Paula Prado: «El PP tiene un plan de rescate para Lugo»
El Partido Popular de Galicia ha defendido la moción de impulso presentada en el Ayuntamiento de Lugo como una herramienta para recuperar la estabilidad institucional y mejorar la gestión municipal.
La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha destacado que esta iniciativa, liderada por Elena Candia junto a María Reigosa, responde a un “plan de rescate” para la ciudad tras la situación generada por el actual gobierno local.
El Partido Popular ha subrayado que su propuesta se basa en un proyecto de gestión con medidas concretas para revitalizar Lugo, entre ellas un plan de acción con 45 iniciativas orientadas a mejorar la movilidad, impulsar la rehabilitación urbana y reforzar los servicios municipales.
Paula Prado ha puesto en valor que el PP fue la fuerza más votada en las elecciones municipales de 2023 en Lugo, con 12 concejales, y ha defendido que la actual iniciativa responde al compromiso con los vecinos y a la necesidad de garantizar una gestión estable y eficaz.
Asimismo, ha destacado el compromiso de Elena Candia con la ciudad, frente a otras prioridades políticas, y ha reiterado que el objetivo del Partido Popular es ofrecer soluciones que mejoren la calidad de vida de los lucenses.
En el ámbito autonómico, el Partido Popular ha defendido también las políticas del Gobierno gallego en materia de empleo y control del absentismo laboral, destacando la necesidad de abordar este fenómeno con rigor, garantizando los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema productivo.
El Partido Popular de Galicia reafirma así su compromiso con una gestión responsable, centrada en las personas y orientada a ofrecer estabilidad, progreso y oportunidades.
Antonio Repullo presenta su candidatura del PP por Córdoba.
El Partido Popular ha presentado en Córdoba la candidatura de Antonio Repullo como número uno al Parlamento de Andalucía por la provincia, en un acto marcado por la cercanía, la reflexión y el diálogo con la sociedad civil.
Bajo el lema “Aprender a mirar”, Repullo ha defendido una forma de hacer política basada en la escucha activa, el compromiso con el territorio y el trabajo a largo plazo. Durante su intervención, ha subrayado la oportunidad de Córdoba para seguir avanzando sin perder su identidad, destacando proyectos estratégicos vinculados a la electrificación, el agua y la reindustrialización.
El candidato ha estado acompañado por el oncólogo Juan de la Haba, quien ha puesto en valor la capacidad de Repullo para conectar con la ciudadanía y generar confianza desde la cercanía y la honestidad.
Antonio Repullo ha reafirmado su compromiso personal con Córdoba, destacando su arraigo a la provincia y su voluntad de seguir trabajando desde la proximidad. “Defenderé a Córdoba siempre”, ha asegurado ante un auditorio diverso, reflejo de la vocación integradora del proyecto.
La candidatura se enmarca en el modelo de gestión del Gobierno andaluz liderado por Juanma Moreno, basado en la estabilidad, la moderación y el diálogo, que el Partido Popular defiende como clave para seguir impulsando el crecimiento y las oportunidades en Andalucía.
El Partido Popular afronta las próximas elecciones autonómicas con el objetivo de consolidar este modelo, reforzando su compromiso con Córdoba y con el conjunto de los andaluces.
Patricia Navarro: «El AVE reabre por campaña, no por gestión»
La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha advertido hoy que, casualmente, la nueva fecha dada por Adif para la reapertura parcial del AVE, el 30 de abril, coincide con el arranque de la campaña de las próximas elecciones autonómicas y ha calificado de electoralismo de libro esta puesta en servicio a medias tras perder el Ministerio de Transportes casi un mes antes de intensificar los trabajos en el talud de Álora.
De este modo, ha cuestionado al Ejecutivo de Sánchez y Puente cómo será este nuevo servicio reducido, con el paso de trenes por una sola vía, menos frecuencias y la limitación de velocidad en este tramo, preguntando igualmente cuándo prevé restablecer la conexión total y en términos de normalidad.
Navarro ha reprochado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su falta de diligencia y de transparencia, y ha lamentado el perjuicio generado a usuarios y sectores productivos por el corte del AVE directo desde el 18 de enero, por el accidente de Adamuz, al que se sumó el desprendimiento de un talud el pasado 4 de febrero.
Así, ha recordado que Adif ha anunciado hasta cuatro fechas distintas en este tiempo, desde principios de marzo, pasando por el 23 de ese mes, el 27 de abril y ahora el día 30. “Esperemos que no se quiera hacer un uso electoralista de esta situación, que ha supuesto no sólo un engaño para todos los malagueños, sino una gran molestia para el día a día de trabajadores y estudiantes que necesitan ir a Madrid o a otros puntos de Andalucía, como Córdoba; además del impacto generado en sectores productivos como el turismo tanto por la desconexión como por la incertidumbre generada”.
