Pelayo eleva sus críticas al PSOE tras conocerse los indicios sobre las presuntas actuaciones contra la jueza Biedma.
El secretario general del Grupo Parlamentario VOX Extremadura, Ángel Pelayo, ha acusado al PSOE de actuar como una «organización mafiosa y criminal» a raíz de las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre la denominada trama de Leire Díez y los presuntos intentos de obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban a dirigentes socialistas o al Gobierno.
Durante una comparecencia en Badajoz, Pelayo sostuvo que esa calificación responde, según VOX, a los indicios que están siendo analizados judicialmente. La afirmación es una valoración política del dirigente de VOX y no una conclusión judicial sobre el PSOE como organización.
«Cuando VOX afirma que el Partido Socialista es una organización mafiosa y criminal no se trata de ninguna hipérbole ni de ninguna ocurrencia de VOX», afirmó Pelayo, quien remitió a las investigaciones que desarrolla la Audiencia Nacional.
Pelayo pone el foco en las actuaciones contra Beatriz Biedma
El dirigente de VOX se refirió especialmente al caso de Beatriz Biedma, magistrada que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y que actualmente es presidenta del Tribunal de Instancia de Badajoz. Su nombramiento para este último cargo fue publicado en el BOE el pasado mes de abril.
Biedma ha solicitado personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre Leire Díez. La magistrada sostiene que, según los indicios recabados, fue uno de los objetivos de la presunta trama y denuncia actuaciones destinadas a recopilar información sobre ella, desacreditarla y apartarla de investigaciones judiciales.
En su escrito también señala la existencia de presuntos contactos con personas vinculadas a un clan relacionado con el narcotráfico en Badajoz «con la finalidad de actuar contra la magistrada». El alcance y la eventual relevancia penal de estos hechos continúan bajo investigación y no existe todavía una resolución judicial firme que determine responsabilidades.
Pelayo calificó estos hechos de «excepcional gravedad» y los vinculó políticamente con Leire Díez y con el entorno del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ambos relacionados con la investigación abierta en la Audiencia Nacional. Cerdán fue incorporado como investigado a esta causa en mayo.
VOX ya se ha querellado por las presuntas presiones a la magistrada
Las declaraciones de Pelayo llegan después de que VOX presentara una querella contra la exmilitante socialista Leire Díez, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada y el abogado Jacobo Teijelo por las presuntas maniobras dirigidas contra Biedma.
La formación sostiene que debe investigarse quién diseñó, participó y financió cualquier actuación destinada a intimidar a la magistrada. La querella fue presentada después de conocerse que Biedma había comunicado a la Audiencia Nacional los presuntos contactos de personas de la trama con individuos vinculados al narcotráfico.
La causa que dirige el juez Santiago Pedraz investiga presuntas maniobras para obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Entre los investigados se encuentran Leire Díez y Santos Cerdán, además de otras personas vinculadas a distintas ramas de la investigación.
Pelayo advierte de un problema que afecta a la independencia judicial
Para el diputado extremeño, lo conocido hasta ahora trasciende el caso concreto de Biedma. Pelayo sostuvo que cualquier intento de intimidación contra una magistrada por el ejercicio de sus funciones supondría una amenaza para la independencia de los poderes del Estado.
«A partir de ahora ninguno de los poderes del Estado, ni el Poder Judicial, ni por supuesto ustedes, los medios de comunicación, ni el poder político que representamos los diputados, estamos a salvo de que no nos suceda algo similar», afirmó.
Pelayo añadió que considera «de una gravedad extrema» que las actuaciones investigadas pudieran haber buscado condicionar a una jueza encargada de una causa políticamente sensible.
La propia Biedma argumenta en su petición para ejercer la acusación particular que los hechos podrían ser constitutivos, entre otros, de delitos de obstrucción a la justicia, amenazas o coacciones, delitos contra la integridad moral, revelación de secretos y organización criminal. Será la investigación judicial la que determine si existieron esos delitos y, en su caso, quiénes son responsables.
Pelayo reclama un cambio de Gobierno
El secretario general del Grupo Parlamentario VOX Extremadura cerró su intervención reclamando la salida de Pedro Sánchez del Ejecutivo y la convocatoria de unas elecciones que, afirmó, deben celebrarse con garantías.
