Yolanda Ibarrola reclama más medios para la Guardia Civil frente al narcotráfico.
La senadora del Grupo Parlamentario Popular, Yolanda Ibarrola, ha exigido la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión al frente del Ministerio y por la falta de respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Durante el debate de una moción en el Senado sobre la política del Ministerio del Interior frente a las organizaciones criminales, Ibarrola ha defendido la necesidad de reforzar los medios humanos, materiales y tecnológicos de la Guardia Civil y la Policía Nacional para hacer frente a unas redes delictivas cada vez más organizadas y violentas.
La dirigente popular ha recordado a los agentes fallecidos en acto de servicio y ha lamentado que quienes velan por la seguridad de los ciudadanos sigan reclamando recursos y protección para desempeñar su labor en condiciones adecuadas.
Asimismo, ha denunciado el debilitamiento de herramientas especializadas en la lucha contra el narcotráfico y ha alertado de que las mafias han incrementado su capacidad operativa mientras los agentes continúan reclamando más efectivos y mejores medios.
Ibarrola ha defendido medidas como la recuperación de unidades especializadas, el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, el aumento de efectivos y el refuerzo de las capacidades tecnológicas para combatir las redes criminales.
La senadora popular ha concluido reclamando que las instituciones estén a la altura del compromiso demostrado cada día por los agentes y ha insistido en que la seguridad de los ciudadanos exige una respuesta firme frente al crimen organizado.
Elena Castillo defiende el cicloturismo como oportunidad para Cantabria.
El Partido Popular ha logrado el respaldo del Senado a una iniciativa destinada a promover el cicloturismo como herramienta de desarrollo económico, creación de empleo y lucha contra la despoblación en el medio rural.
La propuesta, defendida por la senadora cántabra Elena Castillo en la Comisión de Industria y Turismo, apuesta por aprovechar las futuras ayudas estatales destinadas a infraestructuras ciclistas para impulsar proyectos con impacto turístico y económico en municipios rurales de toda España.
Durante su intervención, Castillo ha destacado el crecimiento que experimenta el turismo vinculado a la bicicleta y ha señalado que España reúne condiciones excepcionales para consolidarse como uno de los destinos de referencia en este sector.
La senadora popular ha subrayado especialmente la oportunidad que representa el cicloturismo para comunidades como Cantabria, donde el medio rural constituye un elemento esencial de la identidad, la economía y el patrimonio territorial.
La iniciativa aprobada plantea fomentar la creación de rutas ciclables que conecten recursos naturales, culturales y patrimoniales, impulsar la recuperación de vías verdes y antiguos trazados ferroviarios, mejorar la conexión con el transporte público y promover la colaboración entre municipios para desarrollar productos turísticos conjuntos.
Elena Castillo ha defendido que estas infraestructuras van mucho más allá de la movilidad, ya que actúan como auténticos motores de desarrollo capaces de generar actividad económica en alojamientos rurales, establecimientos hosteleros, comercios de proximidad y empresas vinculadas al turismo activo.
Asimismo, ha destacado que el crecimiento del cicloturismo puede contribuir a fijar población en el territorio, generar nuevas oportunidades laborales y reforzar la cohesión territorial, especialmente en las zonas más afectadas por el reto demográfico.
La parlamentaria popular ha apostado por una estrategia coordinada que permita aprovechar el creciente interés por el turismo sostenible y las actividades ligadas a la naturaleza, convirtiendo esta modalidad turística en un aliado para el desarrollo de los pueblos.
“El cicloturismo significa empleo, actividad económica, turismo sostenible y oportunidades para el medio rural. Es una iniciativa que responde a necesidades reales de nuestros municipios y que puede contribuir decisivamente a su futuro”, ha concluido Elena Castillo.
José Manuel Barreiro: «Zapatero viajaba, negociaba, cobraba y el Gobierno ni se enteraba»
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, ha criticado la falta de transparencia del Gobierno respecto a las actividades desarrolladas por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en distintos escenarios internacionales y ha reclamado explicaciones sobre su papel y su relación con el Ejecutivo.
Durante una pregunta dirigida a la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la sesión de control celebrada en el Senado, Barreiro ha cuestionado si las actuaciones de mediación política realizadas por Zapatero contaban con algún tipo de mandato, coordinación o conocimiento por parte del Gobierno de España.
El dirigente popular ha lamentado que el Ejecutivo no haya aclarado si existía algún mecanismo de supervisión, información o seguimiento de estas actividades, pese a la relevancia institucional de las mismas y al interés público que suscitan.
José Manuel Barreiro ha defendido que la transparencia es una obligación esencial en cualquier democracia y ha subrayado que la presunción de inocencia debe ser plenamente compatible con el deber de ofrecer explicaciones a los ciudadanos cuando existen dudas sobre actuaciones desarrolladas en ámbitos de relevancia política e internacional.
