Bernabé advierte a Narbona: «Temen que Cerdán y Leire Díez tiren de la manta»
El senador del Partido Popular por Murcia, Francisco Bernabé, ha exigido a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que aclare las relaciones de la dirección socialista con Santos Cerdán y Leire Díez, así como la información que posee sobre los procedimientos judiciales que afectan a dirigentes y antiguos responsables del partido.
Durante la comparecencia de Narbona en la Comisión de Investigación del caso Koldo-Ábalos-PSOE en el Senado, Bernabé ha sostenido que la dirección socialista evita ofrecer nombres y explicaciones por temor a posibles revelaciones de personas que conocieron el funcionamiento interno de la organización.
“Temen que Cerdán y Leire Díez tiren de la manta y que el PSOE sea el próximo imputado por la corrupción que les acorrala”, ha afirmado el senador popular.
El PP reclama explicaciones y responsabilidades políticas
Bernabé ha reprochado a Cristina Narbona que el PSOE no haya asumido responsabilidades ante los hechos investigados y que mantenga una estrategia destinada, según su valoración, a minimizar el impacto político de los procedimientos judiciales.
El senador ha recordado que Narbona ocupa la Presidencia del PSOE y forma parte del círculo de máxima confianza de Pedro Sánchez. Por ello, considera que no puede alegar desconocimiento sobre cuestiones relacionadas con la organización interna, la financiación o las decisiones adoptadas por la dirección socialista.
“En lugar de asumir culpas, pedir perdón y convocar elecciones, Sánchez y el PSOE han decidido emprender una huida hacia adelante”, ha denunciado.
El Partido Popular distingue entre las responsabilidades penales, que deben determinar exclusivamente los tribunales respetando la presunción de inocencia, y las responsabilidades políticas que deben asumirse ante los ciudadanos y las instituciones.
Bernabé pregunta por la financiación del PSOE
El representante popular ha pedido a Narbona que explique las informaciones y declaraciones conocidas sobre supuestos pagos en metálico y entregas de dinero en la sede socialista de Ferraz.
Bernabé se ha referido a las manifestaciones atribuidas a Víctor de Aldama y Carmen Pano sobre sobres con dinero presuntamente trasladados a la sede del partido y ha reclamado que el PSOE facilite toda la documentación necesaria para aclarar estos extremos.
También ha preguntado si la formación socialista ha asumido directa o indirectamente los gastos jurídicos de Santos Cerdán, José Luis Ábalos o Koldo García y si se habrían utilizado sociedades o despachos vinculados a antiguos dirigentes socialistas.
El senador ha reclamado igualmente explicaciones sobre el incremento de los ingresos por donaciones declarado por el PSOE durante la pandemia, que, según expuso durante la comisión, alcanzó el 120 %.
Las relaciones de Ferraz con Leire Díez
Francisco Bernabé ha centrado parte de su intervención en la relación entre Cristina Narbona y Leire Díez, cuestionando que la presidenta socialista trate ahora de desvincularla del partido.
El senador ha afirmado que Narbona respaldó la llegada de Díez a Ferraz y su paso por entidades públicas como ENUSA y Correos. También se ha referido a los mensajes personales y encuentros conocidos entre ambas para exigir una explicación completa sobre la naturaleza de esa relación.
“Usted fue su madrina, la avaló en su llegada a Ferraz y la colocó en ENUSA y Correos. No venga a decirnos ahora que no tenía nada que ver con ustedes”, ha reprochado Bernabé.
El dirigente popular ha señalado además que, según la información mencionada durante la comisión, Leire Díez habría percibido más de 43.000 euros del PSOE. Por ello, ha pedido al partido que aclare qué funciones desempeñó, quién autorizó esos pagos y por qué la dirección socialista intenta ahora presentar su actuación como ajena a la organización.