«Es urgente desalojar a Pedro Sánchez y toda su estructura mafiosa del poder», declaró Pelayo, utilizando nuevamente una caracterización política de VOX que no constituye una calificación judicial.
El dirigente extremeño defendió que los ciudadanos deben poder expresar su voluntad en «unas elecciones libres, limpias, transparentes y sin alteraciones del censo» y reclamó un cambio de Gobierno.
Las declaraciones se producen mientras continúa abierta en la Audiencia Nacional la investigación sobre la denominada trama de Leire Díez y las presuntas actuaciones destinadas a interferir en procedimientos judiciales.
Ignacio Hoces exige al Gobierno explicar por qué tardó 26 días en activar la situación de Seguridad Nacional en Ceuta.
El diputado nacional de VOX por Badajoz, Ignacio Hoces, ha interpelado en el Pleno del Congreso al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre la respuesta del Gobierno a la crisis de Ceuta y ha cerrado su intervención con una defensa de la soberanía española sobre la ciudad autónoma.
“Ceuta no es una carga. Ceuta es España. Ceuta no se negocia jamás”, ha afirmado Hoces durante una interpelación urgente celebrada este miércoles en el Congreso y dirigida expresamente a conocer las medidas adoptadas en relación con la situación de interés para la Seguridad Nacional. El intercambio entre Hoces y Torres figura en la sesión plenaria del 23 de septiembre.
El diputado ha cuestionado además la terminología utilizada por el Ejecutivo. Mientras el Gobierno habla de crisis migratoria y humanitaria, VOX utiliza conceptos como “invasión”, “guerra híbrida” y “ataque a la integridad territorial”. Esta última caracterización forma parte del discurso político de la formación.
El Parlamento Europeo sí aprobó el pasado 17 de septiembre una resolución en la que denunció la instrumentalización de la inmigración irregular como “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro” y pidió reforzar las fronteras terrestres y marítimas de Ceuta.
Hoces pregunta qué ocurrió durante 26 días
Uno de los principales reproches del diputado se ha centrado en el tiempo transcurrido entre las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio y la declaración formal de la situación de interés para la Seguridad Nacional.
El Gobierno aprobó esa declaración mediante el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, con efectos desde su publicación el día 26. El texto reconoce que la situación estaba alterando el funcionamiento normal de las administraciones y superando sus capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana.
“¿Qué pasó durante esos 26 días, señor ministro?”, ha preguntado Hoces.
La declaración designó precisamente a Ángel Víctor Torres como autoridad funcional encargada de impulsar y coordinar las actuaciones del Estado durante la crisis.
El Gobierno ha defendido que la activación de ese mecanismo respondió a la evolución de la situación y que antes de la declaración ya se habían movilizado recursos de seguridad, acogida y retorno.
Cuatro reales decretos entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre
Hoces también ha atacado la sucesión normativa aprobada posteriormente por el Ejecutivo.
Entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre se aprobaron cuatro reales decretos directamente vinculados al mecanismo de Seguridad Nacional: el 681/2026, que realizó la declaración; el 705/2026, que determinó los recursos; el 706/2026, que modificó la declaración inicial; y el 718/2026, que modificó posteriormente la relación de recursos.
“Ustedes lo llaman adaptación, nosotros lo seguimos llamando traición”, ha afirmado Hoces.
Esa última expresión constituye una acusación política de VOX. La sucesión de modificaciones normativas acredita ajustes en el dispositivo, pero no demuestra por sí misma la comisión de delito alguno.
El Gobierno destina 309 millones a cuatro grandes bloques
El diputado también ha criticado la distribución de los fondos aprobados para afrontar las consecuencias de la crisis.
El plan de choque presentado por el Gobierno moviliza 309 millones de euros repartidos en cuatro grandes bloques: 21 millones para servicios esenciales, 90 millones para seguridad, 118 millones para acogida humanitaria y 80 millones para empresas y trabajadores.
Los 118 millones destinados a acogida representan aproximadamente el 38% del conjunto, porcentaje al que se refería Hoces al hablar de “casi el 40%”.
