Antonio Romero: «La variante de Sabiñánigo es el símbolo de la mala gestión de Sánchez»
El portavoz de Fomento del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Antonio Romero, ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el desbloqueo inmediato de las obras de la variante de Sabiñánigo, una infraestructura estratégica para la conexión entre Zaragoza, Huesca y el Pirineo aragonés que permanece paralizada pese a encontrarse prácticamente finalizada.
Los populares llevarán esta reclamación al próximo Pleno de las Cortes de Aragón mediante una iniciativa en la que instan al Gobierno central a reanudar urgentemente los trabajos y fijar un calendario público para la conclusión definitiva del proyecto.
“Un símbolo de la mala gestión del Gobierno de Sánchez”
Antonio Romero ha asegurado que la variante de Sabiñánigo se ha convertido en uno de los ejemplos más evidentes de la gestión del Ministerio de Transportes.
“Estamos ante una obra ejecutada al 98%, que debería haberse terminado hace tres años y que permanece paralizada por la incapacidad del Gobierno”, ha afirmado.
El diputado popular ha denunciado además que el proyecto acumula ya más de 37 millones de euros en sobrecostes mientras los trabajos permanecen detenidos desde hace meses.
Una infraestructura clave para el Pirineo aragonés
Romero ha recordado que la variante constituye una actuación fundamental para mejorar la seguridad vial, favorecer la actividad económica y reforzar las comunicaciones entre el Alto Aragón y el resto de la comunidad.
A su juicio, la paralización de las obras perjudica directamente a vecinos, transportistas, empresarios, agricultores, comerciantes y al sector turístico de la zona.
“La infraestructura que debía solucionar problemas históricos se ha convertido en el mejor ejemplo de la improvisación y la incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha señalado.
Retenciones, desvíos e inseguridad vial
El portavoz popular ha alertado de que la falta de actividad en la obra está provocando importantes perjuicios para los usuarios de la carretera.
Según ha explicado, desde finales de 2025 la maquinaria ha desaparecido del entorno de los trabajos mientras continúan los desvíos provisionales, las retenciones y las dificultades de circulación.
Además, considera especialmente preocupante que la situación se mantenga en vísperas de importantes eventos deportivos que atraerán a miles de visitantes al Alto Aragón.
Preocupación por la Quebrantahuesos y el Campeonato de España
Romero ha señalado que la paralización coincide con la celebración de pruebas de gran impacto turístico y deportivo como la Quebrantahuesos y el Campeonato de España de Ciclismo en Carretera.
En este sentido, ha advertido de que miles de participantes y visitantes llegarán al Pirineo encontrándose con una infraestructura inacabada y accesos afectados por las obras sin concluir.
El PP reclama transparencia y un calendario definitivo
El Partido Popular exige al Ministerio la reanudación inmediata de los trabajos, así como la publicación de un calendario concreto, verificable y definitivo para finalizar la variante.
Asimismo, solicita explicaciones sobre los sobrecostes acumulados y sobre las decisiones adoptadas que han desembocado en la actual situación.
“Todo un territorio se siente abandonado por un Ministerio incapaz de ofrecer soluciones a una infraestructura esencial para Aragón”, ha concluido Romero.
Miguel Ángel Vargas defiende la planificación sanitaria estival del Gobierno de Buruaga.
El portavoz de Salud del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Vargas, ha asegurado que ningún consultorio médico rural cerrará este verano en la comunidad autónoma y ha acusado al PSOE de difundir informaciones falsas para generar alarma social y ocultar los problemas derivados de la gestión sanitaria del Gobierno de Pedro Sánchez.
En una comparecencia pública, Vargas defendió la planificación asistencial puesta en marcha por el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga y subrayó que la atención sanitaria está garantizada durante los meses estivales en todos los municipios cántabros.
El PP contrapone su gestión a la etapa PRC-PSOE
El diputado popular recordó que durante los gobiernos de PRC y PSOE sí se produjeron cierres temporales de consultorios rurales debido a la falta de planificación de las vacaciones de los profesionales sanitarios.
