Dolors Montserrat: «Bruselas confirma que España incumplió el procedimiento de notificación exigido por la UE»
La Comisión Europea ha confirmado, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, que el Gobierno de España no notificó a Bruselas, tal y como exige la legislación europea, la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16 conectada, y ha advertido además de que esta imposición puede afectar al mercado interior, al señalar que la introducción de requisitos técnicos nacionales específicos “puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio”. Esta falta de notificación puede tener consecuencias jurídicas relevantes y llegar incluso a cuestionar la aplicación de la obligación en vigor.
En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Montserrat, el vicepresidente ejecutivo Stéphane Séjourné en nombre de la Comisión Europea, afirma expresamente que los Reales Decretos españoles “no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535”, al tiempo que reconoce que corresponde a los Estados miembros evaluar si sus proyectos de medidas están sujetos a la obligación de notificación.
En este sentido, la norma europea obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión Europea cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su adopción, con el fin de prevenir obstáculos al mercado interior y garantizar su compatibilidad con el Derecho de la Unión. “Si los Estados miembros no cumplen su obligación de comunicar los proyectos de reglamentos técnicos con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/1535, la Comisión puede adoptar medidas de ejecución con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, advierte la respuesta parlamentaria. Ello significa que podría dar lugar a un procedimiento formal de infracción contra España.
La Comisión recuerda además las implicaciones jurídicas de esta situación, señalando que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados a la Comisión de conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535”.
Bruselas recuerda que el uso de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel de la UE y, en su lugar, se aplican las normas nacionales de tráfico de los Estados miembros. “No obstante”, recalca, “la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior con arreglo al artículo 34 del TFUE, que las autoridades españolas tendrían que justificar con arreglo al artículo 36 del TFUE o sobre la base de uno de los requisitos obligatorios desarrollados en la jurisprudencia del TJUE”. Este principio forma parte de la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
REQUISITOS QUE PUEDEN ALTERAR EL MERCADO INTERIOR
En relación con el impacto sobre el mercado interior, la Comisión Europea subraya igualmente que “la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior con arreglo al artículo 34 del TFUE”, que las autoridades españolas tendrían que justificar conforme al Derecho de la Unión.
Tras conocer la respuesta, Montserrat ha destacado la importancia de esta respuesta: “el propio Ejecutivo europeo recuerda que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados, lo que confirma la enorme inseguridad jurídica que esta decisión ha generado para millones de conductores y para el conjunto del sector”.
La eurodiputada ha añadido que “cuando un Gobierno impone un dispositivo obligatorio con requisitos técnicos específicos y no cumple los procedimientos europeos, pone en riesgo la seguridad jurídica, la libre competencia y la confianza en las instituciones”.
Asimismo, ha destacado que “la Comisión Europea también advierte de que este tipo de requisitos técnicos nacionales puede constituir una restricción al mercado interior”, uno de los principios fundamentales de la Unión Europea y ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez se empeñe en “ir por libre” en vez de consensuar con el resto de la UE sus decisiones.
Montserrat ha reclamado al Gobierno que “aclare de forma inmediata esta situación, garantice el pleno respeto al Derecho de la Unión Europea y actúe con transparencia y responsabilidad”.
Moreno Bonilla impulsa una comisión de seguimiento del accidente de Adamuz para garantizar verdad y responsabilidades.
El municipio cordobés de Adamuz vuelve a situarse en el centro de la agenda institucional tras el anuncio del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, de crear una comisión de seguimiento del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero, que se cobró la vida de 46 personas.
La decisión fue comunicada tras la celebración de un Consejo de Gobierno excepcional en Adamuz, escenario de una de las mayores tragedias ferroviarias de Andalucía. La comisión nace con un objetivo claro: mantener vivo el recuerdo de las víctimas, garantizar el acompañamiento a sus familias, supervisar las inversiones en seguridad ferroviaria y conocer la verdad de lo sucedido antes de exigir responsabilidades.