Dentro de ese bloque, el Gobierno asigna 53,4 millones al alojamiento y atención básica de migrantes —alimentación, sanidad, seguridad, acompañamiento o traducción— y otros 63,6 millones adicionales para reforzar la atención de menores migrantes no acompañados.
Al mismo tiempo, el plan incorpora 90 millones para seguridad, incluidos refuerzos para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, además de 80 millones destinados a empresas y trabajadores de Ceuta.
VOX considera que el reparto debería priorizar en mayor medida a los ciudadanos y empresas afectadas por la crisis.
37 procedimientos judiciales por agresión sexual
Hoces ha situado también la seguridad de las mujeres entre sus principales argumentos.
El diputado se ha referido desde la tribuna a los últimos datos judiciales conocidos sobre agresiones sexuales registradas tras las entradas masivas de julio.
Aquí existe una precisión relevante: el último informe conocido no habla exactamente de “37 agresiones sexuales a mujeres”, sino de 37 procedimientos de diligencias previas por agresión sexual abiertos entre el 30 de julio y el 14 de septiembre.
Esos procedimientos corresponden a 39 víctimas: 38 mujeres y un hombre. De las mujeres, 14 eran menores de edad. A 14 de septiembre permanecían abiertos 28 procedimientos y ocho habían sido archivados provisionalmente.
Los nuevos datos actualizan los publicados a finales de agosto por la Fiscalía, que entonces contabilizaba 23 agresiones sexuales.
“Ninguna mujer debería tener miedo por caminar sola por su ciudad”, sostuvo Hoces durante el debate.
Hoces vuelve a plantear el artículo 102
El diputado ha terminado reclamando nuevamente que el Congreso explore la utilización del artículo 102 de la Constitución contra miembros del Gobierno por posibles delitos de traición o contra la seguridad del Estado.
El alcance jurídico de esa vía es concreto.
El artículo 102.2 establece que una acusación de este tipo contra el presidente o los miembros del Gobierno solo puede plantearse a iniciativa de al menos una cuarta parte de los diputados y requiere posteriormente el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso. La responsabilidad criminal correspondería, en su caso, a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La invocación del artículo por parte de VOX no implica que esté acreditado un delito de traición. Para activar el procedimiento deben cumplirse esas condiciones parlamentarias y la eventual responsabilidad penal tendría que determinarse judicialmente.
Torres rechaza el diagnóstico de VOX
Ángel Víctor Torres respondió defendiendo la actuación del Gobierno y rechazando tanto la acusación de “efecto llamada” como la posibilidad de efectuar devoluciones automáticas sin procedimientos individualizados.
El ministro acusó a VOX de utilizar “bulos y demagogia” y sostuvo que los retornos deben ajustarse a la legislación vigente y a las resoluciones judiciales aplicables.
El intercambio dejó así dos diagnósticos enfrentados en el Congreso: VOX acusa al Ejecutivo de haber reaccionado tarde y reclama un endurecimiento de la política fronteriza; el Gobierno defiende que su actuación se ha desarrollado dentro del marco legal y rechaza las acusaciones de la formación.
Hoces cerró su intervención fijando el mensaje político de VOX sobre la ciudad autónoma: “Frente a su caos queremos orden, frente a la impunidad queremos ley y frente al chantaje de Marruecos, absoluta firmeza”.
Inés Checa reivindica el avance del regadío de Tierra de Barros y atribuye a la entrada de VOX en el Gobierno extremeño el desbloqueo del proyecto.
La portavoz del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha reivindicado el avance del proyecto de regadío de Tierra de Barros después de que la Junta anunciara una inversión inicial de 20 millones de euros y situara el comienzo de los primeros trabajos a principios de 2027.
“Ha tenido que llegar VOX para que Tierra de Barros arranque. VOX cumple”, ha afirmado Checa, que vincula el nuevo impulso al acuerdo de gobierno suscrito por PP y VOX y a la gestión de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, encabezada por Juan José García, designado por VOX.
