% del comercio y al 84% de la hostelería, y la mitad del parque móvil quedará excluido, sin que se hayan concretado ayudas ni medidas compensatorias reales. Hablan de empleo verde y de modernidad, pero no explican cómo van a ayudar a las familias, autónomos y pequeños negocios que van a pagar el precio de esta imposición”, ha añadido el concejal.
VOX ha advertido también del riesgo jurídico de aprobar una ordenanza sin los informes exigidos por la ley y sin participación ciudadana real, recordando que ya hay sentencias que han anulado ZBE en otras ciudades por falta de motivación, proporcionalidad y transparencia.
El grupo municipal reitera su compromiso con la defensa de la libertad, el sentido común y el interés de los vecinos de Coslada, y anuncia que seguirá exigiendo transparencia, rigor y soluciones reales frente a las imposiciones ideológicas y recaudatorias.
Nicasio Galván desenmascara las ZBE: «Una estafa ideológica que castiga al ciudadano».
El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una Proposición No de Ley relativa al rechazo de imposiciones ideológicas y recaudatorias en los municipios de España. En concreto, se hace una referencia directa a las Zonas de Bajas Emisiones y al ‘basurazo’. Ambas medidas ya se están aplicando en municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla de Abona, La Laguna o Santa Cruz de Tenerife, con nefastas consecuencias para los contribuyentes de cada zona.
Cabe recordar que la primera de las medidas, las ZBE, parte de una imposición ideológica desde Bruselas que llega a nuestra nación por la laxitud del bipartidismo (PP y Psoe). En cuanto al basurazo, el gobierno socialista lo insertó en un decreto ómnibus en el Congreso con la férrea oposición de VOX. Bajo promesas compensatorias para Canarias se introdujeron “los impuestazos que hoy sufren los canarios”, ha denunciado con el portavoz de VOX en el Parlamento canario, Nicasio Galván.
Las ZBE se materializan en la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, pretextos que han condicionado de forma drástica la movilidad y los hábitos de vida de millones de españoles.
VOX denuncia que el Gobierno de España, en lugar de defender la soberanía nacional y los intereses de sus ciudadanos, se haya limitado a acatar “con alegría” las órdenes de Bruselas, mediante la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares a implantar ZBE. Bajo la excusa de reducir las emisiones contaminantes un 50% para 2030, se ha condenado a más de 25 millones de españoles que residen en 149 municipios.
La realidad de este plan con enfoque preservacionista es que hoy día miles de canarios se ven obligados a sustituir sus vehículos por otros “etiquetados” por la Dirección General de Tráfico, con precios inaccesibles para la mayoría —un coche eléctrico cuesta de media entre 7.000 y 9.000 euros más que uno de gasolina-.
El ‘basurazo’
En la misma línea de imposiciones verdes, Bruselas adoptó la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. Para trasponer esta normativa el Ejecutivo ha establecido un impuesto municipal, que se conoce como tasa de residuos mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Bajo el engañoso principio de “quien contamina, paga”, se obliga a los españoles a asumir íntegramente los costes de la gestión de residuos, descargando sobre los hogares una nueva carga impositiva disfrazada de conciencia ecológica. En 2025, la tasa media asciende a 116,32 euros anuales por hogar, un incremento del 16,2% respecto a 2024, muy por encima del IPC y constituyendo la mayor subida de la década. Y lo más grave: esta recaudación ni siquiera cubre el coste total del servicio, lo que anticipa nuevas subidas en los próximos años.
El panorama, explican en el texto de la PNL desde el grupo, no es fatalista, pues es reversible ya que en otras comunidades se han logrado detener o frenar estas imposiciones.
Por todo, ello, el GPVOX en Canarias instará al Parlamento de Canarias a:
- Manifestar su disconformidad absoluta con las políticas impuestas por el bipartidismo en Bruselas y su sometimiento al fanatismo verde, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.
- Instar al gobierno de la Nación a revocar de manera inmediata la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles.
- Instar al gobierno de la Nación a anular la normativa que ha implantado “el basurazo”.
- Mostrarse favorable a que se reviertan todas las ZBE aprobadas en los municipios de nuestra región o que, en su caso, queden sin efecto y no se impongan sanciones a los vecinos.
Tal y como apostilla Galván, “es cuestión exclusivamente de voluntad política, de si queremos asfixiar a impuestos a nuestros ciudadanos o les permitimos holgura para hacer uso de sus finanzas, pues la administración debe de revisar su gestión propia antes de seguir recaudando como solución para todo”.
Cristina Peláez: «La ZBE no limpia el aire, ensucia la vida del trabajador».
El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla reclamará en la comisión de fiscalización y control del próximo viernes 15 de noviembre la derogación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), su inmediata suspensión y la anulación de las más de 20 mil sanciones impuestas desde su entrada en vigor en julio de 2024.
