Juan Bravo: «Zapatero reactivó el procés durante su legislatura y Sánchez vuelve a reactivar algo que estaba muerto».
El vicesecretario de Economía señala que el propio Borrell ha reconocido que el pacto fiscal en Cataluña “es comprar el discurso del procés” y recuerda que, después de que Zapatero lo reactivara en su legislatura, “hoy vemos que Sánchez vuelve a reactivar algo que estaba muerto con su crítica a los jueces en relación con la amnistía y ahora con la independencia fiscal”
Alerta de que este pacto puede suponer pérdidas de financiación entre 6.000 y 13.000 millones, y señala que solamente en Sanidad supondrían 150.000 médicos o 25 hospitales menos cada año
“La gente tiene que darse cuenta de que estamos en el escenario de que se van a perder servicios y van a pagar ellos con sus impuestos el precio que Sánchez necesita para ser presidente”
Muestra su preocupación por un acuerdo “que rompe el sistema de financiación tal y como lo entendemos” y lamenta que después de escuchar hasta hace un mes a Sánchez y Montero afirmando que no se iba a producir una independencia fiscal, una Agencia Tributaria Catalana o que no se cedería el 100% de los tributos, “ahora lo veamos por escrito”. “Es para no fiarse de las palabras del presidente del Gobierno”
Defiende un sistema de financiación pactado de manera multilateral entre todas las CCAA, critica que no se haya mejorado el actual durante 6 años, después de que Montero lo presentase como una prioridad tras asumir su cargo, y que cuando se quiere hacer “sea para comprar votos”
Afirma que el sistema que reclama Cataluña no tiene nada que ver con los cupos vasco y navarro, porque estos están recogidos en la Constitución, mientras los independentistas “pretenden para su propio interés un sistema de financiación a la carta para ellos dejando fuera al resto de CCAA”
Destaca que Feijóo se reunirá el próximo 6 de septiembre con los presidentes autonómicos del PP, “algo que sin duda tenía que haber hecho el Gobierno de España” y que se buscarán soluciones al desequilibrio que está produciendo el Gobierno de España “por el interés particular de Sánchez e Illa para mantenerse como presidentes”
Defiende que sería “deseable” alcanzar un acuerdo en materia de inmigración con el Gobierno, pero no lo ve posible porque el Ejecutivo, “que no es capaz de sacar adelante sus propuestas”, no escucha a los demás. “Dice que sus socios son otros y que hay muros donde nosotros entendemos que tiene que haber puentes”
Recuerda las propuestas del PP y critica que el Gobierno, “ante su obligación de atender a los menores”, quiera ponerse de lado “y afirmar que la única solución es el reparto obligatorio”. “Si quieren sentarse a negociar estaremos encantados, pero solo quieren hacer lo que ellos quieren sin hablar con nadie”, lamenta
González de Zárate: «El Gobierno tiene que pedir perdón por el caos y el colapso ferroviario e invertir tanto en el mantenimiento como en las nuevas vías».
El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha denunciado «el caos y el colapso que están sufriendo los usuarios del transporte ferroviario de alta velocidad este verano debido a la inacción e incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez y su Ministerio de Transportes».
El diputado popular ha lamentado «una nueva incidencia este martes, y ya van varias este verano, en la línea que une la Comunitat Valenciana con Chamartín». En lo relativo a la estación de llegada a la capital española, González de Zárate ha remarcado que «llevamos mucho tiempo reivindicando el cambio a Atocha porque estamos sufriendo las obras en Chamartín y la falta de mantenimiento e inversión por parte del Ministerio de Transportes». Algo, que según ha indicado el diputado del GPP «está provocando que la gente se piense el viajar en alta velocidad».
En lo relativo a este asunto, «el Gobierno tiene no solamente que pedir perdón sino tomar cartas en el asunto e invertir tanto en el mantenimiento como en las nuevas vías» ha insistido Joserra González de Zárate.
Además, el diputado popular ha subrayado que «el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Diana Morant debe dejar bien claro que los valencianos somos ciudadanos de primera, por eso tenemos que parar en Atocha, porque nos da competitividad, con quince minutos menos de viaje”.
Laura Chuliá: «El Consell nunca va a cobrar tasas a un barco mientras esté realizando tareas humanitarias».
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Laura Chuliá, asegura que el Consell nunca va a cobrar ningún tipo de tasas a barcos mientras estén realizando tareas humanitarias. “La Generalitat Valenciana siempre ha permitido que las embarcaciones humanitarias recalen en sus puertos, sin ningún tipo de veto y en el caso de que estén realizando los trabajos contemplados se les exime de los pagos”, ha recalcado la diputada popular.