El PP pregunta por las reuniones y llamadas para controlar los daños
Bernabé ha solicitado explicaciones sobre las comunicaciones realizadas desde el Congreso, Ferraz y Moncloa relacionadas con el entorno del caso investigado.
El senador ha aludido a la existencia de 34 llamadas y ha sostenido que estas comunicaciones podrían formar parte de una estrategia articulada para reducir las consecuencias políticas para Pedro Sánchez.
“Para nosotros está claro que estamos ante una organización destinada a minimizar los daños a Sánchez”, ha afirmado.
También ha preguntado por la reunión celebrada en la sede socialista con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, y ha reclamado conocer el contenido, los participantes y los objetivos de aquel encuentro.
Cerdán y la “trastienda” del PSOE
El senador popular ha preguntado a Cristina Narbona si la dirección socialista interpreta como una advertencia la expresión “conozco la trastienda”, atribuida a Santos Cerdán en relación con su conocimiento del funcionamiento interno del partido.
Bernabé considera que el temor del PSOE a nuevas revelaciones explicaría la falta de respuestas claras y la negativa a facilitar información completa a la comisión del Senado.
El Partido Popular exige conocer qué responsabilidades ejercieron los anteriores secretarios de Organización, qué información manejaban sobre la financiación y contratación del partido y qué medidas adoptó la dirección al conocer los hechos investigados.
“Narbona no puede presentarse ante el Senado diciendo que no sabía nada de nada”, ha remarcado el dirigente popular.
Narbona debe explicar su actuación como presidenta del PSOE
Francisco Bernabé ha recordado que Cristina Narbona lleva décadas ejerciendo responsabilidades públicas y políticas y ha cuestionado el cambio de actitud que, según su valoración, ha mantenido ante los casos que afectan al PSOE.
El senador ha acusado a Narbona de mostrarse combativa ante los procedimientos relacionados con otros partidos y, en cambio, guardar silencio o minimizar los hechos cuando las investigaciones afectan a dirigentes socialistas.
“Su hemeroteca la contradice”, ha advertido Bernabé, que ha reclamado a la presidenta del PSOE que aplique a su propia organización los mismos estándares de transparencia y responsabilidad exigidos durante años a los demás.
Transparencia y colaboración con los tribunales
El Partido Popular reclama que el PSOE facilite al Senado y a los órganos judiciales toda la documentación solicitada, aclare los pagos y relaciones investigados y deje de desacreditar los informes policiales o las resoluciones judiciales.
Bernabé ha reiterado su confianza en que los tribunales esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades que correspondan, garantizando en todo momento los derechos procesales y la presunción de inocencia.
El PP considera que la gravedad de las informaciones conocidas obliga a Pedro Sánchez y a la dirección socialista a ofrecer explicaciones políticas inmediatas y a rendir cuentas ante los ciudadanos.
Ángel Pelayo reclama elecciones: «Dejen a los españoles decidir»
El senador de VOX Ángel Pelayo Gordillo ha exigido al PSOE que fuerce la convocatoria inmediata de elecciones generales ante la sucesión de investigaciones judiciales que afectan a antiguos dirigentes y altos cargos socialistas.
Durante su intervención en la Comisión de Investigación del Senado, Gordillo se dirigió a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para reclamar que los ciudadanos puedan pronunciarse en las urnas sobre la continuidad del Gobierno.
“Convoquen ustedes elecciones, dejen a los españoles decidir”, manifestó el parlamentario.
Gordillo acusa al PSOE de cambiar su criterio sobre la corrupción
El senador recordó que el Partido Socialista defendía anteriormente que cualquier responsable político investigado por corrupción debía abandonar sus responsabilidades públicas.
Según Gordillo, el PSOE ha modificado ese criterio ante los procedimientos judiciales que afectan a personas vinculadas con la formación.
“Ya ve usted las vueltas que da la vida: cien personas investigadas o imputadas en determinadas situaciones respecto de la Justicia y aquí no sucede nada”, denunció.
