Actualidad Política

10 de noviembre de 2026

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El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados la petición de comparecencia urgente del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras la denuncia pública formulada por unanimidad por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial sobre la falta de recursos en los tribunales y los recortes impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado esta solicitud y ha exigido al ministro que explique de forma inmediata los motivos por los que el Ministerio de Justicia ha denegado la autorización económica para 62 órganos judiciales de toda España, considerados esenciales para el funcionamiento diario de los tribunales y para garantizar el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

Gamarra ha denunciado la “degradación” a la que el Gobierno está llevando a la Justicia y ha calificado de inaceptable este nuevo “choque institucional” provocado por el Ejecutivo en el marco de su campaña contra jueces y tribunales.

Para el Partido Popular, resulta especialmente grave que, mientras el Gobierno afirma defender una Justicia moderna, esté recortando recursos, aumentando la burocracia y agravando el colapso judicial.

La dirigente popular se ha preguntado si esta es la Justicia del siglo XXI que prometía Bolaños con su Ley de Eficiencia Judicial, una norma que, según ha señalado, solo ha conseguido generar más trámites, menos agilidad y más perjuicio para los ciudadanos.

“Frente al eslogan de Bolaños, ahora hay menos jueces, más colapso en los tribunales y más perjuicio para los ciudadanos”, ha denunciado Gamarra.

Un colapso con consecuencias reales

El PP ha advertido de que la falta de financiación y planificación derivada de la Ley de Eficiencia Judicial ya está teniendo consecuencias en apenas año y medio de aplicación.

En comunidades autónomas como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana, los tribunales superiores están alertando del colapso provocado por cientos de vacantes judiciales sin cubrir y una bolsa de sustitutos agotada.

A esta situación se suma ahora la retirada de refuerzos que el Consejo General del Poder Judicial y los respectivos tribunales superiores de justicia habían considerado esenciales, una decisión que también afectará a la Audiencia Nacional.

El Partido Popular denuncia que el relato de Bolaños “no es más que pura ensoñación”, porque la realidad que sufren los ciudadanos es la de una Justicia con menos jueces, más recortes, más colapso y más obstáculos para acceder a una respuesta judicial en tiempo razonable.

Las asociaciones judiciales también han venido alertando de forma reiterada de la falta de recursos humanos y materiales en los órganos judiciales, especialmente ante el incremento constante de la litigiosidad, la falta de financiación y las nuevas medidas de la Ley Bolaños.

Uno de los ejemplos señalados por el PP es el de las demandas de divorcio pendientes de resolución, que se estima que ya superan las 17.000, una cifra que refleja el impacto del caos judicial sobre miles de familias y sobre procedimientos sensibles como la custodia de menores.

El PP también ha criticado la obligatoriedad de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias, conocidos como MASC, que el Gobierno presentó como una medida estrella y que, según denuncia Gamarra, ha terminado añadiendo un nuevo paso a los litigios, alargando los procedimientos y aumentando la necesidad de recursos humanos y materiales.

Por todo ello, Gamarra ha reclamado al ministro Bolaños que revierta cuanto antes la decisión adoptada mediante la Resolución de 29 de junio, que dejará sin efecto el esfuerzo de resolución de miles de asuntos pendientes relacionados con litigios sobre cláusulas abusivas, usura y control de las normas de los MASC.

El Partido Popular exige al Gobierno que abandone los recortes, escuche a jueces, tribunales y asociaciones judiciales, y garantice una Justicia eficaz, independiente, dotada de medios suficientes y al servicio de los ciudadanos.

Andalucía ha vuelto a liderar la bajada del paro en España tras cerrar el mes de junio con 11.597 desempleados menos, lo que supone un descenso del 2,12% respecto al mes anterior y sitúa el número total de parados en 536.523 personas, la cifra más baja desde enero de 2008.

La comunidad consolida así una evolución positiva del mercado laboral y vuelve a situarse por debajo de la barrera de los 550.000 desempleados por segundo mes consecutivo, confirmando una tendencia de creación de empleo, reducción del paro y aumento de oportunidades para los andaluces.

Mientras en el conjunto de España el desempleo descendió en 28.739 personas, Andalucía fue la comunidad autónoma donde más bajó el paro en términos absolutos, aportando el 38,2% del descenso acumulado en las regiones donde se registraron caídas. Uno de cada tres parados menos en España en junio fue andaluz.

