Actualidad Política

16 de septiembre de 2026

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La parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular Vasco-Euskal Talde Popularra, Muriel Larrea, ha registrado en el Parlamento Vasco una solicitud de información y una batería de preguntas dirigidas al Departamento de Educación para esclarecer si el Ejecutivo autonómico modificó o redujo la muestra de centros y alumnos participantes en la última edición del informe PISA.

Larrea ha advertido de que, si se hubiera producido una alteración deliberada del diseño de la muestra, esta podría responder, a su juicio, a un intento de ocultar el deterioro de los resultados del alumnado vasco en competencias básicas.

“El modelo educativo del Gobierno Vasco hace aguas y la respuesta del Departamento no puede ser recurrir a la ingeniería estadística y a las trampas para ocultar los malos resultados”, ha denunciado.

El PP Vasco exige transparencia sobre la muestra de PISA

La parlamentaria popular ha pedido al Departamento de Educación un informe técnico completo sobre la muestra evaluada en Euskadi, incluyendo el número de centros y alumnos participantes y su comparación con las tres ediciones anteriores.

Asimismo, ha solicitado copia de las resoluciones, memorias o documentos que justifiquen cualquier modificación o reducción aplicada en la selección de la muestra.

Larrea considera imprescindible conocer con detalle los criterios utilizados para garantizar que los resultados obtenidos sean representativos y comparables.

Muriel Larrea pide acreditar el cumplimiento de los estándares de la OCDE

El PP Vasco también ha requerido las comunicaciones y dictámenes oficiales que acrediten que la muestra utilizada cumple con los estándares internacionales de representatividad y cobertura estadística exigidos por la OCDE y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Larrea ha insistido en que cualquier cambio en la metodología debe estar plenamente justificado y sometido a criterios técnicos transparentes.

“Reducir la muestra no soluciona los problemas de las aulas; solo demuestra que tienen miedo al diagnóstico real”, ha afirmado.

El PP denuncia el deterioro de las competencias básicas

La parlamentaria ha señalado que Euskadi cuenta con uno de los presupuestos por alumno más elevados, pero considera que la gestión educativa sigue sin ofrecer una respuesta adecuada al retroceso en competencias básicas.

“En lugar de asumir responsabilidades y corregir el rumbo, prefieren maquillar los datos para eludir el debate público”, ha asegurado.

El PP Vasco defiende que la evaluación educativa debe servir para detectar problemas y aplicar reformas, y no para generar dudas sobre la fiabilidad de los resultados.

Larrea reclama calidad, excelencia y rigor en la educación vasca

Muriel Larrea ha defendido que las familias, la comunidad educativa y el conjunto de la ciudadanía tienen derecho a conocer la situación real del sistema educativo vasco.

“Los padres, la comunidad educativa y el conjunto de la ciudadanía exigen total transparencia y un compromiso real con la calidad y la excelencia académica, no maniobras para maquillar el fracaso de una política educativa agotada”, ha concluido.

El Partido Popular Vasco reclama al Gobierno autonómico transparencia, rigor técnico y una evaluación educativa fiable que permita conocer la situación real de las aulas y adoptar medidas para mejorar los resultados académicos.

El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, Joan Garriga, ha exigido la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para que explique las irregularidades detectadas en la muestra catalana de las pruebas PISA 2025.

Garriga ha calificado de «insólito, vergonzoso y de una gravedad absoluta» que los resultados de Cataluña no puedan compararse con los de otras ediciones y territorios después de que el porcentaje de alumnos exentos alcanzara el 23,2 %, frente al límite del 5 % recomendado por la OCDE.

La incidencia afecta a la representatividad estadística de la muestra catalana. Aunque VOX habla de una exclusión del informe PISA 2025, la información publicada señala que los resultados no podrán utilizarse para realizar comparaciones territoriales o temporales fiables, aunque los datos sí podrán incorporarse al resultado conjunto de España.

