Actualidad Política

18 de agosto de 2026

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El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha valorado la autorización de nuevos recursos judiciales contra el reparto de menores extranjeros no acompañados y la culminación de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026.

VOX considera que ambas decisiones reflejan una misma forma de ejercer la acción de gobierno: defender los intereses y las competencias de Extremadura, administrar con eficacia los recursos públicos y priorizar las necesidades de los extremeños.

Fernández Calle ocupa la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, desde la que se gestionan las competencias autonómicas relacionadas con los servicios sociales, la infancia y las familias.

Nuevos recursos contra el reparto de menores migrantes

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Abogacía General de la Junta de Extremadura a interponer nuevos recursos contencioso-administrativos contra resoluciones de las delegaciones del Gobierno en Canarias y Ceuta relativas al traslado de menores extranjeros no acompañados a la comunidad autónoma.

La Junta sostiene que estas actuaciones judiciales buscan defender las competencias, los recursos y los intereses de Extremadura y exigir que cualquier traslado se realice respetando el ordenamiento jurídico y los principios de coordinación y lealtad institucional.

Según VOX, el conjunto de actuaciones autorizadas comprende cinco nuevos recursos contra el sistema de reparto impulsado por el Gobierno de España.

La formación rechaza un modelo que considera impuesto y que, a su juicio, no tiene en cuenta la capacidad efectiva de acogida ni la situación real de los recursos asistenciales extremeños.

VOX advierte del límite de los recursos asistenciales

Óscar Fernández Calle ha advertido recientemente de que la red autonómica de protección dispone de únicamente 14 plazas libres, frente a las 364 plazas de capacidad teórica atribuidas a Extremadura por el Gobierno central.

Actualmente, la Junta tutela a 107 menores extranjeros no acompañados. Las plazas disponibles no están reservadas exclusivamente para este colectivo, sino que deben permitir atender también a cualquier menor extremeño que necesite protección por parte de la Administración autonómica.

VOX sostiene que la prioridad debe ser garantizar una atención digna, individualizada y de calidad a todos los menores que se encuentran bajo la tutela de la Junta, evitando que nuevas decisiones comprometan el funcionamiento de la red.

La formación asegura que continuará utilizando los mecanismos jurídicos disponibles para oponerse a los repartos que considere incompatibles con los recursos y competencias de Extremadura.

Un presupuesto de 8.854 millones de euros

La Asamblea de Extremadura celebra este miércoles el debate final del proyecto de Presupuestos Generales para 2026, unas cuentas que ascienden a 8.854 millones de euros y que se convertirán, tras su aprobación y publicación, en las más elevadas gestionadas hasta ahora por la comunidad autónoma.

El proyecto presupuestario ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y VOX y cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente para superar su votación definitiva.

VOX destaca que las cuentas incorporan medidas defendidas durante la negociación presupuestaria y refuerzan las inversiones destinadas al sector primario, las familias, la natalidad, los jóvenes y los servicios sociales.

Apoyo a las familias, el campo y la natalidad

La formación señala que los presupuestos suponen un cambio en las prioridades del Gobierno autonómico y permiten orientar más recursos hacia políticas con una repercusión directa sobre los ciudadanos.

Entre las actuaciones aprobadas recientemente figura una convocatoria de ayudas a la natalidad dotada con un millón de euros para familias residentes en núcleos de población de menos de 3.000 habitantes. Las ayudas alcanzarán los 500 euros por cada nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción que cumpla los requisitos establecidos.

VOX también destaca el refuerzo del sector primario, la creación de oportunidades para los jóvenes y la consolidación de unos servicios sociales destinados a atender las necesidades reales de los extremeños.

Reducción del gasto considerado superfluo

La formación pone el acento en la reducción de subvenciones y gastos que considera innecesarios o alejados del interés general.

Según VOX, esta reorganización permite trasladar recursos hacia políticas relacionadas con la protección de las familias, la natalidad, el campo, los servicios sociales y las oportunidades laborales y residenciales de los jóvenes.

Óscar Fernández sostiene que el dinero público debe administrarse con criterios de eficacia y dirigirse, en primer lugar, a mejorar la vida de los ciudadanos que contribuyen al sostenimiento de la comunidad autónoma.

Para VOX, tanto los recursos contra el reparto de menores migrantes como los Presupuestos de 2026 consolidan su influencia en el Gobierno regional y reflejan su compromiso con la defensa de los intereses de Extremadura.

