Actualidad Política

29 de octubre de 2026

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La diputada del Partido Popular de Castilla-La Mancha por Albacete, María Gil, ha reivindicado el gran Pacto Regional por las Personas Mayores propuesto por Paco Núñez, que será debatido este jueves en las Cortes autonómicas. La iniciativa pretende situar a los mayores en el centro de las políticas públicas y mejorar su calidad de vida.

Gil ha trasladado las principales medidas durante una visita al Centro de Día de Mayores y a la vivienda tutelada municipal de Villamalea, acompañada por el diputado provincial del Grupo Popular Antonio Martínez Alcalde.

El pacto plantea actualizar la financiación de las plazas residenciales concertadas para adaptarla a los costes reales, incrementar los recursos destinados a las viviendas para mayores y adelantar las ayudas a los ayuntamientos para evitar que tengan que anticipar fondos propios.

También propone un plan regional de modernización de los centros de mayores, una ley contra la soledad no deseada, una estrategia para captar y fidelizar profesionales de los cuidados y una mayor coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales.

La iniciativa incorpora, además, una red regional de mentores sénior, una futura ley de vivienda colaborativa para mayores y una mesa permanente de diálogo con ayuntamientos, asociaciones, entidades del tercer sector y responsables de recursos residenciales.

“Esta iniciativa no busca confrontar, sino sumar esfuerzos en beneficio de quienes lo han dado todo”, ha señalado María Gil, quien ha pedido al Grupo Socialista y al Gobierno de García-Page que respalden la propuesta.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha defiende un acuerdo amplio y estable que garantice cuidados de calidad, mejores servicios y una atención digna para las personas mayores de toda la región.

La portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Popular en Les Corts, Mari Carmen Contelles, ha denunciado la “doble vara de medir” del PSPV respecto a los criterios de arraigo y empadronamiento para acceder a determinadas ayudas públicas.

Contelles ha recordado que gobiernos socialistas llevan años utilizando estos requisitos en numerosos ayuntamientos, entre ellos Gandía y Mislata.

“Si el señor Muñoz considera que establecer criterios de arraigo es racismo, los primeros a quienes tendría que señalar son a su secretaria general, Diana Morant; al secretario provincial del PSPV, Carlos Fernández Bielsa; y a los alcaldes socialistas que aplican exactamente esos mismos criterios”, ha afirmado.

Una práctica habitual en las administraciones

La diputada popular ha señalado que los requisitos de residencia previa o empadronamiento son habituales en administraciones de toda España y permiten establecer prioridades objetivas en el reparto de recursos públicos.

“Resulta sorprendente que ahora el PSPV se rasgue las vestiduras por una práctica que ellos mismos han aplicado durante años”, ha indicado.

Contelles ha recordado que durante el Gobierno del Botànic, con Mónica Oltra como vicepresidenta, también se introdujeron criterios vinculados a la residencia y al arraigo en la Renta Valenciana de Inclusión y en determinadas políticas de vivienda pública.

Respeto a la legalidad

Ante la posibilidad de que el PSPV acuda a los tribunales, Contelles ha mostrado tranquilidad y ha defendido el respeto a las resoluciones judiciales.

“Si creen que estos criterios son ilegales, deberían empezar recurriendo las ayudas aprobadas por ayuntamientos gobernados por el PSPV y las normas del propio Consell del Botànic”, ha señalado.

La portavoz popular ha concluido que el Partido Popular seguirá defendiendo criterios objetivos, transparentes y ajustados a la legalidad para distribuir los recursos públicos y atender las necesidades de los valencianos.

El presidente del Partido Popular Vasco, Javier De Andrés, ha afirmado que las relaciones entre el PP y el PNV son “gélidas” y ha considerado difícil que cambien mientras la formación nacionalista continúe vinculada políticamente al PSOE.

De Andrés ha señalado que el PNV se ha alejado del centroderecha al respaldar la agenda política y fiscal de Pedro Sánchez y ha pronosticado que mantendrá esa alianza tanto en Euskadi como en el conjunto de España.

“El PNV está muy entregado al Partido Socialista y seguirá de su mano”, ha manifestado durante una entrevista en Radio Euskadi.

Respuesta ante el acoso a la Ertzaintza

El presidente del PP Vasco ha criticado que el lehendakari Imanol Pradales no haya exigido con suficiente claridad a EH Bildu una respuesta ante los episodios de intimidación sufridos por miembros de la Ertzaintza.

