Rosa Romero: «España no necesita propaganda educativa, necesita calidad»
La senadora del Partido Popular por Ciudad Real, Rosa Romero, ha denunciado que España acumula siete años de una política educativa “errática, ideológica y sectaria”, cuyas consecuencias perjudican gravemente a alumnos, familias y docentes, tal y como evidencia “el último suspenso del informe PISA”.
Romero se ha pronunciado así durante el Pleno del Senado, en una pregunta dirigida a la ministra de Educación, Milagros Tolón, a quien ha recordado que España registra “los peores resultados académicos de su historia, mientras que las comunidades gobernadas por el Partido Popular obtienen los mejores resultados”.
La senadora popular ha exigido a la ministra un cambio urgente de rumbo, advirtiendo de que, de no hacerlo, “pasará a la historia como una ministra más del fracaso sanchista”. “La dignidad y las oportunidades de nuestros jóvenes dependen en gran medida de la educación que reciben, y es su obligación garantizarla”, ha subrayado.
Rosa Romero ha lamentado que el Ministerio de Educación, pese a ser un departamento esencial, haya estado “abandonado durante años por el sanchismo”, y ha preguntado directamente a Tolón si va a rectificar “el desastre educativo de este Gobierno o viene a continuar con la misma política fracasada”.
En su intervención, ha calificado de “nefasta” la LOMLOE, una ley que, según ha denunciado, fue aprobada “sin consenso, sin contar con las familias, ni con los docentes ni con los expertos”, con el único objetivo de “controlar el relato, colonizar las aulas, cargarse la cultura del esfuerzo y rebajar la calidad educativa”.
Asimismo, ha acusado al Gobierno socialista de utilizar la educación como instrumento político, atacando a la enseñanza concertada, limitando la libertad de las familias y “arrinconando el castellano para no molestar a sus socios”.
Romero ha denunciado que el PSOE ha “convertido la escuela en el laboratorio ideológico del sanchismo” y ha reprochado a la anterior ministra, Pilar Alegría, haber estado “más preocupada por ejercer de escudo de Pedro Sánchez que por resolver los problemas reales del sistema educativo”.
Entre los principales problemas, la senadora del PP ha señalado el fracaso escolar, la pérdida de autoridad del profesorado, las desigualdades entre territorios y el aumento insoportable de los gastos escolares que soportan las familias.
Finalmente, ha afirmado que la ministra Tolón llega “al peor Gobierno y en el peor momento”, a un Ejecutivo “agotado, sin rumbo y cercado por la corrupción”, cuyo único proyecto es “resistir en La Moncloa a cualquier precio”. “Los españoles no necesitan más ministros para resistir; necesitan un Gobierno que gobierne y una ministra que defienda a los alumnos y apoye a los docentes”, ha concluido Rosa Romero.
Alicia García denuncia que 53 millones de euros pasaron del chavismo al sanchismo.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de encubrir un grave escándalo de corrupción vinculado al rescate de Plus Ultra y al papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, García ha sido tajante al afirmar que “53 millones de euros salieron del bolsillo de los españoles, pasaron por el chavismo y regresaron al sanchismo”, subrayando que “esto no es mediación, es corrupción”.
La dirigente popular ha dibujado lo que ha definido como el “círculo vicioso” del escándalo Zapatero, explicando que “dinero público se utilizó para dar apariencia legal a fondos de origen criminal”. En este sentido, ha acusado al expresidente socialista de actuar como “comisionista, recadero, defensor y blanqueador de una dictadura sanguinaria”.
Según ha denunciado García, el esquema sería “muy sencillo”: Zapatero presionaba al Gobierno, la empresa pagaba a un intermediario y el intermediario pagaba a Zapatero, todo ello mientras el Ejecutivo miraba hacia otro lado. “El Gobierno conocía los chanchullos de Zapatero y los tapó; por eso hoy el PSOE lo esconde y ha desaparecido de la campaña”, ha afirmado.
La portavoz del PP ha interpelado directamente al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, exigiéndole explicaciones sobre el papel del expresidente socialista en Venezuela y preguntándole si embajadas y aviones oficiales estuvieron a disposición de Zapatero.
“O Zapatero actuaba por encargo del Gobierno y entonces usted es cooperador necesario, o actuaba sin encargo y permitió una diplomacia paralela, opaca y con sombras de corrupción”, ha advertido García, quien ha recordado que el propio Albares aseguró que Zapatero no actuaba en nombre del Ejecutivo.
