Alicia García: «El sistema ferroviario ha pasado de referente a problema»
El Partido Popular, a través de su portavoz en el Senado, Alicia García, ha presentado el plan de trabajo de la Comisión de Investigación sobre la red ferroviaria con el objetivo de esclarecer las causas del deterioro del sistema en España.
García ha señalado que una infraestructura que fue “referente internacional” se ha convertido en motivo de “preocupación e indignación”, por lo que ha subrayado la necesidad de depurar responsabilidades.
Comparecencias clave en la Comisión
La portavoz popular ha anunciado la comparecencia del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, así como de su antecesor, José Luis Ábalos, y otros responsables vinculados a la gestión ferroviaria.
El Partido Popular considera imprescindible que todos los responsables den explicaciones ante el Senado para esclarecer los hechos.
Esclarecer responsabilidades y garantizar la verdad
García ha destacado que esta Comisión busca esclarecer lo ocurrido en distintos episodios y garantizar que no vuelvan a repetirse situaciones que han generado preocupación entre los ciudadanos.
El Partido Popular defiende la transparencia y la rendición de cuentas como pilares fundamentales del buen gobierno, en línea con su proyecto político .
Solicitud de documentación y transparencia
El Grupo Popular solicitará toda la documentación necesaria, incluyendo comunicaciones, informes técnicos y expedientes relacionados con la gestión ferroviaria, con el objetivo de analizar cada decisión adoptada.
El Partido Popular subraya la importancia de conocer todos los detalles para reforzar la seguridad y la confianza en el sistema ferroviario.
Exigencia de responsabilidades políticas
Alicia García ha insistido en la necesidad de asumir responsabilidades políticas y ha reiterado el compromiso del Partido Popular con esclarecer los hechos y garantizar un sistema ferroviario seguro y eficaz.
María Jesús Moro denuncia el veto del Gobierno a enmiendas de seguridad aprobadas en el Senado.
El Partido Popular, a través de su portavoz de Justicia en el Congreso, María Jesús Moro, ha denunciado el veto del Gobierno a dos enmiendas del Grupo Popular aprobadas en el Senado, que incluían medidas orientadas a reforzar la seguridad ciudadana y el sistema judicial.
Moro ha criticado que esta decisión se haya producido “en contra de la doctrina constitucional y del criterio técnico del propio Letrado”, señalando que supone una limitación de la capacidad legislativa del Parlamento.
Críticas al veto y al procedimiento
La dirigente popular ha calificado el veto como “antidemocrático” y ha advertido de que “vulnera la Constitución”, al impedir que el Congreso pueda debatir y votar iniciativas previamente aprobadas por otra Cámara.
El Partido Popular defiende el respeto al procedimiento parlamentario y a la soberanía popular como pilares fundamentales del sistema democrático, en línea con su proyecto político .
Medidas rechazadas en seguridad y justicia
Moro ha lamentado que el Gobierno haya rechazado iniciativas que incluían el incremento de la plantilla de fiscales en los próximos años, así como reformas en materia de extranjería para reforzar los controles sobre antecedentes penales y policiales.
El Partido Popular considera que estas medidas eran necesarias para mejorar la prevención del delito y reforzar la seguridad jurídica.
Defensa de la seguridad y las instituciones
La portavoz popular ha subrayado que la propuesta legislativa se había elaborado escuchando a profesionales del ámbito judicial, fuerzas de seguridad, administraciones locales y colectivos afectados.
Asimismo, ha insistido en la necesidad de reforzar los recursos humanos en la Justicia, especialmente en zonas con mayor presión, y de apoyar a policías y guardias civiles en su labor diaria.
El Partido Popular reafirma su compromiso con la seguridad, el respeto a las instituciones y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Miriam Guardiola critica la corrupción en el PSOE y el silencio de Bolaños.