El representante de VOX sostuvo que la acumulación de casos demuestra que la corrupción no sería un fenómeno aislado, sino un problema “estructural dentro del partido”.
VOX pregunta por unas joyas valoradas en 1,3 millones
Durante el interrogatorio, Gordillo también pidió explicaciones a Narbona por unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros que, según expuso, aparecieron en un despacho utilizado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la sede socialista de la calle Ferraz.
“No han aparecido 200 euros, sino 1.300.000 sin declarar, cuando todos los españoles acaban de pasar por caja con Hacienda”, afirmó el senador.
Gordillo reclamó que el PSOE aclare la procedencia, titularidad y circunstancias relacionadas con esos bienes.
Reproches por las reuniones de Leire Díez en Ferraz
El senador de VOX cuestionó asimismo el desconocimiento manifestado por Cristina Narbona sobre las reuniones que Leire Díez habría mantenido con Santos Cerdán y otros dirigentes socialistas dentro de la sede nacional del PSOE.
“Le recomiendo una vigilancia más estrecha acerca de lo que se hace dentro de las paredes de su sede, porque o se ha abusado de su buena fe o realmente usted estaba enterada de esto y nos lo oculta”, señaló.
Para Gordillo, resulta difícil sostener que la dirección socialista desconociera los encuentros y movimientos que se producían en Ferraz.
VOX reclama responsabilidades por Ábalos y Cerdán
El parlamentario también reprochó al PSOE que, a su juicio, nadie haya asumido responsabilidades políticas por las actuaciones atribuidas a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos antiguos secretarios de Organización del partido.
“¿Pedro Sánchez, la Secretaría de Organización, la Ejecutiva Federal que usted preside, usted misma o absolutamente nadie? ¿Nadie va a responder nunca de nada?”, preguntó Gordillo a Narbona.
El senador defendió que las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente a las personas directamente investigadas, sino que deben alcanzar a quienes ocupaban puestos de dirección y supervisión dentro de la organización.
“Lo conocían y lo toleraron o hubo una negligencia incompatible”
Gordillo concluyó que existen dos posibles explicaciones sobre lo sucedido dentro del PSOE: que la dirección conociera las presuntas irregularidades y las tolerara, o que ignorara por completo lo que ocurría dentro de su propia estructura.
“O la dirección del Partido Socialista conocía lo que estaba sucediendo y lo toleró, o lo desconocía en absoluto”, afirmó.
A juicio del senador de VOX, cualquiera de las dos posibilidades resulta políticamente grave.
“La primera posibilidad es gravísima, y la segunda acredita una negligencia incompatible con la dirección de un partido que actualmente y por desgracia gobierna España”, sentenció.
Alicia García: «El Gobierno debe explicar quién autorizó el rescate»
La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha reclamado explicaciones al Gobierno tras las declaraciones atribuidas a Julio Martínez sobre la presunta intervención de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra.
“Julio Martínez reconoce que Zapatero medió en el rescate y que existió una comisión del 1 %. Por eso Sánchez le sigue apoyando: porque alguien de su Gobierno dijo que sí”, ha señalado García.
El Partido Popular exige aclarar quién autorizó la operación, qué responsables conocieron las gestiones y si existieron pagos relacionados con la concesión de los fondos públicos.
El PP continuará reclamando transparencia y responsabilidades políticas, respetando la investigación judicial y la presunción de inocencia.
Ángel Pelayo: «No puede seguir ni un minuto más en el cargo»
El senador de VOX Ángel Pelayo Gordillo ha exigido la dimisión inmediata del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, después de su comparecencia ante la comisión de investigación del denominado caso Koldo en el Senado.
Llamas compareció este viernes, 17 de julio, ante la comisión que investiga los contratos y operaciones del sector público relacionados con Koldo García y otras personas vinculadas a la Operación Delorme. El teniente general ocupa la Dirección Adjunta Operativa desde diciembre de 2023 y es el máximo mando uniformado del Instituto Armado.