Asimismo, ha advertido de que cada vez son más frecuentes las informaciones relacionadas con personas que desempeñan labores de mediación política sin ostentar responsabilidades institucionales directas, lo que, a su juicio, exige una mayor claridad por parte del Ejecutivo.
El portavoz adjunto del GPP ha insistido en que los españoles tienen derecho a conocer si determinadas actuaciones internacionales se realizaron a título estrictamente personal o si existía algún tipo de relación, coordinación o respaldo por parte del Gobierno.
Barreiro ha reclamado al Ejecutivo que actúe con total transparencia y facilite toda la información necesaria para despejar cualquier duda sobre estas cuestiones y preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Paloma Gómez acusa al PP de bloquear medidas para reforzar la seguridad frente al narcotráfico.
VOX ha criticado el rechazo del Partido Popular a una enmienda presentada en el Senado para reforzar la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los Servicios de Información de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Marruecos, en el marco del debate sobre la lucha contra las organizaciones criminales y el narcotráfico.
La iniciativa fue defendida por la senadora de VOX por Andalucía, Paloma Gómez, quien argumentó que la seguridad de España y de Europa está estrechamente vinculada a la situación de la frontera sur y a la capacidad de anticipar amenazas relacionadas con el terrorismo yihadista, la inmigración ilegal y el crimen organizado transnacional.
Durante su intervención, Gómez defendió la necesidad de fortalecer la presencia operativa y las capacidades de inteligencia sobre el terreno para hacer frente a fenómenos que, según señaló, requieren una actuación preventiva y coordinada. En este sentido, subrayó la importancia del trabajo que desarrollan el CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional en la protección de la seguridad nacional.
La senadora también sostuvo que la cooperación en materia de seguridad con Marruecos debe analizarse teniendo en cuenta los intereses estratégicos de ambas partes y reclamó una mayor capacidad de actuación para los servicios españoles en aquellos ámbitos relacionados con la lucha contra las mafias y las redes criminales.
VOX considera que una actuación más eficaz en los puntos de origen permitiría reducir la presión que actualmente soportan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el litoral andaluz, especialmente en provincias como Cádiz, Huelva y Almería.
La formación ha insistido en que la lucha contra el narcotráfico, la inmigración ilegal y las amenazas vinculadas al terrorismo exige más medios, más coordinación y una estrategia basada en la anticipación y la obtención de información operativa.
Tras el rechazo de la enmienda por parte del Partido Popular, VOX ha reiterado su compromiso con el refuerzo de las capacidades de inteligencia y con el apoyo a los agentes que trabajan diariamente en la defensa de las fronteras y la seguridad de los ciudadanos.
Paloma Martín propone desalojos en 24 horas para combatir la okupación.
La senadora y coordinadora de Vivienda del Partido Popular, Paloma Martín, ha criticado duramente la política de vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido de sus consecuencias sobre la convivencia, la seguridad jurídica y el acceso a la vivienda.
Durante una intervención en el Senado, Martín ha asegurado que la okupación ha aumentado de forma significativa en los últimos años y ha denunciado que las medidas adoptadas por el Ejecutivo han generado una creciente sensación de inseguridad entre propietarios y ciudadanos.
La dirigente popular ha vinculado esta situación a la reducción de la oferta de viviendas disponibles en alquiler, el aumento de los precios y la dificultad creciente para acceder a una vivienda, especialmente entre jóvenes y familias.
Asimismo, ha alertado sobre el fenómeno de la inquiocupación y ha señalado que numerosos propietarios han optado por retirar sus inmuebles del mercado ante la falta de garantías jurídicas y la lentitud de los procedimientos para recuperar sus viviendas.
Paloma Martín ha defendido que las personas más vulnerables son las principales perjudicadas por estas situaciones, ya que afectan a viviendas sociales, alteran la convivencia vecinal y generan problemas en numerosos barrios.
La senadora popular también ha criticado la Ley de Vivienda y las medidas aprobadas por el Gobierno en los últimos años, al considerar que han debilitado la seguridad jurídica y han trasladado un mensaje de permisividad frente a quienes incumplen la ley.
En este sentido, ha advertido de que la pérdida de confianza en las instituciones puede provocar una mayor conflictividad social y ha reclamado reforzar el Estado de derecho, proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Paloma Martín ha recordado que el Partido Popular ha presentado distintas iniciativas para combatir la okupación y la inquiocupación, entre ellas el desalojo en 24 horas, la anulación del empadronamiento de los okupas, la evaluación objetiva de la vulnerabilidad y el refuerzo de los servicios sociales.
La coordinadora de Vivienda del PP ha concluido reclamando un cambio de rumbo en la política de vivienda para garantizar más seguridad jurídica, más oferta residencial y una mayor protección de los propietarios y de las familias.
Rosa Romero reclama retirar el Estatuto Marco y escuchar a los profesionales sanitarios.
