Pedro Navarro: «Están borrando la identidad de Alcalá con cada reforma».
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha registrado una moción, que será debatida en el Pleno de este mes de noviembre, en la que reclama al Gobierno local de PSOE y AxSí «proteger, recuperar y poner en valor la arquitectura y urbanismo tradicionales de nuestra región andaluza, con especial atención al casco histórico de Alcalá de Guadaíra y sus principales monumentos, como parte esencial de nuestro patrimonio cultural y la identidad alcalareña».
Así lo ha anunciado el portavoz de VOX en el Consistorio alcalareño, Pedro Navarro, quien ha advertido cómo «muchas de las intervenciones que se vienen realizando por parte de los diferentes gobiernos que se han sucedido en el Ayuntamiento alcalareño, todos ellos presididos por socialistas, han supuesto ataques directos a la arquitectura tradicional andaluza».
En este sentido, Navarro ha mostrado su «enorme preocupación», la cual es compartida con «una mayoría de vecinos», al ver como «nuestra arquitectura más tradicional y diferenciadora está siendo arrasada en cada intervención que se realiza por parte del Ayuntamiento», y donde «elementos que reflejan nuestra rica historia y glorioso pasado», como paredes encaladas, balconadas, calles adoquinadas y salpicadas de naranjos, plazas con arboleda para sombra y plantas autóctonas, farolas de forja, construcciones tradicionales, etc, «están siendo sustituidos por bloques de granito, hormigón y elementos ornamentales que nada tienen que ver con nuestra tradición y cultura», como ha quedado reflejado en la peatonalización del primer tramo de la calle de La Mina o en los trabajos de remodelación del Centro de Interpretación del Castillo en el entorno de la Ermita de Ntra. Sra. del Águila.
El Gobierno de PSOE y AxSí «está vistiendo de una falsa modernidad lo que en realidad es un borrado de nuestra idiosincrasia y una despersonalización de nuestra localidad», ha apostillado Navarro.
Por ello, en la moción registrada por VOX se solicita al Gobierno de Jiménez «garantizar y apoyar la rehabilitación de edificios con una arquitectura tradicional o histórica», ya sean públicos o privados, «estableciendo para los particulares una línea de ayudas directas y exenciones fiscales específicas», en cuando al IBI, impuesto de construcciones, etc, «que contribuya a un modelo de desarrollo equilibrado y plenamente respetuoso con el entorno».
Así mismo, cuando, por la ejecución de una obra de remodelación o por cualquier intervención en el casco histórico o el entorno de monumentos de Alcalá de Guadaíra, sea necesario por su mal estado de conservación, la sustitución de cualquier elemento del mobiliario urbano, ya sean bancos, farolas, papeleras, etc, desde VOX se reclama que «estos se sustituirán por otros iguales o de similares características, y siempre acordes a la arquitectura y urbanismo tradicional de Andalucía, utilizándose los mismos elementos siempre que sea posible».
Otro de los puntos de acuerdo que se incluyen en esta moción presentada por VOX, exige poner en marcha un Inventario Municipal para el control de todo elemento arquitectónico y pieza de mobiliario urbano, como bancos, farolas, barandillas, placas, papeleras, etc, que sea retirado por los servicios municipales del Ayuntamiento o empresas contratadas por éste, «a fin de conocer en todo momento su estado en el momento de la retirada y paradero, para que éstos elementos y piezas puedan volver a ser repuestos o reutilizados en otras zonas de la ciudad, con el consiguiente ahorro añadido para las arcas municipales».
Además, y con el objetivo de «acabar con las cacicadas arquitectónicas y los caprichos urbanisticos a los que nos tienen acostumbrados Ana Isabel Jiménez y su gobierno», desde VOX también se reclama en su moción «la obligatoriedad de conformar una comisión multidisciplinar» cuando las actuaciones y obras que prevea ejecutar el Ayuntamiento sean de especial relevancia, por la importancia y profundidad de las mismas, en la que «se invitará a formar parte a profesionales de diferentes áreas con especial y reconocida relevancia o prestigio profesional, o con especiales conocimientos, formación, experiencia profesional o vital».
