Actualidad Política

26 de octubre de 2026

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La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha reclamado que la Cámara conozca el contenido de las conversaciones que mantienen PNV, EH Bildu y PSE-EE sobre un nuevo Estatuto.

En una entrevista en ETB1, Garrido ha cuestionado que el PP, que cuenta con siete representantes en la Cámara, permanezca al margen de esas conversaciones.

“No se puede estar a diario con el tema de la transparencia y luego esconder un pacto”, ha afirmado.

Garrido pide que el debate llegue al Parlamento

La portavoz popular considera que una eventual reforma estatutaria debe seguir los procedimientos establecidos y respetar el ordenamiento jurídico.

“Sería conveniente que el Parlamento conozca qué es lo que están haciendo. ¿Qué van a acordar finalmente? ¿Va a estar dentro de la ley?”, ha planteado.

Garrido ha defendido anteriormente la posibilidad de actualizar el Estatuto, pero ha condicionado esa reforma a que parta del marco estatutario vigente, busque un acuerdo amplio y respete la legalidad.

Preguntas sobre el papel del PSE

Garrido también ha dirigido sus críticas al Partido Socialista de Euskadi y ha reclamado que explique públicamente cuál será su posición ante las propuestas de PNV y EH Bildu.

La portavoz del PP atribuye a las dos formaciones nacionalistas una apuesta por avanzar hacia mayores cotas de soberanía y ha preguntado hasta dónde está dispuesto a llegar el PSE en la negociación.

La dirigente popular sostiene que las relaciones entre las tres formaciones configuran un bloque político, una interpretación que forma parte de la posición política expresada por el PP vasco.

Menores de Ceuta

La entrevista ha abordado además la posibilidad de que Euskadi acoja a menores procedentes de Ceuta.

Garrido ha defendido como posición del PP que se explore prioritariamente la reunificación de los menores con sus familias en sus países de origen.

La aplicación de cualquier retorno de menores debe realizarse individualmente y con las garantías establecidas por la legislación de protección del menor y extranjería.

Garrido ha recordado que el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ya defendió esta posibilidad anteriormente y ha reclamado que se estudie esta alternativa antes de plantear otras soluciones.

El senador del Partido Popular Francisco Bernabé ha denunciado que el Ministerio de Transportes esté actuando sobre la actual vía ferroviaria que atraviesa Alumbres en lugar de ejecutar la variante destinada a sacar de la población los trenes de mercancías procedentes de Escombreras.

Bernabé sostiene que los trabajos de sustitución de traviesas suponen mantener en servicio un trazado cuya eliminación constituye una reivindicación histórica de los vecinos.

“En lugar de construir una circunvalación como se comprometió, el Ministerio de Transportes está cambiando las traviesas de las vías y permitiendo que las mercancías peligrosas procedentes de Escombreras sigan pasando por el centro de la población”, ha señalado.

El Gobierno contempló eliminar la vía por Alumbres

La reivindicación cuenta con antecedentes parlamentarios.

En una respuesta oficial al Senado de junio de 2024, el Gobierno explicó que el estudio del nuevo acceso ferroviario a la dársena de Escombreras perseguía tres objetivos: alejar el tráfico de mercancías de Cartagena, eliminar la vía a su paso por Alumbres y permitir una conexión ferroviaria directa con la terminal intermodal de la ZAL de Los Camachos.

Bernabé cuestiona ahora los avances registrados en ese proyecto y reclama conocer cuándo se ejecutará definitivamente la variante.

Nuevas preguntas en el Senado

El senador ha mantenido esta infraestructura dentro de su actividad parlamentaria.

En julio de 2026 registró preguntas al Gobierno sobre si tiene previsto ejecutar la variante ferroviaria de Alumbres y sobre los plazos y estudios existentes.

También preguntó específicamente por la intención del Ejecutivo de ejecutar el ramal ferroviario hasta la ZAL de Los Camachos.

Mercancías, ZAL y alta velocidad

Bernabé engloba la situación de Alumbres dentro de sus críticas a la planificación ferroviaria de Cartagena.

