Francisco González denuncia un «cordón antidemocrático» contra VOX.
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat ha denunciado formalmente la exclusión de su formación en un debate organizado por la entidad L’H Espai de Debat. La asociación ha decidido invitar a todas las fuerzas políticas en el consistorio y vetar únicamente a VOX, un hecho que la formación considera especialmente grave dado que la entidad ha recibido decenas de miles de euros de dinero público para su funcionamiento.
Francisco González, portavoz de VOX en el Ayuntamiento de l’Hospitalet, ha expresado su indignación ante este uso partidista de los recursos comunes. El portavoz ha puntualizado que el principio de que «cada uno en su casa invita a quien considere oportuno» no puede aplicarse «cuando durante años se ha cobrado dinero público, es decir, de todos los vecinos de Hospitalet, incluido los votantes de VOX». En este sentido, ha remarcado que los ciudadanos que apoyan a su formación también contribuyen con sus impuestos a sufragar este tipo de entidades que ahora pretenden silenciar su voz institucional.
Por otra parte, González ha señalado la connivencia del resto de partidos, desde la extrema izquierda al Partido Popular, al sumarse a este cordón antidemocrático contra la que, a día de hoy, es cuarta fuerza en el consistorio. «Esto pone de manifiesto que VOX es la única alternativa a un sistema fallido del que participan todos los demás partidos políticos y que ha llevado a Hospitalet a un callejón sin salida», ha declarado el portavoz.
Finalmente, González ha restado eficacia a esta maniobra de exclusión, dejando claro que «ese boicot es estéril porque VOX está presente en todos los barrios y cada día tiene más apoyo de los vecinos», y ha destacado que el avance de su formación no depende de la participación en foros sesgados que ignoran la pluralidad democrática de la ciudad, reafirmando que su compromiso con la realidad social de l’Hospitalet se mantiene firme a pesar de los intentos de invisibilización.
Javier Jové: «La elección de colegio no puede ser una lotería»
La Comisión de Educación de la Junta General ha aprobado la iniciativa presentada por VOX para eliminar la división por zonas en la elección de centro escolar e implantar el distrito único en Asturias, una medida que la formación considera “fundamental para garantizar la libertad educativa de las familias”.
El diputado de VOX Javier Jové ha defendido la propuesta asegurando que el objetivo “es dar autonomía y empoderar a las familias para que sean ellas quienes decidan la educación de sus hijos al darles la posibilidad de elegir el colegio donde estudiarán”.
Durante su intervención, Jové ha criticado el actual sistema de admisión en Asturias, al que ha definido como “una lotería de Navidad” donde “los niños son tratados como mercancía y enviados a centros sin apenas margen de decisión para los padres, sometidos a los distritos escolares existentes”.
Desde VOX recuerdan que la libertad de elección educativa está reconocida tanto en el artículo 27 de la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y consideran que el actual modelo impuesto por el Principado “restringe de facto ese derecho”.
Con la implantación del distrito único, las familias podrán optar libremente por aquellos centros “que se ajusten más a sus necesidades, valores o proyecto educativo”, ya sea “por su ideario, por criterios académicos o por cualquier otro aspecto que consideren oportuno”.
David Muñoz: «1.900 MENAs costarán casi 150 millones € al año»
El portavoz adjunto de VOX en las Cortes Valencianas, David Muñoz, ha denunciado el impacto económico y social derivado de la gestión de los menores extranjeros no acompañados (MENAs) en la Comunidad Valenciana.
Durante su intervención parlamentaria, Muñoz se ha dirigido a la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, para preguntar por las medidas adoptadas para reforzar la seguridad de los trabajadores de los centros de acogida.
El dirigente ha subrayado la preocupación de su formación por la seguridad tanto de los profesionales como de los vecinos, insistiendo en la necesidad de adoptar medidas específicas mientras estos menores permanezcan bajo tutela de la Generalitat.
Asimismo, ha criticado la previsión del Gobierno central de trasladar a la Comunidad Valenciana más de 1.900 menores, lo que, según ha indicado, supondría un coste anual superior a los 148 millones de euros. En este sentido, ha comparado esta cifra con otras inversiones posibles en servicios públicos.