Con la conformación de esta comisión, que va más allá de los propios consejos sectoriales, se podrán «obtener soluciones más completas y efectivas, al combinar diferentes enfoques y conocimientos», todo ello, a fin de «abordar de la mejor manera posible el proyecto a ejecutar, de forma que se amolde a la realidad de Alcalá de Guadaíra, con un escrupuloso respeto a nuestra identidad, pasado, historia, monumentos, arqueología, así como a cualquier otra expresión artísticas e idiosincrasia de nuestra localidad, evitando intervenciones desafortunadas que, en muchos casos pueden ser incluso irreversibles, y que nada tienen que ver con nuestra tierra», como ya hemos vivido recientemente con lo ocurrido en el entorno del Castillo.
Reyes Romero: «El Guadalquivir ya no es un río, es una autopista del narco».
La diputada nacional de VOX por Sevilla, Reyes Romero, ha comparecido este lunes junto al río Guadalquivir para denunciar la alarmante situación de inseguridad que se vive en esta vía fluvial, convertida —según sus palabras— en una “autopista del narcotráfico”.
Romero ha condenado el reciente ataque sufrido por un agente de la Policía Nacional en Isla Mayor, ocurrido mientras perseguía a un grupo de narcotraficantes que utilizaban el cauce del Guadalquivir como vía de huida. “Es inaceptable que nuestros agentes se enfrenten a estas situaciones sin los recursos ni los medios necesarios”, ha subrayado.
Desde VOX se ha lanzado una exigencia directa al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al Gobierno socialista: “Deben dejar de mirar hacia otro lado y equipar adecuadamente a nuestras fuerzas de seguridad para que puedan combatir el narcotráfico con eficacia y garantías”.
Romero ha asegurado que “no podemos permitir que quienes nos protegen se jueguen la vida en soledad, mientras el Gobierno falla en su responsabilidad”. Asimismo, ha trasladado toda la solidaridad de VOX al agente herido y a sus compañeros, reiterando el compromiso del partido con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La diputada ha concluido con un mensaje claro: “Es hora de actuar con firmeza y de proteger a quienes nos protegen”.
VOX San Juan exige al Ayuntamiento: «Basta ya de mirar hacia otro lado ante los okupas».
Los concejales de VOX en San Juan de Aznalfarache, Ángel Bordas y Rafael Barcos, se personaron en la calle Chiclana de la Barriada La Cooperativa para apoyar a una familia ante un caso de “okupación”.
“En concreto, se trata de un caso en el que ha fallecido el propietario de un piso en el cual se ha quedado de “okupa” su cuidadora colombiana, quien ha cambiado la cerradura para que no puedan acceder a la propiedad los familiares del fallecido”, aclara Ángel Bordas.
Por su parte, Rafael Barcos expresa que “no hay vivienda para los jóvenes y, sin embargo, vienen extranjeros para okupar la de nuestros mayores luego de su fallecimiento.”
Asimismo, en este flagrante caso de “okupación”, “se ha agravado, puesto que la okupa, a su vez , está “subarrendando habitaciones” en el piso, en el cual no se sabe la cantidad de gente que está dentro. Por supuesto, sin papeles ni contrato de alquiler.”
“Los okupas se niegan a dar la cara y la familia sanjuanera, como muchas otras familias del resto de España, sigue sufriendo esta lacra, que es una humillación tanto por la falta de respeto a la memoria de su pariente como por la violación de la propiedad”, puntualiza Bordas. Asimismo Exigimos al Ayuntamiento de San Juan que no se permita el empadronamiento en una vivienda ocupada.
Desde VOX se recuerda que “somos el único partido que nos posicionamos claramente contra la “okupación”. Siempre decimos y mantenemos que al okupa, patada en el culo. Debe caer todo el peso de la ley y no vamos a parar hasta que esta familia de San Juan pueda recuperar lo que le pertenece.”
Ignacio Muñiz: «Lo que se ha visto en Camas no es un error, es una amenaza a la transparencia».
El portavoz de VOX en Camas, Ignacio Muñiz, ha calificado de “inadmisibles” los “hechos que ha publicado el medio local “El Pespunte”, esto es, que , el alcalde de Camas, Víctor Ávila, ha anunciado el cese inmediato de una trabajadora municipal implicada en un vídeo en el que se veía la destrucción de documentos en dependencias del Ayuntamiento. En el vídeo se observa a varias personas destruyendo papeles en horario nocturno, en un edificio público, lo cual plantea serios cuestionamientos sobre la custodia de los expedientes municipales y posibles vulneraciones de la legalidad.