La portavoz del Grupo Parlamentario VOX Extremadura, Inés Checa, ha anunciado nuevas actuaciones para esclarecer el posible perjuicio económico causado a las arcas públicas en relación con el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

«Hoy nuestra comparecencia se centra en defender el dinero de los extremeños», ha afirmado Checa al presentar las iniciativas que la formación impulsará en los ámbitos judicial, institucional y parlamentario.

VOX ha anunciado que interpondrá un recurso de apelación contra la absolución de David Sánchez por el delito de tráfico de influencias recogida en la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz.

Según expone la formación, la resolución condena al propio David Sánchez, al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y a otros cargos políticos y funcionarios de la institución provincial por un delito de prevaricación administrativa.

VOX cuestiona que la Diputación no reclamara los salarios

Inés Checa ha recordado que, de acuerdo con el contenido de la sentencia, la reclamación de las cantidades abonadas en concepto de salarios solamente podía haber sido ejercida por la Diputación de Badajoz, como entidad pagadora, o por el Ministerio Fiscal.

Sin embargo, según denuncia VOX, la institución provincial no se personó en el procedimiento como entidad perjudicada ni solicitó la devolución del dinero. Esta circunstancia habría impedido que la sentencia penal se pronunciara sobre el posible reintegro de esas cantidades.

«No basta con decir que se respeta la sentencia o que se confía en la Justicia», ha advertido Checa.

La portavoz ha reclamado que la Diputación explique por qué no actuó para defender el patrimonio público y qué medidas piensa adoptar para recuperar las cantidades que legalmente deban regresar a las arcas provinciales.

«La Diputación debe explicar por qué no defendió activamente el patrimonio de todos los pacenses y qué medidas va a adoptar ahora para recuperar el dinero que legalmente corresponda», ha señalado.

VOX solicita conservar todos los expedientes

Ante la falta de actuación denunciada, VOX se ha dirigido formalmente a la Diputación de Badajoz para solicitar que conserve íntegramente todos los expedientes relacionados con los puestos analizados en la resolución judicial.

La formación también reclama que se inicien de manera inmediata los procedimientos legales necesarios para determinar qué cantidades podrían ser recuperadas.

VOX considera imprescindible preservar toda la documentación administrativa para facilitar posibles actuaciones posteriores y esclarecer el coste económico derivado de los contratos, puestos y decisiones examinados por la Justicia.

Checa pide la comparecencia del interventor provincial

En el ámbito parlamentario, VOX ha solicitado la comparecencia del interventor de la Diputación de Badajoz ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura.

La formación quiere que el responsable explique públicamente cuál fue el coste económico de los puestos, contratos y decisiones administrativas relacionados con los hechos recogidos en la sentencia.

«Los extremeños tienen derecho a conocer estas explicaciones», ha defendido VOX.

La comparecencia también deberá servir, según la formación, para determinar si existió un perjuicio económico para las arcas públicas y conocer qué mecanismos tiene la Diputación para reclamar las cantidades correspondientes.

VOX anuncia actuaciones en todos los ámbitos

Inés Checa ha asegurado que su formación continuará impulsando medidas para esclarecer el destino del dinero público y exigir las responsabilidades que procedan.

«VOX está actuando en todos los ámbitos», ha destacado la portavoz parlamentaria.

La formación resume sus objetivos en cuatro actuaciones: conocer cuánto dinero público se destinó a los puestos y decisiones administrativas investigados, determinar si se produjo un perjuicio económico, exigir las responsabilidades correspondientes y recuperar las cantidades que legalmente deban devolverse.

«Nuestro objetivo es claro: conocer cuánto dinero público se destinó a estas actuaciones, determinar si se produjo un perjuicio económico, exigir las responsabilidades que correspondan y recuperar hasta el último euro que legalmente deba volver a las arcas públicas», ha concluido Checa.

El senador de VOX Ángel Pelayo Gordillo ha exigido al PSOE que fuerce la convocatoria inmediata de elecciones generales ante la sucesión de investigaciones judiciales que afectan a antiguos dirigentes y altos cargos socialistas.

Durante su intervención en la Comisión de Investigación del Senado, Gordillo se dirigió a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para reclamar que los ciudadanos puedan pronunciarse en las urnas sobre la continuidad del Gobierno.

“Convoquen ustedes elecciones, dejen a los españoles decidir”, manifestó el parlamentario.

Gordillo acusa al PSOE de cambiar su criterio sobre la corrupción

El senador recordó que el Partido Socialista defendía anteriormente que cualquier responsable político investigado por corrupción debía abandonar sus responsabilidades públicas.