La senadora del Grupo Parlamentario Popular por Ciudad Real, Rosa Romero, ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, la retirada del anteproyecto del Estatuto Marco al considerar que ha sido impulsado sin consenso y en contra del criterio de buena parte de los profesionales sanitarios.
Durante una pregunta en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Romero ha acusado a la ministra de agravar el conflicto existente con el colectivo médico y ha criticado que el texto haya sido aprobado sin el respaldo de organizaciones profesionales, sindicatos médicos y numerosas comunidades autónomas.
La dirigente popular ha advertido de que la situación sanitaria atraviesa un momento especialmente delicado, marcado por movilizaciones profesionales, protestas y un creciente malestar entre médicos y otros trabajadores del sistema sanitario.
Rosa Romero ha señalado que el anteproyecto ha generado una amplia contestación en el ámbito sanitario y ha reclamado al Ministerio que reabra el diálogo para alcanzar acuerdos que cuenten con el apoyo de los profesionales afectados.
Asimismo, ha cuestionado la gestión de la ministra de Sanidad y ha alertado sobre el impacto que la conflictividad laboral puede tener en la atención sanitaria y en el funcionamiento de hospitales y centros de salud.
La senadora popular también ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez una mayor implicación para resolver el conflicto y garantizar la estabilidad del sistema sanitario público.
Por último, Romero ha trasladado el reconocimiento del Partido Popular a los profesionales sanitarios por su trabajo diario y ha defendido la necesidad de adoptar medidas que mejoren sus condiciones laborales y refuercen la calidad asistencial.
Marimar Blanco exige la dimisión de Marlaska y le acusa de abandonar a la Guardia Civil.
La senadora del Grupo Parlamentario Popular Marimar Blanco ha exigido la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusa de haber perdido toda credibilidad al frente del Ministerio y de anteponer los intereses políticos del PSOE a la defensa de la Guardia Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Durante una pregunta en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Blanco ha criticado duramente la gestión de Marlaska y ha denunciado lo que considera una creciente degradación institucional en el Ministerio del Interior.
La senadora popular ha reprochado al ministro su actuación ante las informaciones relacionadas con reuniones y contactos vinculados al denominado caso de las cloacas socialistas, así como los continuos cambios de versión conocidos en las últimas semanas.
Marimar Blanco ha asegurado que mientras el Gobierno centra sus esfuerzos en protegerse políticamente, los agentes siguen reclamando más medios, más respaldo institucional y mejores condiciones para desempeñar su labor en defensa de la seguridad de los españoles.
Asimismo, ha recordado las críticas expresadas por distintas asociaciones profesionales de la Guardia Civil hacia la gestión del ministro y ha lamentado que Interior no haya respondido a las demandas de quienes trabajan diariamente en la protección de los ciudadanos.
La dirigente popular también ha cuestionado la continuidad de responsables vinculados a la dirección de la Guardia Civil y ha acusado a Marlaska de priorizar intereses partidistas frente a la defensa de la institución.
Por todo ello, Marimar Blanco ha reclamado la salida del ministro y ha defendido la necesidad de recuperar la confianza, el prestigio y la independencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Sanz Vitorio cuestiona las políticas de vivienda impulsadas por Sánchez.
El senador del Partido Popular por Segovia, Juan José Sanz Vitorio, ha criticado la política de vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que la Ley de Vivienda aprobada en 2023 ha agravado los problemas de acceso a una vivienda para miles de españoles.
Durante una pregunta dirigida a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la sesión de control al Gobierno, Sanz Vitorio ha cuestionado la utilidad de una ley que, según ha señalado, ha generado inseguridad jurídica, reducido la oferta disponible y contribuido al aumento de los precios en numerosas ciudades.
El senador popular ha recordado que el Partido Popular ya advirtió durante la tramitación de la norma de los efectos negativos que podría tener sobre el mercado residencial y ha afirmado que los datos conocidos desde su entrada en vigor confirman esas previsiones.
Según ha expuesto, la oferta de vivienda disponible se ha reducido de forma significativa en distintos territorios, mientras que la demanda continúa creciendo, provocando una mayor competencia entre quienes buscan acceder a una vivienda en alquiler o compra.
Sanz Vitorio también ha cuestionado el modelo impulsado por el Ejecutivo y ha criticado que las medidas adoptadas no hayan servido para facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes y familias, uno de los principales problemas que preocupan actualmente a los ciudadanos.
Asimismo, ha reclamado políticas que incrementen la oferta residencial, generen seguridad jurídica y favorezcan la construcción de nuevas viviendas como herramientas para contener los precios y mejorar el acceso al mercado.
El senador del PP ha insistido en que el problema de la vivienda requiere soluciones eficaces y una planificación a largo plazo, alejadas de medidas que, a su juicio, han contribuido a empeorar la situación.