Adrián Trashorras: «Los españoles no somos consultados porque saben que diríamos NO».
El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Adrián Trashorras, ha calificado de «estafa bipartidista» el rechazo unánime de todos los partidos, incluido el PP, a la moción presentada por su grupo para frenar la inmigración ilegal y descontrolada en el municipio.
Trashorras ha criticado duramente que “ni siquiera se permita consultar a los vecinos sobre la posible instalación de centros para menas o inmigrantes ilegales”, y ha instado al Gobierno a abandonar “unas políticas que desbordan nuestros barrios y saturan nuestros servicios públicos”.
Según el portavoz, las consecuencias de estas políticas “han disparado la inseguridad, degradado la convivencia y amenazado la identidad cultural de muchos municipios”. Asimismo, ha señalado que el efecto llamada “es aprovechado por mafias del tráfico de personas, en connivencia con administraciones y ONG subvencionadas”.
Trashorras lamentó la falta de consulta ciudadana: “Los españoles no están siendo escuchados sobre un problema que no han provocado. Nadie quiere un centro de menas en su barrio, por eso ni se atreven a preguntar a los vecinos, y por eso los construyen lejos de donde viven los responsables de estas decisiones”.
Desde VOX se afirma que la “estafa del bipartidismo debe terminar” y se reitera el compromiso con los vecinos de Dos Hermanas: “No vamos a dejar a los nazarenos solos. Tenemos que cuidar lo nuestro”.
Javier Cortés: «Andalucía no será Reino Unido, Francia o Bélgica».
El diputado del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Javier Cortés, ha vuelto a solicitar en el pleno a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad “los costes de la inmigración ilegal que soportan todos los españoles por culpa de las políticas de fronteras abiertas del Partido Popular y del Partido Socialista”. En este sentido, Cortés ha subrayado que se trata de una cuestión que “afecta directamente a la prosperidad, la seguridad y la cohesión social de toda España”.
El diputado ha denunciado que el Gobierno de Moreno Bonilla “no se gasta los impuestos de todos los andaluces en abaratar la vivienda, en acabar con las listas de espera, en aumentar el número de sanitarios o en aumentar las ayudas a los dependientes, a nuestros mayores”, mientras “sí se destinan casi 40 millones de euros a estudiantes inmigrantes para promocionar experiencias multiculturales en las escuelas” o “más de 7 millones de euros para promover la paz con Marruecos”. “¿Acaso estamos en guerra y no nos hemos enterado?”, ha preguntado.
Asimismo, Cortés ha criticado que la Junta de Andalucía destine “casi un millón de euros para la educación de niños palestinos”. “¿Y los niños andaluces de los barrios más necesitados?”, ha recalcado. Además, el parlamentario ha señalado que “casi 300.000 euros se destinan para ayudar a las temporeras inmigrantes embarazadas” y ha preguntado por “nuestras jóvenes andaluzas embarazadas en riesgo de exclusión social y en situación de pobreza”. De la misma manera, Cortés ha alertado que Moreno Bonilla destine “ayudas para financiar la Agencia Nacional de Aguas y Bosques de Marruecos” y ha recordado a “nuestros agricultores y nuestros ganaderos que sufren los incendios año a año por culpa de la mala gestión forestal” del Gobierno andaluz.
Cortés ha advertido que la inmigración ilegal “está provocando la bajada de los salarios y la pérdida de las conquistas sociales de nuestros trabajadores”. En este sentido, el parlamentario ha subrayado que las consecuencias “las sufre nuestra gente más humilde”. Con respecto a los servicios públicos, Cortés ha preguntado a la consejera “¿hablamos de las operaciones quirúrgicas que se están posponiendo porque no hay UCIs en las camas?” o “¿hablamos de los centros de salud de aquellos pueblos que están afectados por la inmigración ilegal?”.