El senador reclama avances tanto en la variante para los tráficos de Escombreras como en la conexión de la ZAL de Los Camachos y en el desarrollo de la alta velocidad hasta Cartagena.

Para el PP, estas infraestructuras son determinantes para conciliar la actividad logística e industrial del entorno portuario con la seguridad y calidad de vida de los vecinos.

Bernabé reclama al Ministerio que concrete los plazos de las actuaciones y dé respuesta a las iniciativas registradas en el Senado sobre el futuro ferroviario de Cartagena.

El portavoz de Industria del PPCV en Les Corts, Salvador Aguilella, ha reclamado al Gobierno de España un plan urgente para mejorar la competitividad de la industria cerámica y facilitar su proceso de descarbonización.

Aguilella ha situado entre las prioridades el aumento de las inversiones en redes eléctricas, el mantenimiento de la cogeneración durante la transición energética y medidas destinadas a reducir los costes energéticos y medioambientales.

“No podemos cargar al sector con una responsabilidad que también compete al Gobierno de España. La descarbonización exige energía competitiva, infraestructuras y plazos sensatos para que se habiliten alternativas tecnológicas al gas”, ha señalado.

Un sector clave para Castellón

El dirigente popular ha realizado estas declaraciones coincidiendo con Cersaie, la feria internacional de referencia para la industria cerámica que se celebra en Bolonia.

Aguilella ha destacado el peso económico y exportador del clúster cerámico castellonense y ha reclamado medidas que permitan mantener su actividad, inversión y empleo.

Según los datos publicados por ASCER, la industria cerámica representa el 32,2% del PIB de la provincia de Castellón y sostiene alrededor de 90.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos.

Además, aproximadamente el 94% de la producción española de baldosas cerámicas tiene su origen en Castellón.

Redes eléctricas y cogeneración

Aguilella considera prioritario reforzar las redes para permitir una mayor electrificación de los procesos industriales.

También reclama mantener la cogeneración durante el periodo de transición hacia otras tecnologías, al considerar que las alternativas actualmente disponibles todavía no permiten sustituir completamente al gas en determinados procesos.

ASCER ha planteado igualmente la necesidad de preservar un marco estable para la cogeneración y acompasar las exigencias regulatorias a la disponibilidad de alternativas tecnológicas.

Competitividad y descarbonización

El portavoz de Industria sostiene que la transición energética debe conciliar los objetivos ambientales con la capacidad de las empresas para competir internacionalmente.

Por ello, reclama medidas sobre costes energéticos, infraestructuras eléctricas, comercio internacional y derechos de emisión de CO₂.

Aguilella recuerda asimismo el encuentro mantenido el 8 de septiembre con ASCER para abordar cuestiones relacionadas con competitividad, energía, descarbonización, comercio y empleo.

El objetivo, sostiene, debe ser que la cerámica castellonense pueda avanzar hacia la descarbonización sin perder producción, inversión ni capacidad exportadora.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado al PSOE de cuestionar las decisiones judiciales cuando afectan a su entorno y ha sostenido que “no les gusta que se investiguen sus delitos, sus escándalos y su corrupción masiva”.

Durante la Junta Directiva del PP de Cantabria, Tellado ha situado las investigaciones judiciales en el centro de su intervención y ha afirmado que “la democracia española, como la nación, va a ganarles este pulso”.

Begoña Gómez y el jurado popular

Tellado se ha referido especialmente a la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, que será juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

“Y ahora que un juez decide que el caso Begoña sea visto por un jurado popular, por nueve ciudadanos anónimos, ¿tampoco les gusta?”, ha preguntado.

El dirigente popular ha utilizado este procedimiento y otras investigaciones judiciales abiertas para acusar al PSOE de enfrentarse políticamente a jueces y tribunales cuando sus decisiones afectan a miembros o personas vinculadas al partido.

Tellado vuelve a poner el foco en Ceuta

El secretario general del PP también ha abordado la situación de Ceuta y ha acusado a Pedro Sánchez de no haber restablecido la normalidad en la ciudad.