La Junta comunicó el pasado 16 de septiembre a la Comunidad de Regantes que dispone de una primera partida de 20 millones de euros, incluida en los presupuestos autonómicos, y que prevé formalizar en noviembre el encargo de los primeros trabajos a Tragsa para iniciarlos a comienzos del próximo año.
Los primeros trabajos, previstos para principios de 2027
El proyecto de Tierra de Barros busca transformar una amplia superficie agrícola mediante nuevas infraestructuras de regadío.
Según la Junta, los 20 millones iniciales permitirán comenzar la primera fase sin aportación económica directa de los comuneros para esas primeras actuaciones y evitar que caduque la declaración de impacto ambiental. Paralelamente se redactará un nuevo proyecto constructivo adaptado a las necesidades actuales.
La administración autonómica ha pedido a la Comunidad de Regantes que determine antes de mediados de octubre qué agricultores continúan en el proyecto y cuántas hectáreas desean incorporar, un dato necesario para dimensionar definitivamente las obras.
La previsión oficial es que un nuevo convenio pueda estar preparado en 2028 y que, tras la primera fase, las siguientes actuaciones puedan continuar ese mismo año.
“VOX cumple”
Checa ha presentado el avance como uno de los resultados de la participación de VOX en el Ejecutivo extremeño.
La ejecución de Tierra de Barros figura entre los compromisos del acuerdo de coalición alcanzado entre PP y VOX en abril. El pacto contempla expresamente garantizar la ejecución del proyecto.
La formación llevaba además años reclamando su puesta en marcha. VOX registró iniciativas en las Cortes Generales en 2024 y volvió a defender el proyecto durante 2025.
Checa atribuye ahora al nuevo escenario político el desbloqueo de una infraestructura que su partido considera estratégica para la agricultura, las cooperativas y la industria agroalimentaria extremeña.
La Junta sostiene que el regadío proporcionará mayor estabilidad en el acceso al agua y permitirá a agricultores, bodegas y cooperativas planificar mejor la producción y las inversiones.
Una iniciativa sobre Ceuta llegará también al Pleno
La portavoz ha anunciado además que VOX llevará al próximo Pleno de la Asamblea extremeña una Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara sobre Ceuta.
La formación pretende que el Parlamento autonómico reafirme la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y rechace eventuales reivindicaciones territoriales procedentes de Marruecos.
La iniciativa se enmarca en una campaña institucional de VOX que durante septiembre ha llevado propuestas similares a distintas cámaras y ayuntamientos. En ellas, el partido reclama una respuesta más contundente ante las entradas masivas registradas este verano y ante las declaraciones de autoridades marroquíes sobre las ciudades autónomas.
La calificación de esos acontecimientos como “invasión” corresponde al discurso político de VOX.
Checa reclama recuperar el dinero percibido por David Sánchez
El tercer asunto abordado por Inés Checa ha sido el denominado caso David Sánchez.
La Audiencia Provincial de Badajoz condenó en julio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa relacionado con su puesto en la Diputación de Badajoz. Fue absuelto del delito de tráfico de influencias. La resolución puede ser recurrida.
Checa reclama que la Diputación inicie las actuaciones necesarias para recuperar las cantidades abonadas durante aquella etapa.
La institución provincial ha decidido, por el momento, no reclamar esas nóminas debido al estado procesal del procedimiento, después de que el Tribunal de Cuentas le pidiera pronunciarse sobre si ejercería acciones como posible entidad perjudicada.
“Ese dinero es de los pacenses y tiene que volver a los pacenses”, ha defendido Checa.
VOX utiliza así la comparecencia de su portavoz para poner sobre la mesa tres frentes diferentes: el inicio del regadío de Tierra de Barros, la defensa de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y las consecuencias políticas y patrimoniales del caso David Sánchez.
Sánchez Ocaña pone una condición a los 15,5 millones de Martín Palomino: que las obras no frenen a sus empresas.
VOX Plasencia ha reclamado que las obras de humanización de las avenidas Martín Palomino y de España se ejecuten teniendo como prioridad la continuidad de la actividad empresarial, la accesibilidad a los negocios y la circulación de vehículos de transporte y mercancías.
La petición llega con el procedimiento de contratación ya en fase de evaluación. Once empresas concurren a las obras, ocho de ellas mediante uniones temporales, según la información publicada sobre el proceso.
