Actualidad Política

7 de noviembre de 2026

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La senadora del Partido Popular por Córdoba, Cristina Casanueva, ha denunciado en el Pleno del Senado una nueva negligencia del Gobierno de Pedro Sánchez, tras preguntar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quién dio la orden a la UPR de la Policía Nacional desplegada en Córdoba de no acudir al accidente ferroviario de Adamuz, cuando ya se encontraban en camino.

“La verdad es que esto es una negligencia más de un Gobierno insensible e incapaz de estar a la altura cuando más se le necesita”, ha afirmado Casanueva, quien ha censurado que se impidiera actuar a 18 profesionales entrenados para catástrofes y equipados para dar auxilio, calificando la decisión como “imperdonable”.

Durante su intervención, la senadora popular ha defendido que Policía Nacional y Guardia Civil son un orgullo para todos los españoles, y ha advertido de que “no vamos a consentir que el Gobierno los utilice ni que los enfrente para tapar su incompetencia”.

“¿Cómo es posible que 18 profesionales preparados tuvieran que darse la vuelta por una orden? ¿Quién decidió que sobraban policías en el mayor accidente ferroviario de los últimos años?”, ha preguntado directamente Casanueva al ministro del Interior.

La dirigente del PP ha señalado que, por la envergadura del siniestro, fue una imprudencia impedir la actuación de la UPR, y ha exigido que se depuren responsabilidades. Mientras bomberos, sanitarios, Guardia Civil, Policías Locales de Adamuz y otros municipios, Policía Autonómica, UME y vecinos colaboraban en el rescate, “un grupo de efectivos de la UPR fue obligado a darse la vuelta y regresar a su puesto”.

“¡Obligados a volverse! Es todo un despropósito, señor ministro”, ha exclamado, recordando que menores de edad estaban auxiliando a las víctimas mientras policías especializados eran retirados del operativo.

Casanueva ha denunciado además que el Gobierno “nos mintió con el mantenimiento ferroviario, con las traviesas, con las soldaduras y con la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, y ahora pretende mentirnos también con el auxilio a las víctimas”.

A su juicio, resulta “indignante, bochornoso y una vergüenza” el intento del Ejecutivo de desviar la atención y diluir responsabilidades, cuando el máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es el Gobierno de España. “Hoy faltan explicaciones y dimisiones en un Gobierno más preocupado por controlar el relato que por los ciudadanos”, ha advertido.

La senadora popular ha recordado que desde el Partido Popular se alertó hasta en tres ocasiones en esta Cámara de que una tragedia como la de Adamuz podía producirse, atendiendo a las advertencias de los profesionales del sector ferroviario, “a los que el Gobierno no escuchó y de los que incluso se burlaron”.

Por último, Casanueva ha trasladado su admiración y respeto a todos los vecinos y profesionales que intervinieron en el accidente y ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas.

El síndic del GPP en Les Corts, Nando Pastor, ha exigido a Baldoví y Compromís explicaciones “por el funcionario que colocaron a dedo para revisar los expedientes de las viviendas”.

Para Pastor, “es curioso que desde Compromis pidiesen ayer una comisión de investigación y que hoy incidan en el tema, cuando en realidad, es Joan Baldoví y Compromís quien tiene que salir a dar explicaciones porque fueron los responsables políticos del Botànic quienes ascendieron en 2019 y pusieron a dedo al funcionario público encargado de revisar los expedientes y que presuntamente ha cometido una irregularidad para beneficiar a su mujer. Baldoví y Compromís tienen que dar todas las explicaciones porque el tramposo es precisamente la persona que ellos colocaron en el cargo”.

El síndic popular ha afirmado que “exigimos a Compromís que salga a dar explicaciones y aclarar qué méritos vieron en ese funcionario para ascenderlo y colocarlo en el sitio adecuado para tener la responsabilidad de decidir quién es apto para acceder a una vivienda y quien no. Ese funcionario ahora expedientado pudo firmar esas cuestiones porque Compromís lo puso dedo ahí para que pudiese hacerlo”.

Nando Pastor ha indicado que “son maneras de proceder muy diferentes. La Generalitat Valenciana ha trasladado a la Fiscalía lo ocurrido, por si hay acciones penales que emprender.  Sin embargo, Diana Morant, Rebeca Torró y Pilar Bernabé llevan no sé cuántos meses sin llevar a Fiscalía las denuncias de acoso sexual de compañeras de partido sobre otro socialista ilustre como es Francisco Salazar. Son dos modelos confrontados completamente diferentes. En mi partido se dimite, en otros partidos no dimite nadie. En mi partido se va a la Fiscalía cuando se detecta cualquier asunto que puede ser irregular o susceptible de acciones penales, en otros partidos, repito, no denuncian nada”.