De Andrés ha recordado el caso de un agente que tuvo que abandonar escoltado un campo de fútbol donde estaba arbitrando y ha denunciado también situaciones de señalamiento contra policías, representantes sindicales, alcaldes y ciudadanos.

“La calidad democrática exige que nadie sea amenazado o acosado por ejercer un trabajo público o expresar libremente sus ideas”, ha subrayado.

El Partido Popular Vasco apoya estudiar medidas que refuercen la protección de los agentes frente a agresiones, amenazas y delitos de odio.

Perfiles lingüísticos adaptados a la realidad social

En relación con los requisitos de euskera para acceder al empleo público, De Andrés ha defendido que las exigencias lingüísticas sean proporcionadas y acordes con la realidad social.

El presidente del PP Vasco ha advertido de que imponer niveles superiores a la disponibilidad real de profesionales puede provocar que queden vacantes plazas esenciales en ámbitos como la medicina, la ingeniería o el derecho.

El Partido Popular defiende la promoción del euskera sin convertirlo en una barrera que impida cubrir servicios públicos necesarios.

Control de la RGI

De Andrés ha anunciado que el PP exigirá suspender el pago de la Renta de Garantía de Ingresos a 41.000 perceptores que, según la información obtenida por la formación, no han podido ser localizados, hasta comprobar que continúan residiendo en Euskadi y cumplen los requisitos.

El dirigente popular ha reclamado una gestión rigurosa del dinero público y ha advertido de que entre estos expedientes pueden existir cambios de domicilio, fallecimientos o personas que ya no residan en la comunidad autónoma.

“No se puede seguir abonando una prestación sin saber dónde está el beneficiario ni si mantiene el derecho a percibirla”, ha señalado.

Absentismo y servicios públicos

De Andrés ha considerado necesario diferenciar entre las personas que sufren un problema real de salud y quienes utilizan indebidamente las bajas laborales.

Según ha indicado, algunos departamentos del Gobierno Vasco alcanzan niveles de absentismo cercanos al 20 %, una situación que perjudica al funcionamiento de los servicios públicos y al conjunto de los trabajadores.

El presidente del PP Vasco ha reclamado controles eficaces, protección para quienes están verdaderamente enfermos y medidas contra cualquier posible abuso.

Candidatos para las capitales vascas

De Andrés ha confirmado que el PP Vasco ha propuesto a la dirección nacional las candidaturas de Iñaki García Calvo en Vitoria, Esther Martínez en Bilbao y Borja Corominas en San Sebastián para las próximas elecciones municipales.

El Partido Popular Vasco afronta esta nueva etapa con el objetivo de ofrecer una alternativa basada en la libertad, la buena gestión, la seguridad y unos servicios públicos eficaces.

El secretario general del Partido Popular de Cataluña, Juan Fernández, ha acusado al Gobierno de Salvador Illa de tolerar y normalizar la ocupación ilegal al no recuperar con rapidez las viviendas públicas afectadas.

“El Gobierno de Illa se ha convertido en el mayor patrocinador de la okupación en España”, ha afirmado Fernández, quien ha aclarado que esta acusación responde a la falta de actuación y resultados de la Generalitat.

Según ha señalado, el Ejecutivo catalán reconoce que cerca de 1.200 viviendas públicas, más del 5 % del parque que gestiona, se encuentran ocupadas ilegalmente.

La Generalitat traslada el problema a los ayuntamientos

Fernández ha criticado que, en lugar de recuperar estos inmuebles para las familias inscritas legalmente en las listas de espera, la Generalitat solicite la intervención de los servicios sociales municipales.

“Pasa la patata caliente a los alcaldes, que deben destinar recursos humanos, tiempo y dinero a gestionar una situación que la Generalitat nunca debió permitir”, ha denunciado.

El dirigente popular ha defendido que los servicios sociales municipales deben concentrarse en atender a las familias vulnerables, las personas mayores, la infancia, la dependencia y quienes atraviesan dificultades económicas.

“Cada hora y cada euro destinados a gestionar una ocupación ilegal se restan a quienes realmente necesitan atención”, ha advertido.

Prioridad para quienes cumplen la ley

Juan Fernández ha señalado que mantener viviendas sociales ocupadas ilegalmente perjudica directamente a las familias que llevan años esperando una adjudicación conforme a las normas.