Moreno subrayó que esta comisión tendrá carácter institucional, contará con la participación de otras administraciones e integrará a colegios profesionales y técnicos para conformar una mesa plural que aporte rigor y transparencia en el análisis.
Reconocimiento y memoria
El accidente, en el que un tren de Iryo con destino Madrid descarriló y colisionó con un Alvia que se dirigía a Huelva, dejó una profunda huella en toda Andalucía. La comisión realizará un balance anual de la situación de las víctimas, con especial atención a su evolución en materia de salud mental y apoyo social.
El compromiso del Gobierno andaluz es claro: la memoria de Adamuz no puede diluirse con el paso del tiempo. Asimismo, se ha reconocido la lección de solidaridad y entrega del municipio, que demostró una respuesta ejemplar tras la tragedia.
Acompañamiento integral
Uno de los pilares de la comisión será el seguimiento directo a víctimas y familiares, así como el cuidado de los intervinientes —sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad y personal de emergencias— que actuaron en condiciones extremas.
“Es algo que nos han pedido de manera reiterada las víctimas: que insistamos en que esto no vuelva a suceder”, señaló Moreno.
Seguridad e inversiones ferroviarias
La comisión también analizará el estado de las infraestructuras ferroviarias en Andalucía y evaluará las inversiones realizadas y previstas en materia de seguridad.
El presidente andaluz reclamó que Andalucía reciba el mismo trato que otras comunidades en materia ferroviaria, subrayando la necesidad de reforzar la red y sus protocolos de seguridad. Adamuz se convierte así en un punto de inflexión para revisar de forma integral las condiciones en las que opera la red ferroviaria andaluza.
La mesa contará con un plazo inicial de dos años para desarrollar su labor, con posibilidad de ampliación si fuera necesario.
Investigación judicial en curso
Paralelamente, la investigación judicial continúa en el Tribunal de Instancia de Montoro, que tramita 148 diligencias previas y 34 denuncias. Está pendiente la apertura de las cajas negras de ambos trenes, paso clave para esclarecer lo ocurrido.
Desde el ámbito político, el mensaje es claro: conocer la verdad es la prioridad. Solo tras determinar con exactitud las causas técnicas y posibles fallos estructurales se podrán exigir responsabilidades.
Una tragedia como la de Adamuz no puede volver a repetirse. La comisión de seguimiento representa un compromiso institucional firme con la memoria, la justicia y la mejora estructural de la seguridad ferroviaria en Andalucía.
Nacho Redondo: «Cerrar la nuclear disparará el precio de la luz y aumentará la dependencia del gas»
El diputado autonómico del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Nacho Redondo, ha defendido la continuidad de la central nuclear de Trillo por seguridad energética, empleo y cohesión territorial.
Así se ha referido Redondo durante el Pleno en las Cortes regionales, donde ha insistido en la necesidad de una política energética “para la región y para España” centrada en la continuidad de la central nuclear de Trillo.
Redondo ha recordado que el parque de reactores nucleares en España en 2025 es de 7, entre ellos el de Trillo, y con ellos se produce el 20% de la electricidad que se consume en España, alimentando a cerca de un millón de hogares. Asimismo, ha señalado que en 1984 se paró la construcción de 9 centrales a través de la denominada moratoria nuclear, lo que provocó “la dependencia de fuentes fósiles y una ralentización del desarrollo industrial vinculado a la energía nuclear”, además de indemnizaciones “cuyo coste fue trasladado a los consumidores a través de la factura energética”.
“La energía nuclear es de las energías más limpias en términos de gases efecto invernadero, tan solo por detrás de la solar y por delante del resto como de la eólica o la hidroeléctrica. Además, los residuos nucleares generados hasta la fecha cabrían en un campo de fútbol”.