Tellado ha reclamado “el retorno del 100% de los que entraron ilegalmente”, una posición que el PP viene defendiendo y cuya aplicación debe realizarse conforme a la legislación española, europea e internacional aplicable a cada caso.

“Ceuta y España no se venden”, ha afirmado.

Cantabria y el caso Obras Públicas

En clave autonómica, Tellado se ha referido al denominado caso Obras Públicas y ha dirigido sus críticas al expresidente Miguel Ángel Revilla.

También ha contrapuesto la situación política nacional con la gestión del Ejecutivo cántabro presidido por María José Sáenz de Buruaga, destacando la aprobación de tres presupuestos autonómicos y las rebajas fiscales impulsadas por su Gobierno.

El municipalismo, en el centro de la estrategia del PP

Tellado ha definido el municipalismo como “el gran tesoro del PP” y ha destacado el trabajo de alcaldes y concejales como uno de los principales activos territoriales del partido.

El secretario general ha cerrado su intervención llamando a la organización a preparar los próximos meses y a trasladar su proyecto político desde los municipios y las comunidades autónomas al ámbito nacional.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado en Alovera (Guadalajara) un Plan de Choque para la Mejora del Poder Adquisitivo que plantea duplicar temporalmente las desgravaciones por descendientes en el IRPF, aplicar un IVA del 0% a los alimentos básicos y reducir del 21% al 10% el IVA de la energía.

Según la propuesta presentada por Feijóo, una familia con dos hijos podría disponer de más de 400 euros adicionales entre agosto y final de año mediante la duplicación temporal de los mínimos por descendientes.

La propuesta elevaría de 2.400 a 4.800 euros la cuantía correspondiente al primer hijo; de 2.700 a 5.400 por el segundo; de 4.000 a 8.000 por el tercero; y de 4.500 a 9.000 euros por el cuarto y siguientes. Para menores de tres años, el incremento adicional también se duplicaría, de 2.800 a 5.600 euros.

IVA cero para alimentos básicos

El segundo eje del plan se centra en los impuestos indirectos.

Feijóo propone aplicar temporalmente un IVA del 0% a alimentos básicos como leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras, carne, pescado y conservas.

En materia energética, plantea reducir del 21% al 10% el IVA y reclama asimismo adaptar la tarifa del IRPF a la evolución de los precios.

“Cada mes con el mismo dinero las familias pueden comprar menos”, ha afirmado Feijóo al justificar el paquete de medidas.

Autónomos y sectores productivos

El plan incorpora también actuaciones dirigidas a reducir los costes de producción.

Feijóo plantea revisar los costes que soportan agricultores y ganaderos en fertilizantes y combustibles y desarrollar un plan de choque para desbloquear capacidad en la red eléctrica.

Para los autónomos, reclama avanzar en la exención del IVA para aquellos cuya facturación se encuentre por debajo de los 85.000 euros.

El presidente del PP también propone reducir cargas administrativas mediante una política de simplificación regulatoria, con la eliminación de tres normas anteriores por cada nueva regulación y una ampliación del silencio administrativo positivo.

Las medidas llegarán a las Cortes

Feijóo ha anunciado que el PP trasladará las propuestas a las Cortes Generales para que sean debatidas y votadas.

El objetivo declarado del plan es aumentar la renta disponible de los hogares, reducir costes para empresas y trabajadores por cuenta propia y contener el impacto del encarecimiento de bienes y servicios.

El contexto inflacionista continúa siendo uno de los argumentos centrales del PP. Los últimos datos definitivos del INE sitúan el IPC de agosto en el 4,3% interanual y el IPCA español en el 4,6%.

El PP plantea responder a ese escenario mediante una combinación de rebajas fiscales a las familias, reducción de impuestos sobre alimentos y energía y medidas dirigidas a los costes productivos.

El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, Óscar Clavell, ha defendido en el Congreso la moción del GPP sobre política educativa que ha terminado con la reprobación de la ministra Milagros Tolón por 177 votos frente a 171.

