Javier Alonso Coronel será nuevo senador de VOX por Aragón.
El abogado Javier Alonso Coronel será designado nuevo senador de VOX por la comunidad autónoma de Aragón, en virtud del acuerdo alcanzado entre VOX y el Partido Popular en las Cortes autonómicas.
Este pacto de gobierno contemplaba el respaldo de ambas formaciones al candidato propuesto por VOX para la Cámara Alta. Como consecuencia de esta designación, Alonso dejará su acta como diputado autonómico en las Cortes de Aragón.
Con más de 20 años de trayectoria profesional, Alonso Coronel está especializado en derecho civil, mercantil y económico penal. Fue elegido diputado por Zaragoza en las últimas elecciones autonómicas celebradas el pasado 8 de febrero.
Tras conocerse su designación, el nuevo senador ha agradecido la confianza depositada en su persona y ha manifestado su intención de continuar defendiendo en el Senado “políticas de sentido común”, destacando el crecimiento del apoyo a su formación en Aragón.
Asimismo, Alonso ha subrayado el papel de VOX en la Cámara Alta, señalando que su formación ha defendido iniciativas como la ilegalización de EH Bildu, en referencia a su posicionamiento respecto a esta formación política.
Isabel Madera: «El precio de la VPO lo fija la Junta de Andalucía»
Isabel Madera, la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Bormujos ha afirmado recientemente que “no tiene competencias legales para fijar el precio de las viviendas de protección oficial (VPO) que actualmente se están promoviendo en el municipio, ya que esa potestad corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía conforme a la normativa autonómica vigente”. Lo que sí es competencia directa de la delegación de Urbanismo, es el tipo de régimen a aplicar en las construcciones de los terrenos propiedad del ayuntamiento. Y éso es precisamente lo que ha llevado a cabo Madera, licitando los únicos dos terrenos disponibles propiedad del ayuntamiento para la construcción de Vivienda Protegida en régimen especial, el más económico de los tres posibles.
La legislación andaluza en materia de vivienda protegida establece que es la administración autonómica la encargada de determinar los módulos económicos, coeficientes territoriales y precios máximos de venta y alquiler aplicables a las promociones de VPO en toda la comunidad.
En la práctica, el sistema funciona mediante un módulo básico autonómico fijado actualmente en 920,29 euros por metro cuadrado útil, al que se aplican distintos coeficientes en función del municipio y del régimen de protección de cada promoción.
En el área metropolitana de Sevilla, donde se encuentra Bormujos, el coeficiente territorial alcanza el 1,45 debido a la presión inmobiliaria existente en la zona. A ello se suman los coeficientes específicos según el tipo de vivienda protegida: 1,5 para régimen especial, 1,7 para régimen general y hasta 2 para régimen limitado.
Esto implica que una promoción de régimen limitado puede situarse legalmente por encima de los 2.600 euros por metro cuadrado útil, mientras que una vivienda de régimen general ronda los 2.270 euros por metro útil.
“Hay que saber que estos importes vienen fijados por la Junta de Andalucía y no pueden ser modificados por responsables municipales” ha afirmado Madera.
Actualmente, Bormujos cuenta con varias promociones de vivienda protegida en distintas fases de desarrollo y comercialización.
A fecha de hoy, un total de 167 viviendas entre las que figura Aires del Aljarafe, una promoción de 72 viviendas en régimen limitado que ya se encuentra al “100% vendida”, así como el Edificio Las Portadas, también de régimen limitado y actualmente con un 65% de las 31 viviendas vendidas. A estas promociones se suman varios proyectos aún en fase de licitación, como son Bormujos Village, con 36 viviendas régimen especial, Edificio Vortex, con 12 viviendas también de régimen especial y la promoción frente Megaocio, con 16 viviendas previstas en régimen general.
“Como delegada puedo intervenir en cuestiones relacionadas con la planificación urbanística, la gestión del suelo, la concesión de licencias y la tramitación administrativa de las promociones, pero carece de capacidad legal para establecer el precio máximo de las viviendas protegidas.
El debate sobre el coste de la vivienda protegida se ha intensificado en Andalucía tras la actualización de módulos aprobada por el Gobierno andaluz, especialmente en municipios del entorno metropolitano de Sevilla donde algunas promociones protegidas superan ampliamente los 250.000 euros. En ese contexto, expertos en derecho urbanístico recuerdan que la fijación de precios “no depende de decisiones municipales”, sino del marco regulatorio autonómico actualmente vigente.