Muñoz también ha hecho referencia al coste medio por menor, señalando que asciende a más de 6.500 euros mensuales, y ha cuestionado la gestión de los recursos públicos en este ámbito.
Finalmente, el portavoz adjunto ha reiterado la posición de VOX en materia de inmigración y ha defendido la necesidad de priorizar la seguridad y la atención a las necesidades de los ciudadanos.
Garriga: «Los vecinos sufren lo que otros intentan negar»
El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha denunciado desde el barrio de San Ildefonso, en Cornellà de Llobregat, “el silencio del Govern de la Generalitat y del Gobierno de España” ante “la escalada criminal” que, según ha afirmado, sufren muchos barrios de Cataluña y del conjunto de España.
Durante las declaraciones a medios, Garriga ha asegurado que “intentan ocultar los datos y las consecuencias de la inmigración masiva”, aunque ha afirmado que “los vecinos conocen perfectamente la realidad que padecen en sus barrios”. En este sentido, ha señalado que VOX está recorriendo “barrio a barrio y ciudad a ciudad” recopilando testimonios y obteniendo “datos oficiales que se esfuerzan mucho en ocultar”.
El secretario general de VOX ha criticado las declaraciones de la consejera de Interior sobre la evolución de la criminalidad en Cataluña, asegurando que “miente y lo sabe” al hablar de una tendencia descendente de los homicidios. Según Garriga, “los homicidios dolosos y los intentos de asesinato han aumentado más de un 110% en los últimos años en Cataluña”, citando datos del Ministerio del Interior.
Asimismo, ha acusado al Gobierno central de “decretar el silencio oficial” sobre el proceso de regularización masiva de inmigrantes y ha criticado la “falta de transparencia” del Ejecutivo. En este contexto, ha denunciado que el Ayuntamiento de Cornellà, gobernado por el Partido Socialista, negó inicialmente información solicitada por los concejales de VOX sobre okupación ilegal, unos datos que finalmente fueron obtenidos a través de la Generalitat mediante un recurso de amparo.
Según ha explicado, esos datos oficiales reflejan que “el 66,7% de todos los allanamientos y usurpaciones de vivienda en Cornellà de Llobregat son cometidos por personas de nacionalidad extranjera”. “Esto no lo reconocerá ningún político ni lo verán en muchos medios de comunicación, pero los vecinos lo sufren en sus carnes”, ha afirmado.
Ante esta situación, Garriga ha puesto en valor el principio de “prioridad nacional” impulsado por su formación en acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón. “Los españoles primero para acceder a una vivienda protegida, para acceder a ayudas sociales y para las becas comedor. Los españoles primero en todas las políticas públicas”, ha asegurado.
Por todo ello, ha afirmado que VOX trabajará “para recuperar los barrios, devolver la seguridad y garantizar el acceso a la vivienda a quienes lo merecen y necesitan, que no es otro que el pueblo español”.
Por último, Ignacio Garriga ha anunciado que VOX liderará “una ofensiva en toda Cataluña” para dar a conocer datos sobre okupación, violaciones y delincuencia en distintos municipios. “Queremos que los catalanes sepan quién roba, quién viola y quién okupa, y también quiénes son los responsables esta situación: el Partido Socialista, ERC, Junts, Comuns y el Partido Popular”, ha acabado.
Emilio Jiménez: «52% de IRPF y millones enviados fuera de Navarra»
El portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha acusado al Gobierno de María Chivite de priorizar el envío de millones de euros a países extranjeros en lugar de aliviar la elevada presión fiscal sobre los navarros y resolver los problemas internos, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo en el Parlamento foral.
En su intervención, Jiménez ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo foral de María Chivite, al que ha acusado de priorizar ayudas millonarias a países en desarrollo mientras recorta en servicios esenciales en Navarra y mantiene una elevada presión fiscal sobre los contribuyentes navarros.