El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 15.527.641 euros con IVA y un plazo previsto de 18 meses. La presentación de ofertas terminó el 2 de septiembre y el expediente continúa todavía sin adjudicación publicada.
Una actuación sobre una zona de carácter industrial
VOX centra sus advertencias especialmente en Martín Palomino por el carácter económico de la avenida.
La propia Junta de Extremadura describe esta zona como “netamente industrial” y reconoce que a lo largo de la antigua N-630 se han ido instalando industrias y negocios, mientras el incremento del tráfico ha generado problemas que requieren una actuación sobre la vía.
El proyecto pretende transformar la antigua carretera en una vía más integrada en el entorno urbano, mejorar la seguridad de peatones y tráfico y renovar distintas infraestructuras. Incluye actuaciones sobre saneamiento, abastecimiento, electricidad, telecomunicaciones, gas y alumbrado, además de nuevos espacios para peatones y bicicletas y modificaciones de la configuración viaria.
VOX no cuestiona la necesidad de actuar sobre la zona, pero sí pide que esa transformación no reduzca su funcionalidad como eje empresarial.
“Arreglo sí, transformación no”
El diputado autonómico y concejal de VOX en Plasencia, Álvaro Sánchez-Ocaña, ya expresó estas dudas en julio de 2025 tras mantener conversaciones con empresarios de la zona.
Entonces defendió que cualquier proyecto debía adaptarse a las características de Martín Palomino y tener en cuenta especialmente la circulación de camiones y vehículos vinculados a las empresas allí instaladas.
“Cualquier proyecto sobre Martín Palomino debe respetar las características de esa zona, buscar su mejor funcionamiento y desde luego no perjudicar a ninguno de los negocios allí asentados, ni a los trabajadores”, señaló.
VOX mantiene ahora aquella posición con una fórmula: “arreglo sí, transformación no” cuando la modificación pueda comprometer la actividad económica existente.
La licitación ya contempla minimizar el impacto a los usuarios
Los pliegos incluyen entre los criterios de adjudicación una memoria de minimización del impacto a usuarios, valorada con hasta diez puntos, además de una memoria sobre el proceso de ejecución y el programa de trabajo, con hasta veinte puntos.
VOX pide que esa previsión tenga una aplicación efectiva durante los 18 meses de trabajos y que se garantice el acceso a negocios, naves e instalaciones.
La formación considera especialmente importante organizar correctamente cortes, desvíos, accesos y circulación de vehículos pesados para evitar que una actuación destinada a mejorar la zona termine generando perjuicios prolongados para las empresas.
Once ofertas para una inversión de 15,5 millones
La concurrencia de once empresas sitúa la actuación en una nueva fase después de varios años de tramitación.
El proyecto de trazado recibió su aprobación definitiva en marzo de 2025, después del correspondiente periodo de información pública.
La licitación se publicó el 29 de julio de 2026, con un valor estimado de 12,83 millones de euros sin IVA y un presupuesto total de 15,52 millones con impuestos.
VOX reclama ahora que la adjudicación y posterior ejecución mantengan como criterio central las necesidades de empresarios, trabajadores y usuarios.
VOX pide modernizar sin perjudicar a los negocios
La formación sostiene que modernizar Martín Palomino y la avenida de España es compatible con preservar la función económica de la zona.
Su preocupación se centra, por tanto, en cómo se ejecutará la actuación y en sus posibles consecuencias sobre los negocios durante un periodo de obras previsto inicialmente en año y medio.
Sánchez-Ocaña reclama que las administraciones tengan en cuenta desde el inicio la circulación de mercancías, el acceso a las empresas y la continuidad de la actividad laboral.
VOX plantea así que los 15,5 millones de inversión sirvan para mejorar la infraestructura sin convertir los 18 meses de obras en un obstáculo añadido para uno de los principales espacios empresariales de Plasencia.
Inés Checa reclama presencia permanente del Estado para reforzar Ceuta y Melilla.
La portavoz de VOX en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha anunciado el registro de una iniciativa con la que su grupo quiere instar al Gobierno de España a reforzar de forma permanente la defensa, la seguridad y las capacidades del Estado en Ceuta y Melilla.