La iniciativa aprobada insta además al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a proceder al cese de Tolón por los resultados de PISA 2025 y la gestión del inicio del curso escolar en Ceuta.

“Creíamos imposible que la calidad educativa de este país pudiera caer más cada vez que llegaba una ministra, pero no era así y la entrante es aún peor que la saliente”, ha afirmado Clavell durante su intervención.

PISA, uno de los ejes de la moción

Clavell ha situado los resultados del último informe PISA entre los principales argumentos para reclamar responsabilidades políticas a la ministra.

El diputado ha reprochado al Ejecutivo que, a juicio del GPP, busque responsabilidades externas sin realizar suficiente autocrítica sobre la evolución del rendimiento de los estudiantes.

El PP atribuye parte de este deterioro a las políticas educativas del Gobierno, mientras que representantes socialistas han defendido que existen factores internacionales y competencias autonómicas que también deben tenerse en cuenta para interpretar los resultados.

Clavell pone el foco en los docentes

El portavoz educativo también ha denunciado una pérdida de autoridad del profesorado y una excesiva carga burocrática.

Asimismo, ha reclamado avances en la reforma de la profesión docente y cambios en la formación universitaria relacionada con Educación.

Clavell ha incorporado a su balance otras cuestiones como la climatización de los centros, la regulación del uso de pantallas, la educación de 0 a 3 años y las evaluaciones del sistema.

Ceuta entra en la moción

La situación educativa de Ceuta ha formado igualmente parte del debate.

Clavell ha cuestionado las consecuencias de la crisis registrada en la ciudad autónoma sobre el inicio del curso y la actividad de algunos centros educativos.

La moción aprobada también incorpora apartados relacionados con Ceuta y reclama al Gobierno actuaciones destinadas a garantizar la seguridad y el bienestar emocional de los alumnos.

El Congreso reprueba a Tolón

La votación ha terminado con 177 votos favorables y 171 contrarios a la reprobación de Milagros Tolón y a la petición de cese dirigida al presidente del Gobierno.

La iniciativa recibió el respaldo de PP, Vox, UPN y Junts.

La reprobación supone una censura política del Congreso, pero no implica automáticamente el cese de la ministra.

El Pleno rechazó, por otra parte, parte de las medidas educativas concretas planteadas para responder a los resultados de PISA.

Clavell consigue así trasladar el debate sobre rendimiento académico, profesorado y Ceuta a una votación que termina con la censura parlamentaria de la responsable del Ministerio de Educación.

La directora general de OUIGO España, Amandine Thomas-Commin, ha confirmado ante la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria del Senado que la compañía había trasladado a ADIF propuestas para mejorar los sistemas de monitorización antes del accidente ferroviario de Adamuz.

La afirmación se ha producido durante las preguntas formuladas por la senadora del Grupo Parlamentario Popular María Patricio, que ha reclamado conocer qué mejoras solicitó el operador, cuándo se plantearon y hasta qué punto habían sido ejecutadas.

Thomas-Commin ha explicado que algunas de esas cuestiones siguieron planteándose en las reuniones mantenidas con ADIF y ha señalado que el gestor comunicó a la compañía la puesta en marcha de una licitación para instalar determinados dispositivos.

Peticiones sobre monitorización

Patricio ha preguntado específicamente por sistemas destinados a mejorar la monitorización y el control de los pantógrafos.

La senadora ha puesto el foco en las peticiones que OUIGO había trasladado previamente a ADIF y en si esas actuaciones se encontraban implantadas cuando se produjo el accidente de Adamuz.

Thomas-Commin ha señalado que no recordaba nuevas peticiones formuladas por escrito después de las anteriores, pero sí conversaciones sobre estas cuestiones en las reuniones periódicas mantenidas con ADIF.

La responsable de OUIGO ha explicado asimismo que ADIF había informado al operador de la puesta en marcha de una licitación relacionada con estos dispositivos.