Según Gordillo, el PSOE ha modificado ese criterio ante los procedimientos judiciales que afectan a personas vinculadas con la formación.

“Ya ve usted las vueltas que da la vida: cien personas investigadas o imputadas en determinadas situaciones respecto de la Justicia y aquí no sucede nada”, denunció.

El representante de VOX sostuvo que la acumulación de casos demuestra que la corrupción no sería un fenómeno aislado, sino un problema “estructural dentro del partido”.

VOX pregunta por unas joyas valoradas en 1,3 millones

Durante el interrogatorio, Gordillo también pidió explicaciones a Narbona por unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros que, según expuso, aparecieron en un despacho utilizado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la sede socialista de la calle Ferraz.

“No han aparecido 200 euros, sino 1.300.000 sin declarar, cuando todos los españoles acaban de pasar por caja con Hacienda”, afirmó el senador.

Gordillo reclamó que el PSOE aclare la procedencia, titularidad y circunstancias relacionadas con esos bienes.

Reproches por las reuniones de Leire Díez en Ferraz

El senador de VOX cuestionó asimismo el desconocimiento manifestado por Cristina Narbona sobre las reuniones que Leire Díez habría mantenido con Santos Cerdán y otros dirigentes socialistas dentro de la sede nacional del PSOE.

“Le recomiendo una vigilancia más estrecha acerca de lo que se hace dentro de las paredes de su sede, porque o se ha abusado de su buena fe o realmente usted estaba enterada de esto y nos lo oculta”, señaló.

Para Gordillo, resulta difícil sostener que la dirección socialista desconociera los encuentros y movimientos que se producían en Ferraz.

VOX reclama responsabilidades por Ábalos y Cerdán

El parlamentario también reprochó al PSOE que, a su juicio, nadie haya asumido responsabilidades políticas por las actuaciones atribuidas a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos antiguos secretarios de Organización del partido.

“¿Pedro Sánchez, la Secretaría de Organización, la Ejecutiva Federal que usted preside, usted misma o absolutamente nadie? ¿Nadie va a responder nunca de nada?”, preguntó Gordillo a Narbona.

El senador defendió que las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente a las personas directamente investigadas, sino que deben alcanzar a quienes ocupaban puestos de dirección y supervisión dentro de la organización.

“Lo conocían y lo toleraron o hubo una negligencia incompatible”

Gordillo concluyó que existen dos posibles explicaciones sobre lo sucedido dentro del PSOE: que la dirección conociera las presuntas irregularidades y las tolerara, o que ignorara por completo lo que ocurría dentro de su propia estructura.

“O la dirección del Partido Socialista conocía lo que estaba sucediendo y lo toleró, o lo desconocía en absoluto”, afirmó.

A juicio del senador de VOX, cualquiera de las dos posibilidades resulta políticamente grave.

“La primera posibilidad es gravísima, y la segunda acredita una negligencia incompatible con la dirección de un partido que actualmente y por desgracia gobierna España”, sentenció.

La portavoz del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha valorado este lunes la actualidad política regional y ha destacado las iniciativas de su formación sobre la conocida como «Ley de Nietos», el reparto de menores extranjeros no acompañados, las infraestructuras extremeñas y la continuidad de la central nuclear de Almaraz.

Checa ha reivindicado el trabajo desarrollado por VOX contra la disposición de la Ley de Memoria Democrática que facilita el acceso a la nacionalidad española de determinados descendientes de españoles nacidos en el extranjero. También ha respaldado el informe jurídico encargado por el vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle, para estudiar si Extremadura puede emprender acciones frente a los efectos de esta norma.

«VOX lleva trabajando desde antes de 2022 contra la llamada Ley de Nietos», ha señalado la portavoz, quien sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende utilizar este mecanismo para «regalar la nacionalidad y alterar el censo electoral».

Estas afirmaciones constituyen la valoración política de VOX. La denominada «Ley de Nietos» no es una norma independiente, sino el nombre utilizado habitualmente para referirse a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

Un informe jurídico sobre la adquisición de la nacionalidad

La disposición adicional octava permite optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles exiliados, a hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por matrimonio antes de la Constitución de 1978 y a hijos mayores de edad de personas que obtuvieron la nacionalidad mediante los mecanismos previstos en la propia ley.

El vicepresidente extremeño anunció el 15 de julio el encargo de un informe jurídico para analizar si la regulación invade competencias autonómicas y estudiar qué actuaciones podría adoptar la Junta de Extremadura.