Redondo ha asegurado que el apagón del 28 de abril puso de manifiesto cómo las políticas energéticas están priorizando la entrada masiva de energías renovables a costa de poner en riesgo la seguridad del suministro. “Si se consuma el cierre nuclear en España se disparará el precio de la energía para todos los consumidores”, con un incremento estimado de “13,26 €/MWh en el mercado mayorista”, además de un aumento de importaciones de combustibles fósiles y de emisiones.
Además, ha criticado que “el Estado español está empecinado en crear una política contraria a los intereses de los españoles distorsionando los precios y apartando tecnologías como el caso de la nuclear a base de presión fiscal para las centrales nucleares”.
“En 2024 la central nuclear de Trillo produjo aproximadamente 7.676 GWh. Una producción que equivale a alrededor del 3% de la demanda eléctrica nacional. El Consejo de Seguridad Nuclear emitió informe favorable para la renovación y el Ministerio para la Transición Ecológica otorgó en 2024 la renovación por diez años, hasta noviembre de 2034”.
El diputado ha defendido que el debate “no es ideológico”, sino que debe basarse en criterios técnicos como la potencia firme disponible, la estabilidad de red y la capacidad de respaldo cuando no hay sol ni viento. Y ha insistido en que España está electrificando industria, transporte y climatización, por lo que retirar potencia firme puede aumentar la dependencia del gas y las importaciones.
En cuanto a la seguridad nuclear, ha subrayado que “la continuidad no es automática ni política”, sino que está condicionada a la supervisión permanente del CSN y al cumplimiento de inversiones y autorizaciones periódicas.
“Hoy hablamos de energía, sí. Pero sobre todo hablamos de Castilla-La Mancha, de Guadalajara y de una comarca con baja densidad de población donde el impacto económico de esta central es de aproximadamente 180 millones de euros anuales en tributos, generando en torno a 1.300 empleos directos, indirectos e inducidos”.
Por todo ello, Redondo ha advertido de que cerrar Trillo no es solo una decisión energética, sino una decisión con consecuencias sociales profundas: “pérdida de empleo estable y cualificado, descapitalización industrial de la comarca, impacto negativo en el comercio local, descenso del consumo y riesgo de despoblación”. Y ha reiterado que la central cuenta con autorización hasta 2034. “Los calendarios pueden cambiarse si cambian las circunstancias”, destacando el nuevo contexto energético europeo y el aumento de la demanda eléctrica. “Nosotros no pedimos un cheque en blanco, pedimos rigor”, reclamando que se evalúe con criterios técnicos y económicos el impacto real del cierre.
También ha hecho referencia a los reactores modulares pequeños (SMR) que permiten descarbonizar sin renunciar a la competitividad y sin poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico, pudiendo ser una alternativa complementaria en Trillo ya que se pueden aprovechar las infraestructuras existentes y reforzar la estabilidad de la red, además de que se conseguiría blindar el empleo y mantener el liderazgo tecnológico en Guadalajara.
“Defender la continuidad de Trillo, mientras cumpla con todas las exigencias de seguridad, es defender el empleo en Guadalajara, es defender la economía de la comarca y es defender los recursos públicos de nuestra Comunidad Autónoma. Y eso, señorías, es defender el interés general de Castilla-La Mancha”, ha zanjado.
Sánchez Ruiz defiende que el Rally de Totana pueda celebrarse como en las últimas 37 ediciones.
El Partido Popular ha conseguido en la Asamblea Regional la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de los límites del Parque Regional de Sierra Espuña, que “permite la celebración del Rally de Subida a la Santa de Totana como en las últimas 37 ediciones”.
“Damos trámite a una norma que nos ha pedido el Pleno del Ayuntamiento de Totana, por mayoría y sin ningún voto en contra”, ha señalado Isabel María Sánchez Ruiz, defensora de la iniciativa.