“Los malagueños llevamos 95 días sin esa conexión ferroviaria. En este tiempo, han sido cuatro fechas diferentes y todavía quedan muchas incógnitas; por ejemplo, por qué no se actuó con diligencia desde el principio para que el restablecimiento de la conexión ferroviaria se hubiera adelantado casi un mes, que fue lo que tardó Puente en valorar la complejidad de los trabajos”, ha explicado.
Además, ha criticado que el Gobierno no haya tenido en cuenta ninguna de las medidas propuestas por el PP tanto para evitar el trasbordo en autobús como para compensar a los usuarios y a los sectores perjudicados por esa desconexión. Así, ha recordado la petición de un puente aéreo provisional a precio tasado, la eliminación de peajes en la Costa del Sol y en Las Pedrizas, el refuerzo de vuelos y ayudas directas a los sectores afectados.
Del mismo modo, ha señalado la petición de soluciones técnicas para evitar el trasbordo en autobús y recortar tiempo de viaje, como el uso de trenes de ancho variable o de Cercanías por la línea convencional hasta Antequera.
En esta línea, la presidenta provincial también ha criticado la falta de ayudas impulsadas por el Ejecutivo central para los sectores afectados. Cabe recordar igualmente que el Congreso de los Diputados dio luz verde a la propuesta del PP para aprobar estos incentivos, iniciativa que contó con el voto en contra del PSOE.
“Estamos en una provincia eminentemente turística, pero también motor económico de Andalucía y de España, y el Gobierno de España no ha adoptado ninguna medida para compensar esta desconexión ferroviaria desde el pasado 18 de enero”, ha concluido Navarro.
Martínez Arregui: «Quitar la prioridad por edad acelera el abandono del campo»
El Partido Popular ha logrado el respaldo mayoritario del Parlamento de La Rioja a una Proposición No de Ley destinada a evitar que agricultores y ganaderos pierdan la condición de explotación agraria prioritaria por razones de edad cuando continúan en activo.
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Begoña Martínez Arregui, ha defendido que esta medida es clave para garantizar la continuidad del sector primario y evitar el abandono de explotaciones. “Pedimos que no se retire esta condición por edad, porque puede acelerar el abandono y dificultar el relevo generacional”, ha subrayado.
El Partido Popular ha alertado del envejecimiento del sector agrario en La Rioja, donde la edad media de los titulares de explotaciones se sitúa cerca de los 60 años y el 64% tiene 65 o más. Frente a ello, solo el 11% corresponde a menores de 40 años, lo que refleja un problema estructural que requiere soluciones urgentes.
Asimismo, el GPP ha advertido de que la aplicación de la normativa actual podría provocar una reducción significativa de explotaciones prioritarias: un 9,46% en cinco años y hasta un 28,46% en una década. Actualmente, existen 1.443 explotaciones con esta calificación en la comunidad.
El Partido Popular defiende que los agricultores y ganaderos que continúan desarrollando su actividad tras la jubilación no deben ser penalizados, ya que desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del tejido rural, la economía local y la fijación de población.
En este sentido, el GPP apuesta por adaptar la legislación vigente a la realidad demográfica del sector, facilitando el relevo generacional y reconociendo la labor de quienes siguen activos en el campo.
Antonio Luengo: «El campo paga casi 1 millón al día por la inacción del Gobierno»
El senador del Partido Popular por la Región de Murcia Antonio Luengo ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez medidas urgentes ante el sobrecoste “inasumible” que sufre el campo de la Región de Murcia.
El senador ha reclamado al Gobierno de España la adopción inmediata de medidas “reales y eficaces” para hacer frente a la grave situación que atraviesa el sector agrario regional, tras las advertencias realizadas por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que cifra en 960.000 euros diarios el sobrecoste que soportan los agricultores y ganaderos murcianos.
En este contexto, Luengo ha advertido de que los agricultores de la Región de Murcia están pagando casi un millón de euros más al día desde el inicio del conflicto con Irán, lo que supone un sobrecoste acumulado cercano a los 300 millones de euros en la producción de alimentos.
Asimismo, ha señalado que el precio de los fertilizantes se ha incrementado entre un 40% y un 50% en las últimas semanas, mientras que el gasóleo ha subido un 50% y la energía vinculada al transporte más de un 35%. “Señorías del PSOE, si de verdad creyeran en el sector primario trabajarían por él. Sin embargo, no toman medidas ni apoyan iniciativas en favor de agricultores y ganaderos porque no creen en la agricultura ni en la ganadería”, ha criticado. “Mientras ustedes permanecen en la inacción, desde el Partido Popular seguiremos trabajando por y para todos los agricultores y ganaderos de España”, ha añadido.