“Compromís claramente y la izquierda en general, pero sobre todo Compromís, tiene la intención de desprestigiar, de manchar el trabajo que ellos nunca hicieron en materia de vivienda y que el PP sí está haciendo. Con el Botànic, cero viviendas de protección pública en cualquiera de sus tipologías, nosotros casi ya 5.000 en el mercado inmobiliario en materia de vivienda de protección pública también en cualquiera de sus tipologías”, ha concluido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado hoy en la Real Casa de Correos los Premios de Investigación 2025, y se ha felicitado por que “la mejor ciencia de España y una de las mejores de Europa” se haga en la región madrileña, que acapara casi el 30% de la inversión nacional en I+D.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso

Díaz Ayuso ha subrayado que Madrid concentra el mayor número de centros de investigación y empresas de base tecnológica en España, gracias a iniciativas como el séptimo Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica que, según ha remarcado, “ayudará a consolidar las estructuras científicas y el impulso de proyectos de alto impacto”.  

Los galardones, con los que el Gobierno madrileño reconoce la excelencia de trayectorias en el ámbito científico, reciben los nombres de Margarita Salas, Miguel Catalán y Julián Marías y se conceden en las categorías de formación en el ámbito del conocimiento y la repercusión nacional e internacional durante toda una vida profesional, así como la calidad y excelencia de la labor de investigación realizada por científicos menores de 40.  

En la primera modalidad, el Margarita Salas ha sido para Santiago Rodríguez de Córdoba, doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de investigación Ad honorem en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es fundador del laboratorio de Diagnóstico Genético-Molecular del Complemento (D-COM), clave para proporcionar diagnóstico genético y funcional de enfermedades. 

El Julián Marías ha correspondido a Jesús Gonzalo Muñoz, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III y doctor en esta área por la Universidad de California. Sus investigaciones se centran en dos ejes transformadores de la ciencia económica contemporánea: la Econometría y la Economía del Cambio Climático, con implicaciones directas en el diseño de políticas públicas.  

Y el galardón Miguel Catalán a Francisco Javier Llorca, catedrático de Ciencia de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid y director del grupo de investigación en materiales estructurales avanzados y nanomateriales en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Materiales de Getafe. Ha sido pionero en la aplicación sistemática de herramientas computacionales y estrategias de simulación multiescala para el diseño y procesamiento de materiales estructurales.

Menores de 40 años

Por su parte, en la categoría de menores de 40 años ha resultado premiado con el Margarita Salas ex aequo Miguel Ángel Mompeán. Doctor en Biofísica por la Universidad Autónoma de Madrid y Licenciado en Química y Bioquímica por la Murcia, lidera el grupo de investigación especializado en Resonancia Magnética nuclear de biosólidos; y Dolores Serrano, licenciada y doctora en Farmacia por la Complutense de Madrid y especializada en el diseño de sistemas personalizados de administración de fármacos mediante biotecnología.  

El premio ex aequo Julián Marías ha sido para la licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Oviedo, Mónica García, cuyos trabajos se centran en la historia de las mujeres y las emociones en la España del siglo XX; y el doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Minho (Portugal), Jorge Miguel Alves, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el campo de la democracia participativa.

Por último, Daniel García ha recibido el Miguel Catalán. Doctor en Ingeniería Mecánica y Organización Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid, su trabajo está dedicado a la conceptualización de estructuras inteligentes y su empleo en la investigación biomédica. 

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Andalucía, Jesús Caicedo, ha denunciado la “actitud negligente” del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el “flagrante abandono institucional” que sufre la prisión provincial de El Acebuche (Almería).

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en la Cámara Alta, Caicedo ha preguntado al ministro qué medidas va a adoptar con urgencia para resolver los graves problemas estructurales que arrastra este centro penitenciario. “El Acebuche es una prisión al límite”, ha advertido el senador popular, recordando que soporta una superpoblación del 33% por encima de su capacidad óptima.

El dirigente del PP ha señalado además que la cárcel está lastrada por un déficit estructural de plantilla, una de las más envejecidas del sistema penitenciario, que apenas cubre el 80% de las necesidades reales, lo que “deja al centro en una situación de clara vulnerabilidad”. A esta carencia se suma, según ha denunciado, la falta de personal médico, una circunstancia que agrava aún más la situación de internos y trabajadores.

Más agresiones a los funcionarios

Caicedo ha alertado también de que los funcionarios de prisiones están expuestos a un número creciente de agresiones, reprochando al ministro del Interior que se niegue a reconocerlos como agentes de la autoridad, pese a que su seguridad está comprometida por la presencia de drogas y teléfonos móviles en el interior del centro.

“La responsabilidad de este desastre es exclusivamente suya y de quienes le mantienen en una tarea que le viene demasiado grande”, ha afeado Caicedo a Marlaska, insistiendo en que El Acebuche es uno de los centros más insostenibles del sistema penitenciario español.