La diputada del PP ha explicado que “el único objetivo de la proposición de Ley es facilitar la celebración de la Romería de la Santa y la prueba deportiva del Rally, y que ambos se puedan celebrar y desarrollar como lo han hecho durante años”.
Sánchez Ruiz ha puntualizado que el Parque Regional de Sierra Espuña “tiene 17.804 hectáreas, y la modificación que se propone atañe solamente, y exclusivamente, a un 0,3 % del mismo”. “Un 0,3% en el que prácticamente la totalidad se trata de zonas de edificaciones y asfalto, quedando intacto el 99,7% restante”, ha añadido.
“Lo que nos pide el ayuntamiento de Totana no es nada nuevo: ya se modificaron hace unos años los límites del parque, dejando fuera el núcleo rural de El Berro, Umbría, el Purgatorio, La Fragua y el Puntal, entre otros”, ha recordado la diputada regional. “Y fue con el mismo propósito que nos mueve hoy: facilitar su desarrollo socioeconómico y cultural”, ha apostillado.
“Para los totaneros, Sierra Espuña no es un decorado, es parte de nuestra vida: no hay nadie que quiera y proteja más nuestra Sierra que nosotros mismos”, ha remarcado Sánchez Ruiz. “Cada rincón guarda la huella de generaciones de totaneros que aprendieron a respetarla y a cuidarla”, ha incidido.
“Un totanero no concibe su vida sin los días de romería de Santa Eulalia, cuando un pueblo entero camina con su patrona y la sierra se convierte en lugar de encuentro, de fe y de tradición compartida; tampoco sin los días del Rally de Totana: una prueba histórica que ha unido durante décadas a jóvenes y mayores, deporte, afición y naturaleza”, ha resaltado.
“Todo eso también es patrimonio, y también es proteger”, ha apuntado Sánchez Ruiz. “Proteger la naturaleza es compatible con proteger nuestras raíces y tradiciones”, ha reseñado.
“Nuestros hijos merecen seguir subiendo a Santa Eulalia como lo hicimos nosotros, emocionarse viendo pasar el rally, compartir mesa en la sierra y escuchar las historias de sus mayores, sintiendo que ese paisaje tan maravilloso también es parte de sus vivencias”, ha subrayado.
“Tenemos la responsabilidad, el deber y la oportunidad de seguir el ejemplo de los partidos políticos totaneros y dar respuesta a esta petición, que no es otra que compatibilizar la protección de la naturaleza con la protección de las tradiciones centenarias y actividades deportivas históricas de Totana”, ha destacado.
“Porque cuando Totana habla con una sola voz, merece ser escuchada”, ha concluido.
Paula Prado: «Galicia avanza hacia las 10.000 viviendas públicas bajo el liderazgo de Alfonso Rueda»
El Partido Popular de Galicia conmemora los dos años de la victoria electoral de Alfonso Rueda, su primera mayoría absoluta, haciendo balance de sus políticas «centradas en los problemas y preocupaciones de los gallegos, como la vivienda».
Así lo ha asegurado la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, durante una visita a unos terrenos de Pontevedra donde se construirán 53 viviendas promovidas por la Xunta de Galicia, donde ha estado acompañada por el presidente local del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, y la concejala y senadora Pepa Pardo.
La número dos de los populares gallegos destacó que uno de los principales compromisos del Gobierno de Rueda es resolver el problema de la vivienda. «En la campaña electoral dijimos que en esta legislatura íbamos a duplicar el número de viviendas públicas, pasando de 4.000 a 8.000, y la gran mayoría ya está en marcha», resaltó. Además, recordó que el Gobierno gallego ya ha superado ese anuncio y ha anunciado que la cifra aumentará hasta las 10.000 viviendas públicas para 2030.
«En el PP resolvemos los problemas de la gente: en vivienda, en sanidad… Siempre conectados con el territorio y con las demandas de los gallegos. Por eso, cuando preguntamos en las urnas, la gente vota por el PP», señaló.
