Actualidad Política

31 de octubre de 2026

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La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha calificado de “indignante que quienes dejaron la dependencia cuesta abajo y sin freno, ahora pretendan dar lecciones y exijan lo que nunca supieron cumplir”. La parlamentaria ha acusado a los socialistas de “mentir por desesperación” porque durante los mandatos del Botànic “ni renovaron ni actualizaron el contrato programa, ni garantizaron financiación suficiente, ni ofrecieron seguridad jurídica a los ayuntamientos. Este Consell lo ha hecho y la izquierda trata de sembrar confusión con argumentos falsos”.

Bastidas ha recordado que el Consell ya ha presentado a todos los agentes implicados el nuevo contrato programa 2025-2028, con un presupuesto histórico de más de 313 millones de euros. “Frente al abandono del PSPV, este Gobierno ha apostado por una red sólida y estable de atención social en colaboración directa con el territorio”, ha afirmado. El nuevo plan supone un incremento de 18 millones respecto a 2024 y de 46 millones sobre el último presupuesto del Botànic, y refuerza programas clave como la atención a la dependencia, el acogimiento familiar o los itinerarios de inclusión social.

“Mientras otros hacían propaganda con la Ley de Servicios Sociales Inclusivos y no aplicaban ni los módulos mínimos, hoy el Gobierno de la Generalitat actualiza la financiación, mejora los módulos económicos y garantiza los servicios que los ciudadanos merecen”, ha asegurado Bastidas.

Por todo ello, ha concluido que “estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos desde el primer día de legislatura. Lo que no vamos a permitir es que quienes dejaron el sistema colapsado vengan ahora a exigir lo que jamás supieron construir”.

La portavoz de Políticas LGTBI del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Verónica Marcos, ha asegurado que “el Partido Popular no avala, ni ha avalado ni avalará jamás las mal llamadas terapias de conversión, prohibidas por ley, rechazadas por la comunidad científica e internacional, y que solo han causado sufrimiento a muchas personas”. Unas actividades que, ha recordado, “el gobierno del Botànic encubrió mientras presumía de una diversidad de pancarta”.

Marcos ha denunciado la hipocresía de la izquierda valenciana, que “ahora se rasga las vestiduras cuando durante años permitió estas prácticas en centros educativos, parroquias y entidades privadas”. Ha sido el actual Consell el que ha remitido a la Fiscalía varios casos documentados de terapias de conversión, ocultados por el Ejecutivo de PSPV y Compromís para no enturbiar su relato ideológico. “Los socialistas taparon prácticas inaceptables a través de sus servicios de orientación. ¿Cómo se atreven ahora a hablar? Entonces no les importaba nadie, y parece que ahora tampoco les importa el verdadero apoyo a los menores”, ha señalado.

Respecto a la reforma de la Ley Trans, la diputada del GPP ha subrayado que el objetivo prioritario es la protección del menor. El texto refuerza el papel de los padres o tutores legales en la toma de decisiones médicas, y establece que los tratamientos hormonales en menores deberán contar con su autorización o con aval judicial. Asimismo, se garantiza asistencia psicológica durante todo el proceso, tanto para menores como para adultos y, en los casos en los que el menor presente alguna condición de salud que puedan influir en el tratamiento, será necesario un informe favorable del profesional médico que lo atienda.

Marcos ha insistido en que la prohibición de las terapias de conversión sigue plenamente vigente. “El artículo 6 de la ley no se modifica. Estas prácticas están fuera de la legalidad y lo seguirán estando. Decir lo contrario es manipular a la opinión pública”, ha remarcado. Además, ha recordado que tanto la ley autonómica como la estatal coinciden en este punto.

Finalmente, ha explicado que la reforma también adapta la legislación valenciana a la norma estatal de 2023, elimina duplicidades administrativas y establece un nuevo régimen sancionador más eficaz. “El modelo del Botànic no resolvió ni un solo expediente sancionador en más de diez años. No vamos a permitir que el sectarismo vuelva a imponerse a la eficacia”, ha afirmado.

Según la parlamentaria popular, “este Consell ha demostrado con hechos su compromiso con los derechos de las personas LGTBI+. No necesitamos pancartas ni postureo. Actuamos cuando otros callaban”.

La portavoz del PPRM Miriam Guardiola ha manifestado que “el PP no admite ninguna lección sobre defensa del agua para la Región de Murcia, tampoco de Vox”.

“Mucho antes de que Vox existiera, el PP siempre ha dado la cara por nuestros agricultores y defendido el Trasvase frente a Gobiernos de distinto signo político”, ha apuntado Guardiola.

A ese respecto, la portavoz ha recordado que “el presidente Fernando López Miras tuvo por ejemplo la valentía de manifestarse junto a nuestros agricultores a las puertas del Ministerio de Agricultura de un Gobierno del Partido Popular”.