“Las ciudades de Ceuta y Melilla necesitan ser defendidas”, ha señalado Checa, que descarta limitar la respuesta a refuerzos temporales y reclama “presencia estable, medios suficientes y capacidad de respuesta”.
La dirigente de VOX ya había situado durante septiembre la situación de Ceuta entre las prioridades de su grupo parlamentario en Extremadura. Inés Checa ejerce actualmente como portavoz de VOX en la Asamblea extremeña.
Presencia permanente de militares y fuerzas policiales
Uno de los principales puntos de la propuesta es reforzar con carácter estable las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas a la protección de Ceuta y Melilla.
Checa reclama aumentar no solo el personal, sino también los medios materiales y tecnológicos, la capacidad logística y la cobertura jurídica de quienes desempeñan estas funciones.
“No hablamos de medidas puntuales. Hablamos de presencia estable, de medios suficientes y de capacidad de respuesta”, ha afirmado.
El planteamiento coincide con una Proposición No de Ley registrada por VOX en el Congreso el 17 de septiembre, que también reclama capacidades estables y suficientes para ambas ciudades.
Profesión de riesgo para policías, guardias civiles y militares
Checa incluye entre sus reivindicaciones el reconocimiento del servicio de la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesión de riesgo.
La propuesta quiere extender además ese reconocimiento a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas.
“Quienes protegen nuestras fronteras tienen que estar protegidos”, ha defendido la portavoz, que añade que ese reconocimiento debe ir acompañado de más personal, equipamiento, tecnología y garantías jurídicas.
La declaración de la profesión militar como actividad de riesgo ha sido objeto anteriormente de iniciativas parlamentarias en el Congreso.
Vigilancia por tierra, mar y aire
La iniciativa plantea asimismo reforzar la vigilancia y capacidad de actuación estatal en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de Ceuta y Melilla.
Checa reclama mejorar también las capacidades de inteligencia y la coordinación entre los distintos organismos implicados en la seguridad y defensa de ambas ciudades.
El Gobierno, por su parte, ha defendido que las Fuerzas Armadas ya mantienen capacidades permanentes de presencia, vigilancia y disuasión en Ceuta y que pueden apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando así lo solicitan las autoridades competentes. Durante la crisis del pasado 30 de julio, Defensa reforzó el despliegue militar y la vigilancia marítima.
Un mando integrado para las fronteras del norte de África
El elemento central de la propuesta defendida por Inés Checa es la creación de un Mando Integrado de Gestión de las Fronteras Exteriores del norte de África.
VOX plantea que esa estructura mejore la coordinación operativa entre los organismos estatales con competencias en defensa, seguridad, inteligencia y vigilancia fronteriza.
La misma fórmula aparece en iniciativas recientes de la formación en otras cámaras autonómicas y en su propuesta nacional para Ceuta y Melilla.
“Más coordinación, más capacidad, más presencia permanente”, ha resumido Checa.
“Garantizar la soberanía y la integridad territorial”
La portavoz extremeña sitúa el objetivo final de la iniciativa en reforzar la capacidad del Estado para garantizar “la defensa, la seguridad, la soberanía y la integridad territorial de España en Ceuta y Melilla”.
El Gobierno también ha reiterado públicamente que la soberanía e integridad territorial de ambas ciudades forman parte de las responsabilidades del Estado. La ministra de Defensa afirmó ante el Congreso en agosto que Ceuta y Melilla “son España” y que cualquier agresión contra ellas afectaría al conjunto del país.
La diferencia política se centra, por tanto, en el alcance de los medios y en el modelo de despliegue: VOX reclama convertir los refuerzos en una estructura permanente, aumentar los recursos disponibles y centralizar la coordinación fronteriza bajo un mando integrado.
Fernández Calle defiende una Administración «más ágil, útil y cercana»
El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha defendido en el Congreso de los Diputados la desregulación como una de las claves para transformar la Administración autonómica y hacerla “más ágil, más útil y más cercana”.