Gordillo considera incompatible que el responsable operativo de la Guardia Civil continúe en el puesto mientras figura como investigado en un procedimiento judicial por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia.
«No puede permanecer ni un minuto más en ese cargo quien está siendo investigado por estos delitos», ha afirmado el senador.
Manuel Llamas está investigado en el denominado caso Leire
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó investigar a Llamas y a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en la causa relacionada con Leire Díez.
La investigación analiza posibles presiones o actuaciones dirigidas contra miembros de la Unidad Central Operativa que participaban en procedimientos relacionados con el PSOE y el entorno del Gobierno. La apertura de la investigación fue solicitada tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por acusaciones personadas en la causa.
Llamas declaró ante el juez el 16 de julio y negó haber ordenado a los agentes de la UCO que adoptaran una actitud pasiva en investigaciones judiciales. También defendió que las actuaciones internas impulsadas bajo su responsabilidad respondieron a procedimientos ordinarios y no tuvieron como objetivo interferir en el trabajo de la unidad.
El procedimiento permanece abierto, no existe una condena contra el teniente general y debe respetarse su derecho a la presunción de inocencia.
El DAO descarta abandonar el cargo
Durante su comparecencia en el Senado, Manuel Llamas defendió su inocencia y aseguró que no tiene intención de dimitir. El mando afirmó que continuará en su puesto mientras conserve la confianza de sus superiores y no exista una resolución judicial que comprometa su honor profesional.
VOX sostiene, sin embargo, que su salida debe producirse sin esperar a que concluya el procedimiento judicial. Gordillo ha precisado que esta petición no constituye un juicio sobre toda la trayectoria profesional de Llamas, sino una medida necesaria para preservar la credibilidad de la Guardia Civil.
El senador considera que el máximo responsable operativo del cuerpo debe quedar libre de cualquier duda que pueda afectar a su autoridad, independencia o relación con las unidades encargadas de investigar casos de corrupción.
VOX reivindica el honor de la Guardia Civil
Ángel Pelayo Gordillo ha subrayado que la exigencia de dimisión pretende evitar que la investigación abierta contra uno de sus principales responsables dañe la imagen del conjunto de los agentes.
«Haremos todo lo posible para que el honor de la Guardia Civil, que es el cimiento de la institución, quede absolutamente limpio», ha declarado.
VOX diferencia entre la actuación individual de los responsables políticos y operativos y el trabajo cotidiano de los guardias civiles. La formación ha defendido el prestigio, la profesionalidad y la independencia de los agentes encargados de perseguir delitos y colaborar con jueces y fiscales.
«La Guardia Civil es la guardia fiel de España entera y debe seguir siéndolo, y su honor debe seguir siendo su divisa», ha manifestado Gordillo.
Críticas al control político de las instituciones
Durante el interrogatorio, el senador acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de extender su influencia sobre las instituciones y defendió la necesidad de proteger a la Guardia Civil frente a cualquier posible injerencia política.
Estas declaraciones constituyen una valoración política de VOX. La investigación judicial deberá determinar si existieron actuaciones delictivas o presiones contra la UCO y, en su caso, quiénes fueron sus responsables.
Gordillo ha insistido en que la permanencia de Llamas alimenta las dudas sobre la independencia del mando operativo y puede afectar a la confianza de los ciudadanos y de los propios agentes.
VOX mantendrá su petición de dimisión y reclamará responsabilidades políticas al Ministerio del Interior para preservar el prestigio, la autonomía y el honor de la Guardia Civil.
Pepa Pardo: «Defender la Constitución y la soberanía nacional no es una tropelía»
El Pleno del Senado ha dado luz verde, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, a un requerimiento para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la posible existencia de contradicciones entre la Constitución española y el Tratado de Amistad y Cooperación con Francia.
