Paloma Martín: «Solo 56 de 314 presas tienen plan de emergencia»
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y senadora por la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha advertido de que “la ideología radical y el fanatismo climático del Gobierno pone en riesgo la seguridad de las personas y cuesta vidas”.
Durante la sesión de control al Gobierno, Martín ha interpelado directamente a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, por la falta de inversión y mantenimiento en las grandes presas de titularidad estatal.
La dirigente popular ha señalado que la vicepresidenta “tiene la responsabilidad, dispone de la información y cuenta con los medios” para garantizar la seguridad de estas infraestructuras críticas, pero mantiene, a su juicio, “una gestión contemplativa” sin cumplir con la obligación legal de asegurar el suministro y la protección de las infraestructuras.
Martín ha aportado datos del propio Ministerio que, según ha indicado, reflejan una situación preocupante: un tercio de las presas estatales necesitan refuerzos estructurales urgentes; el 38% carece de capacidad suficiente para desaguar; el número de inspecciones es insuficiente; y solo 56 de las 314 presas cuentan con planes de emergencia implantados.
“Nos encontramos ante un desafío estructural de seguridad pública que debe abordarse como política de Estado”, ha afirmado con rotundidad.
Críticas a la planificación hídrica
La senadora del PP ha denunciado que “las obras hidráulicas no encajan en el relato ultra ecologista del Gobierno”, subrayando que el propio Ministerio reconoce la necesidad de invertir 405 millones de euros al año, pero no se consignan los recursos necesarios en los presupuestos.
Asimismo, ha lamentado que, pese a los fondos europeos Next Generation y al incremento de la recaudación fiscal, no se estén ejecutando las inversiones necesarias en infraestructuras hídricas.
Martín ha advertido de que la edad media de las presas en España es de 55 años y ha alertado de un “envejecimiento conceptual y tecnológico” agravado por la falta de inversión y un vacío generacional en las confederaciones hidrográficas.
“No es alarmismo, es responsabilidad”, ha enfatizado, exigiendo una revisión de seguridad presa a presa y la acreditación del cumplimiento de las obligaciones legales en cada infraestructura.
Exigencia de auditoría y rendición de cuentas
En su intervención, la portavoz adjunta del GPP ha reclamado una auditoría técnica independiente y ha criticado que el Gobierno priorice, a su juicio, el activismo frente a la gestión.
“Llevan casi siete años en el Gobierno y hablan como si fueran recién llegados”, ha reprochado a la ministra, insistiendo en que “no sirven normas ni planes si no van acompañados de inversión real”.
Antes de concluir, Paloma Martín ha denunciado lo que considera una cadena de precedentes graves en la gestión de infraestructuras estratégicas y ha exigido que se aprueben las inversiones necesarias para garantizar la seguridad hídrica y la protección de vidas humanas.
Lorena Guerra: «Nuestros agricultores compiten con menos herramientas»
La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y senadora por Córdoba, Lorena Guerra, ha denunciado que los agricultores españoles “compiten en el mismo mercado con menos herramientas”, lo que, a su juicio, supone una clara situación de “competencia desleal”.
Durante la sesión de control celebrada en la Cámara Alta, Guerra ha preguntado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cómo pretende el Gobierno dotar de competitividad al sector “prohibiendo la utilización de fitosanitarios que sí pueden utilizar otros países europeos”.
La senadora popular ha subrayado que la desventaja no solo se produce frente a terceros países, sino también dentro de la propia Unión Europea. “Mientras en países vecinos como Francia e Italia mantienen 87 y 85 materias activas autorizadas, en España hemos caído a 31. ¿Cómo se compite así?”, ha planteado.
Guerra ha cuestionado los criterios más estrictos aplicados por el Ministerio en materia de plagas y enfermedades, y ha reclamado al Ejecutivo que “deje trabajar en paz a los agricultores españoles”, que cada vez afrontan mayores dificultades para sacar adelante sus cultivos.
Asimismo, ha advertido del impacto económico de estas restricciones, señalando que cuando un tratamiento no controla una plaga, el agricultor se ve obligado a repetirlo, incrementando los costes de producción. “Primero lo paga el agricultor y después el consumidor con una cesta de la compra más cara”, ha afirmado.
La portavoz de Agricultura del PP ha acusado al Gobierno de imponer “más trabas y restricciones por su manía de ir siempre más allá que el resto de Europa cuando se trata de limitar al agricultor español”, y ha defendido que la agricultura es “un sector esencial y estratégico” que, según ha advertido, “están asfixiando con su política”.
Por último, Guerra ha exigido al ministro que rectifique su política agraria y adopte medidas que refuercen la competitividad del campo español en igualdad de condiciones con el resto de países europeos.