“En plena crisis de vivienda, de sanidad colapsada y de familias que aprietan el cinturón, este Ejecutivo acaba de aprobar resoluciones para mandar millones de euros a países lejanos mientras aquí se recorta en lo esencial”, ha señalado el parlamentario.
Ha puesto como ejemplos concretos el envío de 600.000 euros a El Salvador, casi 590.000 euros a Ruanda, miles de euros para la compra de un autobús en Camerún y 600.000 euros para la salud sexual y reproductiva en Nicaragua. Jiménez ha contrapuesto estos gastos con las dificultades internas: “Mientras los navarros pagan impuestos para llegar a duras penas a fin de mes, el Gobierno gasta 600.000 euros en El Salvador. Mientras las familias ven cómo sube la luz, la cesta de la compra y el alquiler, el Gobierno gasta casi 590.000 euros en Ruanda. Mientras nuestros discapacitados sufren recortes en el transporte, usted se gasta miles de euros de todos para comprar un autobús a Camerún. Mientras se disparan las agresiones sexuales en Navarra y las mujeres están más desprotegidas que nunca, usted reparte 600.000 para la salud sexual y reproductiva en Nicaragua”.
El portavoz de VOX ha calificado estas decisiones de “desprecio puro y duro” y ha afirmado que “este Ejecutivo odia a los navarros y a los españoles”.
En el apartado fiscal, Jiménez ha recordado que Navarra soporta una de las presiones tributarias más altas de España, con un tipo máximo de IRPF del 52% —el segundo más elevado del país— y que la Hacienda Foral cerró 2025 con una recaudación récord de más de 5.800 millones de euros. “Un tercio del salario de un navarro se lo quitan de la nómina, y prácticamente un 60% si le sumas los impuestos indirectos que acaba pagando al mes. ¡Nunca se había recaudado tanto! Y, sin embargo, siguen exprimiéndonos como naranjas”, ha denunciado.
Según el parlamentario, el Gobierno prefiere “financiar su agenda globalista antes que resolver los problemas reales de nuestra tierra” y es “cómplice activo de la invasión migratoria y la sustitución demográfica que colapsa nuestros servicios, nuestros colegios y nuestra identidad”.
Jiménez ha concluido su intervención con un mensaje directo a la presidenta Chivite: “Señora Chivite, los navarros no somos cajeros automáticos de su ideología. Estamos hartos de pagar para que otros vivan mejor mientras aquí se recorta en lo esencial”.
La pregunta de VOX se enmarca en el debate recurrente sobre la fiscalidad foral y el destino de los recursos públicos, en un contexto en el que la Hacienda Foral ha registrado cifras históricas de recaudación en 2025 y el Gobierno mantiene convocatorias de cooperación internacional por más de 20 millones de euros para 2026.
La supervivencia sanitaria de Montero.
Por Keka Alcaide.
María Jesús Montero se ha lanzado a la campaña andaluza convertida en la gran defensora de la sanidad pública. Ella, la misma que promete acabar con las listas de espera, contratar 18.000 sanitarios, garantizar cita médica en 48 horas, mejorar salarios del SAS e inyectar miles de millones adicionales al sistema sanitario andaluz. Escucharla estos días podría hacer pensar que acaba de descubrir el deterioro que sufre la sanidad en Andalucía. El problema para su relato es que ella misma dirigió la Consejería de Salud entre 2004 y 2013, precisamente en los años en los que comenzaron muchos de los problemas que hoy denuncia con tanta indignación.
Porque la hemeroteca existe y también la memoria de miles de pacientes, médicos, enfermeros y trabajadores sanitarios que vivieron aquellos años de recortes, saturación y precariedad dentro del SAS.
Durante la etapa de Montero como consejera coincidieron la crisis económica de 2008 y las políticas de ajuste que golpearon de lleno al sistema sanitario andaluz. Fue entonces cuando empezaron a multiplicarse las denuncias por falta de personal, cuando crecieron las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas y cuando los sindicatos sanitarios comenzaron a alertar del deterioro progresivo de la Atención Primaria y de las condiciones laborales.