La excusa del equipo de gobierno no calma los riesgos
El alcalde afirma que “en este Ayuntamiento no se ha destruido ningún expediente administrativo” porque “todos los expedientes municipales están digitalizados desde 2017”. Sin embargo, el hecho de que se destruyeran carpetas físicas —aunque supuestamente con respaldo digital— no resta gravedad al episodio: la destrucción de documentos físicos, la presencia de personas externas al Ayuntamiento en dependencias municipales en horario no habitual, y la alusión en el vídeo a que “no va a quedar nada, cuando entre el PP no se va a encontrar nada” constituyen un atentado contra la confianza pública.
Exigencias de VOX Camas
– Que se abra una investigación interna completa y transparente, con informe público sobre qué se estaba destruyendo, quiénes participaron, por qué y en qué condiciones.
– Que se entreguen a la mayor brevedad todos los expedientes físicos y digitales de la alcaldía a la instancia que proceda para garantizar que no exista manipulación de documentación.
– Que se refuercen los protocolos de custodia y seguridad de documentación municipal, incluyendo horarios de acceso a dependencias, registro de visitantes externos y vigilancia de zonas sensibles.
– Que el alcalde y su equipo expliquen públicamente qué contingencias van a tomarse para restaurar la credibilidad del Ayuntamiento ante los ciudadanos de Camas.
4. Implicaciones políticas y para los ciudadanos
Este incidente no es un mero desliz administrativo: demuestra una cultura de negligencia o de permisividad que debe ser erradicada con urgencia. Como portavoz de Vox Camas, no vamos a permitir que se banalice un acto que puede constituir una vulneración del deber de custodia de los documentos públicos y un agravio para los ciudadanos de Camas. La administración municipal debe ser un pilar de confianza, no un escenario de sombras.
5. Conclusión
Como representante de VOX Camas, Ignacio Muñiz mantiene una postura de “tolerancia cero ante cualquier falta de transparencia o de respeto al ordenamiento administrativo en nuestro municipio. Estaré atento a que este caso no quede sin más en un titular” “y exige al equipo de gobierno que actúe con contundencia, claridad y celeridad.”
Víctimas, verdugos y titulares
Por Keka Alcaide
A lo largo de los años de nuestra democracia, no han sido pocos los partidos políticos que se han visto abocados a negociar con cualquier contrincante , a merced de conseguir sus objetivos, de una manera legítima. Huelga decir que a ello no hacen referencia los chantajes de terceros, aquellos que a bien de concatenar “pseudo logros” mancillan nuestro estado de derecho.
La mayoría de los grupos que ocupan nuestra escena parlamentaria, se han visto en una u otra ocasión, en el ojo de huracán. Esa situación en la que amarrarse la cuerda a la muñeca para, una vez detectadas las debilidades más que las fortalezas, abducir al adversario, provocándole la obligada cesión de los escasos centímetros que otorgan una victoria.
Hasta aquí todo normal. Lo curioso, más que estridente, es que en España, cada vez que los partidos políticos se sientan a negociar, la opinión pública no asiste a un proceso de diálogo, sino a una representación teatral en la que los medios eligen quién será la víctima y quién el verdugo. Lo que debería ser un ejercicio normal de la democracia —el pacto, el acuerdo, el consenso— se convierte en un relato de vencedores y vencidos.