Martínez Portillo: «Nunca hubo un Gobierno tan opaco en 50 años de democracia»
El senador del Partido Popular por La Rioja, Luis Martínez Portillo, ha denunciado que en los casi 50 años de democracia “nunca ha habido en España un Gobierno tan opaco como el que preside Pedro Sánchez”, asegurando que existe “una total falta de transparencia, de rendición de cuentas y de información pública”.
Durante una interpelación en el Pleno del Senado al ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, Martínez Portillo ha reprochado al Ejecutivo “su absoluta falta de compromiso real con la rendición de cuentas y su política de acceso sesgado e interesado a la información pública, solo respecto de aquello que quieren que se conozca”.
El senador riojano ha afirmado que los españoles “tienen derecho a saber la lista de los 900 asesores que trabajan para el presidente y sus ministros”, así como “la verdad sobre la estancia de Delcy Rodríguez en Barajas en enero de 2020” o el contenido de los acuerdos alcanzados con independentistas catalanes y con Bildu para garantizar la permanencia del Gobierno en La Moncloa.
Martínez Portillo ha calificado como “la tormenta perfecta” el anuncio de un anteproyecto de ley de transparencia por parte del Ejecutivo mientras, según ha denunciado, “no practican lo que predican” y levantan parcialmente el secreto sobre hechos ocurridos hace casi 50 años como el 23F. “Una vez más, una cortina de humo para difuminar la realidad que de verdad interesa a los españoles”, ha señalado.
Asimismo, ha defendido que cualquier nueva normativa debe garantizar que los ciudadanos conozcan “dónde van sus recursos, a qué campañas de información y a qué medios de comunicación”, denunciando como ejemplo la renovación de un contrato en la televisión pública por valor de 31,5 millones de euros hasta 2028 pese a no existir Presupuestos aprobados.
El senador ha recordado que, según el informe de Transparency International publicado en febrero de 2026, España ha descendido un punto (55/100) y tres puestos en el índice global de percepción de la corrupción, y ha denunciado que el Gobierno incumplió aproximadamente una de cada diez resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno durante 2025.
Entre los ejemplos de opacidad, Martínez Portillo ha citado los viajes en Falcon y la falta de información sobre sus costes; el caso del hermano del presidente; el rescate de Plus Ultra; la inexistencia del comité de expertos durante la pandemia; la falta de explicaciones sobre el gran apagón; el accidente de Adamuz y la retirada de material por ADIF; así como el caso Pegasus, cuya investigación sigue sin aclararse.
“El Gobierno más opaco de la democracia recurre con frecuencia a la Seguridad Nacional o al secreto de Estado para eludir respuestas sobre asuntos relevantes”, ha concluido el senador popular.
Ana Vega: «La izquierda ataca hospitales eficientes por odio ideológico»
Ana Vega, portavoz adjunto del GP VOX en las Cortes Valencianas , ha explicado en su intervención que “Respecto a la reutilización de material sanitario, el informe de Inspección sanitaria que leyó el Conseller dice: ‘no se observa una discordancia entre el número de procedimientos realizados y el consumo de catéteres registrados, por lo que es improbable la reutilización de catéteres de un solo uso. A la vista de las actuaciones practicadas… no se ha objetivado el reprocesamiento de catéteres de electrofisiología”.
Vega ha aclarado que “Entre la información de un medio con un sesgo claro de extrema izquierda y un informe de unos profesionales sanitarios, servidores públicos, con décadas de servicio a sus espaldas, VOX se queda con los Informes de la Inspección sanitaria”.
La portavoz adjunto ha explicado que “Por otro lado, pide el PSOE que se revierta el Hospital del Vinalopó. ¡Como no!, el único que se les quedó en el tintero porque los valencianos los pusieron de patitas en la oposición. ¿Y para qué quieren revertir un hospital que tiene una de las listas de espera quirúrgicas más baja (37 días frente a la media que son 80)? Uno de los hospitales con mejores tiempos de respuesta para operaciones programadas. Por pura ideología sectaria. Quieren hacer como con Torrevieja. Un departamento que las auditorías de la Sindicatura de Cuentas situaban en la vanguardia pasó, de la noche a la mañana, a ser un caos”.
“Lo que hace la izquierda son reversiones de concesiones a la sanidad pública por motivos ideológicos. Porque ustedes desprecian el papel esencial de contribución del sector privado a la salud pública, pero a la hora de la verdad: Oscar Puente se va al Hospital Rey Juan Carlos gestionado por Quirón, Carmen Calvo se iba a la Ruber en el covid y Margarita Robles es asidua de la Clínica de Navarra”.