Buxadé: «Esto no es solo España, es toda Europa en riesgo»
El eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, ha denunciado en el Parlamento Europeo que el decreto de regularización impulsado por el Gobierno de España supone una amenaza para la seguridad y la estabilidad tanto nacional como europea.
Durante su intervención en la Comisión de Peticiones, Buxadé ha respaldado la iniciativa presentada por ciudadanos españoles contra esta norma, solicitando que se mantenga abierta su tramitación. Según ha señalado, la medida podría ser incompatible con el Convenio de Schengen, al permitir la regularización de personas sin cumplir los requisitos establecidos para el acceso y permanencia en el espacio común.
El eurodiputado ha advertido de que esta política migratoria puede tener consecuencias más allá de España, al permitir la libre circulación dentro del espacio Schengen. En este sentido, ha afirmado que la decisión “afecta a la seguridad, la estabilidad económica y la integridad del sistema europeo de fronteras”.
Asimismo, Buxadé ha criticado que el proceso de regularización se base en informes de vulnerabilidad elaborados por organizaciones financiadas con fondos públicos, y ha cuestionado el impacto de estas medidas en el mercado laboral y en el acceso a la vivienda.
VOX ha reiterado que está llevando a cabo una estrategia coordinada en distintas instituciones —nacionales y europeas— para oponerse a esta iniciativa. Entre sus propuestas, la formación defiende la derogación del decreto, la aplicación estricta del marco legal europeo en materia de fronteras y la repatriación de inmigrantes en situación irregular.
Gómez Molina: «No solucionan problemas, los trasladan fuera»
El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de El Álamo ha criticado la gestión del equipo de Gobierno en materia de contratación y urbanismo, denunciando una falta de planificación que, a su juicio, está derivando en la externalización de servicios esenciales.
El portavoz de la formación, Antonio Gómez Molina, ha señalado que la aplicación de encomiendas de gestión no estaría justificada según la Ley 40/2015, al no acreditarse ni una mejora en la eficacia ni la falta de medios propios. “Lo que vemos es una falta de planificación que se intenta resolver con soluciones externas”, ha afirmado.
En materia de contratación, VOX ha advertido de que se pretende delegar funciones en un técnico que ya presta servicios en varios ayuntamientos, lo que, según la formación, dificultaría garantizar una gestión eficaz. Gómez Molina ha indicado que el problema no radicaría en la carga de trabajo, sino en la organización interna del consistorio.
En relación con el área de urbanismo, VOX ha calificado la situación como un ejemplo de “improvisación”, recordando que ya había alertado previamente de posibles deficiencias en la planificación del servicio. La formación considera que la externalización no soluciona los problemas estructurales, sino que los desplaza fuera de la administración local.
Asimismo, el portavoz ha subrayado que el urbanismo requiere una gestión directa, con presencia y coordinación continua, advirtiendo de los riesgos de depender de personal con disponibilidad limitada.
Desde VOX se concluye que estas decisiones pueden incrementar la dependencia de terceros para la prestación de servicios clave y dificultar tanto la planificación administrativa como la tramitación de expedientes.
Carmen Rouco, nueva vicepresidenta primera del Parlamento aragonés.
La diputada de VOX, Carmen Rouco, será la nueva vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón. Una decisión que llega en virtud del Acuerdo de Gobierno entre VOX y PP anunciado el pasado 22 de abril, en el cual ambos grupos parlamentarios se comprometían a respaldar a la candidatura planteada por VOX para la vicepresidencia de la Mesa del parlamento autonómico.
Carmen Rouco es funcionaria de carrera de la Administración de Justicia desde 1984, habiendo desarrollado su actividad profesional en Lérida, Ejea de los Caballeros y Zaragoza. De 2019 a 2023 fue la portavoz adjunta del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde mayo de 2023, es diputada de VOX en las Cortes de Aragón, desempeñando las funciones de portavoz de Fomento y Vivienda. Durante las últimas semanas, ha sido la portavoz adjunta del grupo parlamentario.
Por su parte, Santiago Morón es el nuevo portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, unas funciones que ya desempeñó en la X Legislatura, así como en la XI Legislatura durante el periodo en el que VOX formaba parte del Gobierno de Aragón (hasta julio de 2024). Asimismo, es el presidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX Zaragoza.
Santiago Morón es doctor en Medicina y Cirugía, y especialista en medicina de familia. Ha ejercido la medicina durante más de 20 años de su trayectoria profesional. Alejandro Nolasco deja de ser el portavoz del grupo parlamentario, tras haber tomado posesión el lunes pasado como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.