Inés Checa considera que esta iniciativa supone «un paso más» en la oposición de VOX a la medida y ha defendido que la Administración regional utilice todos los instrumentos legales disponibles para proteger los intereses de Extremadura.

El informe deberá determinar si existe una vía jurídica para que la comunidad autónoma intervenga frente a una regulación estatal sobre adquisición de la nacionalidad.

VOX rechaza el reparto de menores extranjeros

Checa también ha criticado la política del Gobierno central para distribuir entre las comunidades autónomas a menores extranjeros no acompañados procedentes de territorios cuyos sistemas de acogida se encuentran saturados.

La portavoz ha defendido que Extremadura no participe en un modelo que VOX considera perjudicial para la región y ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de trasladar la presión migratoria a las comunidades autónomas.

«Extremadura no se ha presentado porque no es cómplice de este fraude del Gobierno de Sánchez», ha manifestado Checa en referencia a la convocatoria estatal sobre el reparto de menores.

El Gobierno extremeño había señalado previamente que su sistema de protección atendía a 101 menores extranjeros no acompañados y que disponía de una capacidad limitada para asumir nuevas derivaciones. Óscar Fernández Calle también reclamó un cambio en la política estatal y una revisión del funcionamiento del sistema de distribución.

La atención de estas personas debe realizarse conforme a la legislación de protección de menores y atendiendo al interés superior de cada niño o adolescente, con independencia de las discrepancias políticas entre administraciones sobre la financiación o el reparto territorial.

Checa denuncia la precariedad de las infraestructuras

La portavoz de VOX ha dedicado una parte de su intervención a la situación de las carreteras, el ferrocarril y los servicios de transporte de Extremadura.

Checa sostiene que la región arrastra desde hace décadas una grave falta de inversiones y que las deficiencias se hacen especialmente visibles durante el verano, cuando aumentan los desplazamientos y numerosos extremeños intentan regresar a sus localidades de origen.

«Los extremeños lo tienen realmente complicado para movilizarse», ha afirmado la portavoz, quien acusa al Gobierno de España de seguir tratando a Extremadura «como una región de segunda».

VOX reclama inversiones que permitan mejorar la fiabilidad de los trenes, modernizar las conexiones por carretera y garantizar alternativas de transporte suficientes para los municipios rurales.

La formación también exige calendarios concretos para las actuaciones estatales y mecanismos que permitan comprobar el cumplimiento de las inversiones comprometidas.

Checa ha recordado que la Junta ya reclamó en mayo al Ejecutivo central nuevas actuaciones para corregir las deficiencias del sistema de transportes, pero considera que la situación no ha experimentado mejoras suficientes.

El CSN informa favorablemente sobre Almaraz

La representante de VOX también ha celebrado el informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear para renovar la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz.

El dictamen, publicado el 16 de julio, concluye que la instalación mantiene un nivel adecuado de seguridad para continuar funcionando. El informe incorpora límites y condiciones y fue elaborado a partir de 29 documentos técnicos preparados por 16 áreas especializadas del organismo regulador.

La solicitud presentada por el titular plantea que las dos unidades puedan continuar operando hasta el 8 de junio de 2030.

El informe favorable del CSN no constituye por sí solo la autorización definitiva. Corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica resolver la petición de continuidad, aunque el dictamen técnico determina que la planta puede seguir operando en condiciones adecuadas de seguridad.

«Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez», ha señalado Checa, quien ha pedido al Ejecutivo que atienda las conclusiones de los expertos y autorice la continuidad de la central.

VOX exige mantener la central hasta 2030

VOX considera que Almaraz resulta esencial para el empleo, la economía de Campo Arañuelo y el suministro eléctrico nacional.

Checa ha advertido de que rechazar la continuidad de la planta pese al informe favorable del organismo regulador supondría anteponer criterios ideológicos a las conclusiones técnicas sobre seguridad nuclear.

La formación reclama que la autorización se conceda cuanto antes para ofrecer certidumbre a los trabajadores, las empresas auxiliares y los municipios del entorno.

«El Gobierno tiene dos opciones: hacer caso a los expertos o seguir adelante con su fanatismo climático», ha afirmado la portavoz.

VOX Extremadura ha anunciado que continuará impulsando acciones contra la denominada «Ley de Nietos», rechazando el modelo estatal de reparto de menores extranjeros y reclamando inversiones en infraestructuras y la continuidad de Almaraz hasta 2030.