“No podemos trasladar a los ciudadanos el mensaje de que ser honrado sale peor que saltarse la ley”, ha afirmado.

El PPC reclama que la Generalitat informe sobre cuántas viviendas ha recuperado, cuántos procedimientos ha iniciado y cuánto tiempo permanecen los inmuebles fuera de su función social.

Fernández ha citado situaciones en Cerdanyola y Vilanova del Camí como ejemplos de la falta de respuesta y ha alertado de la presión que esta política genera sobre los ayuntamientos y sus servicios sociales.

El Partido Popular de Cataluña defiende que las viviendas públicas deben destinarse exclusivamente a quienes las necesitan y acceden a ellas legalmente, y exige al Gobierno de Illa que asuma sus competencias y actúe desde el primer momento.

“Quien cumple la ley debe tener siempre prioridad sobre quien la incumple”, ha concluido.

La diputada autonómica y secretaria general del Partido Popular de Jaén, Elena González, ha destacado el esfuerzo inversor del Gobierno de Juanma Moreno para reforzar el Plan Infoca y mejorar la prevención y extinción de incendios forestales.

El dispositivo cuenta este año con un presupuesto histórico de 271 millones de euros, un 60 % más que en 2018. Está integrado por 4.700 profesionales, 108 autobombas —el 84 % renovadas—, 11 nodrizas y 43 aeronaves, tres más que el año anterior.

Cuatro nuevas autobombas para Jaén

González ha puesto en valor la incorporación a la provincia de cuatro autobombas de gran capacidad, con depósitos de 4.100 litros, sistemas antivuelco y mecanismos de autoprotección mediante cortinas ignífugas y rociadores de agua.

“Detrás de las buenas intenciones debe haber planificación, inversión y acciones concretas, y eso es lo que está haciendo el Gobierno de Andalucía”, ha señalado.

Refuerzo del personal operativo

La dirigente popular ha afirmado que el 95 % de los puestos operativos de EMA Infoca está cubierto. Según ha explicado, el 5 % restante corresponde a incapacidades temporales o a trabajadores que han pasado a segunda actividad tras alcanzar los 55 años y continúan realizando otras funciones dentro de la entidad.

González ha pedido responsabilidad ante el riesgo de incendios y ha defendido la prevención como primera línea de actuación para proteger a las personas y conservar el patrimonio natural de Andalucía.

El Partido Popular de Andalucía seguirá reforzando los medios humanos y materiales destinados a prevenir y combatir los incendios forestales.

El Ayuntamiento de Almassora ha aprobado inicialmente la implantación de un servicio municipal de coworking, lanzadera y aceleradora de empresas, que se ubicará en la primera y segunda plantas de la Casa de la Cultura, recientemente reformada.

El nuevo centro ofrecerá espacios de trabajo fijos y flexibles, despachos, salas de reuniones y servicios comunes. También contará con programas de incubación, formación especializada, mentoría, asesoramiento legal y administrativo, innovación tecnológica y apoyo a la consolidación de proyectos.

La alcaldesa, María Tormo, ha destacado que la iniciativa pretende convertir las buenas ideas en proyectos empresariales de éxito.

“Queremos acompañar a los emprendedores, generar empleo, atraer talento y ofrecer herramientas reales para impulsar la actividad económica local”, ha señalado.

Cerca de 50 puestos de trabajo

Según la memoria elaborada por técnicos municipales y concejales, el centro podrá ofrecer inicialmendame te alrededor de medio centenar de puestos de trabajo, entre modalidades fijas y flexibles.

El servicio estará gestionado mediante una concesión especializada, que permitirá contar con profesionales con experiencia en coworking, incubación y aceleración empresarial.

Tormo ha recordado que Almassora cuenta con el distintivo de Ciudad de la Ciencia y la Innovación y ha reafirmado la apuesta municipal por una economía más diversificada, competitiva y preparada para el futuro.

“No se trata únicamente de habilitar un espacio, sino de crear una comunidad emprendedora capaz de generar riqueza, empleo y desarrollo”, ha afirmado.

Nuevas actuaciones municipales

El pleno también ha aprobado una modificación de crédito para adquirir un nuevo banquillo en el campo de fútbol de Boqueres y un etilómetro para la Policía Local. La propuesta ha contado con los votos favorables del equipo de gobierno, las abstenciones de Compromís y Vox y el rechazo del PSPV.