Marcos Rodríguez: «Basta de dar la espalda a las familias de Sant Cugat»
El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha reclamado la aplicación de criterios de prioridad nacional y arraigo local en la adjudicación de las futuras promociones de vivienda protegida previstas en los barrios de Can Ametller y Can Vasconcel.
La formación considera que los recursos públicos y el suelo municipal deben destinarse de manera prioritaria a los vecinos del municipio, especialmente a aquellos que llevan años contribuyendo al desarrollo de la comunidad. En este sentido, VOX denuncia que las actuales políticas de vivienda no están respondiendo a las necesidades de las familias trabajadoras, muchas de las cuales —según señalan— se ven desplazadas por la falta de acceso a vivienda asequible.
El portavoz municipal, Marcos Rodríguez, ha defendido que los nuevos desarrollos urbanísticos deben suponer una oportunidad real para los jóvenes y familias de Sant Cugat. “Las viviendas protegidas deben responder a una lógica de justicia social y sentido común, priorizando a quienes forman parte del municipio”, ha señalado.
VOX insiste en que la adjudicación de estas viviendas debe basarse en criterios claros de arraigo, evitando —según su posicionamiento— que los recursos públicos se distribuyan sin tener en cuenta la vinculación con la localidad.
La formación ha reafirmado su compromiso con la defensa del tejido social local, la gestión responsable de los recursos públicos y la protección del acceso a la vivienda para los residentes del municipio, asegurando que seguirá impulsando estas medidas en el ámbito municipal.
Jesús Albiol: «PSOE y Compromís votan contra los trabajadores»
El Grupo Parlamentario de VOX en las Cortes Valencianas ha criticado el voto en contra de PSPV-PSOE y Compromís a la Proposición No de Ley (PNL) presentada para apoyar a la industria cerámica de Castellón.
La iniciativa planteaba, entre otras medidas, la revisión del recorte del 34% en las asignaciones de derechos de emisión de CO₂ establecidas por la Unión Europea, que, según VOX, supone un sobrecoste aproximado de 180 millones de euros anuales para el sector.
Asimismo, la propuesta incluía la puesta en marcha de un plan nacional de choque que contemplaba la reducción del IVA de la electricidad al 4% y la eliminación de determinados impuestos energéticos, como el de hidrocarburos y el impuesto eléctrico, con el objetivo de aliviar la presión sobre la industria.
Desde VOX se subraya que el sector cerámico de Castellón constituye uno de los pilares del tejido productivo español y valenciano, con una facturación superior a los 4.800 millones de euros y cerca de 15.900 empleos directos. Además, concentra el 94% de la producción nacional, lo que refuerza su carácter estratégico.
La formación considera que las actuales políticas europeas en materia de emisiones están generando una situación de especial dificultad para este sector, al incrementar los costes de producción y afectar a su competitividad. En este sentido, VOX defiende la necesidad de revisar estas medidas y adoptar políticas que garanticen la viabilidad de la industria y el mantenimiento del empleo.
Fernández Calle: «Quieren apagar España, pero no les vamos a dejar»
VOX ha destacado el respaldo del Parlamento Europeo a la continuidad de la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz tras la aprobación del informe posterior a la misión en Extremadura impulsada por la formación.
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha señalado desde Bruselas que este pronunciamiento “da la razón” a quienes defienden el mantenimiento de la planta, subrayando que “Almaraz es imprescindible para España” y que debe continuar operando más allá de 2040.
Desde VOX se ha insistido en la necesidad de paralizar cualquier intento de cierre de la central, considerando que responde a criterios ideológicos y no técnicos. Asimismo, la formación ha advertido de los riesgos que podría suponer su clausura, entre ellos posibles problemas de suministro eléctrico y una mayor dependencia energética del exterior.
En este contexto, las enmiendas impulsadas por VOX y aprobadas en el Parlamento Europeo recogen diversas propuestas, entre ellas la paralización del cierre de centrales nucleares, la extensión de la vida útil de Almaraz al menos hasta 2040 y la defensa de la energía nuclear como fuente clave dentro del sistema energético.
Además, se plantea la necesidad de investigar el impacto del actual modelo energético, así como revisar los criterios que podrían estar condicionando decisiones estratégicas en materia de energía. También se advierte del impacto económico y social que tendría el cierre de la central, especialmente en el empleo y en el entorno rural de Extremadura.
VOX ha reiterado su apuesta por una política energética basada en la soberanía, la estabilidad del suministro y la neutralidad tecnológica, defendiendo el papel de la energía nuclear como elemento esencial para el desarrollo económico y la seguridad energética de España.