El parlamentario del partido de Abascal ha asegurado que “no queremos un país multicultural y fracasado como puede ser Reino Unido, Francia o Bélgica”. “Pregunten a los andaluces si quieren costear todas estas políticas del bipartidismo y pregunten a nuestras niñas si quieren que sus barrios sigan con matrimonios forzados, con mutilación genital femenina o pregunten a nuestras hijas si prefieren minifaldas o cárceles de tela”, ha concluido.
Alberto Vidal: «No vamos a ser cómplices del efecto llamada».
El pleno ordinario del Ayuntamiento de Castellón ha rechazado la moción presentada por el PSOE para instar al gobierno municipal a acoger menores migrantes no acompañados (MENAS) y destinar recursos municipales a su atención. La iniciativa no ha prosperado con la determinante oposición de VOX, socio de gobierno en el consistorio, que ha defendido que, “con VOX en el gobierno, no se destinarán recursos municipales a financiar la inmigración irregular”.
Cabe recordar que, a principios de este mes, el Ayuntamiento de Castellón recibió una carta de la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, dirigida por el Partido Popular, a raíz de la adjudicación que el gobierno de Sánchez pretende hacer en las diferentes comunidades autónomas para repartir MENAS, solicitando la disponibilidad de infraestructuras municipales para albergar a estos menores. Tras recibir la carta, VOX dejó claro desde el primer momento a su socio de gobierno, el Partido Popular, que con VOX en el gobierno no se destinarán recursos municipales con este fin. Como consecuencia de esta postura, Castellón no acogerá MENAS ni empleará recursos municipales en su atención.
El portavoz adjunto de VOX en el Ayuntamiento, Alberto Vidal, ha añadido que la moción socialista, “bajo un título amable, encierra una realidad muy distinta: más gasto público, más inseguridad en nuestras calles y privilegios para quienes han entrado ilegalmente en España, mientras miles de familias castellonenses luchan para llegar a fin de mes”.
Vidal ha añadido que, “según datos del propio Consell, mantener a un MENA cuesta 200 euros al día, lo que supone unos 6.000 euros mensuales por cada menor. Si se considera que el Gobierno de Sánchez planea traer más de 1.200 MENAS a la Comunidad Valenciana, el despilfarro superaría los siete millones de euros. Esa es la carga que el PSOE pretende imponer sobre los castellonenses. Con VOX en el gobierno municipal, eso no va a pasar”.
El portavoz adjunto de VOX ha explicado que “no vamos a ser cómplices de políticas que llenan nuestras calles de inseguridad ni que malgastan el dinero de los castellonenses. En VOX defendemos que la educación y protección de estos jóvenes corresponde a sus familias y países de origen, y apostamos por políticas de prioridad nacional en ayudas sociales, asegurando asistencia a quienes han trabajado y contribuido toda su vida en Castellón”.
- Vidal ha explicado que “España no puede ser el centro de acogida de toda la inmigración ilegal del mundo y Castellón no puede convertirse en un imán para las mafias que trafican con seres humanos. La moción del PSOE no hace otra cosa que reforzar el efecto llamada. Detrás del eufemismo ‘menores extranjeros no acompañados’, se esconde una realidad muy distinta: jóvenes que, en muchos casos, superan la mayoría de edad, no están escolarizados, carecen de formación laboral y, en demasiadas ocasiones, acaban protagonizando delitos contra la propiedad y la seguridad ciudadana, tal como reflejan los datos oficiales del Ministerio del Interior”.
Por último, Vidal ha afirmado que “España necesita orden, seguridad y futuro para sus hijos, y que esto exige repatriar a los MENAS, endurecer las penas contra las mafias de inmigración ilegal, cerrar las mezquitas fundamentalistas que propagan el odio y, sobre todo, acabar con el efecto llamada”. Ha concluido que “Castellón merece ser una ciudad segura y de oportunidades para los españoles, donde los hijos puedan crecer sin miedo y con esperanza– VOX no permitirá que la ideología del PSOE convierta la ciudad en un experimento multicultural pagado con el dinero de los vecinos y la seguridad de las familias”.