Desde diciembre de 2018, el número de desempleados se ha reducido en Andalucía en 252.244 personas, casi un 32% menos, situando a la comunidad en niveles que no se veían desde antes de la crisis financiera.

La evolución interanual también confirma la fortaleza del mercado laboral andaluz. En los últimos doce meses, el paro ha caído en 62.367 personas, un 10,41%, y Andalucía encadena ya 62 meses consecutivos de descensos interanuales desde mayo de 2021.

El empleo en Andalucía muestra una transformación profunda: hay más personas trabajando, menos personas en paro, una tasa de desempleo en niveles mínimos de los últimos 19 años y una reducción histórica de la diferencia con la media nacional.

La comunidad mantiene además más de 3,6 millones de afiliados a la Seguridad Social por cuarto mes consecutivo, con 3.605.924 cotizantes en junio. En términos interanuales, Andalucía suma 96.772 afiliados más que hace un año, un crecimiento del 2,8%.

Desde 2018, Andalucía cuenta con 495.754 afiliados más a la Seguridad Social, casi medio millón más de andaluces trabajando y cotizando desde la llegada de Juanma Moreno al Gobierno andaluz.

El trabajo autónomo también alcanza un nuevo récord histórico. Andalucía cerró junio con 602.269 autónomos, tras sumar 2.173 trabajadores por cuenta propia en un solo mes, y mantiene el liderazgo nacional que ocupa de forma ininterrumpida desde mayo de 2021.

Por sectores, el descenso del paro en junio se concentró especialmente en los servicios, con 9.303 desempleados menos, lo que representa el 80,1% de toda la bajada registrada en la comunidad. También se redujo el desempleo en el colectivo sin empleo anterior, la industria y la construcción.

El descenso fue especialmente intenso entre las mujeres, con 7.249 desempleadas menos, el 62,5% de toda la reducción registrada en Andalucía durante el mes. En el último año, el paro femenino ha bajado en 40.976 personas, un 11,03%.

También se redujo el paro en todos los tramos de edad, con especial incidencia entre los mayores de 45 años, los trabajadores de entre 25 y 44 años y los menores de 25.

El avance del empleo se produjo en las ocho provincias andaluzas. Cádiz fue la provincia donde más bajó el paro en junio, con 3.933 desempleados menos, seguida de Málaga, con 3.123 menos. Además, Cádiz y Málaga bajan de los 100.000 parados por primera vez desde 2007.

En términos interanuales, las cinco provincias españolas donde más se redujo el paro en términos absolutos son andaluzas: Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada.

Estos datos confirman que Andalucía ha pasado de ser una comunidad marcada por altos niveles de desempleo a liderar la reducción del paro en España, con menos parados, más afiliados, más autónomos y más oportunidades.

El Gobierno de Juanma Moreno defiende que las políticas útiles, basadas en la estabilidad, la confianza, la simplificación administrativa y el apoyo a quienes crean empleo, están funcionando y consolidan a Andalucía como una de las comunidades con mayor dinamismo económico del país.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha puesto en valor la aprobación de la Ley del concebido no nacido, una iniciativa que, según ha destacado, “reconoce una realidad, porque la organización familiar no empieza en el momento del parto”.

Díaz-Pache ha explicado que esta norma reconoce al concebido que todavía no ha nacido como miembro de la unidad familiar, permitiendo que las familias puedan acceder antes a ayudas, becas, reconocimiento de familia numerosa y otros beneficios.

“Es una ley a favor de las mujeres y de las familias madrileñas”, ha señalado el portavoz popular.

En este sentido, ha criticado el voto en contra de la izquierda, asegurando que con su posición “ha demostrado una vez más que no tiene sentido de ayuda a las familias”.

Tras el Pleno, Díaz-Pache también se ha referido a la reciente imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, sobre la que ha afirmado que “nunca fue digna de dirigir una institución que ha servido a España con honor durante más de 180 años”.

El portavoz del GPP ha señalado que cualquier otro Gobierno habría procedido a su cese inmediato, pero ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de mantenerla por formar parte, según ha denunciado, del entramado político del sanchismo.

“Mercedes González no es un verso libre, es una pieza más de la organización criminal que es el sanchismo”, ha afirmado.

Díaz-Pache se ha pronunciado también sobre el archivo de la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, que ha interpretado como un nuevo intento fallido de la izquierda de establecer un “empate” judicial con el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

A su juicio, existen dos modelos claramente diferenciados: “un Gobierno que funciona y que es útil para los madrileños” frente a un Gobierno central marcado por los casos judiciales y la degradación institucional.