El Partido Popular, a través de su portavoz adjunta en el Congreso, Miriam Guardiola, ha denunciado la acumulación de casos de corrupción que, en su opinión, afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Durante su intervención, Guardiola ha hecho referencia a diferentes nombres vinculados a investigaciones y polémicas públicas, como José Luis Ábalos, Víctor de Aldama, Koldo García o Santos Cerdán, señalando que se trata de una situación que “afecta gravemente a la credibilidad de las instituciones”.
Una concepción amplia de la corrupción
La portavoz adjunta del GPP ha afirmado que “la corrupción no es solo robar a los españoles”, sino también “colocar a afines en puestos públicos”, “manipular procesos internos” o “adoptar decisiones políticas para mantenerse en el poder”.
En este sentido, el Partido Popular defiende la necesidad de reforzar la calidad institucional, la igualdad ante la ley y la independencia de los poderes del Estado, principios recogidos en su proyecto político .
Críticas a los audios y a la falta de explicaciones
Guardiola ha señalado los audios publicados recientemente, que, según ha indicado, apuntarían a presuntos pagos para presionar a jueces y fiscales. La dirigente popular ha calificado estos hechos como “extremadamente graves” y ha exigido que se investiguen con todas las garantías.
Asimismo, ha reprochado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, su silencio ante estas informaciones, cuestionando su papel dentro del Ejecutivo.
Exigencia de responsabilidades políticas
La portavoz adjunta del GPP ha pedido explicaciones sobre las relaciones entre distintos miembros del Gobierno y personas investigadas, y ha reclamado transparencia para esclarecer los hechos.
El Partido Popular subraya que la regeneración democrática, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos imprescindibles para fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Díez de Revenga exige aclarar el uso de fondos en el soterramiento de Murcia.
El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha manifestado su máxima preocupación ante las informaciones sobre una investigación judicial que analiza el presunto cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública vinculadas a dirigentes socialistas.
Según dichas informaciones, el juez de la Audiencia Nacional investiga la posible participación de responsables del PSOE en una trama relacionada con contratos públicos, entre ellos infraestructuras clave como el soterramiento de las vías ferroviarias en Murcia.
Díez de Revenga ha calificado los hechos de “extrema gravedad”, al considerar que, de confirmarse, supondrían un nuevo caso de corrupción que afectaría directamente a proyectos fundamentales para la Región.
El senador ha subrayado que se trata de actuaciones financiadas con dinero público y destinadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que ha rechazado cualquier uso indebido de estos recursos.
Asimismo, ha señalado que las posibles irregularidades detectadas en la contratación refuerzan la necesidad de esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades.
En este sentido, ha exigido al Partido Socialista explicaciones “inmediatas y contundentes”, defendiendo el derecho de los ciudadanos a conocer si los fondos públicos han sido utilizados de forma irregular.
Además, ha reclamado la devolución de cualquier cantidad que pudiera haber sido desviada y ha insistido en que, en caso de confirmarse los hechos, los responsables deben asumir todas las consecuencias legales.
Díez de Revenga ha afirmado que la Región de Murcia no puede verse afectada por prácticas que perjudiquen la confianza en las instituciones, subrayando la necesidad de garantizar una gestión pública transparente y responsable.
El Partido Popular reafirma su compromiso con la defensa de la legalidad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
Alicia García advierte del riesgo para la educación especial con la ley de Sánchez.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, a través de su portavoz Alicia García, ha anunciado que impulsará en el próximo Pleno del 7 de abril un plan para garantizar la protección de los centros de educación especial frente a la LOMLOE.
La iniciativa ha sido presentada durante la inauguración de una jornada sobre educación especial organizada por el Grupo Popular, en la que han participado expertos y representantes de familias con hijos con discapacidad.
Alicia García ha advertido de que la actual ley educativa “pone en riesgo la libertad de las familias y el futuro de los centros de educación especial”, subrayando que la decisión sobre la escolarización de los menores corresponde exclusivamente a los padres.