En aquellos años, Andalucía se situaba entre las comunidades con menor gasto sanitario por habitante respecto a la media nacional. Se congelaron contrataciones, se limitaron sustituciones y se redujo la capacidad operativa en numerosos centros sanitarios. Los cierres de camas hospitalarias durante periodos vacacionales se convirtieron en motivo recurrente de protestas. También crecieron los contratos temporales y la sensación de agotamiento entre los profesionales del SAS.
Las organizaciones médicas acusaban entonces a la Junta de priorizar criterios económicos y burocráticos por encima de las necesidades asistenciales. Y mientras los sanitarios protestaban por la sobrecarga y la falta de recursos, Montero defendía públicamente aquellas medidas como inevitables para sostener el sistema durante la crisis.
Hoy, sin embargo, la “salvadora” de los andaluces entona un discurso bien distinto, con la pretensión de sacudirse aquel barro y esquivar este lodo. Montero acusa al gobierno andaluz de debilitar la sanidad pública y de empujar hacia la privatización del sistema. Habla de abandono sanitario y de deterioro estructural, que si bien es cierto que existe, también lo es que esto no ha comenzado hace apenas unos años.
Si la misma dirigente que ahora promete resolver el colapso sanitario fue una de las responsables del sistema cuando ese deterioro empezó a hacerse visible, nos damos de bruces con una contradicción política de órdago, que tiene su origen en una estrategia con una lectura psicológica más que evidente.
Es de sobra conocido el mecanismo humano que consiste en atacar antes de ser atacado. Cuando una figura pública teme quedar asociada a un problema, desplaza el foco hacia otro culpable, de manera que, si consigue monopolizar la acusación, acaba reduciendo su propia vulnerabilidad. Y aquí está la clave de Montero. Al convertir la crítica en eje de campaña, intenta borrar del debate su propia responsabilidad política sobre la evolución del SAS durante casi una década.
El filósofo Friedrich Nietzsche describía cómo el ser humano intenta preservar la autoridad evitando cualquier imagen de fracaso. Llevado a la política, ese impulso se traduce en una obsesión permanente por controlar el relato y evitar aparecer como responsable de los errores del pasado.
Por eso Montero eleva el tono, dramatiza el deterioro sanitario actual y se presenta como la redentora de un sistema que ella misma gestionó durante años críticos, en un intento de convencer y confundir a los andaluces haciéndoles creer que representa la solución y no parte del origen del problema.
Pero la contradicción sigue ahí. Incómoda. Persistente. Difícil de esconder. Porque las listas de espera, la precariedad laboral y el malestar sanitario no aparecieron de repente. El pueblo andaluz es noble y olvidadizo, pero no lo suficiente como para que le salgan las cuentas a la candidata.
Quizá por eso su campaña “sanitaria”, más que una campaña de reconstrucción, parece un ejercicio de supervivencia política.
Javier Cortés estalla en Dos Hermanas: «Aquí manda el carnet»
El cabeza de lista de VOX por la provincia de Sevilla a las elecciones andaluzas,, Javier Cortés, ha intervenido en Dos Hermanas, donde ha criticado la gestión política del municipio tras décadas de gobierno socialista.
Durante su intervención, Cortés ha señalado que la ciudad constituye un ejemplo de las consecuencias de una prolongada gestión política, apuntando a problemas relacionados con el acceso al empleo público y la actividad económica local.
El dirigente ha cuestionado el funcionamiento de las instituciones municipales, señalando que, a su juicio, existen dinámicas que dificultan el desarrollo de autónomos y pequeñas empresas. Asimismo, ha criticado la situación política general, afirmando que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español mantienen políticas similares en distintos ámbitos.
En su intervención, también ha hecho referencia a casos judiciales en curso, señalando la implicación de su formación en acciones legales relacionadas con presuntos casos de corrupción.
Finalmente, Cortés ha asegurado que VOX continuará trabajando para fiscalizar la gestión pública y ha reiterado su compromiso de seguir defendiendo sus posiciones en el ámbito político e institucional.