La parlamentaria responde así a la “demagogia” del PSPV, que “utiliza un tema tan delicado para atacar al Consell”. “Nada más lejos de la realidad: el Gobierno valenciano mantiene una estrecha relación con todos los actores portuarios, incluidas las embarcaciones de ayuda humanitaria, y siempre se ha priorizado su petición de amarre”, ha subrayado Chuliá.
La portavoz popular ha explicado que, durante el Gobierno del Botànic, se generó una situación de inseguridad jurídica al extender las exenciones para cuestiones operativas a todos los casos, dejando caducar expedientes sin un respaldo legal adecuado, lo que podía generar un problema al cuerpo de funcionarios. “Lo que hemos hecho ahora es regularizar una situación que carecía de soporte administrativo, aplicando la misma ley que estaba vigente. En ningún caso se ha modificado la normativa con el decreto de simplificación administrativa, únicamente se han actualizado las tasas de luz y agua”, ha detallado.
La Ley de Tarifas Portuarias fija exenciones para barcos de Cruz Roja y otras entidades humanitarias sin fines lucrativos que deban situarse en puertos públicos por necesidades de funcionamiento, previa comunicación a las administraciones. Sin embargo, la tónica habitual en los puertos de Vinaròs y Borriana en los últimos años ha sido el amarre durante periodos prolongados sin actividad. En este sentido, Chuliá se ha preguntado por qué estas embarcaciones no recalan en puertos de titularidad estatal en los que sí se les cobra tasas.
“El Consell de Carlos Mazón mantiene un diálogo permanente con las embarcaciones humanitarias. Siempre se les garantizará que puedan recalar en los diferentes puertos de la Comunitat Valenciana sin ningún tipo de veto, pero cumpliendo con la normativa vigente”, ha asegurado Chuliá. Además, ha recordado que las tasas cobradas pueden ser recurridas si se considera que eran estancias contempladas y comunicadas, y se analizará cada caso individualmente.
María Luisa Ramón: «La vacunación es clave para que en la mayoría de los niños, la tosferina no tenga graves consecuencias».
El Partido Popular, a través de una moción en la Asamblea Regional, ha solicitado al Gobierno de España “el diseño, financiación y puesta en marcha de una estrategia nacional de concienciación y sensibilización pública para el fomento de la vacunación contra la tosferina”.
“La vacunación es clave para que en la mayoría de los niños la tosferina no tenga graves consecuencias, y ha ayudado a prevenir el 78% de la mortalidad asociada a esta infección”, ha subrayado Mª. Luisa Ramón, promotora de la iniciativa.
Ramón ha alertado de que “los niños no vacunados, adolescentes y adultos constituyenla fuente mayoritaria de contagio”, si bien “el grupo de mayor riesgo son los bebés no inmunizados, que pueden requerir hospitalización o incluso morir a causa de esta bacteria”.
“Los casos de tosferina en la Unión Europea continúan aumentando, según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), y es 10 veces mayor que en 2012”, ha señalado la diputada regional, que ha añadido que “en España deja ya un total de más 12.500 casos desde que se inició el brote el año pasado, y en la Región de Murcia más de 1.000 casos”.
“Además, en España se han registrado tres muertes a causa de esta enfermedad, y en la Región de Murcia un fallecimiento, en concreto un recién nacido cuya madre no estaba vacunada”, ha apuntado.
“En nuestra Región, la vacunación frente a esta enfermedad comienza a los dos meses de vida, con la administración de una primera dosis, mientras la segunda dosis es a los cuatro meses”, ha explicado Ramón, que ha añadido que “con estas dos dosis ya se supera el 97% de la cobertura, para pasar a dos dosis de recuerdo a los once meses y a los seis años”.
Elena Bastidas: «Estamos plenamente comprometidos con la reducción del desempleo y la mejora de las oportunidades laborales para las personas con discapacidad».
La Comunitat Valenciana continúa avanzando en sus políticas de atención a las personas con discapacidad con figuras como la del asistente personal. Una medida que, según defiende la diputada del Grupo Popular en Les Corts Elena Bastidas, “permite a muchas más personas con discapacidad disfrutar de una mayor autonomía e independencia”.
“Para el PPCV, es prioritario garantizar que todas las personas con discapacidad reciban el apoyo que necesitan para llevar una vida plena y digna”, asegura Bastidas, quien destaca el firme compromiso del Consell de Carlos Mazón en la mejora de la calidad de vida y la inclusión social de este colectivo. La portavoz de Política Social del GPP destaca, en este sentido, varios logros recientes que reflejan este empeño.