En este sentido, ha defendido que la educación debe basarse en la equidad, garantizando que cada alumno reciba los apoyos y recursos que necesita para desarrollar plenamente sus capacidades.
La portavoz popular ha alertado de que la aplicación de la LOMLOE podría derivar en el cierre de centros de educación especial, lo que afectaría a miles de familias en toda España. Actualmente, estos centros atienden a cerca de 300.000 alumnos y desempeñan, a su juicio, una labor “imprescindible y extraordinaria”.
Frente a este escenario, ha reivindicado un modelo educativo que combine calidad, inclusión y atención personalizada, respetando siempre la libertad de elección de las familias.
Asimismo, ha insistido en que ningún Gobierno puede imponer cómo deben ser escolarizados los menores con necesidades especiales, defendiendo que la educación debe adaptarse a cada alumno y no al contrario.
El Grupo Popular reafirma así su compromiso con una educación de calidad, inclusiva y centrada en las personas, especialmente en aquellos colectivos más vulnerables.
Miguel Ángel Castellón: «El apagón no es un accidente, es culpa del Gobierno»
El Grupo Popular ha denunciado en la Comisión de investigación del apagón en el Senado la responsabilidad política del Gobierno en el fallo del sistema eléctrico, tras la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica.
El portavoz en la comisión, Miguel Ángel Castellón, ha señalado que “la responsabilidad del apagón es de Red Eléctrica Española, pero la culpa es del Gobierno”, al considerar que el Ejecutivo diseñó un sistema energético “frágil” y sin garantías suficientes.
Durante su intervención, ha advertido de que el sistema eléctrico venía mostrando señales de riesgo desde hace años, con un aumento exponencial de episodios de sobretensión —30 en 2021, 90 en 2022 y 140 en 2023— sin que se adoptaran medidas preventivas.
Asimismo, ha alertado del elevado coste económico del modelo actual, destacando que asegurar el sistema eléctrico supone 20,9 millones de euros diarios y que en los tres primeros meses de 2026 ya se han alcanzado los 1.000 millones de euros, cinco veces más que en años anteriores.
En este sentido, ha planteado si este sobrecoste acabará repercutiendo en la factura de la luz de los ciudadanos, señalando que se trata de “la fotografía de un modelo fracasado”.
El senador ha cuestionado también la falta de previsión ante el rediseño del sistema energético, especialmente tras fijar objetivos ambiciosos de renovables sin garantizar la seguridad del suministro.
A su juicio, no se trata de un incidente aislado, sino de un fallo estructural derivado de decisiones políticas y de la ausencia de una regulación adecuada.
Durante la sesión, se ha reclamado mayor transparencia, instando a hacer públicos los audios entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas el día del apagón, así como a depurar responsabilidades.
Asimismo, se ha criticado la ausencia de autocrítica por parte del Ejecutivo, interpretándola como una muestra de falta de responsabilidad ante una situación de gran impacto.
El Grupo Popular reafirma su compromiso con un sistema energético seguro, eficiente y planificado, que garantice el suministro y proteja a los ciudadanos.
Díez de Revenga denuncia promesas incumplidas sobre el tren Murcia-Albacete.
El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha criticado al delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, por “engañar” a los ciudadanos con anuncios sobre la reapertura de la línea ferroviaria Murcia-Albacete por Cieza y Hellín.
Díez de Revenga ha denunciado que, mientras el propio Gobierno reconoce que esta infraestructura “no es una prioridad”, el delegado del Gobierno “sigue vendiendo humo a los murcianos”, lo que, a su juicio, evidencia una “absoluta falta de credibilidad”.
“El delegado puede decir misa, pero si los responsables de la reapertura no están trabajando en ello y admiten que no es una prioridad, lo lógico es creer a los hechos y no a los anuncios”, ha afirmado el senador popular.
Asimismo, ha criticado que Francisco Lucas “ni trabaja para reabrir la línea ni exige al Gobierno de Pedro Sánchez que lo haga”, limitándose —según ha señalado— a justificar la inacción del Ejecutivo.