Asimismo, ha señalado que Zapatero viajaba fuera de agenda, utilizaba vuelos del régimen chavista y operaba con empresarios hoy investigados por blanqueo de capitales, además de cobrar supuestas consultorías encubiertas relacionadas con el rescate de Plus Ultra.
“¿Quién se hizo de oro con el sufrimiento del pueblo venezolano? ¿Zapatero, Ábalos, Sánchez, el Partido Socialista… o todos a la vez?”, ha preguntado la portavoz popular, reclamando respuestas claras “para los españoles saqueados y los venezolanos oprimidos”.
Alicia García ha concluido denunciando que existen indicios de posibles vías de financiación ilegal del PSOE vinculadas al petróleo del chavismo, y ha exigido al Gobierno que dé explicaciones inmediatas y asuma responsabilidades políticas.
Elena Castillo denuncia la irresponsabilidad del Gobierno y de ADIF tras el apagón.
La portavoz de Ciencia del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y senadora por Cantabria, Elena Castillo, ha denunciado hoy la “irresponsabilidad y temeridad” del Gobierno de España y de ADIF por la falta de gestión de las señales de alerta en infraestructuras críticas, durante la comparecencia del presidente de ADIF en la Comisión de Investigación del Apagón.
Durante su intervención, Castillo ha reprochado al presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña, que reconociera que el suministro eléctrico no fue adecuado ni los días 22 y 24 de abril ni el propio día del apagón, al mismo tiempo que defendía que “el sistema funcionó bien”.
La senadora del PP ha advertido de que en los días y meses previos al apagón de 2025 se registraron incidencias relevantes en el AVE y en otras infraestructuras ferroviarias, especialmente los días 18, 20, 22 y 24 de abril, lo que, a su juicio, evidencia una vulnerabilidad estructural en la infraestructura ferroviaria.
“El presidente de ADIF ha confirmado que notificó la incidencia eléctrica del 22 de abril al Ministerio de Transportes y a Red Eléctrica, pero no recuerda si se actuó de igual forma con el resto de incidencias, ni si se ordenaron medidas extraordinarias de refuerzo o revisión”, ha señalado Castillo, que ha calificado esta falta de respuesta como una grave negligencia en la gestión de la seguridad ferroviaria.
En este contexto, la senadora ha recordado los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, subrayando que, aunque no se puede establecer una relación causal directa con el apagón, “sí comparten elementos técnicos que apuntan a un sistema sometido a estrés y con impacto potencial en la seguridad”.
Castillo ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido el ferrocarril en un elemento clave de su modelo energético “sin una inversión proporcional y sostenida en resiliencia eléctrica, mantenimiento y márgenes de seguridad”, y ha recordado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se negó a desarrollar el Plan de Atención Urgente a los Pasajeros aprobado en 2024.
Dicho plan incluía medidas como protocolos ante incidencias eléctricas o climáticas, auditorías de los sistemas de señalización y seguridad, geolocalización en tiempo real de trenes y mecanismos ágiles de compensación a los pasajeros, iniciativas que “habrían paliado el caos vivido el día del apagón y podrían haber evitado tragedias”.
“El dolor no entiende de siglas, y la sociedad española merece respuestas claras cuando lo que está en juego es la seguridad de las personas y la gestión de infraestructuras críticas del Estado”, ha afirmado Castillo, quien ha exigido responsabilidades políticas.
La senadora ha concluido denunciando que “mientras se deja de invertir en mantenimiento y seguridad, el Gobierno reparte contratos de forma fraudulenta y prioriza intereses ajenos a los de los españoles”, sin que nadie asuma responsabilidades.
Sanz Otero subraya la apuesta municipal por la vivienda pública en Vicálvaro.
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz Otero, ha visitado las obras de una nueva promoción de vivienda pública en El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro, una actuación que supone una inversión cercana a los 20 millones de euros, financiada íntegramente con presupuesto municipal.
Esta promoción contempla la construcción de 89 viviendas de alquiler, con dos, tres y cuatro dormitorios, además de plazas de garaje y algunos locales comerciales, reforzando así la oferta de vivienda pública en uno de los ámbitos de mayor crecimiento de la ciudad.
Durante la visita, Inma Sanz ha subrayado que se trata de “una muy buena noticia para Madrid”, y ha avanzado que a lo largo de este año se finalizarán las dos últimas promociones pendientes en El Cañaveral, lo que permitirá alcanzar un total de 1.200 viviendas públicas solo en este desarrollo urbano.
“Seguimos incrementando el parque público de vivienda en alquiler y facilitando que los jóvenes y las familias jóvenes puedan quedarse a vivir en su ciudad o trasladarse a una zona de Madrid en plena expansión”, ha señalado la vicealcaldesa.