Manuel Gavira: «El padrón, la alfombra roja de la inmigración ilegal».
El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha anunciado el registro de una Proposición No de Ley (PNL) “al objeto de suprimir los instrumentos jurídicos que permiten con posterioridad la regularización masiva, que ya va por millones, de inmigrantes que han entrado ilegalmente en nuestra nación”.
En este sentido, Gavira ha asegurado que se trata “no solo de combatir la inmigración ilegal en las fronteras” sino también “combatirla dentro”. El portavoz ha afirmado que “el arraigo y el empadronamiento desembocan en regularizaciones posteriores” del Partido Popular y el Partido Socialista. “Existen fórmulas que fomentan y facilitan ese proceso de islamización y que permiten la falta de integración de los musulmanes y de las personas que entran ilegalmente en nuestra nación y nosotros queremos suprimirlo”, ha sentenciado.
El portavoz ha afirmado que el proceso de islamización “que estamos sufriendo todos viene de esas políticas de fronteras abiertas de populares y socialistas”. En este sentido, Gavira ha asegurado que “es consecuencia también de una débil legislación que permite acceder al padrón y obtener el arraigo”. “A través de esa figura del padrón y del arraigo puede obtener prestaciones sociales incluso sin acreditar una vivienda”, ha sentenciado. Como recoge la PNL, “el arraigo se ha convertido en una regularización encubierta y masiva que premia la permanencia ilegal y alimenta el efecto llamada”. Por su parte, Gavira ha afirmado que en VOX “estamos en contra de este proceso de islamización”.
“A Andalucía se entra por la puerta de la legalidad y quien entre por la puerta de la ilegalidad, quien venga a nuestra tierra para hacer del delito su forma de vida, y cualquier persona que entre por la puerta incluso de la legalidad y no tenga deseo de integrarse en lo que es la cultura, las costumbres y las tradiciones que tenemos en España, esta no va a ser su casa”, ha sentenciado.
Como ejemplo a este proceso de islamización, Gavira ha enumerado “los cementerios católicos en los que se quieren enterrar musulmanes por el rito musulmán, la lengua árabe y cultura marroquí, los colegios que pretenden dar a conocer las fiestas musulmanas o la fiesta del cordero”. Además, el portavoz ha criticado que “un imán de la comunidad musulmana de Córdoba ha solicitado no solo la gestión compartida de la Mezquita, sino además que puedan rezar en su interior”.
Gavira ha recordado que “la Mezquita-Catedral de Córdoba pertenece a la Iglesia Católica desde hace 789 años”. “Nos parece extravagante que lo que pretenden es que se desacralice la Catedral, la Mezquita-Catedral, y se destine a un uso cultural”, ha denunciado. El portavoz ha asegurado que “lo que pretende la comunidad musulmana es que el Ayuntamiento de Córdoba ceda un suelo para la construcción de una nueva mezquita en Córdoba” y ha asegurado “si hay un partido que pueda ser más propicio para acceder a esas peticiones, es el Partido Popular de Córdoba”. Gavira ha señalado que de ser así “sería admitir que el proceso de islamización que estamos sufriendo diese un paso más” y “si eso se produjese, el Partido Popular sería cómplice”.
Amaia Martínez: «La inmigración ilegal está ligada al aumento de agresiones sexuales».
Amaia Martínez, parlamentaria vasca de Vox, ha visitado una vez más el Parque Arriaga de Vitoria donde hace apenas 15 días una mujer joven fue salvajemente violada por un inmigrante magrebí, al parecer expareja de la víctima. Un hecho en exceso frecuente en los últimos meses, ha asegurado, íntimamente relacionado con la avalancha migratoria descontrolada que estamos sufriendo desde hace años.