El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado una propuesta de VOX para defender la permanencia de la Cruz de los Caídos de Cáceres frente a las actuaciones impulsadas por el Gobierno de España para su retirada.

La iniciativa insta al Ejecutivo central a paralizar y revocar cualquier procedimiento dirigido a eliminar el monumento, situado en la plaza de América, y a cesar lo que VOX considera una política de «hostilidad» contra este símbolo.

El encargado de defender la propuesta fue el diputado autonómico Alfredo Galavís, quien reivindicó la cruz como parte del patrimonio, la historia y la identidad de la ciudad.

«La Cruz forma parte del patrimonio, de la historia y de la identidad de generaciones de cacereños que la han contemplado durante décadas sin ningún tipo de conflicto», afirmó el parlamentario.

VOX defiende el valor patrimonial de la Cruz

Durante su intervención, Galavís sostuvo que la retirada del monumento responde a una interpretación ideológica de la historia promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El diputado acusó al Ejecutivo de utilizar las políticas de memoria para dividir a los españoles y modificar el significado histórico de diferentes símbolos presentes en el espacio público.

«El patrimonio de los cacereños no se destruye por orden de ningún Gobierno ideologizado», manifestó.

Galavís también reclamó que se tenga en cuenta la opinión de los vecinos de Cáceres antes de adoptar cualquier decisión sobre el futuro del monumento.

«La voz de los cacereños merece mucho más respeto del que hoy se le está dando desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez», añadió.

Las expresiones utilizadas por Galavís contra el Gobierno forman parte de su valoración política durante el debate parlamentario.

«La Cruz de Cáceres no se toca»

VOX ha sintetizado su posición con el mensaje «La Cruz de Cáceres no se toca» y ha defendido que la conservación del monumento es compatible con la concordia y la convivencia entre españoles.

Galavís recordó que su formación promovió durante la anterior legislatura una Ley de Concordia como alternativa a las políticas de memoria histórica y democrática.

«VOX apuesta por la concordia», aseguró el diputado, quien defendió «una España que protege su patrimonio, cuida sus símbolos y está orgullosa de su historia».

La formación considera que la memoria común no debe utilizarse para enfrentar a los ciudadanos ni para eliminar elementos históricos sin valorar previamente su arraigo social y patrimonial.

La Asamblea reclama paralizar la retirada

La propuesta aprobada por la Asamblea de Extremadura recoge tres reivindicaciones principales: paralizar y revocar las actuaciones para retirar la Cruz de Cáceres, poner fin a las acciones del Gobierno contra este monumento y promover la derogación completa de la Ley de Memoria Democrática.

La resolución tiene carácter político e insta al Gobierno de España a modificar su actuación, aunque su aprobación no implica por sí sola la paralización automática de los procedimientos administrativos que puedan estar en marcha.

VOX ha valorado el respaldo parlamentario como una victoria en defensa del patrimonio de Cáceres y ha anunciado que continuará oponiéndose a cualquier intento de retirar la cruz.

La formación sostiene que las instituciones deben proteger los símbolos vinculados con la historia de las ciudades y evitar que las políticas ideológicas determinen la conservación o desaparición del patrimonio público.

La portavoz del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha exigido al Gobierno de España que autorice la continuidad de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear haya emitido un informe técnico favorable.

El dictamen del organismo regulador concluye que la instalación puede continuar operando durante el periodo solicitado, siempre que cumpla las condiciones de seguridad establecidas, entre ellas las relativas a la gestión del envejecimiento de los componentes, la actualización de la documentación técnica y el mantenimiento de una dotación adecuada de personal.

La resolución definitiva corresponde ahora al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que deberá estudiar el informe y decidir si concede la autorización solicitada por las empresas propietarias de la central.

VOX pide al Gobierno que atienda el criterio de los expertos

Checa ha señalado que, tras el pronunciamiento del CSN, «la pelota está en el tejado del Gobierno de España».

«El Gobierno tiene que decidir si hace caso a los expertos o si, por el contrario, continúa aferrado a su fanatismo ecológico», ha afirmado la dirigente de VOX.

La portavoz parlamentaria ha recordado que su formación lleva años defendiendo la continuidad de la planta y ha reiterado uno de los principales mensajes de VOX sobre su futuro: «Almaraz no se toca».

Checa asumió en mayo de 2026 la portavocía parlamentaria de VOX en la Asamblea de Extremadura, tras la reorganización del grupo autonómico.

Una energía «barata, eficiente y limpia»

La portavoz de VOX ha defendido la energía nuclear como parte de un modelo que garantice el suministro y reduzca los costes soportados por los hogares y el tejido productivo.