La iniciativa se refiere al artículo 2.4 del tratado, que contempla la asistencia periódica y rotatoria de ministros franceses a reuniones del Consejo de Ministros del Gobierno de España, así como la participación recíproca de ministros españoles en el Ejecutivo francés.
Los senadores del Partido Popular Miquel Jerez y Pepa Pardo han defendido la necesidad de que el máximo intérprete de la Constitución aclare si esta previsión resulta plenamente compatible con el marco constitucional español.
El PP reclama seguridad jurídica
Durante el debate, Miquel Jerez ha explicado que el objetivo de la iniciativa es utilizar el mecanismo previsto por la propia Constitución cuando existen dudas fundadas sobre la constitucionalidad de un tratado internacional.
“Pedimos seguridad jurídica. Pedimos respeto a la Constitución. Pedimos que el máximo intérprete de nuestra Norma Fundamental haga su trabajo”, ha subrayado.
El senador popular ha señalado que la Constitución establece con claridad la composición del Consejo de Ministros y contempla expresamente la posibilidad de que el Rey presida sus reuniones cuando sea convocado por el presidente del Gobierno.
Por ello, el Grupo Popular considera necesario despejar cualquier duda jurídica sobre la asistencia de miembros de un Gobierno extranjero a estas reuniones.
Jerez cuestiona la interpretación posterior del tratado
Miquel Jerez ha reprochado al Ejecutivo que pretenda resolver las dudas mediante una interpretación posterior, en lugar de modificar el texto del tratado y remitir a las Cortes una redacción plenamente compatible con la Constitución.
El portavoz de Constitucional del Grupo Popular ha cuestionado también la explicación del Gobierno sobre una posible participación de ministros franceses “en los márgenes del Consejo de Ministros”.
“La Constitución conoce el Consejo de Ministros; lo que no conoce son sus márgenes”, ha afirmado Jerez, quien ha advertido de que esta expresión no tiene una definición jurídica precisa.
El senador balear ha defendido que el respeto a la Constitución exige corregir cualquier deficiencia antes de que el tratado entre plenamente en vigor, evitando interpretaciones ambiguas que puedan generar inseguridad institucional.
Pepa Pardo defiende el control constitucional
Por su parte, la portavoz de Justicia del Grupo Popular, Pepa Pardo, ha explicado que la solicitud al Tribunal Constitucional responde a la voluntad de garantizar el respeto al orden constitucional y a la soberanía nacional.
“Defender la Constitución y defender la soberanía nacional no es una tropelía”, ha asegurado.
Pardo ha señalado que el intercambio de notas interpretativas promovido por el Ejecutivo evidencia, a juicio del Partido Popular, que el artículo cuestionado necesita aclaraciones y presenta deficiencias jurídicas.
“Si el Gobierno considera necesario interpretar ese precepto es porque está mal hecho y porque genera dudas de constitucionalidad”, ha afirmado.
La senadora por Pontevedra ha criticado que el Gobierno firmara un acuerdo que posteriormente ha requerido explicaciones adicionales para precisar su alcance.
“Ustedes le vendieron un tratado fake a Francia y firmaron un tratado sabiendo que no podían firmarlo porque vulneraban nuestra Constitución”, ha manifestado durante su intervención.
El Senado, garante del Estado de Derecho
El Partido Popular ha reivindicado el papel institucional del Senado en la protección de la Constitución y en el control de los tratados internacionales que puedan afectar al funcionamiento de las instituciones del Estado.
“El Senado es y continuará siendo el guardián de nuestra Constitución y de nuestra soberanía nacional”, ha subrayado Pepa Pardo.
El Grupo Popular defiende que las relaciones de amistad y cooperación con Francia deben desarrollarse desde el pleno respeto a la Constitución, la seguridad jurídica y las competencias de las instituciones españolas.
Ángel Pelayo: «La soberanía nacional ni se comparte, ni se presta»
El senador de VOX Ángel Pelayo ha defendido este jueves en el Pleno del Senado el voto favorable de su formación al requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la previsión que permitiría la presencia de miembros del Gobierno francés en el Consejo de Ministros de España.