Martínez ha recordado que en el primer semestre de 2025 han sido denunciadas en País Vasco 158 agresiones sexuales con penetración, cifra que supone un 309% más que las registradas en el mismo periodo de 2021. “Hace 2 años el 72% de las personas detenidas en País Vasco por agresión sexual eran extranjeras, algo más que significativo cuando apenas representan el 12% del total de la población vasca. Esto evidencia la estrecha relación entre inmigración y agresiones sexuales”.
Ante los medios de comunicación, la parlamentaria vasca de Vox ha denunciado las políticas de puertas abiertas a la inmigración ilegal y un modelo de acogida, el vasco, basado en el reconocimiento de derechos, nunca de obligaciones, en la protección de extranjeros delincuentes y en el ingente gasto de dinero público en acogida y atención de personas que entran de forma ilegal en nuestro país.
Amaia Martínez ha criticado con dureza la postura del Gobierno Vasco ante un problema cada vez más grave que el lehendakari y su equipo se niegan a priorizar en su agenda política. En este sentido ha recordado que “el pasado jueves el lehendakari Pradales no hizo mención alguna a esta lamentable realidad en el Pleno de Política General, lo que evidencia que luchar contra la creciente inseguridad no es una de sus prioridades, como no lo es frenar la invasión migratoria descontrolada que amenaza a nuestra sociedad tal y como la conocemos”.
La portavoz del Grupo Vox en el Parlamento Vasco ha sido contundente: “no estamos dispuestos a dar por perdida esta batalla absolutamente necesaria y seguiremos reclamando que aquellas personas que ponen en peligro nuestra cultura y nuestras costumbres sean deportadas a sus países de origen. También aquellas que ya en situación legal hacen de la delincuencia su forma de vida y, por supuesto, todo inmigrante que haya entrado de forma ilegal a nuestro país”.
Ha anunciado que preguntarán al consejero vasco de Seguridad sobre esta cuestión en el pleno de control a celebrar el próximo viernes, a la espera de que el Gobierno de España aporte datos a Vox sobre la situación en la que se encuentra el violador magrebí que el pasado 6 de septiembre violó a una joven en Vitoria, hoy en prisión y para el que el partido solicita su rápida deportación, «para que cumpla condena en su país de origen».
Martínez ha denunciado la desinformación a la que las administraciones, con el Gobierno Vasco a la cabeza, someten a la población, su reiterada negativa a facilitar la nacionalidad de los delincuentes, a sabiendas de que hoy delincuencia e inmigración ilegal son términos íntimamente relacionados.
Se ha preguntado “¿Por que protege a esas personas con la ocultación de su procedencia?», para anotar después que “este buenismo se les está yendo de las manos… necesitamos saber para protegernos, necesitamos que los agresores nacionales pasen largos años en la cárcel, que los agresores extranjeros sean deportados a los países de los que proceden”. Considera que la ocultación sólo protege a los delincuentes y deja indefensas a sus víctimas.
Asesinato a machetazos en Bilbao
Amaia Martínez también se ha referido al asesinato a machetazos en Bilbao, ocurrido esta misma noche. De “patética” ha calificado una realidad casi diaria, “volvemos a sufrir una inseguridad importada… lo de los machetes lo deja todo claro”.
Y ha recordado el caso de un inmigrante magrebí en Vitoria, detenido en 7 ocasiones en tan solo 10 días, un peligroso delincuente que se pasea libre por las calles de la ciudad. “La policía nos ha trasladado que es violento e incontrolable. No entiendo que las instituciones permitan que gente como esta esté paseando libremente a nuestro lado. Cualquier día vamos a tener un disgusto y no valdrá con llevarse las manos a la cabeza. Hay que actuar antes”.
Samuel Vázquez: «No entreguen a sus hijos a un país que ustedes no vivieron».