Desde los años de la Transición hasta las negociaciones más recientes de investidura, los medios han actuado como amplificadores de un relato emocional: quien cede, pierde; quien impone, gana. No siempre fue así. En 1977, durante los Pactos de la Moncloa, el país entendió que la palabra “negociar” podía ser sinónimo de madurez. Los periódicos de la época, como El País, Diario 16 o ABC, retrataron aquellas conversaciones entre el Gobierno de Adolfo Suárez, los sindicatos y la oposición como un ejercicio colectivo de responsabilidad. Las concesiones no se leían como claudicaciones, sino como gestos necesarios para consolidar la democracia. Suárez, pese a las críticas de algunos sectores, fue visto como un mediador capaz de sostener el equilibrio entre el pragmatismo y la esperanza.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la narrativa cambió. Ahora la polarización marca el ritmo. Pero a más a más del ingrediente polarizador, habría que poner el foco en la manipulación con la que demasiados medios de comunicación nos sirven la actualidad. La mutación de “lo responsable en pro de una estabilidad”, como ejemplar conducta de gobernación, a “escrache noticiable” dibuja un panorama dictatorial, cuyo fin editorial pasa más por “enjuiciar y envenenar” que por erigirse en altavoz y contribuir a la serenidad del proceso. La víctima o del verdugo dependerá de quiénes estén en el tablero de ajedrez y de quién sea capaz de atisbar con más dominio la correcta secuencia de movimientos. El nombre y color del afinado jugador será suficiente para que sea investido públicamente como “el bueno” o “el malo”.
Una distinción que sólo habría de responder, no a la naturaleza de la negociación como ejercicio legítimo de diálogo democrático donde dos actores con diferencias ideológicas buscan un terreno común dentro del marco de la ley. Sino a con quien. Y aquí es donde, debería existir la matización ética por la que los medios guiasen sus aguijones. Negociar con un igual no plantea el mismo marco moral ni mediático que negociar con quienes han atacado nuestro estado de derecho, han secuestrado nuestras libertades o ha ejercido la violencia. El diálogo con quienes atentan deliberadamente con el chantaje o con las armas, introduce una dimensión ética que lo transforma todo: ya no se trata sólo de alcanzar un acuerdo político, sino de justificar la propia posibilidad del diálogo.
En España, ese dilema se hizo evidente durante el proceso de paz con ETA. La cuestión no era únicamente qué se negociaba, sino con quién. Para parte de la sociedad y de la prensa, dialogar con una organización terrorista suponía reconocerla como interlocutor político, algo moralmente inaceptable. Un proceso de desarme que transcurrió durante décadas por parte de los partidos del ejecutivo y que vino a concluir durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, quien cínica y altaneramente se permitió autodeterminarse como el presidente que acabó con ETA. Siendo aquél pacto, la semilla de poder de los filoterroristas que hoy ocupan sillones y deciden por los españoles, los mismos a los que no les tembló el pulso asesinar.
Sólo en el caso de negociar con quien rompe las reglas del juego, merece ser tildado de verdugo. Y de ahí que quienes hacen mal uso de ello, queden atrapados entre la ética y la eficacia, entre la justicia y la paz. En términos comunicativos, el relato se vuelve moral y el político pasa a ser juzgado no por el resultado de la negociación, sino por el valor simbólico de haberla iniciado. Pero los micrófonos y los teclados mandan a manos de sus dueños quienes, lejos de ser ejemplo ético, malversan titulares más interesados en derribar a líderes políticos del “otro bando” que a ser dignos instrumentos de los procesos.
Cabe preguntarse dónde quedó la responsabilidad de quienes se saben influencia de millones de personas, dónde la libertad de prensa se ha convertido en un artilugio al servicios de estrategias políticas de gobiernos presos de su propio fango. Y dónde los nuevos jueces escriben editoriales en lugar de sentencias…
El desafío actual para el periodismo político es recuperar la legitimidad de la negociación. Contar el acuerdo no como rendición ni como imposición, sino como un ejercicio democrático de inteligencia y responsabilidad para alcanzar una democracia cada vez más madura.
Cristina Peláez: «La ZBE no limpia el aire, ensucia la vida del trabajador».
El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla reclamará en la comisión de fiscalización y control del próximo viernes 15 de noviembre la derogación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), su inmediata suspensión y la anulación de las más de 20 mil sanciones impuestas desde su entrada en vigor en julio de 2024.
En su exposición de motivos, VOX explica que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son el resultado directo de un marco ideológico impuesto desde Bruselas por el bipartidismo y que en España se aplica contra los intereses de los españoles. La Unión Europea, bajo el pretexto de la lucha contra la contaminación, ha convertido sus políticas climáticas en un instrumento de control que impone uniformidad normativa e invade competencias nacionales y locales, imponiendo desde hace años un modelo único y rígido. La Directiva 2008/50/CE, presentada como una simple medida técnica para garantizar la calidad del aire, fue en realidad el primer paso de una agenda climática cada vez más coercitiva, cuyo desarrollo ha derivado en restricciones masivas a la movilidad en toda Europa.