Entre ellos, el significativo aumento en la utilización de la figura del asistente personal. En 2022, solo 195 personas contaban con este tipo de asistencia a la discapacidad. Sin embargo, a 31 de julio de 2024 esta cifra ha aumentado a casi 700 personas, lo que supone un crecimiento sustancial en este servicio vital.
Además, la Comunitat Valenciana es, según el INE, una de las regiones con mayor tasa de empleo entre las personas con discapacidad. Según los últimos datos conocidos, en junio de 2024 se registró una reducción del paro del 5,6% en este sector de la población. El descenso ha sido particularmente significativo entre las mujeres con discapacidad, donde se ha registrado una disminución del 6,1%.
“Sabemos que aún queda trabajo por hacer, pero estos datos nos indican que vamos por el buen camino”, afirma Bastidas. “Estamos plenamente comprometidos con la reducción del desempleo y la mejora de las oportunidades laborales para las personas con discapacidad”.
Otro avance importante es la reducción del tiempo de espera para la resolución de la valoración del grado de discapacidad. En mayo de 2022, el tiempo de espera era de dos años. Según un informe reciente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), este tiempo se ha reducido actualmente a 10 meses, lo que sitúa a la Comunitat Valenciana como la cuarta autonomía con menor tiempo de espera. Se trata de una medida “fundamental para que las personas con discapacidad puedan acceder a los recursos y beneficios que necesitan sin demoras innecesarias”, en palabras de la diputada popular.
Por último, destaca la creación de una Comisión Permanente de Discapacidad, que representa un paso significativo en el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito legal y político. “Es crucial que llamemos a las cosas por su nombre y reconozcamos legal y políticamente la discapacidad”, concluye Bastidas. “Esta Comisión Permanente asegura que las políticas de discapacidad sigan siendo una prioridad y que las necesidades de este colectivo sean atendidas de manera integral”.
González de Zárate: «Es vergonzoso que una región con más de 5 millones de habitantes reciba tan solo el 1,28% de la inversión nacional en carreteras».
El portavoz de Obras Públicas del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, José Ramón González de Zárate, ha criticado duramente la falta de inversión en infraestructuras viarias por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por el socialista Óscar Puente.
El diputado del GPP ha denunciado que, en el primer semestre de 2024, el Gobierno de Sánchez y de Diana Morant solo ha licitado 4,95 millones de euros en obra nueva en la Comunitat Valenciana, lo que representa “un insignificante 1,28% del total nacional”, frente a los 385,58 millones de euros licitados en el conjunto de España.
“Es vergonzoso que una región con más de cinco millones de habitantes reciba tan solo el 1,28% de la inversión nacional en carreteras”, ha afirmado González de Zárate. “Este escaso compromiso con nuestras infraestructuras no solo es una falta de respeto hacia los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, sino que también pone en riesgo la seguridad en nuestras carreteras y perjudica nuestra competitividad económica”.
El parlamentario ha puesto como ejemplo la situación del by-pass de Valencia, una de las carreteras más transitadas de España y con un elevado índice de siniestralidad. “A pesar de las promesas del Gobierno de Sánchez, las obras de ampliación de este tramo esencial siguen sin avanzar, lo que agrava aún más los problemas de tráfico y seguridad en la zona”, ha señalado. “El retraso en la ejecución de estas obras es inaceptable y demuestra la falta de interés del Ejecutivo socialista en solucionar los problemas de los valencianos”.
González de Zárate ha instado al ministro Óscar Puente a dar explicaciones sobre el déficit de inversiones en la Comunitat Valenciana y a cumplir con los compromisos adquiridos. “Es hora de que el Gobierno actúe con responsabilidad y destine los fondos necesarios para mejorar nuestras infraestructuras. Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana merecen unas carreteras seguras y modernas, no promesas vacías”, afirma el portavoz popular.
Carlos Conde: «Sánchez debe atender los problemas reales de todos los españoles, no de unos pocos».
El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “mire para otro lado” con la subida de la cesta de la compra en lo que va de año y le ha instado a aprovechar sus vacaciones para “reflexionar porque debe atender los problemas reales de todos los españoles, no sólo de unos pocos”.