Por último, el portavoz popular se ha referido al anuncio de Óscar López como candidato a las primarias del PSOE en la Comunidad de Madrid, del que ha asegurado que su condición de ministro de Pedro Sánchez le descalifica para aspirar a cualquier cargo público.

El Partido Popular de Madrid defiende una acción política centrada en apoyar a las familias, proteger la vida, reforzar la seguridad institucional y ofrecer un modelo de gestión útil frente al deterioro del sanchismo.

La Comunidad de Madrid concentra el 53,7% del negocio aeronáutico en España, con 37 empresas que generan más de 5.100 millones de euros de facturación y dan empleo a cerca de 15.000 personas, lo que supone más de un tercio del empleo nacional del sector.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha destacado estos datos durante la presentación del nuevo proyecto educativo Aerospace Academy de Airbus, celebrada en Madrid junto a representantes de empresas del sector y de las administraciones públicas.

Albert ha subrayado la importancia de conectar la formación con las necesidades reales del tejido empresarial, especialmente en sectores estratégicos como el aeronáutico, aeroespacial y de defensa.

“El talento no se improvisa, sino que se forma, se retiene, se actualiza y se conecta con las necesidades reales de las empresas”, ha afirmado.

La consejera ha puesto en valor la colaboración de la Comunidad de Madrid con Airbus a través de programas formativos, prácticas e investigación aplicada, iniciativas que permiten a los alumnos participantes alcanzar tasas de inserción laboral superiores al 80%.

Albert ha destacado que esta colaboración público-privada es clave para reforzar el liderazgo industrial y tecnológico de la región, así como para generar oportunidades laborales de calidad en sectores de alto valor añadido.

Asimismo, ha señalado que la futura Estrategia de Impulso del Ecosistema de Drones, dotada con una inversión pública de 15 millones de euros, supondrá una oportunidad para consolidar la posición de Madrid en un ámbito estrechamente vinculado al sector aeroespacial y de defensa.

La Comunidad de Madrid ya está explorando vías de colaboración con Airbus dentro de esta estrategia, orientada a impulsar nuevas capacidades tecnológicas, atraer inversión y reforzar el papel de la región como polo de innovación.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Industrial 2026-2030 de la Comunidad de Madrid, que contempla el desarrollo de nuevos distritos industriales especializados.

Entre ellos, destaca el Distrito Norte, centrado en los sectores aeroespacial y biofarmacéutico, así como el Distrito Sur y Corredor del Henares, vinculado a logística, transporte, aeronáutica y defensa.

Con estas actuaciones, el Gobierno de la Comunidad de Madrid refuerza su apuesta por la industria, la formación, la innovación tecnológica y la colaboración con las empresas para seguir liderando sectores estratégicos en España.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado hoy aplicar la “cirugía” de las elecciones generales para extirpar la “eclosión de corrupción” que, según ha denunciado, afecta al Gobierno de Pedro Sánchez y a la complicidad de sus “socios satélites”.

Durante su intervención en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Feijóo ha advertido de que España atraviesa una situación institucional “muy grave” y ha pedido a los ciudadanos que no se acostumbren a considerar normal un sistema político sometido, según ha señalado, a 17 sumarios, 19 delitos, más imputados que diputados socialistas y penas que superan los 2.300 años de cárcel.

El presidente del PP ha acusado a Pedro Sánchez de intentar tapar los escándalos en lugar de asumir responsabilidades políticas y ha afirmado que no se producen dimisiones tras la imputación de 25 cargos en un mismo auto porque el propio presidente del Gobierno se vería afectado políticamente.

“¿Ustedes conocen a alguien que haya dimitido en nuestro país por los casos de corrupción?”, ha preguntado.

Feijóo ha denunciado que la corrupción ha dejado de ser “un episodio aislado” para convertirse en una “corrupción sistémica” que afecta al funcionamiento de las instituciones y compromete la credibilidad del Gobierno dentro y fuera de España.

El líder popular ha reprochado también a los socios parlamentarios del Ejecutivo que continúen sosteniendo a Sánchez pese a la gravedad de los casos conocidos, y ha advertido de que tendrán que dar explicaciones a sus electores por prolongar esta situación política.

“La corrupción no solamente afecta al núcleo duro, que es el PSOE, sino que afecta a todos sus satélites por complicidad, que son todos los socios que después de perder las elecciones le han otorgado la Presidencia del Gobierno y que le mantienen”, ha señalado.