VOX argumenta que, en algunos países como Francia, han empezado a dar marcha atrás, cuestionando abiertamente las imposiciones del fanatismo climático y replanteando una legislación que castiga a las familias y destruye la libertad de movimiento. En España, el gobierno de Pedro Sánchez trasladó fielmente esas exigencias europeas al ordenamiento jurídico, sin matices. La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, aprobada por el Gobierno socialista con la abstención del PP, transformó esa orientación europea en una obligación legal y sancionable para todos los municipios de más de 50.000 habitantes —y para aquellos de más de 20.000 que superen ciertos valores de contaminación—. El Real Decreto 1052/2022 culminó este entramado normativo, obligando a los ayuntamientos a implantar Zonas de Bajas Emisiones siguiendo las directrices impuestas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sin ningún margen para adaptar las medidas a la realidad de sus vecinos.
El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, prosigue que, en lugar de permitir que cada municipio diseñase soluciones adaptadas a su realidad urbana, social y económica, el gobierno impuso un modelo basado en la exclusión de vehículos, afectando sobre todo a las familias con menos recursos. De este modo el coste político, económico y social de una agenda europea mal concebida y peor aplicada ha recaído sobre los vecinos, que sufren las consecuencias de unas normas ideológicas, uniformes y de dudosa eficacia ambiental. El consenso climático de todas las fuerzas políticas salvo VOX, es el origen directo de las Zonas de Bajas Emisiones y de las restricciones que hoy padecen las familias, los trabajadores y los pequeños autónomos.
Para VOX, las ZBE encarecen la vida cotidiana de las familias, dificultan el acceso al trabajo, al colegio o a los servicios sanitarios y castigan de forma desproporcionada a los autónomos y pequeños transportistas que dependen del vehículo privado. La renovación forzosa del parque móvil se ha convertido en un impuesto encubierto, que recae precisamente, sobre quienes menos recursos tienen. Las ZBE se han convertido en un instrumento derivado del fanatismo climático que, lejos de mejorar la calidad del aire, han roto la movilidad urbana y multiplicado la desigualdad entre municipios.
Los efectos más gravosos de las Zonas de Bajas Emisiones son los sancionadores, que han transformado una medida supuestamente ambiental en una máquina de recaudar. Miles de vecinos reciben multas automáticas por circular con vehículos que hasta hace poco podían hacerlo sin problema. Se castiga así a familias trabajadoras, jubilados y pequeños autónomos que no pueden renovar su coche o furgoneta, mientras se beneficia a quien puede permitirse un vehículo nuevo con etiqueta “verde”. Esta política ha fracturado el tejido social urbano, generando una brecha entre quienes pueden pagar por moverse y quienes quedan confinados en sus barrios. Las ZBE no han mejorado el aire, pero sí han agravado la desigualdad y la sensación de abandono de los sectores más humildes, que son multados por necesidad mientras se toleran fuentes mucho más contaminantes.
En la propuesta a debatir en el Ayuntamiento de Sevilla, VOX esgrime que las Zonas de Bajas Emisiones simbolizan hoy el fracaso de una política ambiental desconectada de la realidad. No reducen la contaminación, pero sí limitan la libertad de movimiento y aumentan los costes para quienes menos tienen. Corresponde ahora a los ayuntamientos defender a sus vecinos frente a estas imposiciones que perjudican su vida y su entorno, y reclamar al Estado y a la Unión Europea un modelo conservacionista basado en la libertad, la proporcionalidad y el interés real de las familias y los trabajadores.
Cristina Peláez: «El PSOE preparó el negocio, el PP ejecutó la venta, y Sevilla pierde patrimonio».
La portavoz municipal de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez ha reclamado este viernes que el gobierno municipal de explicaciones por el pelotazo urbanístico del Higuerón del que se benefició un dirigente socialista y por el papel desempeñó en la venta de los terrenos por el gobierno popular.
Peláez, ha manifestado que “el fantasma de la corrupción planea de nuevo sobre el Ayuntamiento de Sevilla, con los mimos ingredientes de siempre: dirigentes socialistas, sus esposas y algún funcionario afín”.