“Los vecinos de la Cantabria rural todavía recuerdan cómo se encontraban los consultorios cerrados con un simple cartel en la puerta”, afirmó.
Según explicó, la situación actual es completamente distinta gracias a la organización anticipada del servicio sanitario y a las medidas adoptadas por el Gobierno regional para garantizar la cobertura asistencial.
Transporte gratuito y asistencia garantizada
Vargas destacó que los consultorios mantendrán el servicio de enfermería y que los ayuntamientos conocen con antelación los días concretos en los que no habrá médico disponible.
Además, recordó que el Ejecutivo autonómico mantiene medidas alternativas para evitar perjuicios a los pacientes, como el servicio gratuito de transporte a centros de salud cercanos cuando sea necesario.
El portavoz popular aseguró que estas actuaciones responden a una estrategia diseñada para afrontar la falta de profesionales sanitarios que afecta a toda España.
Incentivos para atraer médicos a Cantabria
Entre las medidas impulsadas por el Gobierno cántabro, Vargas destacó los incentivos económicos para captar y retener facultativos, la declaración de plazas de difícil cobertura y la contratación de todos los profesionales disponibles.
A su juicio, estas políticas demuestran que el Ejecutivo regional está actuando con responsabilidad frente a un problema estructural que afecta al conjunto del Sistema Nacional de Salud.
El PP acusa a Sánchez de agravar la crisis sanitaria
Miguel Ángel Vargas vinculó el deterioro de la actividad sanitaria a las huelgas médicas derivadas del conflicto abierto entre el Ministerio de Sanidad y los profesionales del sector.
Según señaló, esta situación ha provocado la suspensión de unas 160.000 actividades médicas en Cantabria, con el consiguiente impacto en listas de espera, consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.
“El Gobierno de Buruaga dialoga y acuerda; el Gobierno de Sánchez impone y genera conflictos”, sostuvo.
Defensa de la gestión sanitaria del Gobierno regional
El portavoz popular puso en valor las inversiones realizadas en hospitales y centros sanitarios, así como los resultados del Plan de Choque para reducir listas de espera impulsado por el Ejecutivo autonómico.
Asimismo, defendió que los indicadores sanitarios habían mejorado durante los últimos años hasta que las huelgas promovidas por el conflicto nacional alteraron la actividad asistencial.
Por último, pidió al PSOE cántabro que exija al Gobierno central abrir una negociación con los médicos para poner fin al conflicto y evitar nuevas consecuencias sobre los pacientes.
“Los cántabros necesitan soluciones y diálogo, no confrontación ni propaganda política”, concluyó.
Laura Chulià carga contra el bloqueo municipal al Palacio de Justicia de Xàtiva.
La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, Laura Chulià, ha denunciado que el alcalde socialista de Xàtiva, Roger Cerdà, está obstaculizando la construcción del nuevo Palacio de Justicia por motivos políticos, pese a la necesidad urgente de modernizar las instalaciones judiciales que dan servicio a miles de ciudadanos de la comarca.
Chulià ha destacado que los Presupuestos de la Generalitat para 2026 contemplan una partida de 2,6 millones de euros destinada a la adquisición del solar donde se ubicará la futura sede judicial. Según ha señalado, es el actual Consell quien está impulsando definitivamente un proyecto largamente demandado mediante la puesta en marcha de un concurso público para seleccionar parcelas candidatas.
La Generalitat reserva más de 4 millones para el nuevo complejo judicial
La dirigente popular ha explicado que las cuentas autonómicas prevén una inversión inicial de 4,1 millones de euros entre 2026 y 2029 para avanzar en la construcción de los nuevos juzgados de Xàtiva.
Sin embargo, ha lamentado que, tras años de retrasos, la ubicación definitiva continúe sin resolverse debido al bloqueo del Ayuntamiento.
“Es el gobierno del PP quien está haciendo posible que el nuevo Palacio de Justicia sea una realidad, mientras el alcalde socialista continúa poniendo obstáculos al proyecto”, ha afirmado.