Feijóo ha explicado que las actuaciones judiciales afectan a dirigentes socialistas que durante años ocuparon altas responsabilidades del Estado, y ha criticado una forma de gobernar basada, según ha afirmado, en proteger a los implicados y desacreditar a quienes investigan las causas abiertas.

Asimismo, ha interpelado a la Agencia Tributaria sobre el tiempo que necesita para personarse como perjudicada en la causa a la que se ha referido, tras señalar que el juez Calama ha reclamado esa actuación por unas joyas localizadas en una caja fuerte con un valor superior a 1,3 millones de euros.

“¿Esto se lo perdonaría a un autónomo?”, ha planteado.

El presidente del PP ha defendido que España necesita recuperar la ejemplaridad, la confianza institucional y una política centrada en resolver los problemas reales de los ciudadanos, frente a un Gobierno que, según ha denunciado, está más ocupado en sobrevivir que en gobernar.

En materia migratoria, Feijóo ha subrayado que España necesita una política “seria, ordenada y responsable”, vinculada a la legalidad, al empleo y a la integración, garantizando la seguridad y la convivencia.

El presidente popular ha advertido de que no se puede confundir solidaridad con descontrol y ha reclamado una política migratoria que proteja las fronteras, combata las mafias y responda a las necesidades reales del mercado laboral español.

También ha criticado la utilización partidista de la Ley de Nietos y ha advertido de que cualquier modificación en materia de nacionalidad debe responder al interés general y no a cálculos electorales o de conveniencia parlamentaria.

“No se hace de forma transparente y limpia. Esto no se hace con memoria económica. Evidentemente, nosotros a eso decimos que así no”, ha afirmado.

Feijóo ha destacado además que Europa atraviesa un momento decisivo y ha defendido la necesidad de reforzar su autonomía estratégica para garantizar la seguridad, la competitividad y la capacidad industrial del continente.

En este ámbito, ha reivindicado que España debe participar con liderazgo en esa estrategia europea, fortaleciendo sectores prioritarios como la energía, la industria y la defensa.

Por último, el presidente del PP ha subrayado que la primera prioridad de su Gobierno será la vivienda. En este sentido, ha anunciado un plan consensuado con los ayuntamientos para construir un millón de viviendas, crear 500.000 empleos y aplicar bajadas de impuestos a los menores de 40 años, especialmente a quienes hoy tienen que vivir en pisos compartidos por las dificultades de acceso a una vivienda.

Feijóo ha defendido una alternativa de Gobierno basada en la regeneración institucional, la estabilidad, la gestión económica, la seguridad jurídica, el acceso a la vivienda y la recuperación de la confianza de los españoles en sus instituciones.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido en la Cámara regional el proyecto de ley para el reconocimiento del concebido no nacido, una iniciativa que ha calificado como “sensata, útil y necesaria”.

García Martín ha subrayado que “no hay causa más justa, más necesaria y más digna que la defensa de la vida y el apoyo a la familia”, y ha pedido a los grupos parlamentarios el voto favorable para aprobar una norma que, según ha destacado, será beneficiosa para las familias madrileñas.

El portavoz del Gobierno regional ha explicado que esta ley reconoce “algo tan sencillo” como que una vida que está en camino merece apoyo, protección y reconocimiento desde el primer momento.

“Una vida que está en camino merece apoyo, protección y reconocimiento desde el primer momento”, ha señalado.

García Martín ha rechazado las críticas de quienes pretenden presentar esta iniciativa como una amenaza a derechos ya existentes y ha insistido en que la norma no va contra nadie.

“No quitamos derechos a nadie, ampliamos los derechos a las familias madrileñas”, ha remarcado.

El consejero ha defendido que, frente a quienes anteponen su ideología a la realidad de muchas familias, el Gobierno de la Comunidad de Madrid elige estar “al lado de las madres, de los padres, de las familias y de la vida”.

En este sentido, ha insistido en que se trata de una ley “a favor”, orientada a reforzar el acompañamiento, la protección y el reconocimiento de las familias madrileñas.

“Esta es una ley a favor, no va en contra de nadie. No quita derechos, no busquen excusas, voten sí a esta ley y digan sí a la vida”, ha concluido.

El Partido Popular ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con su “obligación legal” de aprobar una Estrategia Nacional contra la Corrupción, estableciendo mecanismos de supervisión independientes, garantizando la transparencia y rindiendo cuentas públicas de forma regular.