“Hoy nos desayunamos en la prensa con los 2,2 millones de euros que se embolsaron en menos de una semana un dirigente socialista, Rafael Pineda, su señora, y algún socio por la venta de una parcela municipal que compraron por un precio menor al de mercado. También hemos sabido que un funcionario de Emvisesa recibió más de 78.000 euros de la empresa de la mujer de Pineda. El negocio fue redondo y la pregunta que salta a la vista muy clara. ¿Por qué necesitaba vender Emvisesa una parcela que le estaba rentando un canon mensual?
La portavoz municipal de VOX ha recordado que “la empresa pública de vivienda le otorgó a la mujer de Pineda una concesión administrativa de una parcela en el Higuerón por 50 años en 2016, en pleno gobierno socialista. Con un canon de concesión irrisorio en comparación con la renta que ella percibía por su alquiler a terceros. Después, en el 2022, saca Emvisesa la parcela a venta, pero no licita nadie porque ¿quién va a querer comprar una parcela que tiene una concesión administrativa por 50 años de los que sólo se han consumido 6? Y en el 2024, ya con gobierno del PP, vuelven a sacar la parcela a licitación, a un precio menor, sin que licite nadie, a excepción de la propia esposa del socialista Pineda que, al consolidar la titularidad de la concesión administrativa y de la parcela, puede vender como libre de carga el terreno, dando un pelotazo de los que hacen historia”.
Cristina Peláez ha apostillado que “tenemos sobre la mesa todos los ingredientes de un caso de corrupción socialista que termina materializando el PP, sin que probablemente el propio gobierno del PP lo supiera, ya veremos. Por eso es importante que el alcalde explique por qué su gobierno vendió una parcela de la que el Ayuntamiento estaba obteniendo beneficios y si tuvo conocimiento de esa operación. Sevilla no puede seguir ni un minuto más siendo el gran negocio de los socialistas, ni las empresas municipales la agencia de colocación de sus mujeres, maridos o familiares. Exigimos limpieza, claridad y responsabilidad”.
José Márquez denuncia la falta de compromiso municipal con la inclusión.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Coria del Río, José Márquez, denuncia que “el gobierno local nacionalista ha votado en contra de nuestra Moción para la creación de una Escuela Municipal de Deporte Adaptado. Dicen que Dicen que «las personas con movilidad reducida pueden acudir a cualquier piscina municipal, pabellón, escuela de fútbol a practicar deporte sin necesidad de monitores especiales ni escuelas específicas para ello.» Este es el respeto que tienen por nuestros vecinos y el conocimiento que tienen de la realidad.
Márquez explica que “elaboramos la Moción con el propósito de instar al equipo de gobierno a que se impulsen los estudios técnicos necesarios para la creación de una escuela municipal de deporte adaptado. Esta escuela estaría destinada a facilitar el acceso a la práctica deportiva para todas las personas con diversidad funcional, ya sea física, psíquica o sensorial, dentro de un entorno inclusivo y adaptado a sus necesidades específicas. Con esta medida, se pretende asegurar que todas las personas puedan participar de manera activa en la vida deportiva del municipio.”
“Además, hemos propuesto crear una Mesa de Trabajo para la diversidad funcional. En este órgano, participarían representantes de los clubes deportivos locales, asociaciones de personas con diversidad, los diferentes grupos municipales del ayuntamiento de Coria del Rio y federaciones especializadas, el objetivo de esta mesa es fomentar la colaboración garantizando que las decisiones se tomen de manera consensuada y que la oferta deportiva se ajuste a las necesidades reales de la población”, puntualiza el portavoz.
Desde VOX se alude “al derecho de los vecinos a participar en la gestión municipal, especialmente en actividades sociales y culturales” y se señala “la competencia del municipio para promover actividades y prestar servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal. “
“Pero los miembros del gobierno municipal viven en su burbuja, alejados de la realidad, sin mirar por el bien de los corianos. No obstante, en VOX no vamos a callarnos ni a conformarnos, ni tampoco vamos a rendirnos. Ante este sectarismo, defendemos que hay alternativa y vamos a seguir luchando por lo que es bueno y justo para Coria”, concluye José Márquez.