VOX cuestiona la exclusión de casi una cuarta parte del alumnado

De los aproximadamente 2.500 estudiantes seleccionados inicialmente, 591 quedaron exentos de realizar la evaluación. La mayoría de las exclusiones correspondieron a alumnos con dificultades cognitivas, emocionales o conductuales, mientras que 92 estudiantes fueron apartados por un dominio insuficiente de la lengua utilizada en la prueba.

Garriga considera que estas cifras no pueden atribuirse únicamente a un error casual o a una incidencia técnica y reclama que se aclare quién autorizó las exenciones y qué controles se aplicaron durante el proceso.

«Ante la perspectiva inminente de otro varapalo demoledor que volviera a dejar al descubierto las vergüenzas del modelo educativo catalán, han preferido el apagón informativo, la trampita y el ridículo internacional antes que someterse al espejo de la realidad», ha denunciado el portavoz de VOX.

El Govern atribuye lo ocurrido a una «incidencia técnica» relacionada con una posible confusión entre los criterios de exención aplicables a las pruebas autonómicas y los establecidos para PISA. La consejera Esther Niubó ha anunciado una investigación interna y la adopción de nuevos mecanismos de coordinación para evitar que el problema vuelva a repetirse.

Garriga reclama la dimisión de Esther Niubó

VOX ha solicitado la comparecencia de Salvador Illa y ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para conocer quién tomó las decisiones que afectaron a la composición de la muestra.

La formación quiere saber cuándo tuvo conocimiento el Govern de las irregularidades, qué responsabilidades políticas piensa asumir y qué medidas se adoptarán para garantizar la validez de futuras evaluaciones.

Garriga también ha reclamado la dimisión de la consejera de Educación, Esther Niubó, al considerar que el episodio evidencia una falta de control y transparencia.

El portavoz sostiene que la incidencia vuelve a poner de manifiesto «el fracaso de un modelo educativo agotado», que VOX relaciona con la inmersión lingüística obligatoria y con el abandono de la cultura del esfuerzo, el mérito y la exigencia académica.

VOX rechaza la reforma del Reglamento del Parlament

Durante su comparecencia, Joan Garriga también ha criticado la reforma del Reglamento del Parlament promovida por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP para regular y sancionar los denominados discursos de odio.

Las negociaciones buscan definir qué expresiones pueden vulnerar derechos fundamentales o incitar a la discriminación e incorporar al Reglamento parte del régimen sancionador actualmente recogido en el Código de Conducta. Entre las sanciones previstas figuran las amonestaciones, las multas y la suspensión temporal de los diputados en los casos más graves.

VOX considera que esta modificación pretende «perseguir y amordazar» a sus representantes y limitar la libertad de expresión de la oposición.

«Quieren convertir a la Mesa del Parlament en un tribunal del pensamiento», ha afirmado Garriga.

El portavoz ha anunciado que VOX combatirá la reforma tanto en el ámbito político como ante los tribunales si considera que vulnera los derechos de sus diputados.

Apoyo de VOX a Alicia Tomás tras denunciar una agresión

Garriga también ha trasladado el apoyo del Grupo Parlamentario de VOX a la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Terrassa, Alicia Tomás, después de que denunciara ante los Mossos d’Esquadra una agresión sufrida junto a su pareja.

Según el relato incluido en la denuncia, Tomás habría sido reconocida e insultada por su condición de concejal antes de que ella y su acompañante fueran agredidos. Los Mossos deberán investigar los hechos e identificar a los presuntos responsables.

Garriga ha reclamado que los autores sean identificados y juzgados y, en caso de tratarse de ciudadanos extranjeros y cumplirse los requisitos legales, sean expulsados de España.

El portavoz ha criticado la falta de una condena pública del alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, y ha reiterado el compromiso de VOX de «devolver la ley, el orden y la seguridad a los barrios y a las calles de Cataluña».

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