Asimismo, ha calificado de “absoluto desprecio” que el Gobierno no haya cumplido la Proposición No de Ley aprobada hace más de un año en el Congreso de los Diputados, que incluía más de siete medidas concretas para mejorar la situación de la prisión almeriense. “Ni una sola de esas actuaciones se ha llevado a cabo”, ha lamentado.

Desde el Partido Popular se exige al Ministerio del Interior que actúe de inmediato, refuerce las plantillas, garantice la seguridad de los funcionarios y ponga fin al abandono de una infraestructura esencial para la seguridad y el Estado de Derecho.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha abogado por “sincronizar” los objetivos del plan de rearme con las necesidades y condiciones del personal de las Fuerzas Armadas, de modo que los 60.000 millones de euros previstos sirvan también para mejorar las retribuciones de los militares, especialmente de los escalafones más bajos, así como sus condiciones de vida, en aspectos como la movilidad geográfica, la conciliación y la vivienda.

Gamarra ha situado a las personas como la clave del futuro de la Defensa en España, subrayando que el rearme debe “hacer pilotar” el modelo de Fuerzas Armadas en los recursos humanos. “Necesitamos mujeres y hombres bien formados, reconocidos y motivados, donde el mérito y la capacidad se reconozcan de forma justa”, ha afirmado.

En este contexto, la dirigente popular se ha comprometido a revisar la Ley de Carrera Militar y la Ley de Tropa y Marinería para garantizar que España cuente con unas Fuerzas Armadas “dinámicas, profesionales, formadas y cuidadas”.

De cara a un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, Gamarra ha señalado como prioridades contar con una estrategia clara de Defensa, definir las capacidades que necesitan los Ejércitos y la Armada, y planificar una política presupuestaria y financiera a largo plazo, frente a la “situación absolutamente anómala” del Ejecutivo de Pedro Sánchez, “incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado”.

A su juicio, esta falta de planificación puede provocar que el plan de rearme “se convierta en algo ineficaz y superficial”. Además, ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno, recordando que Sánchez anunció un plan de 10.000 millones de euros en Defensa que “ni se aprobó en el Consejo de Ministros ni se llevó al Parlamento”. Por ello, ha exigido “un mínimo de conocimiento y control por parte de las Cortes Generales” sobre los compromisos asumidos a medio y largo plazo.

Ante un escenario internacional de “incertidumbre evidente”, Gamarra ha reclamado una estrategia integral de Defensa y Seguridad, transparente y de largo recorrido, al tratarse de “una política de Estado y una prioridad para defender nuestra forma de vida y la democracia”. “La política de Defensa no es una cuestión ideológica, sino una necesidad”, ha recalcado.

Asimismo, ha censurado que Sánchez firme compromisos internacionales y verbalice después su incumplimiento, en referencia a la última cumbre de la OTAN, advirtiendo de que “España debe ser un socio fiable: lo que se firma debe coincidir con lo que se dice”.

Gamarra ha defendido que España sea protagonista en una política europea de Defensa y Seguridad, aunque ha advertido de que “no basta con una economía fuerte; hay que ser fiable políticamente”. En este sentido, ha criticado que el Gobierno “rompa las reglas europeas” con decisiones como la regularización masiva de inmigrantes, basada incluso en declaraciones responsables de antecedentes penales.

Por último, ha recordado que el Partido Popular impulsa una directiva europea para reconocer como profesión de riesgo a los militares y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, después de que el Gobierno haya bloqueado esta medida en España. “Si ellos no son profesión de riesgo, ¿quién lo es?”, ha concluido.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha reprochado al Partido Nacionalista Vasco su apoyo al decreto del Gobierno que penaliza a los propietarios de viviendas, una decisión que, a su juicio, supone una “sumisión” al presidente Pedro Sánchez y “roza el ridículo”.

Tellado ha calificado de “tomadura de pelo” que el PNV votara la semana pasada a favor del real decreto que incluía la medida antidesahucios “tal como venía” y que ahora también considere “muy bien” la modificación planteada por el Gobierno. “Me parece una broma”, ha afirmado.

El dirigente popular ha defendido que son las administraciones públicas las que deben asumir la protección de las familias vulnerables, y no trasladar esa responsabilidad a los propietarios. “El Partido Popular apoya la creación de un escudo social real, financiado y gestionado por las administraciones, para cubrir las necesidades de quienes lo pasan mal”, ha subrayado.

En este sentido, Tellado ha advertido de que “cada vez hay más familias en situación de vulnerabilidad en España por culpa de la política económica y la improvisación del Gobierno de Sánchez”, pero ha insistido en que esa realidad “no puede servir de excusa para castigar a los caseros ni para delegar en ellos funciones que corresponden al Estado”.