Sobre el estatuto médico ha dicho “Estamos de acuerdo en que la falta de profesionales médicos está contribuyendo al colapso de la sanidad. Sin médicos no hay sanidad. Así que le pregunto: ¿Estatuto Médico Propio sí o no? Los médicos son los únicos profesionales con jornadas obligatorias de guardias de 24horas, que no son horas extra, que están pagadas por debajo de la hora ordinaria y sin límite y, lo más grave, no computan a la hora de la jubilación. Defender el Estatuto Médico Propio es defender la sanidad.”
Eloy Suárez: «Intercambiar impunidad por poder es romper la igualdad ante la ley»
El senador del Grupo Parlamentario Popular por Aragón, Eloy Suárez, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de intercambiar “impunidad por poder”, una estrategia que, a su juicio, “quiebra el principio básico de la igualdad ante la ley”.
Suárez se ha pronunciado en estos términos tras preguntar en el Senado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en su condición de portavoz del Ejecutivo, si el Gobierno está en condiciones de dar lecciones sobre posibles pactos políticos.
El senador aragonés ha criticado lo que considera un “doble rasero obsceno” por parte del PSOE, al que acusa de “criminalizar” los acuerdos del Partido Popular con Vox mientras, según ha denunciado, pacta con formaciones independentistas y herederas del entorno de ETA. “Blanquean el terror para seguir en el sillón”, ha afirmado, en referencia a los acuerdos parlamentarios que han permitido la excarcelación de condenados por terrorismo.
Suárez ha calificado de “vergonzantes” los pactos del PSOE y ha ironizado sobre el discurso socialista de situarse “en el lado correcto de la historia”. “Nos llaman ultras por pactar con Vox, pero pactan con Otegi o con Junqueras. ¿Entonces ustedes qué son?”, ha preguntado desde la tribuna.
Asimismo, ha asegurado que el Gobierno atraviesa una situación de debilidad política, al no contar con Presupuestos Generales del Estado ni con una mayoría parlamentaria estable. “No tienen apoyo suficiente y tampoco pueden salir a la calle porque la gente no les soporta”, ha manifestado.
Para concluir, el dirigente popular ha afirmado que el Ejecutivo “ha llevado las instituciones al límite y la democracia al borde del abismo”, acusando al presidente del Gobierno de priorizar su permanencia en el poder por encima de cualquier otro principio.
Feijóo acusa a Sánchez de aislar a España y romper puentes con EEUU.
El presidente del Partido Popular ha defendido la necesidad de preservar la relación estratégica de España con Estados Unidos y ha rechazado “contemporizar con el régimen iraní”, subrayando que por encima del Derecho Internacional están los Derechos Humanos.
Durante su intervención, ha pedido a los socios europeos y a Estados Unidos que “no confundan a los 50 millones de españoles con un Gobierno en precario”, y ha criticado la comparecencia del presidente del Ejecutivo para explicar la posición de España respecto al conflicto con Irán, al considerar que se ha producido “sin preguntas” y sin el necesario debate parlamentario.
El líder del PP ha exigido que la decisión adoptada por el Gobierno en política exterior se explique en el Congreso de los Diputados, al entender que no puede ser una determinación “irresponsable” tomada por un presidente “de turno y en precario”. “¿Por qué estamos más solos? ¿Por qué ya nadie quiere reunirse con nosotros y no formamos parte de la mesa donde se decide la posición estratégica de la UE?”, se ha preguntado.
En relación con Irán, ha afirmado que el régimen “masacra a sus propios ciudadanos, persigue el armamento nuclear, financia el terror y desestabiliza la región”, y ha señalado que “ningún demócrata puede negar esta realidad”.
Ha defendido que la política exterior debe situarse por encima de los intereses partidistas y que España debe actuar en coordinación con sus aliados europeos y con Estados Unidos, sin desviarse del marco común por intereses políticos internos.
Asimismo, ha acusado al presidente del Gobierno de utilizar la política internacional con fines electorales para captar votos de la izquierda más radical, algo que ha calificado como “lo contrario de una política internacional seria y sólida”.
En relación con el acuerdo sobre Gibraltar, ha afirmado que “el Reino Unido gana y España pierde”, y ha exigido que el texto se lleve a las Cortes Generales para su debate y validación. Ha comparado este proceso con el acuerdo alcanzado por Francia con Andorra, que fue debatido en la Asamblea francesa.
El presidente del PP también ha revelado que ha mantenido una conversación “larga, sincera y respetuosa” con el presidente del PNV, Aitor Esteban, subrayando que su proyecto para Euskadi no busca “hacerla más independiente, sino más próspera”. Ha expresado su sorpresa por la continuidad del apoyo del PNV al Gobierno desde 2018 y ha reiterado su voluntad de mantener una relación de lealtad institucional.