En contraste con el modelo de Rueda, mencionó que la gestión de Sánchez se centra en «vender humo», ofreciendo «datos de viviendas nuevas que luego no se construyen» y con una ley estatal de vivienda que «solo favorece la ‘okupación’, porque no protege a los propietarios». Para Prado, esta regulación tiene un impacto negativo en la disponibilidad de vivienda, ya que los propietarios «no tienen garantías» para acceder al parque público de forma segura.
Reiteró que Sánchez y sus socios independentistas siguen en un Gobierno «instalado en la deriva, en la corrupción y sin importarles los problemas de la gente».
IMPULSO NECESARIO PARA PONTEVEDRESES
Durante el recorrido por los terrenos donde se construirán viviendas públicas, Rafa Domínguez destacó las iniciativas de la gestión de Rueda en esta materia, y señaló que, en el caso concreto de la zona de hoy, la inversión ascenderá a 10 millones de euros.
Domínguez hizo balance del complejo de vivienda pública de la ciudad de Pontevedra, con 74 viviendas en construcción, 56 adjudicadas, 48 licitadas y 122 en proyecto. «Hay un impulso absolutamente necesario para intentar paliar uno de los principales problemas de los jóvenes y los menos jóvenes», destacó.
“Alfonso Rueda va en la dirección correcta cuando intenta solucionar lo que creo que es el problema número uno de todos los gallegos”, añadió Domínguez.
Asimismo, Paula Prado aprovechó la visita a Pontevedra para destacar la labor del presidente del PP de Pontevedra, de quien augura que «se convertirá en el próximo alcalde de la ciudad, después de 30 años de independencia gallega con un proyecto que se ha agotado».
Así, ha recordado que este independentismo gallego “aún no ha condenado” los actos vandálicos sufridos por las sedes del Partido Popular en toda Galicia, unos actos “violentos y alejados del sentir de los gallegos, que prefieren el sentido común y la tranquilidad”.
JUNTA DIRECTIVA AUTÓNOMA
El secretario general del PPdeG también anunció que este domingo se celebrará en Santiago una Junta Directiva Autonómica para hacer balance de los dos años transcurridos desde las últimas elecciones autonómicas y de los proyectos llevados a cabo durante este tiempo.
Alberto Nadal defiende flexibilizar la transición tecnológica en la automoción frente a la rigidez del Gobierno.
El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha defendido la necesidad de introducir flexibilidades en el periodo de transición entre tecnologías en el sector de la automoción, ante lo que ha calificado como una posición de “rigidez y planteamientos ideológicos estrictos” por parte del Gobierno.
Nadal ha señalado que el Partido Popular considera que existen más soluciones tecnológicas y que todas ellas deben ser exploradas. “Hay que ofrecer el máximo diálogo y la máxima capacidad para introducir flexibilidad y adaptar el proceso de transición al ritmo que permita la evolución de la demanda y de la tecnología existente”, ha afirmado.
El dirigente popular ha advertido de que la Unión Europea ha generado desconcierto en el sector al establecer fechas “excesivamente rígidas”, basadas más en la regulación que en la realidad del mercado, la tecnología disponible o las infraestructuras necesarias. Asimismo, ha subrayado que los hitos intermedios fijados trasladan una enorme responsabilidad a los fabricantes, independientemente de si disponen o no de los instrumentos necesarios para cumplirlos.
“El sector del automóvil soporta un peso regulatorio muy elevado y los objetivos fijados no siempre son realistas ni alcanzables en los plazos establecidos”, ha explicado Nadal, quien ha asegurado que la industria tendrá siempre al Partido Popular, tanto a nivel nacional como autonómico, de su lado en todos los procesos de diálogo y negociación.
En materia de comercio internacional, el vicesecretario económico ha defendido que “el campo de juego sea equivalente para todos los competidores” y ha garantizado que el PP estará vigilante para evitar que la industria española se encuentre en desventaja frente a otros mercados.