El portavoz nacional de VOX en Interior, Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, ha comparecido hoy en la Plaza del Castillo de Pamplona, junto al Comité Ejecutivo Provincial de VOX Navarra, para denunciar el alarmante aumento de la criminalidad según el último balance del Ministerio del Interior, relacionándolo directamente con la inmigración masiva e ilegal. Vázquez ha criticado con dureza al Ayuntamiento liderado por EH Bildu y al Gobierno de Navarra por esconder el problema en lugar de afrontarlo, y por insultar sistemáticamente a quienes lo señalan, reafirmando el compromiso de VOX con la seguridad y la defensa de los valores occidentales.
En su intervención, Vázquez ha expuesto las cifras escalofriantes del balance de criminalidad del segundo trimestre de 2025: «Un 75% más de agresiones sexuales a mujeres, un 50% más de riñas tumultuarias con lesiones graves –este delito predice el establecimiento de bandas criminales–, aumento de robos con violencia y un 300% más de homicidios consumados«. Ha advertido que esta escalada «no es algo coyuntural, va a ir peor«, equiparándola a situaciones en otros países europeos con políticas de fronteras abiertas, donde «lo que está pasando en Pamplona ya está pasando en otros territorios de España«.
El portavoz ha arremetido contra el Gobierno central y local por permitir la entrada descontrolada de inmigrantes: «El Gobierno permite la entrada de miles de personas sin saber de dónde vienen, quiénes son, cuál es su nivel de integración, si tienen antecedentes penales, si salen de la cárcel o cuál es su interés en llegar a este país«. En particular, ha señalado al consistorio de EH Bildu como «expertos en violencia, pero no precisamente en evitarla«, revelando que, tras consultas con policías municipales y nacionales, «no hay ninguna orden, ninguna consigna, ningún cambio, excepto callarse y esconder el problema«.
Vázquez ha denunciado el gasto público en ocultamientos y los ataques a los denunciantes: «Esconden el problema de la inmigración ilegal y masiva e insultan a quienes lo denunciamos. Hace diez años, antes de que este problema llegara, nos llamaban mentirosos; hace tres o cuatro años, cuando este tema empezó a explotar, nos llamaban alarmistas; y ahora, que el problema ya ha explotado, dicen que nos estamos aprovechando de la situación«. Ha enfatizado que este encubrimiento agrava la inseguridad en Navarra y Pamplona, donde la delincuencia se ha generalizado.
Apelando directamente a los pamploneses, Vázquez ha insistido en priorizar la seguridad: «No tienen por qué hacer pasar a sus hijos, hacerles vivir en un mundo en este que ustedes no vivieron. No hay por qué anteponer su maldita ideología política a su seguridad. La seguridad debe estar siempre por encima de la ideología política«. Ha criticado a Bildu, PSOE, PNV y PP por su pasividad, afirmando que tener a UPN y PP «es como no tener nada«.
En este sentido, y siguiendo con la postura de VOX relacionada con la inmigración masiva e ilegal, Vázquez ha anunciado acciones concretas: «Vamos a expulsar a todas las personas que hayan entrado de manera ilegal en este país en los últimos años; vamos a expulsar también a los que, habiendo entrado de manera legal, delinquen y han convertido el delito en una forma de vida; y vamos a expulsar también a los que, habiendo entrado de manera legal, no sólo no se integren, sino que pretendan imponer religiones, culturas, dinámicas sociales que no son las nuestras«.
Ha concluido con una declaración firme sobre los principios innegociables: «Les digo: no negociaremos ni un solo velo en la cabeza de una niña, no negociaremos ni un solo menú halal en nuestras escuelas, ni un solo matrimonio forzado. Ninguno. Seremos escudo de civilización«.
VOX ha llamado a la ciudadanía a sumarse en la lucha por la seguridad, recordando su salida de gobiernos regionales en julio de 2024 por desacuerdos en políticas migratorias, siempre anteponiendo la protección de los españoles.