Así lo recoge la moción que el PP presentará en la Asamblea Regional, defendida por Carlos Albaladejo, quien ha reclamado al Ejecutivo central que “deje de proteger a sus corruptos” y actúe de una vez contra la corrupción con medidas eficaces y verificables.

“El Gobierno socialista debilita desde su posición los mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción, una actitud gravemente dañina para la democracia española y la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, ha alertado Albaladejo.

El diputado popular ha denunciado que no es aceptable que el Gobierno de España incumpla un mandato legal expreso que le obliga a aprobar la Estrategia Nacional contra la Corrupción, después de que el plazo establecido de 18 meses expirara en septiembre de 2024.

“Este incumplimiento no es una simple demora administrativa, sino una decisión política que revela que no tiene interés en combatir la corrupción de forma efectiva”, ha señalado.

Albaladejo ha rechazado las explicaciones del Ejecutivo, que ha atribuido el retraso a dificultades técnicas y a la necesidad de más tiempo para coordinar a las administraciones.

“Las excusas son insostenibles y contradictorias, porque la estrategia requiere precisamente articular y simplificar la acción pública, no complicarla como hace Pedro Sánchez”, ha afirmado.

El parlamentario popular ha advertido de que el retraso beneficia políticamente al Gobierno de Sánchez en un momento marcado, según ha indicado, por casos de corrupción que afectan al PSOE, a miembros del Ejecutivo y al entorno personal y familiar del presidente del Gobierno.

“Una estrategia anticorrupción bien diseñada aumentaría la presión institucional sobre áreas del Gobierno expuestas a las investigaciones, por lo que el incumplimiento le otorga margen político y control del relato”, ha advertido.

Albaladejo ha subrayado que resulta urgente aprobar una Estrategia Nacional contra la Corrupción que establezca un marco claro y transparente, con supervisión independiente y rendición de cuentas públicas.

Además, ha recordado que Bruselas ya ha reprochado al Gobierno que no haya impulsado dicha estrategia, lo que, a su juicio, demuestra que el incumplimiento también supone un problema de credibilidad ante las instituciones europeas.

“Cuando el Gobierno incumple su obligación de aprobar una estrategia anticorrupción, está protegiendo a los corruptos y debilitando la capacidad de la Justicia para investigar y sancionar”, ha remarcado.

El diputado popular ha concluido señalando que esta situación es especialmente grave cuando existen numerosos casos que, según ha denunciado, afectan al propio Ejecutivo y al partido que lo sostiene.

El Partido Popular defiende una política basada en la transparencia, la ejemplaridad pública, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los mecanismos de control institucional para recuperar la confianza de los ciudadanos en la democracia española.

El Ayuntamiento de Almassora continúa mejorando las infraestructuras y servicios de la playa con la creación de una nueva zona deportiva multiusos al aire libre, destinada a fomentar la actividad física, el ocio saludable y el disfrute de vecinos y visitantes.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto al concejal de Servicios Públicos, José Martínez, y la concejala de Playas y Turismo, Silvana Rovira, ha visitado esta nueva instalación ubicada en la zona verde de la calle L’Arròs, donde se encuentra la cancha deportiva existente.

La actuación ha permitido renovar las pistas de fútbol sala y baloncesto e incorporar nuevos equipamientos deportivos, entre ellos varias mesas de ping pong y un parque de calistenia, que se convierte en el sexto espacio de estas características en el municipio.

“Desde el Ayuntamiento estamos comprometidos con la creación de una amplia red de espacios al aire libre para el disfrute de nuestros vecinos, fomentando la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables”, ha señalado la alcaldesa.

Tormo ha destacado que esta nueva zona deportiva se suma a otras actuaciones recientes impulsadas por el consistorio, como el nuevo parque de juegos de agua, que está registrando una gran afluencia de familias desde su puesta en funcionamiento.

“Queremos ofrecer alternativas de ocio para todas las edades y seguir mejorando los espacios públicos”, ha indicado.

La alcaldesa ha subrayado, además, la importancia de seguir invirtiendo en la playa de Almassora, donde residen vecinos durante todo el año y donde la población se multiplica durante los meses estivales.

“Apostamos de manera decidida por nuestra playa”, ha remarcado la primera edila.

La inversión destinada a esta nueva zona deportiva multiusos ha ascendido a cerca de 45.000 euros, reforzando el compromiso municipal con la mejora de los espacios públicos, el deporte al aire libre y la calidad de vida en el litoral de Almassora.

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