Sobre la revalorización de las pensiones, el secretario general del PP ha reiterado que su partido votará a favor si la medida se presenta de forma separada, aunque ha mostrado cautela: “Nos fiamos tan poco de Sánchez que primero tendremos que leer el decreto para comprobar que realmente es así”.

Finalmente, Tellado ha señalado que “toda España sabe” que el Gobierno ha intentado engañar a los pensionistas utilizando el decreto ómnibus y tomándolos como rehenes políticos para sacar adelante medidas que no cuentan con el respaldo de la mayoría parlamentaria.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero “muy tranquilo no está”, como demuestra su ausencia en la campaña electoral de Extremadura y Aragón, en un contexto marcado por informaciones sobre sus relaciones ocultas con Plus Ultra y con Venezuela, en las que se le atribuyen labores de lobby a cambio de retribuciones económicas.

Muñoz se ha referido a las informaciones que apuntan a que la empresa que pagaba a Zapatero por sus supuestas asesorías solo tenía como clientes al propio expresidente y a la empresa de sus hijas, lo que, a su juicio, sería “completamente inmoral”. No obstante, ha precisado que “sería gravísimo, pero me va a permitir que guarde la presunción de inocencia”.

La portavoz del PP ha señalado que los ciudadanos tienen derecho a saber si el Gobierno rescató una aerolínea sin apenas vuelos para después pagar a Zapatero, y se ha preguntado “por qué Zapatero no ayudó antes a la liberación de los presos políticos si estaba haciendo negocios con la dictadura venezolana”.

Asimismo, Muñoz ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se pronuncie sobre si las campañas del PSOE pudieron financiarse con dinero procedente de las saunas de su suegro, y ha denunciado la hipocresía de un partido que anunció una ley para abolir la prostitución “mientras lo que pretendían era blanquear que su partido estaba lleno de puteros”.

En relación con las pensiones, la portavoz popular ha advertido de que el Grupo Parlamentario Popular tiene preparada una proposición de ley de revalorización de las pensiones para su debate en Pleno, en el caso de que el Gobierno vuelva a introducir “cuestiones ajenas” como es habitual.

Sobre el decreto ómnibus que el Ejecutivo habría pactado con el PNV y que incluye nuevas medidas sobre okupación, Muñoz ha sido clara: “No se puede pedir a los españoles que sean el escudo social en lugar del Gobierno”, alertando de que estas decisiones perjudican a los propietarios particulares.

Por último, ha asegurado que cuando el Partido Popular llegue al Gobierno realizará una auditoría completa del estado de las vías férreas y las carreteras, y ha subrayado que cualquier ayuda europea para mantenimiento “se destinará exactamente a ese fin y no a otras cosas”.

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Nieves Martínez, ha defendido la nueva Estrategia contra el Cáncer de la Comunitat Valenciana 2026-2030 como “un salto cualitativo en la atención, prevención e investigación frente a una enfermedad que afecta a miles de familias”. En este sentido, ha subrayado que el Consell “sitúa esta lucha como una prioridad real que va más allá de la legislatura mientras el Gobierno de Pedro Sánchez pierde el liderazgo en política científica”.

Martínez ha explicado que la nueva estrategia ahonda en los avances conseguidos desde 2023 e incide en la lucha contra el tiempo de detección ante una enfermedad implicada en el 25% de las muertes en España. El plan se articula en seis grandes ejes: diagnóstico precoz, medicina personalizada, inversión tecnológica, innovación en terapias, investigación y ensayos clínicos, y atención integral al paciente.

También ha resaltado la inversión de más de 12 millones de euros en nuevos equipamientos al servicio de los profesionales y la creación de 60 nuevos puestos de psicólogos sanitarios para reforzar la atención psico-oncológica. Algo fundamental cuando el cáncer ha pasado a ser una enfermedad crónica, menos letal, pero de la que quedan secuelas físicas y emocionales.

Asimismo, ha destacado los resultados de la gestión del Consell en menos de tres años: “Hemos reducido un 60% las listas de espera quirúrgicas de Prioridad 1, pasando de 61 días con el Botànic a 24 días en la actualidad. Esa es la diferencia entre propaganda y gestión”.

Frente a este esfuerzo, Martínez ha criticado la falta de liderazgo del Gobierno de España en materia de investigación oncológica. “Se echa en falta más estabilidad en la política científica nacional, especialmente cuando el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha vivido en los últimos años episodios de crisis y denuncias por presuntas irregularidades que han llegado incluso a la Fiscalía”, ha señalado.

En su opinión, “resulta especialmente preocupante que la ministra valenciana de Ciencia e Investigación, Diana Morant, dirija un sistema rodeado de polémicas que distraen del objetivo principal: impulsar la investigación contra el cáncer”. “La lucha contra el cáncer afecta a muchas familias y por eso hay que actuar con rigor y compromiso real”, ha concluido.

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