Antes, por la mañana y de camino a Pamplona, Vázquez ha aprovechado para visitar una mesa informativa de VOX en Castejón, donde ha podido escuchar las preocupaciones de los vecinos con respecto a la inmigración masiva e ilegal. Esta tarde, a las 19.00 horas, dará una conferencia en el hotel Sancho Ramírez sobre “seguridad, inmigración ilegal y nuevos modelos policiales”.
Ignacio Garriga: «Han vendido la seguridad, la ley y la unidad de España a cambio de poder».
El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha denunciado durante sus declaraciones a los medios, enmarcadas dentro de su visita a Baleares, que “Pedro Sánchez es el mayor responsable de que hoy la criminalidad esté disparada y de que estemos sufriendo una invasión de inmigración ilegal”.
Garriga también ha señalado al bipartidismo como responsable de impulsar unas políticas migratorias que han “convertido a Baleares en una de las regiones que más están sufriendo las consecuencias de las fronteras, del efecto llamada y de la financiación de la inmigración ilegal”. A su vez, ha subrayado que “traer indiscriminadamente a personas en situación irregular, importar delincuentes del resto del mundo, provoca que en Mallorca las violaciones se hayan incrementado un 35 % en el primer trimestre y que Baleares sea la segunda región con mayor okupación de viviendas”.
El dirigente de VOX ha lamentado lo que se va a presenciar la semana que viene en el Congreso de los Diputados, advirtiendo que “Sánchez está dispuesto a ceder las competencias en materia migratoria a los separatistas, responsables de haber disparado la inmigración ilegal y la inseguridad en Cataluña, un separatismo responsable de que Cataluña tenga hoy más del 50 % de los presos extranjeros”.
En este sentido, ha calificado la maniobra del Gobierno como “un atentado contra la unidad y la igualdad de los españoles” y ha avanzado que VOX emprenderá “una ofensiva institucional, legal y, si es necesario, también movilizaciones en la calle”.
Garriga ha destacado que, frente a las políticas de fronteras abiertas del PSOE y la complicidad del Partido Popular, VOX ya ha demostrado que “es posible combatir la inmigración ilegal, la okupación y defender el español en comunidades donde otros lo habían abandonado”. En el caso de Baleares, VOX ha conseguido que “el español sea considerado como lengua vehicular, algo que el Partido Popular nunca ha hecho en los más de 40 años que lleva gobernando en las instituciones: no lo ha hecho en Galicia, no lo ha hecho en Baleares hasta que ha llegado VOX y tampoco lo ha hecho en Cataluña. Sin ir más lejos, ayer tuvimos que ver cómo el Partido Popular impulsaba una moción para suscribir el mal llamado Pacto Nacional de la Llengua”.
En definitiva, Garriga ha señalado que “una vez más, el Partido Popular traiciona a sus votantes y una vez más, el Partido Popular demuestra que es una estafa política”. Por ello, ha asegurado que “VOX es la única alternativa de esperanza para los españoles, un partido unido, fuerte y con determinación para revertir décadas de políticas fallidas del bipartidismo”, ha concluido Garriga.
María López: «El drama de Huerto Paco no puede repetirse».
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha exigido al equipo de Gobierno “que cumpla de una vez por todas” con el compromiso adquirido en el acuerdo de investidura respecto a la puesta en marcha del servicio municipal de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la ocupación ilegal de viviendas en nuestra ciudad.
Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa la viceportavoz municipal, María López, quien ha señalado que, tal y como se está haciendo en otros ayuntamientos gobernados por el PP, en el próximo Pleno vamos a pedir “que figure como motivo de exclusión, tanto en el registro de demandantes de viviendas como en las bases que se aprueben para la adjudicación de vivienda pública, el hecho de que el interesado se encuentre ocupando una vivienda o inmueble de manera conflictiva sin título suficiente para ello, y sin el consentimiento expreso del titular”.
Del mismo modo, los concejales de VOX en el Consistorio de la capital exigirán la creación de un censo de viviendas ocupadas de forma ilegal, con información actualizada de forma regular, en el que se incluya también el listado de edificios municipales afectados por esta lacra.