Luengo ha mostrado su “máxima preocupación” ante un escenario marcado por el incremento continuado de los costes de producción, agravado por la inestabilidad internacional, y ha denunciado que “el Gobierno de Sánchez vuelve a llegar tarde y con medidas claramente insuficientes ante una crisis que amenaza la viabilidad de miles de explotaciones”.
“El campo de la Región de Murcia no puede soportar más presión. Estamos hablando de explotaciones familiares que ven cómo cada día aumenta su coste sin que el Ejecutivo mueva ficha con contundencia”, ha señalado el senador.
En este sentido, Luengo ha respaldado las reivindicaciones de COAG Murcia y ha reclamado al Gobierno central a que impulse un refuerzo de las ayudas directas, una revisión urgente de los costes energéticos y medidas eficaces para frenar el encarecimiento de los insumos.
Asimismo, ha instado a activar mecanismos excepcionales a nivel europeo y nacional, como ya se hizo en anteriores crisis, y ha criticado la falta de anticipación del Ejecutivo: “Mientras otros países reaccionan, en España seguimos instalados en la inacción y la propaganda”.
“El Gobierno debe actuar con rapidez y contundencia. No hacerlo tendrá graves consecuencias para el campo murciano, para nuestra economía y para el empleo”, ha advertido.
Por último, Luengo ha reafirmado el compromiso del Partido Popular con el sector primario: “Frente a la pasividad del Gobierno de Sánchez, el PP seguirá defendiendo a nuestros agricultores y ganaderos con propuestas serias, bajadas de impuestos y medidas que garanticen su futuro”.
Carmen Fúnez: «Sánchez abandona la sanidad por sus problemas judiciales»
El Partido Popular ha denunciado la situación del Sistema Nacional de Salud y ha exigido responsabilidades al Gobierno de Pedro Sánchez ante el aumento de la conflictividad y el deterioro de la atención sanitaria.
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha advertido de que el Ejecutivo “no está centrado en resolver los problemas reales de los ciudadanos”, señalando que la sanidad atraviesa una situación crítica tras meses de huelgas y tensiones en el sistema.
El Partido Popular ha puesto el foco en el impacto de este conflicto, destacando que se han producido más de 1,5 millones de cancelaciones de actos médicos, lo que, según Fúnez, evidencia la gravedad de la situación. “Llegar tarde en sanidad, en muchas ocasiones, significa no llegar”, ha subrayado.
Asimismo, ha reclamado la dimisión de la ministra de Sanidad, a quien considera “parte del problema”, y ha instado al presidente del Gobierno a actuar de manera inmediata para poner fin a la situación.
José Virgilio Menéndez: «La Justicia no puede depender de intereses políticos»
El Grupo Parlamentario Popular ha sacado adelante en el Pleno de hoy una Proposición No de Ley con la que exige al Gobierno central que respete la independencia del Poder Judicial, sin injerencias ni ataques, y dote de todos los medios humanos y materiales necesarios para poder llevar a cabo su función constitucional.
“El sanchismo nació para el poder y por el poder, con la corrupción institucional y económica como método de trabajo”, ha afirmado el diputado del GPP José Virgilio Menéndez en su intervención para defender la iniciativa. Una corrupción, ha señalado, que ha llevado al Ejecutivo de Sánchez a “intentar dominar el Poder Judicial desde el primer día para que no haya una Justicia independiente que entre a investigar y juzgar su delictiva y corrompida forma de gobernar”.
Asimismo, en su exposición de motivos, la iniciativa de los populares explica que el pilar de todo Estado de derecho es una Justicia ágil y eficaz, un objetivo inalcanzable cuando persiste una carencia tan acusada de personal y cuando los procesos selectivos conllevan una inestabilidad en las plantillas.
“La situación es desoladora, la plantilla tiene una alta edad media y, en su mayor parte, interina; lo que desanima a los trabajadores de la Justicia, especialmente a los jueces, que cada vez son menos y con mayor carga de trabajo”, ha señalado el diputado del GPP.