«Desde VOX apostamos siempre por un modelo de energía sostenible, barata, eficiente y, sobre todo, limpia, que además sea económicamente accesible para nuestras familias y nuestras empresas», ha declarado.

La formación considera que mantener las centrales nucleares operativas mientras cumplan los requisitos técnicos y de seguridad permite reducir la dependencia energética exterior y garantizar una producción eléctrica estable.

Esta posición coincide con el programa económico y de vivienda de VOX, que plantea recuperar el plan nuclear nacional, garantizar la supervivencia de las centrales existentes e impulsar una política energética segura, estable y asequible.

Checa reivindica Almaraz como motor industrial de Extremadura

Inés Checa ha subrayado también la importancia económica y laboral de la central para Extremadura y, especialmente, para los municipios de su entorno.

La portavoz ha definido Almaraz como «el motor industrial de Extremadura» y ha advertido de las consecuencias que su cierre podría tener sobre el empleo, las empresas auxiliares y la actividad económica del Campo Arañuelo.

«Desde VOX seguiremos apoyando la soberanía energética de España y, por supuesto, también a la central nuclear de Almaraz», ha señalado.

Checa ha concluido asegurando que su formación mantendrá la presión política sobre el Ejecutivo central para impedir el cierre de la instalación.

«Seguiremos siempre presionando para que Almaraz no se cierre», ha afirmado.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha anunciado la solicitud de un informe jurídico para analizar si la denominada «Ley de Nietos» afecta a competencias autonómicas y estudiar las posibles acciones legales.

Esta denominación se utiliza habitualmente para referirse a la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permitió optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles.

Fernández Calle realizó el anuncio durante una visita al Centro de Acogida de Menores Isabel de Moctezuma, en Caminomorisco.

Críticas al reparto de menores extranjeros

El vicepresidente también reclamó al Gobierno de España un cambio en la gestión de los menores extranjeros no acompañados y denunció que Extremadura está siendo utilizada como destino de un sistema que VOX considera fracasado.

Según los datos expuestos por Fernández Calle, la red extremeña atiende actualmente a 101 menores extranjeros no acompañados y dispone de una capacidad limitada para asumir nuevas derivaciones.

El responsable autonómico aseguró que algunos expedientes reflejan la existencia de familiares en otras comunidades y señaló que tres menores se habrían fugado recientemente para intentar reunirse con familiares en Tarragona, Algeciras y Barcelona.

Fernández Calle ha defendido revisar individualmente los expedientes, comprobar la existencia de vínculos familiares y realizar las pruebas legalmente previstas cuando existan dudas fundadas sobre la edad.

La normativa estatal establece actualmente un sistema para determinar la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad y regular el traslado de menores extranjeros no acompañados desde territorios sometidos a una contingencia migratoria extraordinaria.

Más coordinación y planificación

El vicepresidente también se refirió al altercado registrado el 8 de julio en el Centro Isabel de Moctezuma, que requirió la intervención del personal de seguridad y de la Guardia Civil.

Fernández Calle ha reclamado al Ejecutivo central una mayor coordinación con las comunidades autónomas y una planificación que permita garantizar la protección de los menores sin comprometer la sostenibilidad del sistema extremeño.

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Badajoz ha exigido la dimisión inmediata del portavoz socialista, Ricardo Cabezas, tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial sobre las contrataciones investigadas en la Diputación pacense.

El tribunal ha condenado a Cabezas como autor de un delito de prevaricación administrativa a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para ejercer el derecho de sufragio pasivo. La resolución puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por lo que todavía no es firme. Cabezas ha sido absuelto del resto de las infracciones que se le imputaban.

El portavoz municipal de VOX, Marcelo Amarilla, considera que el fallo respalda las peticiones de dimisión que su grupo ya formuló en mayo y septiembre de 2025, cuando Cabezas fue procesado por esta causa.

«La ejemplaridad en la vida pública no puede depender de los intereses de un partido», ha afirmado Amarilla, quien ha reclamado al PSOE que asuma responsabilidades políticas y ha pedido a Cabezas que renuncie a todos sus cargos.

VOX sostiene que la permanencia del dirigente socialista en el Ayuntamiento resulta «insostenible» tras la sentencia y reivindica su actuación durante el procedimiento. «La confianza de los ciudadanos en las instituciones solo se recupera cuando quienes las dañan asumen las consecuencias de sus actos», ha concluido Amarilla.

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