El debate se enmarca en la tramitación del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia. El Senado incluyó en su sesión plenaria extraordinaria la solicitud de requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre la constitucionalidad de un apartado de dicho tratado.
Pelayo ha dejado claro que VOX no cuestiona la necesidad de mantener buenas relaciones diplomáticas con Francia. “No estamos discutiendo aquí si España debe o no debe mantener buenas relaciones. Eso es de cajón, por supuesto que sí”, ha señalado. Sin embargo, ha advertido de que su formación “no va a contribuir a normalizar la presencia periódica de miembros de Gobiernos extranjeros en el Consejo de Ministros de España”.
El senador ha subrayado que la cuestión afecta directamente “al corazón mismo de la soberanía nacional, al funcionamiento constitucional del Gobierno y a la propia naturaleza y estructura del Consejo de Ministros”. Según ha defendido, el Consejo de Ministros “no es un grupo de amigos” ni un espacio para relaciones bilaterales ajenas a sus competencias constitucionales.
La mayoría del Senado tenía previsto paralizar la tramitación del tratado hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre si ministros franceses pueden asistir a reuniones del Consejo de Ministros español.
Pelayo ha advertido de que una cláusula de estas características sería preocupante bajo cualquier Ejecutivo, pero ha asegurado que, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, resulta “alarmante” por lo que considera “la voluntad de intrusión del Ejecutivo en todas las instituciones del Estado”.
“Nuestro voto favorable a este requerimiento es un voto a favor de la Constitución, de la claridad institucional y de la soberanía nacional”, ha afirmado el senador de VOX.
Pelayo ha concluido defendiendo que “el Consejo de Ministros debe seguir siendo el Consejo de Ministros de España” y ha remarcado que “la soberanía nacional ni se comparte, ni se presta, ni se interpreta a voluntad del señor Sánchez, ni se diluye”.
Con esta posición, VOX exige blindar la soberanía nacional y rechaza que se normalice la presencia de ministros extranjeros en el órgano constitucional que dirige la acción política del Gobierno de España.
Gerardo Camps exige al Gobierno lealtad con los mutualistas que cumplieron la ley.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha mejorado sustancialmente, a través de sus enmiendas, la Proposición de Ley sobre mutualidades alternativas y pasarela al RETA, sacando adelante una norma “más justa, más segura jurídicamente y más respetuosa con las carreras profesionales de miles de mutualistas”.
El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Senado, Gerardo Camps, ha defendido que el objetivo de las mejoras incorporadas es responder a miles de profesionales que confiaron en las reglas vigentes, cumplieron la ley y ahora necesitan una respuesta justa por parte del Estado.
“¿Qué le debe un Estado a quien hizo exactamente lo que ese mismo Estado le pidió que hiciera?”, ha preguntado Camps durante su intervención. “Le debe justicia, responder con la misma lealtad con la que ese ciudadano cumplió siempre sus obligaciones y la certeza de que cumplir la ley nunca acabará convirtiéndose en un perjuicio”, ha subrayado.
Camps ha recordado que miles de profesionales tuvieron que organizarse para hacerse oír y ha reprochado al Gobierno que, cuando le correspondía liderar una respuesta, “decidió apartarse”. “Fueron los ciudadanos quienes tuvieron que hacer visible un problema que el propio Gobierno no quiso afrontar”, ha denunciado.
El dirigente popular ha señalado que el PP se abstuvo en el Congreso porque estaba convencido de que podía mejorar la ley en el Senado. “Eso es lo que hemos hecho: hemos reforzado el reconocimiento del tiempo efectivamente trabajado, mejorado la protección de los mutualistas y dado mayor certidumbre a una ley que todavía la necesitaba”, ha afirmado.