El PP critica la apuesta por una ubicación “inviable”
Laura Chulià ha defendido la decisión de la Conselleria de buscar una nueva parcela para albergar la futura sede judicial ante la falta de avances por parte del consistorio.
En este sentido, ha criticado la insistencia del Ayuntamiento en mantener como ubicación el antiguo convento de Santa Clara, una opción que considera inviable por las limitaciones técnicas, urbanísticas y de seguridad que presenta.
Según ha explicado, los informes técnicos alertan de problemas de accesibilidad, evacuación y distribución de espacios, además de advertir de que el edificio no podría responder a las necesidades del partido judicial durante la próxima década.
“Antepone el interés político al interés de los vecinos”
La portavoz de Justicia del PP en Les Corts ha acusado a Roger Cerdà de actuar por motivos partidistas desde el inicio del proyecto.
“Ha puesto pegas desde el primer día únicamente porque quien gobierna en la Generalitat es un partido diferente al suyo. No le importa el interés general de Xàtiva, sino su estrategia política”, ha señalado.
Además, ha recordado que existen precedentes de modificaciones urbanísticas puntuales impulsadas por el propio Ayuntamiento para facilitar infraestructuras como el Centro de Salud Xàtiva II, por lo que considera injustificadas las actuales objeciones municipales.
Una infraestructura para 26 municipios
Chulià ha insistido en que el futuro Palacio de Justicia no solo beneficiará a los vecinos de Xàtiva, sino a todo el partido judicial, que presta servicio a cerca de 88.000 habitantes de 26 municipios de las comarcas de La Costera y La Canal de Navarrés.
Por ello, ha reclamado al Ayuntamiento que abandone el bloqueo institucional y facilite la puesta en marcha de una infraestructura que considera esencial para mejorar la administración de justicia en la zona.
“La prioridad debe ser ofrecer unas instalaciones modernas, accesibles y preparadas para las necesidades futuras de los ciudadanos”, ha concluido.
Jesús Cano: «El problema no es el agua, es cómo la reparte el Gobierno»
El diputado regional del Partido Popular, Jesús Cano, ha reafirmado el compromiso de su formación con la defensa del Trasvase Tajo-Segura y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar una política hídrica basada en criterios ideológicos que perjudica a agricultores, regantes y al conjunto de la economía del Levante español.
Durante la comparecencia del presidente de la Comunidad de Regantes de Totana, Felipe Andreo, en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del acueducto Tajo-Segura, Cano denunció que las nuevas reglas de explotación buscan “consumar un expolio hídrico y una canallada ideológica que ignoran a los agricultores y destrozan nuestra economía”.
El PP cuestiona los nuevos caudales ecológicos
El parlamentario popular criticó el incremento de los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Tajo, asegurando que carecen de una evaluación socioeconómica rigurosa y responden únicamente al objetivo de reducir las aportaciones al Trasvase.
“Estamos ante una decisión política que pone en riesgo miles de hectáreas de cultivo, miles de empleos y una parte esencial de la riqueza que genera el sector agroalimentario”, afirmó.
Cano defendió que los regantes llevan años reclamando planificación, sostenibilidad y criterios técnicos, mientras que el Ministerio continúa adoptando decisiones que, a su juicio, perjudican a las regiones receptoras del agua trasvasada.
Críticas al PSOE por su posición sobre el Trasvase
Durante su intervención, el diputado regional también cargó contra el PSOE por votar en contra de distintas iniciativas destinadas a defender la continuidad del Trasvase Tajo-Segura y de la comisión de estudio creada en la Asamblea Regional.
“Una vez más, el PSOE de la Región de Murcia ha preferido seguir las órdenes de Pedro Sánchez antes que defender los intereses de los murcianos”, aseguró.
La desalación no puede sustituir al Trasvase
Jesús Cano cuestionó además que el Gobierno presente la desalación como una alternativa viable al Trasvase.
Según explicó, los propios regantes han advertido de que el agua desalada no puede sustituir al agua trasvasada ni por volumen disponible, ni por coste, ni por fiabilidad para garantizar la producción agrícola.