“Es un presidente ausente, está ajeno a la realidad de los problemas de los malagueños y de los españoles, que cada vez tienen más problemas para llenar la nevera, que cada vez tienen menos renta disponible porque sigue subiendo la cesta de la compra mientras ven que los salarios no suben al mismo nivel y la presión fiscal del Gobierno aumenta cada vez más”, ha expuesto.
Así, pese a la moderación registrada el pasado mes de julio en la provincia de Málaga, los precios se siguen incrementando, en concreto un 2,9%, lo cual evidencia que el Gobierno no está adoptando las medidas necesarias puesto que “cada vez es más costoso llenar la nevera”.
En los últimos tres años, según datos de la OCU, los precios de los alimentos en España se han encarecido un 38%, y ha lamentado que “las medidas adoptadas por el Gobierno han sido absolutamente insuficientes y, lo peor, es que no contempla nuevas acciones para que las familias puedan hacer frente a la escalada continua de los precios”.
En este sentido, ha afirmado que el coste de la vida de los malagueños “es cada vez mayor” y, además, no se ve acompasado con el incremento de los salarios: “Las familias y autónomos siguen perdiendo poder adquisitivo, pero ya vemos que este Gobierno se esconde y únicamente se interesa por privilegiar a unos territorios frente a otros”.
Conde ha aludido también a la presión fiscal que imprime el Gobierno de Pedro Sánchez a los malagueños, con un récord de ingresos en la provincia que superó los 4.600 millones de euros recaudados en 2023. Además, ha añadido, “en el primer trimestre del año los ingresos del Estado vía impuestos alcanzaron su máximo histórico en Málaga, lo que contrasta con la falta de inversiones del Gobierno en la provincia malagueña”.
Por todo ello, el vicesecretario popular ha pedido al Ejecutivo “que se preocupe de verdad por los problemas reales de la gente, que escuche a la calle y deje de adoptar decisiones que perjudican al conjunto del país y que promueven la insolidaridad entre territorios”.
Manuel Pérez Fenoll: «Este es un paso necesario para seguir consolidando a la Comunitat Valenciana como un destino turístico de primer nivel, donde la experiencia del visitante es la prioridad».
El Consell de Carlos Mazón ha dado un paso firme hacia la consolidación de la seguridad jurídica en el sector de las viviendas turísticas con la aprobación del nuevo decreto ley que regula esta modalidad de alojamiento. Una norma que, según el portavoz de Turismo del Grupo Popular en Les Corts, Manuel Pérez Fenoll, ofrece garantías tanto a las empresas y particulares del sector como a los visitantes que pernoctan en la Comunitat Valenciana.
El texto, que entró en vigor la semana pasada, “refuerza la defensa de nuestra industria turística y asegura que los visitantes tengan la absoluta certeza de que alquilan en apartamentos legales, regulados y vigilados”, afirma Pérez Fenoll. De esta manera, se protegen también los intereses de los valencianos que comparten bloques residenciales con este tipo de alojamientos. Entre otras medidas, la norma establece que todos los apartamentos turísticos deberán estar inscritos en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana, de manera que se endurecen los requisitos para obtener la licencia correspondiente y se amplían las facultades de inspección y sanción del Consell.
El parlamentario popular considera que “esta regulación es un avance crucial para proteger la calidad de nuestra oferta turística y asegurar que los turistas que visitan nuestra región disfruten de alojamientos que cumplen con todas las garantías legales y de seguridad. Este es un paso necesario para seguir consolidando a la Comunitat Valenciana como un destino turístico de primer nivel, donde la experiencia del visitante es la prioridad, pero sin olvidar el bienestar de los vecinos y vecinas”, asegura Pérez Fenoll.
Además, esta normativa responde a la creciente demanda turística que vive la Comunitat Valenciana, que ha alcanzado récords históricos de visitantes internacionales en el primer semestre de 2024 con más de 5,3 millones de turistas. Este auge no solo evidencia el atractivo de nuestra región, sino que también refuerza la necesidad de contar con un marco normativo sólido que proteja tanto a los turistas como a los residentes.
Según Pérez Fenoll, “el decreto también es una muestra del compromiso del Gobierno valenciano con los ciudadanos que residen en bloques compartidos con apartamentos turísticos, asegurando que sus derechos sean respetados y que se minimicen las molestias derivadas de la convivencia en estos entornos”. Por eso, la norma garantiza que solo las viviendas que cumplan con todas las regulaciones puedan operar, evitando así la competencia desleal y mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos.
Con estas medidas, el diputado popular enfatiza que la Comunitat Valenciana “eleva los estándares” de la oferta turística, y se sitúa como destino preferente para turistas de todo el mundo durante todo el año.