También ha apuntado que “si el Trasvase Tajo-Segura cuenta ahora con unas reglas de juego que garantizan su mantenimiento, a través de un Memorandum, es gracias al empeño del Partido Popular frente a los intentos del Gobierno socialista de Zapatero de clausurarlo”, aunque, “por desgracia, ahora Sánchez pretende cambiar unilateral y arbitrariamente sus reglas de explotación para cumplir su promesa de cerrarlo”.

“Ante semejante amenaza del Gobierno de Sánchez, todos los que tenemos claro que debemos defender los intereses de nuestros agricultores, que son los de nuestra tierra, tendríamos que unir nuestras fuerzas”, ha subrayado Guardiola. “Pero, por desgracia, Vox vuelve a situarse en la equidistancia y a equivocarse de enemigo”, ha lamentado.

La portavoz regional del PP ha instado finalmente a Vox a “que decida de una vez entre defender los aranceles de Trump o los intereses de nuestros regantes y agricultores”, y a ese respecto ha señalado que “quienes son incapaces de rechazar medidas que perjudican claramente a nuestro sector primario, solo por el hecho de que proceden del presidente de los Estados Unidos, no tienen autoridad moral alguna para erigirse como los únicos defensores del campo de nuestra Región”.

El Grupo Popular en Les Corts ha presentado una iniciativa parlamentaria para mejorar la atención sanitaria a los pacientes que sufren lupus y avanzar en el reconocimiento social y legal de esta enfermedad como discapacitante. Con motivo del Día Mundial del Lupus la portavoz de Sanidad del GPP, Nieves Martínez, ha recordado que se trata de una enfermedad crónica y autoinmune que puede afectar a múltiples órganos del cuerpo y que, por su complejidad, resulta difícil de diagnosticar y tratar.

La diputada popular ha subrayado que el lupus afecta sobre todo a mujeres, que son nueve de cada diez pacientes, y suele aparecer en la juventud, lo que implica convivir con esta enfermedad durante décadas. “Causa fatiga extrema, dolores articulares, daños neurológicos y lesiones en órganos vitales. Es una dolencia invisible para la mayoría, pero con consecuencias muy reales que dificultan la vida diaria, el empleo y la estabilidad emocional”, ha señalado.

A través de esta iniciativa, el GPP pide al Consell que impulse un abordaje multidisciplinar del lupus en el sistema sanitario valenciano, dada su naturaleza multiorgánica, y que se refuercen los recursos para mejorar tanto el diagnóstico precoz como los tratamientos personalizados. También reclama al Gobierno central que se destinen más recursos a la investigación médica del lupus, con el objetivo de desarrollar tratamientos más eficaces o hallar una cura, y para que se reconozca como enfermedad discapacitante.

La portavoz de Sanidad ha reiterado el compromiso del Partido Popular con la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por lupus. “Debemos avanzar hacia una sociedad más informada, empática y justa con quienes padecen enfermedades crónicas. El reconocimiento es el primer paso para garantizar derechos”, ha concluido Martínez.

Janette Novo, Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, ha denunciado la “pésima gestión” del gobierno municipal de Aída Castillejo en relación con las obras del enlace de Rivas con la M-50. “Lo que ayer intentaron vender como un logro es en realidad la evidencia de tres años de retrasos y un sobrecoste de 3,71 millones de euros”, ha afirmado Novo.

La edil popular ha señalado que la obra, que debía estar finalizada hace dos años, “sigue inacabada y demuestra que al Ayuntamiento esta infraestructura le queda grande”. Según Novo, lo que se ha abierto recientemente es solo una parte mínima del proyecto: un acceso parcial desde la A-3 hacia la M-50. “Si se viene desde la A-2, no se puede entrar a Rivas. Y si se quiere salir hacia esa misma dirección, tampoco hay salida. Lo que hay es un embudo de tráfico y muchas promesas incumplidas”.

“La alcaldesa y su equipo han convertido la primera piedra en una campaña de marketing continuo, mientras los vecinos siguen sin ver resuelta una conexión vital para la movilidad del municipio”, ha criticado.

Desde el Partido Popular exigen al gobierno de Castillejo que “abandone el postureo” y se centre en terminar de una vez una obra que Rivas necesita de forma urgente: “Es inadmisible que una infraestructura clave esté a medio hacer después de tanto tiempo y dinero invertido. Basta ya de propaganda, queremos soluciones”.

 La síndica adjunta del GPP, Laura Chulià, ha indicado que “la fallida ley ha desprotegido la huerta y paralizado obras antirriadas”.

Laura Chulià ha señalado que “la ley fallida del Botànic lo que ha hecho es desproteger a la huerta. En su día ya se debatió en estas Cortes y quedó demostrado su fracaso porque consiguió el objetivo contrario de lo que se pretendía, que era precisamente protegerla, que la huerta fuera productiva y favorecer el intercambio generacional que es uno de los grandes problemas de nuestros agricultores. La realidad es que no solo se han perdido espacios de huerta y no se han mejorado los espacios de huerta degradados, sino que ha sido un freno a actuaciones en barrancos”.