Por ello, reclaman que se disponga de las plazas de jueces y fiscales requeridas en función de las necesidades manifestadas por el Consejo General del Poder Judicial y los Tribunales Superiores de Justicia en el ámbito de sus respectivas Comunidades Autónomas, así como de las plazas de personal funcionario que se precisen.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la iniciativa del GPP pide que se convoquen nuevas plazas de jueces y magistrados en orden a las demandas realizadas por el Tribunal Superior de Justicia de la región, que estima de manera urgente la cobertura de 142 puestos y más de 350 nuevas plazas adicionales de cara a los próximos cinco años. En el mismo marco, La PNL insta también a que se elimine la tasa de reposición y otorgue 800 plazas anuales en las ofertas de empleo público de los próximos tres años y propone que la oferta del ministerio permita a la Comunidad de Madrid alcanzar como máximo el 8% de interinidad, frente al 38,6% actual.
Además, los populares ponen de manifiesto el problema que genera que sea el Gobierno central el que determine unilateralmente el número de plazas para funcionarios de Justicia que se ofertan a nivel nacional y que las distribuya entre las Comunidades Autónomas sin atender a las necesidades de cada una de ellas, a pesar de que son las regiones las que hacen frente a la totalidad de las retribuciones de este personal.
En este sentido, Menéndez ha criticado al Gobierno central que “las nuevas plazas de jueces no se han repartido en base a las necesidades de las CCAA, sino a su criterio para privilegiar a sus socios perjudicando así a los madrileños”. Por ello, el texto recoge la necesidad de que las plazas asignadas respeten la distribución por cuerpos que determine previamente la Administración autonómica.
Por último, el GPP reclama con esta iniciativa que el criterio de otorgamiento del número de plazas contemple las vacantes generadas en los concursos de traslados anuales y las plazas de nueva creación, además de que se reduzca el plazo de ejecución de las ofertas de empleo público para que no se genere un número excesivo de vacantes que avoque a su cobertura por personal interino.
Rafael Núñez advierte del peligro de normalizar drogas.
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha sacado adelante en el Pleno de hoy en la Asamblea de Madrid el dictamen final de la comisión de estudio para abordar el impacto de la droga en la Comunidad de Madrid y el texto señala que el problema no se limita al aumento del consumo, sino que se ve agravado por la banalización en su percepción social, lo que dificulta la prevención, sobre todo en adolescentes y jóvenes.
El documento, aprobado ya en comisión, analiza las consecuencias reales de la droga en la sociedad madrileña, las causas que llevan a la adicción, el negocio que orbita a su alrededor y las posibles fórmulas para abordar el problema. En este sentido propone un total de 16 recomendaciones en los ámbitos de la familia y la adolescencia, la prevención y la comunicación, la atención, el tratamiento y la reinserción, el narcotráfico y la seguridad, así como en el apartado de la investigación y la vigilancia.
Entre las medidas que recoge el texto, el GPP propone que se refuerce la prevención temprana en los centros educativos, se garantice la coherencia en el mensaje público, se facilite el acceso temprano a la atención especializada, se refuerce la coordinación entre la Comunidad de Madrid, los municipios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para identificar los puntos de venta y distribución, así como impulsar líneas de investigación propias sobre adicciones en colaboración con universidades y hospitales de la región.
Así lo ha expuesto del diputado Ismael Sirio López, encargado de exponer el dictamen, quien ha destacado que “el problema de las drogas no es marginal ni pertenece al pasado”. “Se trata de un desafío presente, en constante evolución, cambiante y complejo, que exige una respuesta pública seria, continuada y bien fundamentada”, ha afirmado.
En su intervención, López ha puesto de manifiesto que “las drogas destruyen vidas, fracturan familias y alimentan organizaciones criminales”, y ha insistido en que “la banalización, la mirada hacia otro lado disfrazada de modernidad, libertad y tolerancia es parte del problema, no la solución”.
En esta misma idea ha insistido el portavoz adjunto del GPP Rafael Núñez, para quien “lo más preocupante es que el consumo de algunas sustancias se haya banalizado y, por consiguiente, normalizado, lo que provoca que la percepción de riesgo haya caído de forma alarmante”.
Para elaborar el documento, la comisión ha abordado la cuestión desde diferentes enfoques y ha contado con las comparecencias de expertos, profesionales, representantes de la Administración, de la sociedad civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han coincidido en que el cannabis no es una droga blanda.
El dictamen del GPP recoge que la normalización de algunas drogas como el cannabis hace que se perciban como sustancias inocuas o no tan dañinas, especialmente entre los jóvenes, lo que incrementa su vulnerabilidad. Y, en este sentido, Núñez ha advertido de que “blanquear el cannabis es una gravísima irresponsabilidad, además de muy peligroso”, y ha concluido que “quienes lo venden como algo inofensivo o casi saludable están engañando y lo hacen con una ligereza que roza la negligencia”.