En su exposición de motivos, VOX explica que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son el resultado directo de un marco ideológico impuesto desde Bruselas por el bipartidismo y que en España se aplica contra los intereses de los españoles. La Unión Europea, bajo el pretexto de la lucha contra la contaminación, ha convertido sus políticas climáticas en un instrumento de control que impone uniformidad normativa e invade competencias nacionales y locales, imponiendo desde hace años un modelo único y rígido. La Directiva 2008/50/CE, presentada como una simple medida técnica para garantizar la calidad del aire, fue en realidad el primer paso de una agenda climática cada vez más coercitiva, cuyo desarrollo ha derivado en restricciones masivas a la movilidad en toda Europa.
VOX argumenta que, en algunos países como Francia, han empezado a dar marcha atrás, cuestionando abiertamente las imposiciones del fanatismo climático y replanteando una legislación que castiga a las familias y destruye la libertad de movimiento. En España, el gobierno de Pedro Sánchez trasladó fielmente esas exigencias europeas al ordenamiento jurídico, sin matices. La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, aprobada por el Gobierno socialista con la abstención del PP, transformó esa orientación europea en una obligación legal y sancionable para todos los municipios de más de 50.000 habitantes —y para aquellos de más de 20.000 que superen ciertos valores de contaminación—. El Real Decreto 1052/2022 culminó este entramado normativo, obligando a los ayuntamientos a implantar Zonas de Bajas Emisiones siguiendo las directrices impuestas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sin ningún margen para adaptar las medidas a la realidad de sus vecinos.
El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, prosigue que, en lugar de permitir que cada municipio diseñase soluciones adaptadas a su realidad urbana, social y económica, el gobierno impuso un modelo basado en la exclusión de vehículos, afectando sobre todo a las familias con menos recursos. De este modo el coste político, económico y social de una agenda europea mal concebida y peor aplicada ha recaído sobre los vecinos, que sufren las consecuencias de unas normas ideológicas, uniformes y de dudosa eficacia ambiental. El consenso climático de todas las fuerzas políticas salvo VOX, es el origen directo de las Zonas de Bajas Emisiones y de las restricciones que hoy padecen las familias, los trabajadores y los pequeños autónomos.
Para VOX, las ZBE encarecen la vida cotidiana de las familias, dificultan el acceso al trabajo, al colegio o a los servicios sanitarios y castigan de forma desproporcionada a los autónomos y pequeños transportistas que dependen del vehículo privado. La renovación forzosa del parque móvil se ha convertido en un impuesto encubierto, que recae precisamente, sobre quienes menos recursos tienen. Las ZBE se han convertido en un instrumento derivado del fanatismo climático que, lejos de mejorar la calidad del aire, han roto la movilidad urbana y multiplicado la desigualdad entre municipios.
Los efectos más gravosos de las Zonas de Bajas Emisiones son los sancionadores, que han transformado una medida supuestamente ambiental en una máquina de recaudar. Miles de vecinos reciben multas automáticas por circular con vehículos que hasta hace poco podían hacerlo sin problema. Se castiga así a familias trabajadoras, jubilados y pequeños autónomos que no pueden renovar su coche o furgoneta, mientras se beneficia a quien puede permitirse un vehículo nuevo con etiqueta “verde”. Esta política ha fracturado el tejido social urbano, generando una brecha entre quienes pueden pagar por moverse y quienes quedan confinados en sus barrios. Las ZBE no han mejorado el aire, pero sí han agravado la desigualdad y la sensación de abandono de los sectores más humildes, que son multados por necesidad mientras se toleran fuentes mucho más contaminantes.
En la propuesta a debatir en el Ayuntamiento de Sevilla, VOX esgrime que las Zonas de Bajas Emisiones simbolizan hoy el fracaso de una política ambiental desconectada de la realidad. No reducen la contaminación, pero sí limitan la libertad de movimiento y aumentan los costes para quienes menos tienen. Corresponde ahora a los ayuntamientos defender a sus vecinos frente a estas imposiciones que perjudican su vida y su entorno, y reclamar al Estado y a la Unión Europea un modelo conservacionista basado en la libertad, la proporcionalidad y el interés real de las familias y los trabajadores.
Del Muro de Berlín al muro digital: Europa derribó uno de hormigón y levanta otro de código.
Redacción.
El 9 de noviembre de 1989 el mundo vio caer el Muro de Berlín. Fue el triunfo del pueblo sobre el totalitarismo, de la libertad sobre la vigilancia, de la dignidad sobre el miedo.
Treinta y seis años después, Europa celebra aquel símbolo de liberación mientras levanta nuevos muros, menos visibles, pero igual de poderosos: los del control digital, la vigilancia económica y la imposición ideológica.