Chulià ha indicado que “la antigua ley ha sido uno de los grandes impedimentos, reconocido por los propios ministros de Sánchez, para hacer obras antirriadas que hubieran aminorado los devastadores efectos de la dana”.

“Si hay grupos políticos de la izquierda que piensan que lo prioritario es discutir la constitucionalidad o no de una ley fallida allá ellos. Nosotros pensamos que lo prioritario, y lo que necesitan todos los pueblos afectados, es que se hagan las infraestructuras hídricas de una vez. Tenemos el ejemplo de lo que pasó en la Vega Baja. Llevamos más de seis años esperando unas obras antirriadas que no llegan y no podemos permitirnos seguir igual”, ha añadido.

Por último, Laura Chulià ha afirmado que “los representantes de los valencianos deberíamos centrarnos en exigir que se hagan esas obras que eviten esas tragedias. Ya no tienen excusas. La nueva ley busca proteger la huerta no solo como paisaje sino como espacio agrícola vivo, facilitando la actividad agraria y respetando los derechos de los propietarios, le pese a quien le pese”.

Elisa Vigil, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid señaló que reescriben la historia, patrimonializan la moral y marcan con estrellas de David quién puede hablar y quién no en este país. Ésa es la izquierda de hoy: una izquierda que ya no debate, que no escucha ni respeta. Una izquierda que señala, cancela y ejerce una supuesta superioridad moral basada en lecturas dogmáticas de Foucault en la Complutense. Se creen con el derecho de decirnos al resto cómo vivir, cómo hablar, cómo pensar o qué hacer con nuestras vidas.

Y lo hacen con esa sonrisa condescendiente, camuflada en un discurso empalagoso de “derechos”, “transición ecológica”, “ecorresiliencia”, “feminismo interseccional”. Pero se les han caído todas las banderas. Dan vergüenza ajena. Y siguen soñando con el poder total.

Nos hablan de libertad mientras escriben leyes para controlar el pensamiento. Nos hablan de feminismo mientras sueltan violadores. Nos venden ecologismo… y tenemos apagones. Nos repiten que son víctimas, pero actúan como comisarios del pensamiento, como inquisidores modernos. Persiguen al discrepante, al que no se arrodilla ante sus dogmas, al que no repite sus mantras ideológicos.

¿De verdad creen que imponiendo censura van a construir una sociedad más libre? La izquierda actual —como Lenin— se cree la vanguardia moral que guiará a las masas al paraíso progresista. Y al que disiente, lo mandan a la hoguera del señalamiento público. Los bolcheviques han vuelto. Ahora llevan camisetas del Che hechas en Bangladesh y defienden el comunismo desde un iPad. Han cambiado el Ejército Rojo por decretos y BOEs, pero el objetivo es el mismo: control absoluto.

Frente a eso, desde el Partido Popular, decimos basta. Nosotros no solo vamos a votar en contra de este disparate. Nosotros somos los que derribamos muros. Somos herederos de los que lucharon por cruzarlos. Somos los que recordamos a los 262 alemanes que murieron en el corredor de la muerte entre los dos bloques.

Europa nació cuando cayó el muro, cuando venció la libertad frente al totalitarismo. Europa es Peter Fechter, Europa es libertad, es memoria, es paz. Y sobre todo, Europa es el abrazo de los que creen en la democracia, no en imponer un pensamiento único.

Ustedes deciden en qué lado del muro quieren estar. Nosotros, ya lo hemos elegido: con la libertad.

Sánchez ha señalado que “el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional anunciado hoy por los grupos de la izquierda contra la modificación de la Ley de la Huerta es otro ataque más de la izquierda a la Comunitat Valenciana. Su sectarismo les aleja tanto de la realidad que, pese a las circunstancias, no son capaces de eliminar obstáculos a la ejecución de obras estructurales antirriadas”.

El diputado popular en el Congreso ha señalado que “utilizan falacias y falsedades en su recurso cuando lo cierto es que la anterior ley bloqueó proyectos en los barrancos del Poyo y la Saleta que hubieran salvado vidas. La fallida Ley de la Huerta del Botànic ha supuesto desde 2018 la pérdida de espacios de huerta y su regeneración. No solo no ha contribuido a mejorar los espacios de huerta degradados, sino que ha sido un freno a actuaciones en barrancos, como confirma la misma Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio”.

César Sánchez ha exigido al Gobierno de España “celeridad porque las actuaciones en barrancos son inaplazables y ahora el Ministerio de Transición Ecológica se ha quedado sin excusas para más retrasos. Sánchez tiene que hacer ya las obras hidráulicas en la provincia de Valencia frente a las riadas”.

Por último, Sánchez ha recordado que “la normativa anterior que tanto defienden generó inseguridad jurídica entre los propietarios y agricultores, al imponer restricciones sin ofrecer soluciones efectivas para la dinamización de la huerta. La nueva ley busca proteger la huerta no solo como paisaje, sino como espacio agrícola vivo, facilitando la actividad agraria y respetando los derechos de los propietarios”.

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