Fernández Calle ha participado en la Jornada de Desregulación y Crecimiento Económico, organizada por VOX y la Fundación Disenso, junto al presidente nacional de VOX, Santiago Abascal; el economista estadounidense Arthur Laffer; José María Figaredo y el vicepresidente andaluz Manuel Gavira.
“Ese es nuestro trabajo”
El dirigente de VOX ha defendido que desregular no consiste únicamente en eliminar trámites, sino en cambiar la relación entre ciudadanos y Administración para evitar que sean los primeros quienes tengan que aportar repetidamente información que ya obra en poder de los organismos públicos.
Como ejemplo, Fernández Calle ha explicado el procedimiento aplicado para ayudar a agricultores, ganaderos y apicultores afectados por los incendios forestales, utilizando los datos ya disponibles en la Junta para identificar explotaciones perjudicadas y tramitar ayudas de oficio.
“¿Por qué tenemos que obligar a los afectados a hacer nuestro trabajo? No, ese es nuestro trabajo”, ha afirmado.
Menos trámites y una Administración que vaya al ciudadano
Fernández Calle ha destacado otras medidas impulsadas en Extremadura, como la eliminación de la cita previa salvo cuando sea imprescindible, el silencio administrativo positivo cuando la normativa lo permite, la historia social única y el Buzón de Desregulación para que ciudadanos, autónomos y empresas puedan comunicar directamente cargas burocráticas.
“No sólo hemos cambiado de dirección, sino también de sentido: ahora es la Junta de Extremadura la que va al ciudadano y no el ciudadano el que tiene que peregrinar a la Junta”, ha resumido.
El vicepresidente también ha vinculado la desregulación con la política fiscal y ha defendido que reducir impuestos puede combinarse con una mejora de los servicios públicos.
“Bajar los impuestos y, a la par, mejorar los servicios públicos también es desregular”, ha concluido.
Ignacio Hoces carga contra el Gobierno por la Ley de Nietos y el voto desde el extranjero.
El diputado de VOX por Badajoz, Ignacio Hoces, ha intervenido en el Pleno del Congreso durante el debate de la proposición de ley sobre la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española, donde ha reclamado mayores garantías y controles para acceder a la nacionalidad.
Hoces ha comenzado reconociendo al pueblo saharaui “todo nuestro reconocimiento y toda la ayuda que sea posible”, pero ha marcado diferencias entre prestar apoyo y conceder la nacionalidad española. “Una cosa es honrar, recordar, ayudar y otra cosa muy diferente es entregar el vínculo más preciado que tiene un español”, ha afirmado.
VOX cuestiona los requisitos para obtener la nacionalidad
El diputado ha advertido de que la proposición permitiría acceder a la nacionalidad sin haber residido legalmente en España y facilitaría posteriormente el acceso a los hijos de los beneficiarios.
También ha cuestionado que no se exija en todos los supuestos un certificado de antecedentes penales y ha expresado dudas sobre las garantías de determinados documentos expedidos hace décadas.
Hoces ha señalado además que el texto contempla a personas nacidas en el Sáhara hasta septiembre de 1977 y sostiene que esta fecha podría permitir solicitudes de descendientes de ciudadanos marroquíes llegados después de la ocupación del territorio.
El dirigente de VOX ha defendido igualmente que quienes hayan adquirido posteriormente la nacionalidad española puedan perderla si cometen determinados delitos, una propuesta que la formación vincula al incumplimiento de las condiciones y confianza asociadas a su concesión.
Hoces vuelve a cargar contra la Ley de Nietos
Durante su intervención, Hoces ha relacionado el debate con la denominada Ley de Nietos y ha acusado al Gobierno de haber pretendido modificar el censo electoral mediante su aplicación.
“Menuda trampa, menuda estafa y menudo engaño”, ha espetado. Según el diputado, fue la actuación judicial impulsada por VOX la que permitió suspender los efectos electorales cuestionados por la formación.
Hoces también ha criticado una instrucción administrativa atribuida a Sofía Puente, que considera contraria a derecho, y ha denunciado que continúe la tramitación de nacionalidades pese al conflicto judicial existente.
Más controles para el voto por correo desde el extranjero
Por último, el diputado ha reclamado equiparar las garantías de identificación del voto por correo emitido desde España y desde el extranjero.