Además, ha apostado por reforzar el componente tecnológico de la industria, avanzando que el Partido Popular utilizará todos los instrumentos fiscales e incentivos a su alcance para impulsar la investigación y el desarrollo en España y en el conjunto de Europa.
Nadal ha asegurado que cuando el Partido Popular llegue al Gobierno impulsará “una política volcada en la mejora de la productividad y la competitividad de la economía española”, con especial atención a sectores estratégicos como el automóvil.
Ha recordado que España es el segundo productor europeo y el noveno mundial, con 17 fábricas, 40 modelos asignados —22 de ellos electrificados— y una producción anual de 2,4 millones de vehículos, de los que el 86% se destinan a la exportación. El sector representa cerca del 7,5% del PIB y el 9% del empleo, con una balanza comercial positiva de casi 16.000 millones de euros en 2024.
“El automóvil es un pilar estratégico para nuestra economía y merece una transición realista, competitiva y dialogada”, ha concluido.
Carolina Agudo: «Page sostiene al Gobierno de la corrupción mientras simula distancia»
La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado que el presidente socialista de la región, Emiliano García-Page, hizo pasar “bochorno” a los castellanomanchegos durante su participación en el programa El Hormiguero, al fingir indignación con el Gobierno de Sánchez, siendo él mismo con los votos de sus diputados en el Congreso, el que lo sostiene.
De esta forma se ha pronunciado Agudo en una rueda de prensa en la que ha calificado de “lamentable y vergonzoso” que el PSOE de Castilla-La Mancha utilice la sala de prensa institucional de las Cortes Regionales para “sacar pecho” de que a Page lo vea la gente en la televisión. “Es vergonzoso, es lamentable cómo está actuando el Partido Socialista, vaya nivel”, ha espetado.
La portavoz parlamentaria de los populares ha afirmado que vio a Page en televisión, y ha aseverado que solo se refirió a Castilla-La Mancha para decir que la sanidad va bien; que sabemos hacer carreteras o para afirmar que las empresas “hacen cola” para enchufarse a la luz. Además, ha añadido que “justificó el fracaso del AVE y los accidentes mortales diciendo que, en España, no hemos sabido valorar su éxito”.
Agudo ha continuado diciendo que “peor aún” fue cuando justificó las “andanzas” de Rodríguez Zapatero diciendo que no cree que actúe con intereses económicos y ha reiterado que “vaya bochorno nos hizo pasar ayer Emiliano García-Page a todos los castellanomanchegos en la televisión”.
La secretaria general del PP-CLM se ha mostrado convencida de que la política “es algo más que sacar aplausos en un programa de televisión, que hacer chistes sin gracia o chascarrillos de barra de bar”. De esta forma, Agudo ha recordado como Page, con sus votos, mantiene a Pedro Sánchez en el gobierno. “Es quien sostiene con sus votos al gobierno de la corrupción, de los prostíbulos y de los acosadores sexuales del PSOE”, ha concluido.
Antonio Ledezma agradece a Ayuso su firme defensa de la causa democrática venezolana.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, al exalcalde de Caracas (Venezuela) Antonio Ledezma, que ha manifestado por escrito su respeto y gratitud a la jefa del Ejecutivo autonómico por su “firme compromiso con la libertad y la causa democrática de Venezuela”.
19 febrero 2026
Ledezma ha resaltado que, bajo el liderazgo de Díaz Ayuso, la región se ha convertido en “refugio y esperanza” para los venezolanos que han tenido que emprender “el camino del exilio”. “Su cercanía, voz clara y defensa permanente de los valores democráticos han sido un aliento moral para millones de venezolanos que no renuncian a la reconstrucción de su país”, ha enfatizado el exregidor, que ha entregado a la presidenta madrileña una escultura con el León de Caracas, icono de la capital que se remonta a la fundación de la ciudad en 1567.