Porque los muros ya no se construyen con cemento, sino con algoritmos, regulaciones y dogmas.
El euro digital: el muro del control financiero
La Unión Europea avanza hacia el euro digital, presentado como una modernización del sistema financiero, pero que en la práctica podría entregar al Estado un poder de supervisión sin precedentes sobre la vida económica de los ciudadanos.
Cada transacción quedaría registrada. Cada pago, trazado. Cada compra, potencialmente evaluada por criterios “verdes” o “éticos”.
La promesa de comodidad esconde un riesgo: pasar de tener dinero en el bolsillo a tenerlo bajo vigilancia permanente.
El muro ya no separa a Este y Oeste. Separa a los ciudadanos libres de los ciudadanos controlados.
El Pacto Verde y las ZBE: la nueva frontera del ciudadano común
En nombre de la sostenibilidad, Bruselas y muchos gobiernos nacionales han impuesto zonas de bajas emisiones (ZBE) que expulsan a trabajadores, autónomos y familias del centro de las ciudades.
Los mismos que no pueden pagar un coche eléctrico son ahora culpables climáticos.
El Pacto Verde Europeo, convertido en dogma, se aplica sin debate, sin consenso y sin compasión. Europa no construye libertad, construye culpa.
Y bajo esa culpa, una nueva élite decide quién contamina, quién se mueve y quién se queda fuera.
La era del muro digital
El muro de 1961 se levantó para impedir que la gente escapara del control del Estado.
El muro de 2025 se levanta para impedir que la gente escape del sistema digital del Estado.
Hoy el control no se impone con alambradas, sino con pantallas, apps y pasarelas de pago.
No se encarcela al disidente, se le silencia en el algoritmo.
Europa, que fue el continente de la libertad, se ha convertido en el laboratorio del control amable.
La nueva frontera europea
Mientras se celebran las luces del aniversario del muro de Berlín, Bruselas construye otro muro, esta vez invisible, hecho de datos, burocracia y control ambiental.
En nombre del progreso se limita la libertad individual.
En nombre del planeta se castiga al trabajador.
En nombre de la democracia se vigila al ciudadano.
Europa olvida que el muro no cayó por decreto: cayó porque millones de personas se atrevieron a decir “basta”.
Y hoy, si no se alza la voz, el nuevo muro no caerá a martillazos, sino que se quedará instalado en cada pantalla.
El muro de Berlín cayó porque la gente quería vivir libre.
El muro digital crece porque la gente tiene miedo a dejar de estar conectada.
Y sin embargo, la libertad no consiste en tener una app para todo, sino en poder decir “no” cuando el poder se vuelve invasivo.
El futuro de Europa no se juega entre Este y Oeste, sino entre libertad y control.
“Los muros de ayer cayeron con martillos; los de hoy solo caerán con conciencia.”
José Antonio Gilabert: «Las ZBE son el nuevo muro invisible que divide nuestras ciudades».
VOX ha celebrado este sábado las Segundas Jornadas Municipalistas organizadas por VOX Barcelona en la ciudad de Mataró, bajo el lema “Los vecinos primero”, un encuentro destinado a reforzar la acción municipal del partido y a reivindicar el papel de los ayuntamientos en la defensa de la familia, la identidad y la prosperidad.
El concejal de VOX en Sitges, José Antonio Gilabert, ha afirmado que “la opción más segura para acabar con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) es votar a VOX: “Cuando gobernemos, revertiremos todas las ZBE”. Ha calificado como “descabellado” que los ciudadanos sean discriminados por su coche o su moto, advirtiendo que estas políticas vulneran principios y derechos fundamentales, refuerzan la brecha entre el centro urbano y las periferias y actúan como frontera entre clases sociales. Además, ha subrayado que generan una transición ecológica desigual, son políticamente cuestionables y económicamente inviables para las clases medias: “El bipartidismo es el destructor de la clase media en España”, ha concluido, recordando que, en los municipios donde VOX gobierna, ya se han tomado medidas para revertir las ZBE.
Durante su intervención, el concejal de VOX en Castellón, Alberto Vidal, ha exigido la derogación de todas las restricciones ideológicas que penalizan a los vecinos y ha exigido apostar por soluciones que permitan moverse y trabajar sin imposiciones absurdas, recordando que “desde VOX defendemos una movilidad sostenible, pero que no castigue a quienes dependen de su vehículo para su vida diaria”.
Vidal ha denunciado que las administraciones están aplicando políticas de movilidad sin tener en cuenta la realidad de los vecinos y priorizando criterios ideológicos. Frente a ellas, ha propuesto aplicar incentivos a vehículos, mejorar el transporte público y crear vías de acceso seguras para los vecinos, así como implementar campañas de concienciación, en lugar de la imposición de restricciones y sanciones.