Hoces ha defendido que el elector tenga que identificarse tanto al recibir la documentación como al depositar su voto y ha asegurado que VOX seguirá insistiendo en reforzar esos controles.
José Antonio Monago: «Llegaron tarde al Consejo, al mando único, a Ceuta y a la verdad»
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y senador por Badajoz, José Antonio Monago, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de llegar tarde en su respuesta a la crisis de Ceuta y de terminar adoptando medidas que el Partido Popular había reclamado desde los primeros días.
Monago ha criticado al Ejecutivo por “llegar tarde al Consejo de Seguridad Nacional, al mando único, a Ceuta y a la verdad” y ha acusado a Sánchez de “dirigir una crisis de Estado con dos videoconferencias durante sus vacaciones, para acabar copiando punto por punto lo que pedía el PP”.
Monago reprocha 25 días de espera para convocar el Consejo de Seguridad Nacional
El senador popular ha dirigido sus críticas a la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, a quien ha pedido explicar por qué el Ejecutivo tardó 25 días en convocar el Consejo de Seguridad Nacional desde los acontecimientos ocurridos en Ceuta.
“La respuesta no cabe en un argumentario, cabe en un calendario”, ha afirmado.
Monago ha sostenido que Sánchez se desplazó inicialmente a Ceuta pero después regresó a sus vacaciones y gestionó la situación mediante “dos videoconferencias a lo largo de tres semanas”.
El dirigente popular considera que una crisis de esta magnitud exigía una implicación inmediata y permanente del presidente del Gobierno.
El PP reivindica que pidió antes el mando único
Monago ha recordado que tanto el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, defendieron desde los primeros días la necesidad de establecer un mando único.
El PP había reclamado que, ante una situación que afectaba a la integridad territorial, el mando único estuviera acompañado de una respuesta coordinada desde el máximo nivel del Estado.
Según Monago, una medida que inicialmente fue criticada por el Gobierno terminó siendo adoptada semanas después.
“No cambió la frontera, ni el criterio, tampoco el peligro. Cambió que se acabaron las vacaciones de Sánchez”, ha afirmado.
“Lo único que no copiaron fue la verdad”
El portavoz adjunto ha acusado además al Ejecutivo de mantener sin aclarar cuestiones esenciales sobre lo sucedido.
“Lo único que no copiaron fue la verdad”, ha señalado.
Monago ha recordado que miembros del Gobierno rechazaron comparecer ante el Senado para explicar su actuación y ha criticado que la directora del CNI no haya comparecido en la Comisión de Secretos Oficiales.
También ha puesto el foco en las investigaciones judiciales abiertas y ha defendido que serán los tribunales los que terminen esclareciendo todos los hechos.
“Ya hay una jueza investigando lo que usted no explica, no dude que todo se sabrá”, ha advertido.
Monago acusa al Gobierno de haber dejado solos a los ceutíes
El senador popular ha criticado igualmente la respuesta del Ejecutivo ante las protestas ciudadanas registradas durante las visitas de miembros del Gobierno a Ceuta.
Monago ha rechazado que los ciudadanos que mostraron su rechazo puedan reducirse a “agitadores” y ha defendido que se trataba de vecinos que, a juicio del PP, se sentían abandonados.
“Los que la silbaron no eran agitadores, eran vecinos a los que ustedes han dejado solos”, ha afirmado en referencia a la visita de Elma Saiz a Ceuta.
El PP reclama elecciones
Monago ha concluido su intervención acusando al Gobierno de haber reaccionado tarde en todos los ámbitos fundamentales de la crisis.
“Llegaron tarde al Consejo, al mando único, a Ceuta y a la verdad”, ha resumido.
El senador popular ha reclamado finalmente la convocatoria de elecciones generales y ha pedido al Ejecutivo que “no tarde” también en dar la palabra a los españoles.
El Partido Popular defiende que la respuesta a Ceuta debe basarse en anticipación, coordinación, transparencia y presencia efectiva del Estado, y sostiene que muchas de las medidas adoptadas finalmente por el Gobierno fueron reclamadas previamente por el PP.