En este sentido, Sanz ha destacado que El Cañaveral se consolida como uno de los principales ejes de crecimiento de Madrid, un barrio llamado a ser “el futuro por donde va a crecer mayoritariamente nuestra ciudad”, gracias a la apuesta del Gobierno municipal por una política de vivienda basada en inversión pública, alquiler asequible y planificación urbana.
Desde el Partido Popular, el Ayuntamiento de Madrid reafirma así su compromiso con el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias, mediante actuaciones concretas que amplían la oferta y refuerzan la cohesión social en los nuevos desarrollos de la capital.
Paco Núñez acusa al PSOE de frenar la vivienda mientras el PP sí construye en Castilla-La Mancha.
El Presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado la falta absoluta de políticas eficaces en materia de vivienda por parte de los gobiernos socialistas, tanto a nivel autonómico como nacional, y ha defendido el modelo del Partido Popular como la única alternativa real para facilitar el acceso a la vivienda.
Núñez ha subrayado que, tras más de once años de gobiernos socialistas, “no se han construido viviendas públicas suficientes ni se ha dado respuesta al principal problema de miles de familias y jóvenes”, lo que ha provocado una situación de bloqueo que impide el acceso a una vivienda digna.
“El Gobierno de Sánchez y el Gobierno socialista en Castilla-La Mancha no han hecho absolutamente nada para resolver el problema de la vivienda”, ha afirmado, lamentando que hoy sean los ayuntamientos los que, pese a la falta de apoyo institucional, intenten poner en marcha políticas eficaces.
En este sentido, el dirigente popular ha defendido la necesidad de facilitar a los alcaldes y alcaldesas herramientas reales para ampliar el parque público de viviendas, incrementar el suelo disponible y promover nuevas promociones en régimen de alquiler a precios asequibles, por debajo del mercado.
Asimismo, Núñez ha apostado por un paquete integral de rebajas fiscales e impositivas, que incentive la construcción y el acceso a la vivienda, y que permita avanzar en soluciones reales frente a la parálisis actual.
El secretario general del PP regional ha contrapuesto “las dos velocidades que hoy existen en Castilla-La Mancha”: la de un Gobierno socialista que “lastra el acceso a la vivienda” y la de los alcaldes del Partido Popular que sí actúan con responsabilidad y compromiso.
Como ejemplo, ha destacado la gestión de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, que ya impulsa más de 500 viviendas para ampliar la oferta y facilitar el acceso a precios asequibles.
“El Partido Popular demuestra que cuando se gobierna, se actúa, y que la vivienda se resuelve con más suelo, más oferta, alquiler asequible y menos impuestos”, ha concluido Núñez.
Antonio José Mesa: «Getafe Industrial, ejemplo del caos en Cercanías por la falta de inversión del Gobierno»
El Partido Popular de Getafe ha denunciado el grave estado de abandono de la estación de Cercanías de Getafe Industrial, una situación que, según ha advertido el portavoz del Grupo Municipal del PP, Antonio José Mesa, es consecuencia directa de la falta de inversiones del Gobierno central y del rechazo reiterado del PSOE local a las propuestas del Partido Popular.
Mesa ha señalado que la estación “parece sacada de otro siglo” debido a la inacción del Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, y a la actitud de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, que ha votado hasta en seis ocasiones en contra de las iniciativas del PP en el Pleno municipal para mejorar las infraestructuras ferroviarias.
El portavoz popular ha recordado que estas propuestas incluían inversiones por valor de 13 millones de euros destinadas a Cercanías en Getafe, recursos que habrían permitido modernizar unas instalaciones que presentan escaleras inservibles, falta total de accesibilidad para personas con movilidad reducida, suciedad acumulada en las vías y un deterioro evidente por la ausencia de mantenimiento.
“Estamos ante una situación que afecta directamente a la seguridad de los vecinos y a la calidad del servicio público”, ha subrayado Mesa, quien ha advertido de que “el mantenimiento brilla por su ausencia desde hace demasiado tiempo, no solo en Getafe, sino en toda la red de Cercanías de Madrid”.
Desde el Partido Popular de Getafe se considera esta situación una grave irresponsabilidad, y se alerta de que “cuando ocurren desgracias es cuando algunos se acuerdan de que las cosas se tendrían que haber hecho de otra manera”.
El PP de Getafe exige al Gobierno central que asuma sus responsabilidades, ejecute las inversiones comprometidas y ponga fin al abandono de unas infraestructuras esenciales para miles de vecinos que utilizan diariamente el servicio de Cercanías.