A su juicio, esta situación supondría un fuerte impacto sobre la competitividad del sector agroalimentario y sobre la rentabilidad de miles de explotaciones agrícolas.
“El problema no es la falta de agua, sino su gestión”
El diputado popular recordó que España atraviesa actualmente una situación hidrológica favorable, con embalses por encima del 80% de su capacidad y con importantes reservas en la cuenca del Tajo.
Por ello, sostuvo que el debate no gira en torno a la escasez de recursos hídricos, sino a las decisiones políticas sobre su distribución.
“El problema no es la falta de agua, sino cómo se gestiona y cómo se reparte”, señaló.
Respaldo a los regantes
Cano trasladó finalmente el apoyo del Partido Popular a la Comunidad de Regantes de Totana y al conjunto de agricultores y regantes que dependen del Trasvase Tajo-Segura.
“Defender el Trasvase es defender el empleo, la agricultura, la economía regional y la igualdad entre españoles. En esta causa, el Partido Popular estará siempre al lado de los regantes”, concluyó.
Bendodo: «España necesita pasar página de esta etapa política»
El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha asegurado que su formación seguirá investigando y denunciando los casos de corrupción que, a su juicio, afectan al entorno del presidente del Gobierno, al PSOE y al propio Ejecutivo.
Durante una intervención en Málaga, Bendodo afirmó que el Partido Popular “va a perseguir y combatir el enjambre de corrupción que afecta al partido de Pedro Sánchez, al Gobierno de Pedro Sánchez y a la familia de Pedro Sánchez, hasta el final”, al considerar que la situación está dañando la imagen de España dentro y fuera de sus fronteras.
“Una de las semanas más negras de la democracia”
El dirigente popular calificó la situación política actual como de “extrema gravedad” y aseguró que España atraviesa “una de las semanas más negras” de la democracia reciente.
Según señaló, los acontecimientos conocidos durante los últimos días han situado al Gobierno en el centro de la polémica y han incrementado la preocupación de numerosos ciudadanos.
“España no merece un Gobierno así porque el buen nombre de nuestro país queda en entredicho”, sostuvo.
Bendodo: “El muro del sanchismo se ha venido abajo”
Bendodo afirmó que los últimos acontecimientos han provocado un deterioro político del proyecto de Pedro Sánchez y aseguró que “el muro de carga del sanchismo se ha venido abajo”.
En este sentido, consideró que el Ejecutivo atraviesa uno de sus momentos más delicados y señaló que la estabilidad política del Gobierno se encuentra cada vez más cuestionada.
Asimismo, defendió que el PSOE debe abrir una reflexión interna sobre el rumbo que ha tomado el partido en los últimos años.
Críticas al reparto de inversiones en Andalucía
Durante su intervención, Bendodo también denunció lo que considera un nuevo agravio del Gobierno hacia Andalucía en materia de inversiones estatales.
El dirigente popular criticó el reparto de las licitaciones destinadas a la conservación de carreteras y aseguró que la comunidad vuelve a situarse entre las regiones que menos recursos reciben.
“Hay territorios que reciben cientos de millones mientras Andalucía vuelve a quedar relegada”, lamentó.
El PP reivindica su gestión municipal
Por último, Bendodo puso en valor la labor de alcaldes y concejales del Partido Popular en toda España y destacó la gestión desarrollada por los gobiernos municipales de su formación.
Según afirmó, el PP representa un modelo político basado en la gestión, la cercanía y los acuerdos, frente a la situación que, a su juicio, atraviesa actualmente el Gobierno central.
“Cuando los ciudadanos prueban la gestión del Partido Popular, repiten su confianza”, concluyó.
Ricardo Tarno: «El Gobierno firmó un tratado imposible de aplicar»
El diputado del Grupo Popular Ricardo Tarno ha cargado contra el Gobierno durante el debate en el Pleno del Congreso sobre el Tratado de Amistad entre España y Francia, calificándolo como una nueva “chapuza legislativa” del Ejecutivo de Pedro Sánchez y reclamando la convocatoria de elecciones generales.