El senador del PP ha ido más allá al asegurar que esta situación demuestra que el delegado del Gobierno “actúa como una marioneta del Ejecutivo”, aceptando sin cuestionar las decisiones adoptadas en Madrid, en cuestiones clave como el trasvase o la financiación autonómica.
“El delegado vuelve a demostrar que su prioridad no son los murcianos, sino cumplir órdenes del Partido Socialista, aunque eso suponga frenar infraestructuras estratégicas y condenar a la Región de Murcia al aislamiento”, ha añadido.
Desde el Partido Popular, Díez de Revenga ha exigido al Gobierno que “deje de engañar a los ciudadanos” y cumpla su compromiso de reabrir la línea Murcia-Albacete, una infraestructura que considera clave para el desarrollo de la región.
Además, ha subrayado que esta línea no solo debe reactivarse, sino adaptarse a los compromisos europeos para su conversión en una vía de altas prestaciones antes de 2040, lo que requiere iniciar los trabajos de forma inmediata.
“Basta ya de anuncios vacíos y promesas incumplidas. La Región de Murcia merece hechos, no excusas”, ha concluido.
Pepa Pardo: «Tras fracasar en Galicia, ahora bloquean todas sus leyes»
La senadora del Grupo Parlamentario Popular por Pontevedra, Pepa Pardo, ha denunciado el “hostigamiento” del Gobierno de Pedro Sánchez a Galicia, criticando la falta de inversiones, el uso político de las instituciones y la ausencia de lealtad institucional con la comunidad autónoma.
Durante su intervención, Pardo ha afirmado que “lo único que Sánchez ha hecho por Galicia es subirse al Falcon de A Coruña a Santiago”, ironizando que “eso sí que es un hito y no la ley Bolaños”.
La dirigente popular ha señalado que Galicia ha relegado al PSOE a la “irrelevancia política”, lo que, a su juicio, ha derivado en una “guerra judicial y de olvido en inversiones” contra la comunidad. “¿Cuándo van a cesar en su hostigamiento?”, ha preguntado.
CRÍTICAS A LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO
Pepa Pardo ha acusado al Ejecutivo de priorizar intereses políticos frente a los ciudadanos: “Para ustedes lo primero es Sánchez, lo segundo Sánchez y lo tercero Sánchez. Todo lo demás ni está ni se le espera”.
Asimismo, ha puesto en valor la estabilidad institucional en Galicia, destacando que cuenta con “una mayoría absoluta sólida y un Ejecutivo que funciona y aprueba sus presupuestos”.
La senadora también ha criticado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asegurando que “ha reventado el koldómetro” y reprochándole la falta de actuaciones anunciadas, inversiones y lealtad institucional hacia Galicia.
DEFENSA DE LAS POLÍTICAS DE LA XUNTA
Pardo ha denunciado los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra normas gallegas, interpretándolos como un intento de “poner trabas” a la comunidad por motivos políticos.
En este sentido, ha recordado que leyes como la del litoral han sido finalmente avaladas, pese a las críticas iniciales del Ejecutivo. También ha defendido las medidas adoptadas por la Xunta en ámbitos como el sector eólico o la dependencia, orientadas a mejorar la gestión y reducir la burocracia.
“Los que se autodenominan el escudo social ahora se oponen a estas medidas simplemente porque vienen de Galicia”, ha afirmado.
Finalmente, la senadora del Partido Popular ha advertido de la intención del Gobierno de “torpedear” iniciativas como la Ley del Deporte y ha reclamado respeto institucional: “Dejen a Galicia en paz y, por salud democrática, váyanse”.
El Partido Popular defiende el respeto a las comunidades autónomas, la igualdad entre territorios y una política basada en la lealtad institucional y el servicio a los ciudadanos, frente a cualquier forma de discriminación o utilización partidista de las instituciones.