Asimismo, todos los grupos han respaldado por unanimidad la creación de nuevas zonas de sombra en espacios públicos. El Gobierno municipal ya trabaja en la puesta en marcha de un refugio climático en el mercado municipal.

La Comunidad de Madrid reforzará la participación de las pequeñas y medianas empresas de la región en la industria de defensa y aeronáutica a través de su Nodo de Defensa, Seguridad y Tecnologías Duales.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha trasladado este compromiso durante una reunión con la Junta Directiva de la Asociación de Empresas del Comercio y la Industria del Metal, AECIM, que ha presentado su nueva Comisión de Industria de Defensa y Aeronáutica.

Este organismo, creado el pasado mes de abril, pretende situar a las pymes madrileñas al frente de un sector en expansión que, según AECIM, movilizará más de 10.500 millones de euros en España durante 2026.

La Comunidad de Madrid y AECIM trabajarán conjuntamente en iniciativas como jornadas de subcontratación con grandes empresas, programas formativos adaptados a los perfiles técnicos demandados, apoyo a ferias especializadas y captación de nuevos proyectos de inversión.

El Gobierno regional reafirma así su apuesta por la innovación, la industria, el empleo cualificado y el crecimiento de las pymes madrileñas.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que el próximo Gobierno del PP afrontará una “misión de reconstrucción nacional” mediante la agenda reformista más ambiciosa de los últimos 50 años, con 70 leyes preparadas para comenzar a aplicarse desde el primer día.

Durante su intervención en la XIV edición de Prensa y Poder, celebrada en Aranda de Duero, Tellado ha afirmado que el Partido Popular está preparado para impulsar un proyecto que permita superar la división política y social promovida por Pedro Sánchez.

“Hay que sacar al país del pozo y desplegar la agenda reformista más ambiciosa de los últimos 50 años”, ha señalado.

Recuperación institucional y auditoría de las cuentas

Tellado ha avanzado que una de las primeras medidas será realizar una auditoría integral de las cuentas públicas para conocer la situación económica real que herede el próximo Ejecutivo.

El Partido Popular impulsará también un plan de regeneración institucional que permita recuperar la independencia de los organismos del Estado, reforzar la separación de poderes y devolver las instituciones al servicio de los ciudadanos.

“Somos perfectamente conscientes de la magnitud y de la dificultad de la tarea, pero estamos preparados como organización política para emprender este proyecto”, ha afirmado.

Menos impuestos y una financiación autonómica justa

El secretario general del PP ha señalado que durante los gobiernos de Sánchez se han producido, según las estimaciones de la formación, 97 subidas de impuestos, y ha asegurado que actualmente cada español paga alrededor de 3.500 euros más al año que en 2018.

Frente a este modelo, el Partido Popular plantea un plan fiscal destinado a aliviar la carga económica de las familias, los trabajadores y las clases medias.

Tellado ha defendido también un nuevo sistema de financiación autonómica “justo, solidario y duradero”, que no dependa de los apoyos parlamentarios que necesite el Gobierno en cada momento.

Familias, vivienda, seguridad y servicios públicos

La agenda reformista incorporará medidas de apoyo a las familias, la natalidad y la conciliación, así como políticas dirigidas a mejorar las oportunidades de los jóvenes.

Tellado ha anunciado también una ley contra la ocupación ilegal, una nueva política migratoria y una apuesta por el orden y la seguridad.

El dirigente popular ha defendido que los servicios públicos deben volver a funcionar con eficacia y con un Ejecutivo centrado en gobernar y resolver los problemas reales de los españoles.

“Gobernaremos para los españoles y con los españoles”, ha subrayado.

Una alternativa frente al deterioro político

Tellado ha sostenido que los años de Gobierno de Pedro Sánchez han provocado un deterioro institucional, social, económico y político que exigirá una profunda tarea de reconstrucción.

También ha denunciado la pérdida de protagonismo del Congreso, la falta de actividad legislativa y los casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE, afirmaciones realizadas por el secretario general durante su intervención.

“No sabemos cuándo serán las elecciones generales, pero sabemos que el Partido Popular está preparado para gobernar y reconstruir todo lo que se ha deteriorado durante estos años”, ha concluido.

El Partido Popular afronta esta etapa con un proyecto preparado, equipos de gobierno y una agenda legislativa orientada a recuperar la confianza, la estabilidad y la igualdad entre todos los españoles.

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