Durante su intervención, Tarno aseguró que el acuerdo firmado en Barcelona en 2023 incluye aspectos que chocan con el ordenamiento jurídico español, especialmente la participación periódica de ministros franceses en reuniones del Consejo de Ministros español y viceversa.
“El Tratado es la historia de una chapuza legislativa”, afirmó el diputado popular.
El PP denuncia una posible vulneración de la Constitución
Ricardo Tarno recordó que tanto el Consejo de Estado como los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores advirtieron en su momento de las dificultades legales que plantea el texto.
Según explicó, la Constitución española no contempla la participación de ministros extranjeros en el Consejo de Ministros, por lo que considera que el Ejecutivo asumió un compromiso que no podía cumplir sin una modificación legal previa.
“El error fue firmar un tratado incompatible con nuestro marco constitucional y tratar de corregirlo después”, sostuvo.
El Congreso ya rechazó el acuerdo en 2025
El dirigente popular recordó que la Cámara Baja ya rechazó este convenio el pasado año y criticó que el Gobierno haya decidido volver a presentarlo prácticamente sin cambios.
En este sentido, cuestionó la fórmula utilizada por el Ejecutivo para intentar resolver las objeciones jurídicas mediante un intercambio de notas diplomáticas entre España y Francia que matiza la participación ministerial y la sitúa en reuniones paralelas.
Para Tarno, esta solución no corrige el problema de fondo y supone una nueva improvisación legislativa.
El PP defiende una relación sólida con Francia
Pese a su rechazo al texto, el diputado popular subrayó que Francia es un aliado estratégico para España tanto en la Unión Europea como en la OTAN y defendió la necesidad de mantener una relación bilateral estable y basada en la seguridad jurídica.
“Francia merece una relación seria, sólida y ambiciosa, construida desde el respeto institucional y el cumplimiento de la legalidad”, afirmó.
Tarno reclama elecciones generales
Durante su intervención, el parlamentario popular vinculó este episodio a lo que considera una sucesión de errores legislativos protagonizados por el Gobierno en los últimos años.
A su juicio, la gestión del Ejecutivo evidencia falta de planificación y debilidad política, por lo que concluyó reclamando un cambio de rumbo.
“Quien ha fallado no es quien señaló el problema, sino quien firmó un tratado imposible de cumplir. Ante esta situación, lo que corresponde es convocar elecciones y devolver la palabra a los españoles”, concluyó.
Cristina Teniente: «La nueva ley educativa llega sin financiación suficiente»
La portavoz de Educación, Formación Profesional y Deportes del Grupo Popular en el Congreso, Cristina Teniente, ha criticado duramente la nueva ley educativa impulsada por el Gobierno, al considerar que llega con años de retraso, carece de financiación suficiente y no ofrece garantías para su aplicación efectiva en las comunidades autónomas.
Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Teniente calificó la iniciativa como una ley “tardía, incompleta y sin financiación”, pese a tratarse de una reforma de gran relevancia para el futuro del sistema educativo español y para miles de docentes, estudiantes y familias.
La dirigente popular recordó que el Ejecutivo ha incumplido durante cinco años el mandato de la LOMLOE para regular la profesión docente y reprochó la paralización de las negociaciones con los representantes sindicales del sector educativo.
El PP defiende a los docentes y reclama medidas reales
Cristina Teniente subrayó que el Partido Popular ha respaldado históricamente las reivindicaciones de los profesionales de la educación y destacó que muchas de las mejoras planteadas en el proyecto ya se están aplicando en comunidades autónomas gobernadas por el PP.
En este sentido, señaló que cuestiones como la reducción de ratios y la disminución de horas lectivas solo serán efectivas si vienen acompañadas de más recursos humanos y una financiación adecuada.
“La mejora de la calidad educativa no puede quedarse en anuncios o buenas intenciones; necesita planificación, inversión y compromiso”, defendió.
Riesgo de desigualdades entre comunidades autónomas
La portavoz popular alertó además de que el proyecto legislativo traslada parte de los costes a las comunidades autónomas sin garantizar los recursos necesarios para asumirlos.