Carlos Albaladejo: «La Ley del Mar Menor avanza gracias a la colaboración entre agricultores y Gobierno regional»
El diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo ha resaltado, en respuesta a Vox, que “la Ley de Protección del Mar Menor del Gobierno regional funciona, y gracias a ella el estado del ecosistema es mejor”.
“Si algo se está demostrando es que la actividad agraria y la defensa del Mar Menor son perfectamente compatibles, y esa es la línea de la modificación propuesta por el Partido Popular”.
Al hilo, el parlamentario autonómico ha destacado “el esfuerzo del sector primario en su contribución a la recuperación del ecosistema, adaptando y modernizando sus sistemas de riego con la colaboración del Ejecutivo autonómico”.
Dirigiéndose a Vox, Albaladejo ha subrayado que “no es con demagogia y populismo como se contribuye a recuperar el ecosistema, sino buscando el consenso y escuchando a todos los que tienen algo que decir y aportar”.
“Desde el Partido Popular no vamos a prestarnos a la pretensión de Vox de echar por tierra los trabajos y las conclusiones de la Comisión de la Asamblea que, tal y como acordamos en su momento, serviría para abordar la modificación de la Ley del Mar Menor desde el acuerdo y la escucha de todos los sectores concernidos en la recuperación del Mar Menor: agricultores, ayuntamientos, sector turístico, promotores, ecologistas, etc.”, ha advertido el diputado del PP.
“En cualquier caso, tampoco podemos aceptar propuestas como algunas de las planteadas por Vox, que supondrían un retroceso en la protección del Mar Menor, en la que no vamos a dar un solo paso atrás”, ha apuntado Albaladejo.
Albaladejo ha reseñado que “Vox pretende ahora erigirse en el defensor a ultranza de nuestros agricultores después de haberles traicionado”. “Primero, haciendo pinza con el PSOE en la Asamblea Regional para rechazar una moción del PP en contra de los recortes al Trasvase Tajo-Segura; y después, votando en el Parlamento Europeo en contra de las cláusulas de salvaguarda automáticas que el PP ha logrado aprobar para Mercosur”, ha recordado.
Elena Bastidas acusa a Sánchez de abandonar a los enfermos de ELA tras aprobar la ley sin presupuesto.
El Grupo Popular ha presentado una Proposición No de Ley en Les Corts para exigir al Gobierno central la financiación efectiva de la Ley para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad. La portavoz parlamentaria de Política Social, Elena Bastidas, ha lamentado que Pedro Sánchez “apruebe la ley para hacerse la foto y abandone a los pacientes después”.
Bastidas ha recordado que esta norma fue aprobada por unanimidad en octubre de 2024 con el objetivo de garantizar un trato digno a los enfermos de ELA y sus familias, pero ha denunciado que, más de un año después y a pesar del positivo recibimiento por parte de la sociedad, el Gobierno de Sánchez sigue sin dotarla de recursos.
Los costes directos que asumen las familias de personas con ELA oscilan entre los 184 y los 230 millones de euros anuales, según el estudio de la Fundación Luzón, lo que hace imprescindible una financiación específica por parte del Estado. “Sin presupuesto no hay derechos, solo propaganda”, ha afirmado la diputada popular.
Frente a esta dejación de responsabilidades, la portavoz de Política Social ha puesto en valor el esfuerzo de la Generalitat, que está asumiendo el 80% del coste del sistema de dependencia frente al 20% del Estado, pese a que la ley obliga a una financiación al 50%. Un incumplimiento que le supone una deuda de 4.000 millones de euros con la Comunitat Valenciana.
Además, ha destacado que el Consell ha adelantado el 100% de las ayudas a quienes padecen ELA y ha destinado un millón de euros a estos pacientes: “Mientras el Estado incumple, la Generalitat asume costes que no le corresponden”. En la Comunitat Valenciana hay más de 400 personas con esta enfermedad.
La iniciativa del GPP insta al Gobierno central a aprobar con urgencia la dotación presupuestaria necesaria con carácter retroactivo, concretar los recursos y plazos de aplicación de la ley, consensuar las medidas con las comunidades autónomas y asumir el coste que le corresponde en el sistema de dependencia.
Por último, Bastidas ha denunciado “la política del PSOE: prometer derechos y negarlos cuando llega el momento de financiarlos. Sánchez ha abandonado a los enfermos de ELA y la Comunitat Valenciana no puede seguir pagando la factura del incumplimiento del Gobierno. Los pacientes necesitan recursos, no anuncios”, ha concluido.