Las Jornadas Municipalistas de VOX Barcelona han reunido a concejales, cargos orgánicos y simpatizantes del partido, que han compartido experiencias y propuestas sobre vivienda, seguridad, conciliación, natalidad y apoyo a las familias, siempre bajo el lema “Los vecinos primero”.
Tasende: «Las familias no pueden pagar más por moverse y por sacar la basura».
VOX Melilla ha presentado en la Asamblea una moción para que la Ciudad se posicione contra la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la nueva tasa municipal de residuos —popularmente conocida como “tasazo de basuras”— y, además, inste al Gobierno de España a retirar las obligaciones derivadas de la Ley 7/2021 (cambio climático) y de la Ley 7/2022 (residuos). La iniciativa, defendida por José Miguel Tasende, diputado de VOX en la Asamblea y portavoz del Grupo Mixto, reclama también que la Ciudad revierta la ZBE aprobada y aún no implementada en Melilla, por su impacto negativo en la movilidad diaria, el comercio de barrio y el bolsillo de las familias.
Según la moción, las ZBE —impuestas a municipios de más de 50.000 habitantes— obligan de facto a sustituir vehículos que muchas familias necesitan para trabajar, llevar a sus hijos al colegio o atender a mayores, sin aportar soluciones reales ni proporcionadas a la situación de Melilla. En paralelo, la tasa de residuos introduce una carga fija adicional que —lejos de mejorar el servicio— amenaza con sucesivas subidas y agrava la desigualdad entre municipios, con una implantación confusa y poco transparente.
Tasende sostiene que estas políticas “verdes” han fracasado allí donde se han aplicado sin medir su efecto social y económico, y recuerda que VOX ha sido la única fuerza que ha combatido estas imposiciones en las instituciones y en los tribunales. “Melilla no puede ser laboratorio de agendas ajenas a la realidad de nuestra ciudad; necesitamos medidas eficaces y justas, no prohibiciones y tasas que empobrecen a los de siempre”, señala.
“El Gobierno local debe hacer su parte y, además, exigir al Gobierno de la Nación que retire las obligaciones que están detrás de la ZBE y del ‘tasazo de basuras’”, afirma Tasende. “No aceptaremos que se limite la libertad de movimiento de los melillenses ni que se cargue sobre las familias un coste creciente por un servicio que no mejora”.
La moción de VOX Melilla plantea cuatro acuerdos concretos:
- Que la Asamblea muestre su disconformidad con las políticas del bipartidismo en Bruselas y su agenda climática ideologizada.
- Instar al Gobierno de la Ciudad a solicitar al Gobierno de la Nación la revocación de la implantación obligatoria de las ZBE.
- Solicitar la anulación de la normativa estatal que impulsa la tasa de residuos.
- Declarar favorable la reversión de la ZBE aprobada en Melilla y todavía no implementada.
“No permitiré que se impongan en Melilla restricciones y tasas que castigan a nuestras familias y a nuestros autónomos. Exigiré en todas las instancias la retirada de la ZBE y del ‘tasazo de basuras’ y defenderé una alternativa sensata, eficaz y justa para nuestra ciudad.” — Tasende
Patricia Rueda: «Ni coche eléctrico ni impuestos verdes: queremos libertad».
La diputada nacional de VOX por Málaga, Patricia Rueda, ha denunciado con firmeza la imposición de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y otras medidas impulsadas por PSOE y PP que, bajo el pretexto de las políticas climáticas, suponen un perjuicio directo para los ciudadanos más vulnerables.
“Las ZBE son una excusa para restringir libertades y expoliar a las clases trabajadoras, las más castigadas por décadas de una casta bipartidista corrupta que trabaja contra los intereses de los españoles”, ha afirmado Rueda.
La diputada ha planteado ejemplos reales que afectan a los malagueños: “¿Multas para enfermos que vengan desde la Axarquía para su quimioterapia? ¿Para el autónomo que no llega a fin de mes y no puede cambiar su furgoneta? ¿Para la jubilada que no tiene pensión suficiente para el último modelo de coche eléctrico?”.
Rueda ha denunciado que estas medidas no tienen en cuenta la realidad de las familias y trabajadores que no pueden asumir los costes que imponen las normativas ideológicas, calificándolas como “una imposición más de aquellos que legislan contra los españoles y alejados de la realidad”.
En respuesta, VOX ha registrado una proposición de ley en el Congreso para eliminar tanto las Zonas de Bajas Emisiones como la tasa de basuras en Málaga, con el objetivo de frenar lo que consideran un “infierno fiscal” para los ciudadanos.
“Solo VOX dice no a las ZBE”, ha concluido Rueda, reafirmando el compromiso de su grupo parlamentario con la libertad, la justicia fiscal y la defensa de los españoles frente al fanatismo climático promovido por el bipartidismo.