Tal y como ha señalado la edil, en los últimos años “Huelva viene padeciendo un incremento alarmante de la ocupación ilegal de viviendas”, un fenómeno que, en sus palabras, “ya no puede considerarse marginal y que está generando graves problemas de convivencia, seguridad y salud pública en distintos barrios de la ciudad”.
Segú precisa la moción de VOX, los datos del Ministerio del Interior reflejan que, solo en la provincia de Huelva se produjeron en 2024 un total de 152 casos de usurpación de inmuebles, lo que supone un 20% más que en 2023. Aunque la estadística no se desglose a nivel municipal, la viceportavoz valora que “los vecinos de la capital pueden constatar a diario las consecuencias de esta realidad en edificios ocupados que se han convertido en focos de conflictividad, degradación urbana e inseguridad”.
“El caso más estremecedor, y que recientemente ha sacudido profundamente a la ciudadanía, ha sido la violación de una menor en un edificio ocupado tras ser secuestrada a punta de navaja en el barrio de Huerto Paco. Este suceso no solo revela la vulnerabilidad que generan estos entornos, sino que pone de manifiesto cómo la falta de control sobre los inmuebles ocupados ilegalmente puede derivar en la comisión de delitos especialmente graves”, ha manifestado López Zambrano.
Además, según ha denunciado, estos edificios “suelen convertirse en focos de insalubridad, acumulación de basuras y plagas, que afectan a la salud del vecindario”. A ello “se suman las denuncias por amenazas, ruidos, vandalismo, robos y un clima de miedo que rompe la convivencia”, mientras que los propietarios legítimos, por su parte, “sufren la impotencia y la angustia de perder el control de sus viviendas y enfrentarse a interminables procesos judiciales, al tiempo que los vecinos ven cómo sus barrios se deterioran a pasos agigantados”.
También las administraciones públicas, según ha añadido la concejal, tienen que asumir en numerosas ocasiones un elevado coste en actuaciones de limpieza, tapiado de edificios y recursos policiales. En definitiva, ha apuntado que “se está poniendo en riesgo la convivencia, la tranquilidad de los barrios y el respeto a la legalidad”.
Tal y como ha recodado, VOX lleva años denunciando este hecho y exigiendo al Gobierno central que se tomen las medidas necesarias para poner coto a este problema de una forma definitiva, lo que debe de pasar por una reforma del Código Penal, endureciendo las penas por usurpación y agilizando el proceso de desahucio de ocupas; dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de mayores medios en la lucha contra la ocupación ilegal; así como modificando la legislación vigente para facilitar de una manera significativa la construcción de vivienda social.
“Mientras esto no ocurra y como Administración más cercana al ciudadano, consideramos que el Ayuntamiento debe dar también respuesta, siempre dentro de sus competencias, a este problema que cada vez afecta a más de sus conciudadanos; por lo que es urgente que el Ayuntamiento de Huelva, aparte de otras medidas que también están a su alcance, ponga de una vez por todas en marcha ese servicio municipal de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la ocupación ilegal de viviendas, con el que ya se comprometió con VOX en el acuerdo de investidura”, ha manifestado la viceportavoz.
TOLERANCIA CERO A LA OCUPACIÓN ILEGAL
Este servicio, según ha explicado López Zambrano, permitiría a los afectados “recibir orientación jurídica inmediata, activar canales de coordinación directa con la Policía Local y Nacional, y establecer sistemas de aviso temprano para impedir que las ocupaciones se consoliden”.
Un recurso de estas características, bajo su punto de vista, “no solo ayudaría a proteger los derechos de los propietarios, sino que también reforzaría la seguridad y la confianza de los vecinos, enviando un mensaje claro: en Huelva no se tolerará la ocupación ilegal que degrada barrios, pone en riesgo la convivencia y, como desgraciadamente hemos visto, puede derivar también en tragedias como la que recientemente hemos tenido que ser testigos”.