OUIGO afirma que no había detectado riesgos graves de seguridad

La comparecencia también ha introducido un matiz relevante sobre el estado de la infraestructura.

Thomas-Commin ha asegurado que, desde que OUIGO comenzó a operar en España en 2021, sus profesionales no habían detectado problemas o riesgos graves de seguridad en la red ferroviaria.

La directiva ha expresado además la confianza de la compañía en ADIF como administrador de la infraestructura.

Sí ha diferenciado la seguridad de los problemas relacionados con la calidad y regularidad del servicio, especialmente por los retrasos.

Los retrasos atribuibles a la infraestructura suben al 14 %

Thomas-Commin ha explicado que entre 2021 y 2025 los retrasos de OUIGO atribuibles a la infraestructura se situaban aproximadamente entre el 2 % y el 3 %.

En 2026, ese porcentaje se ha elevado hasta el 14 %, en un contexto marcado por las restricciones temporales de velocidad aplicadas después del accidente de Adamuz.

En el corredor Madrid-Barcelona, OUIGO ha señalado que esas limitaciones han incrementado alrededor de 25 minutos el tiempo de viaje.

Patricio reclama esclarecer las responsabilidades

María Patricio ha defendido que la Comisión debe determinar qué actuaciones se realizaron antes del accidente, qué medidas estaban pendientes y cuáles eran las responsabilidades de los distintos organismos implicados.

La senadora ha reclamado “verdad” para las víctimas y sus familias y ha asegurado que la comisión continuará investigando las circunstancias relacionadas con el accidente y con el funcionamiento de la infraestructura.

La comparecencia deja así dos elementos diferenciados: OUIGO confirma que había solicitado mejoras técnicas de monitorización a ADIF, pero mantiene que no había detectado riesgos graves de seguridad durante sus operaciones anteriores al accidente.

El diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid Ángel Alonso ha respondido a las críticas de la izquierda sobre los inmuebles vinculados a la presidenta Isabel Díaz Ayuso poniendo el foco en las viviendas oficiales utilizadas por miembros del Gobierno de España y otros responsables autonómicos.

“Denúncienlo, critíquenlo y sean congruentes”, ha reclamado Alonso durante su intervención, en la que ha acusado a la oposición de utilizar criterios diferentes dependiendo de quién ocupe los inmuebles.

El diputado ha citado, entre otros casos, las viviendas oficiales utilizadas por miembros del Ejecutivo y ha mencionado expresamente a Yolanda Díaz y Óscar Puente.

Alonso señala las residencias oficiales

Alonso ha recordado que distintos integrantes del Gobierno utilizan viviendas propiedad del Estado vinculadas al desempeño de sus responsabilidades.

En el caso de Yolanda Díaz, informaciones elaboradas a partir de respuestas del Portal de Transparencia han situado la superficie de la vivienda oficial utilizada por la vicepresidenta en 443 metros cuadrados.

El diputado también ha citado a presidentes autonómicos y ha pedido a los grupos de la izquierda que apliquen el mismo criterio a todos los responsables públicos.

Réplica a las críticas sobre Ayuso

El núcleo de la intervención de Alonso ha sido su rechazo a las acusaciones dirigidas contra Isabel Díaz Ayuso.

A juicio del diputado popular, la oposición madrileña está centrando su estrategia en cuestiones relacionadas con la vivienda de la presidenta mientras no mantiene el mismo nivel de crítica respecto a inmuebles oficiales utilizados por dirigentes de otras administraciones.

Alonso sostiene que ese comportamiento constituye una contradicción política y reclama a los grupos de la oposición “congruencia” en sus planteamientos.

De Madrid a la política nacional

El diputado ha ampliado posteriormente su crítica al Gobierno de España y ha relacionado la ofensiva contra Ayuso con otros asuntos de actualidad nacional.

En ese contexto, ha mencionado la gestión de la situación de Ceuta y los procedimientos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Alonso concluye que las críticas contra Ayuso forman parte de una estrategia política de la izquierda madrileña, una interpretación que los partidos aludidos rechazan.

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