En el ámbito económico, ha criticado la gestión de la SEPI, a la que ha acusado de haberse convertido en un “brazo político” del Ejecutivo, y ha advertido de que la participación pública en empresas debe ser “siempre excepcional”. También ha expresado su deseo de que Talgo recupere la rentabilidad y la eficiencia.
Finalmente, ha calificado la política energética del Gobierno de “errática, llena de ideología y con escasa tecnología”, y ha considerado “irresponsable” clausurar la energía nuclear en el actual contexto internacional, recordando que aporta el 21% de la energía que produce España.
Inma Sanz acusa al Gobierno de perder el control de Barajas y de las fronteras.
La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha defendido la necesidad de que la inmigración sea “ordenada, legal y regularizada”, asegurando que la actual gestión del Gobierno central está generando un impacto directo en los servicios públicos y en la seguridad.
Durante sus declaraciones, Sanz ha afirmado que España tiene la obligación de defender sus fronteras y ha señalado que, en su opinión, el sistema actual presenta importantes deficiencias de control. “Nuestras fronteras en estos momentos son un coladero total y absoluto”, ha manifestado, haciendo referencia tanto a las entradas por el sur del país como a la situación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La vicealcaldesa ha expresado su preocupación por la falta de información sobre la situación administrativa de las personas que llegan y sobre el seguimiento posterior una vez abandonan los dispositivos de acogida, citando como ejemplo el cuartel de Arteaga, en Carabanchel.
Sanz ha calificado la gestión del Ejecutivo central como “irresponsable” y ha reiterado que el Ayuntamiento de Madrid continuará exigiendo mayor control y coordinación. Asimismo, ha advertido de posibles irregularidades en procesos de regularización, aludiendo a las advertencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre el riesgo de fraude documental.
Desde el Gobierno municipal insisten en que la política migratoria debe garantizar orden, legalidad y seguridad jurídica, al tiempo que asegure la adecuada prestación de los servicios públicos.
Rosa Viera acorrala a Torres: «Ya no queda rastro de su credibilidad»
La senadora del Partido Popular por Canarias, Rosa Viera, ha exigido la dimisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante su intervención en el Pleno del Senado, acusándole de haber perdido toda credibilidad política.
“Es inadmisible que siga en su puesto porque cuando un político decide comportarse como un trilero, solo le queda dimitir”, ha afirmado Viera, quien ha reprochado al ministro que no haya ofrecido explicaciones convincentes sobre sus contactos y su relación con personas vinculadas a la trama investigada.
Durante su pregunta parlamentaria, la senadora ha interpelado directamente a Torres sobre la veracidad de sus comparecencias públicas: “¿Nos va a decir hoy la verdad, señor Torres?”. Viera ha acusado al ministro de haber ocultado información tanto a los canarios como al conjunto de los españoles y de actuar sin la transparencia exigible a un cargo público.
La dirigente popular ha enumerado las cuestiones que, a su juicio, siguen sin aclararse, como sus contactos con Koldo García, Víctor de Aldama o Díaz Tapia, así como su relación con empresas adjudicatarias y la gestión de determinados contratos públicos durante su etapa al frente del Gobierno de Canarias.
En su intervención, Viera ha recordado que Torres negó haber mantenido una cena con Koldo, el exministro José Luis Ábalos y un empresario beneficiado con una adjudicación millonaria en Canarias. Sin embargo, ha señalado la existencia de mensajes en los que se hace referencia a un encuentro con el entonces presidente autonómico.
La senadora ha preguntado quiénes acudieron a esa reunión, si se abordaron contratos públicos y si existió algún tipo de acceso previo o información privilegiada en relación con determinadas licitaciones. También ha cuestionado el carácter “institucional” de esos contactos, aludiendo a mensajes que, en su opinión, reflejan una relación de confianza personal.
Asimismo, Viera ha preguntado si el ministro ha emprendido acciones legales contra quienes han difundido estas informaciones, en caso de considerar que son falsas.
Tras la respuesta del ministro, la senadora ha reiterado que no ha recibido explicaciones suficientes y ha acusado a Torres de haber mentido sobre la continuidad de su relación con Koldo García, al existir mensajes intercambiados en fechas posteriores a las que él había señalado públicamente.
Finalmente, Rosa Viera ha afirmado que un cargo público debe asumir responsabilidades cuando no está a la altura de sus funciones, tanto en su etapa como presidente de Canarias como en su actual condición de ministro.