Por su parte, la portavoz adjunta Rocío Dívar ha destacado que “los mutualistas han esperado demasiado” y que “no merecen más obstáculos”. “Merecen una buena ley y hoy el Senado les devuelve una ley mejor”, ha afirmado.
Dívar ha denunciado que el Gobierno no estuvo a la altura al optar por tramitar una modificación de esta trascendencia mediante una proposición de ley, en lugar de un proyecto de ley acompañado de memoria económica, análisis de impacto normativo e informes técnicos preceptivos.
La senadora popular ha recalcado que el Senado ha hecho “exactamente lo que el Gobierno quiso evitar en el Congreso: debatir, mejorar y votar”. En este sentido, ha defendido que basta comparar el texto inicial registrado por el Grupo Socialista con el aprobado tras el trabajo del Senado para comprobar que la norma es “objetivamente mejor”.
El Partido Popular ha explicado que sus enmiendas parten de una idea clara: quien cumplió la ley no puede resultar perjudicado por haberla cumplido. Por ello, se ha prestado especial atención a quienes ya han alcanzado quince años de cotización en la Seguridad Social y a quienes, por la legislación vigente, se vieron obligados a permanecer en una mutualidad alternativa sin poder incorporarse al sistema público.
Camps ha advertido de que ahora la responsabilidad vuelve al Congreso y al Gobierno. “Si acepta las mejoras del Senado, contribuirá a recuperar la confianza de miles de profesionales; si vuelve a bloquearlas, demostrará que el problema nunca estuvo en las propuestas de mejora, sino en su falta de voluntad para aceptarlas”, ha concluido.
El Partido Popular defiende que esta ley debe ofrecer seguridad jurídica, reconocimiento profesional y una solución real a miles de mutualistas que han esperado durante demasiado tiempo una respuesta justa.
Javier Alonso reclama en el Senado una solución sin excusas para los mutualistas.
El senador de VOX por Aragón, Javier Alonso, ha defendido este jueves en el Senado la posición de su formación ante el debate sobre la ley de mutualidades y la conocida como pasarela al RETA, una reforma que afecta a los profesionales adscritos a mutualidades alternativas y que continúa su tramitación parlamentaria tras su paso por el Congreso. Alonso fue nombrado senador por designación autonómica en las Cortes de Aragón el pasado mes de mayo.
“Hoy votamos y debatimos en el Senado la ley de mutualidades, pasarela RETA”, ha explicado el senador de VOX, que ha señalado que su partido defiende “la posición más amplia para todos, donde quepan todos los pasivos, la equiparación 1 a 1 y donde el veto presupuestario pueda salvarse gracias a nuestras proposiciones”.
La proposición de ley sobre mutualidades alternativas y pasarela al RETA fue aprobada por el Congreso y remitida al Senado, donde puede incorporar nuevos cambios durante su tramitación. La reforma busca facilitar el traslado de mutualistas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, una reivindicación sostenida por colectivos profesionales afectados por pensiones reducidas tras años de aportaciones a mutualidades.
VOX sostiene que la norma debe ofrecer una solución amplia y justa para los mutualistas, incluyendo a todos los pasivos y garantizando una equiparación real de los periodos cotizados. En este sentido, Alonso ha subrayado que su formación trabaja para salvar los obstáculos derivados del veto presupuestario y permitir que las propuestas favorables a los mutualistas puedan seguir adelante.
El senador de VOX por Aragón también ha tendido la mano al Partido Popular para alcanzar un acuerdo que permita mejorar el texto en beneficio de los afectados. “Desde aquí tendemos la mano al Partido Popular para salvar todo lo que consideren y poder ayudar a los mutualistas”, ha afirmado.
Con esta intervención, VOX insiste en la necesidad de que el Senado aproveche la tramitación de la ley para corregir sus limitaciones y dar una respuesta eficaz a los mutualistas que reclaman una pasarela al RETA con mayores garantías, seguridad jurídica y reconocimiento de sus años de aportación.