A su juicio, esta situación puede provocar importantes diferencias territoriales en la aplicación de las medidas previstas y generar nuevas desigualdades entre alumnos en función de la comunidad donde residan.
Asimismo, advirtió de que algunas disposiciones podrían afectar a competencias autonómicas en materia educativa.
El PP presentará enmiendas para mejorar la ley
Pese a las críticas, Cristina Teniente aseguró que el Partido Popular no bloqueará la tramitación parlamentaria de la norma, aunque trabajará para corregir sus principales deficiencias.
Para ello, el Grupo Popular registrará enmiendas destinadas a reforzar la participación de las comunidades autónomas, garantizar una financiación suficiente y asegurar que las mejoras educativas puedan aplicarse de forma homogénea y eficaz en todo el territorio nacional.
“La educación necesita acuerdos, estabilidad y recursos. No puede convertirse en una nueva promesa sin respaldo económico”, concluyó.
Sol Cruz Guzmán pide una nueva Ley del Cine consensuada y adaptada a las plataformas digitales.
La portavoz de Cultura del Grupo Popular en el Congreso, Sol Cruz Guzmán, ha cargado contra el proyecto de Ley del Cine impulsado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al considerar que se trata de una norma “obsoleta”, elaborada sin consenso y que no responde a las necesidades actuales de la industria audiovisual española.
Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Cruz Guzmán reprochó al Gobierno haber tardado años en presentar una reforma que, a su juicio, debería haber sido una prioridad para un sector estratégico tanto desde el punto de vista cultural como económico.
“La ley no resuelve los retos relevantes del cine y llega después de años de retraso”, afirmó la diputada popular, quien criticó además la intención del Ejecutivo de tramitar el texto de forma acelerada mediante un plazo de enmiendas “exprés”.
El PP denuncia falta de diálogo con el sector
La portavoz popular aseguró que el proyecto ha sido elaborado sin escuchar suficientemente a los profesionales del sector y lamentó que una norma de esta relevancia no vaya a contar con el debate y el consenso que merece.
“Después de más de 70 prórrogas y dos legislaturas, el Gobierno pretende sacar adelante una ley que preocupa a buena parte del sector y que no convence a nadie”, señaló.
En este sentido, acusó al Ejecutivo de querer limitar el debate parlamentario sobre una legislación que marcará el futuro de la industria audiovisual española.
“Una cortina de humo para salvar al soldado Sánchez”
Cruz Guzmán sostuvo que la iniciativa legislativa responde más a intereses políticos que a las necesidades reales del cine español.
Según explicó, el Gobierno utiliza esta reforma como una “nueva cortina de humo” para desviar la atención de la crisis política que atraviesa el Ejecutivo y de los escándalos que rodean al entorno de Pedro Sánchez.
“La sensación es que esta ley llega para salvar al soldado Sánchez y no para impulsar al cine español”, afirmó.
El PP alerta sobre el cierre de salas y la brecha cultural
La dirigente popular advirtió además de que el texto no afronta problemas fundamentales como el cierre progresivo de salas de cine, especialmente en municipios pequeños y zonas rurales.
A su juicio, esta situación puede agravar la brecha cultural entre territorios y limitar el acceso de miles de ciudadanos a la oferta cinematográfica.
Asimismo, alertó de la falta de infraestructuras, recursos humanos especializados y programas de formación que permitan consolidar a España como uno de los principales polos internacionales de producción audiovisual.
Una industria clave para la economía y la cultura española
Sol Cruz Guzmán recordó que el sector audiovisual aporta cerca del 0,65% del PIB nacional y genera más de 156.000 empleos, además de proyectar la imagen de España en todo el mundo.
Por ello, defendió la necesidad de impulsar una legislación moderna, consensuada y adaptada a los cambios provocados por las plataformas digitales y las nuevas formas de consumo cultural.
“La cultura no debe utilizarse para dividir a los españoles. El cine no es de derechas ni de izquierdas, es parte del patrimonio común que nos une”, concluyó.
La portavoz popular tendió la mano a los profesionales del sector para trabajar en una nueva Ley del Cine que nazca del consenso y que garantice el futuro de una industria estratégica para España.