Actualidad Política

3 de octubre de 2026

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El portavoz nacional de VOX, José Antonio Fúster, ha reclamado al Partido Popular que apoye la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la aplicación de la denominada ‘Ley de Nietos’ y sus posibles efectos sobre el censo electoral de españoles residentes en el extranjero.

La formación quiere que la Cámara Alta investigue las decisiones administrativas adoptadas, quién redactó las instrucciones aplicadas, qué informes jurídicos existían y qué advertencias recibió el Gobierno durante el procedimiento.

VOX también plantea aclarar cuántas nacionalidades se han concedido mediante esta vía y qué repercusión han tenido sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El Senado ya tiene registradas preguntas relacionadas con el número de personas incorporadas al CERA mediante la denominada Ley de Nietos, el total de expedientes tramitados y las previsiones de crecimiento del censo exterior.

Fúster pide al PP que permita investigar en el Senado

José Antonio Fúster sostiene que una comisión de investigación permitiría acceder a documentación y llamar a comparecer a responsables políticos y administrativos para esclarecer cómo se aplicaron las instrucciones relacionadas con la adquisición de nacionalidad.

“Estamos hablando de la nacionalidad española, estamos hablando del censo electoral y estamos hablando, en último término, de quién puede decidir el Gobierno de España”, ha señalado.

El dirigente de VOX ha valorado además las medidas cautelares adoptadas en relación con esta cuestión como una “victoria provisional” de su formación.

“No confundamos una batalla ganada con una guerra terminada. VOX va a seguir hasta el final”, ha advertido.

VOX ya había trasladado al Senado y a otras instituciones sus críticas sobre la denominada Ley de Nietos y sus posibles efectos sobre el censo electoral.

VOX pone el foco en las nacionalidades y el CERA

Fúster ha insistido en que su formación quiere separar el efecto electoral inmediato de la cuestión de fondo relativa a las concesiones de nacionalidad.

El portavoz sostiene que debe investigarse si se produjeron concesiones irregulares y, en su caso, determinar su alcance y las responsabilidades correspondientes. No se trata de una irregularidad acreditada en la información disponible, sino de una de las cuestiones que VOX pretende esclarecer mediante la comisión.

“La nacionalidad española no puede convertirse en una herramienta electoral”, ha afirmado Fúster.

Fúster vuelve a cargar contra el Gobierno por Ceuta

El portavoz nacional de VOX también ha dedicado parte de su intervención a la situación de Ceuta y ha responsabilizado políticamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de lo ocurrido en la ciudad autónoma.

“Los ceutíes están sufriendo las consecuencias de una invasión que el Gobierno de España consintió”, ha afirmado Fúster, utilizando la caracterización que VOX viene manteniendo sobre los acontecimientos registrados en Ceuta.

La formación ha trasladado en los últimos días esta misma posición al Senado, donde ha acusado al Ejecutivo de no responder adecuadamente a la situación fronteriza.

Fúster ha recordado igualmente que VOX plantea modificar la Ley Orgánica de Defensa Nacional para ampliar la colaboración de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de inmigración ilegal.

También ha reclamado el cumplimiento de los acuerdos con Marruecos relativos a menores extranjeros no acompañados y ha vuelto a señalar el artículo 102 de la Constitución como una vía que debería estudiarse si las investigaciones judiciales revelan hechos de especial gravedad.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León y procurador por Ávila, José Antonio Palomo, ha reclamado que se estudie la posibilidad de prolongar la futura conexión ferroviaria entre Móstoles y Navalcarnero hasta Sotillo de la Adrada.

VOX ha registrado una Proposición No de Ley para su debate en la Comisión de Movilidad de las Cortes autonómicas con el objetivo de analizar esta extensión y su posible integración en las redes de Cercanías de la Comunidad de Madrid.

La iniciativa surge después de que el Ministerio de Transportes haya puesto en marcha un nuevo estudio de viabilidad sobre la conexión ferroviaria entre Móstoles y Navalcarnero. Según la información trasladada por VOX, el contrato se formalizó en junio de 2026 y contempla un plazo de ejecución de 24 meses.

“Queremos adelantarnos y evitar que Ávila una vez más vuelva a quedarse fuera”, ha señalado Palomo.

VOX pide estudiar trazados, demanda, costes y viabilidad

El procurador ha aclarado que la formación no reclama el inicio inmediato de las obras, sino incorporar esta alternativa al análisis ferroviario que ya está en marcha o, si no fuera posible, elaborar un estudio complementario.

“No estamos pidiendo que mañana comiencen las obras. Pedimos algo mucho más sencillo y responsable: que se estudie, que se analicen trazados, demanda, costes y viabilidad”, ha explicado.

VOX considera que los dos años previstos para estudiar la conexión del suroeste madrileño ofrecen una oportunidad para determinar si resulta viable extenderla hacia la provincia de Ávila.

“Si se vuelve a dibujar el mapa ferroviario del suroeste de Madrid, Ávila tiene que estar presente desde el principio. Tenemos 24 meses y debemos aprovecharlos”, ha defendido Palomo.

Sotillo como punto de conexión para Tiétar y Alberche

La formación plantea que una estación en Sotillo de la Adrada podría servir como punto ferroviario de referencia para buena parte de los valles del Tiétar y del Alberche.

Palomo ha destacado la relación laboral, económica, educativa y social que mantienen con Madrid municipios como Sotillo de la Adrada, Piedralaves, Casillas, Cebreros o El Tiemblo.

A esta vinculación se suman, según VOX, los desplazamientos vinculados al turismo, las segundas residencias y la población estacional.

“Hablamos de movilidad, pero también de empleo, turismo, oportunidades y lucha contra la despoblación”, ha afirmado el procurador.

Para Palomo, la proximidad de estas comarcas con Madrid debe convertirse en una ventaja para el desarrollo económico y demográfico de la provincia.

Ferrocarril, carreteras y peajes

VOX vincula esta propuesta ferroviaria con otras reivindicaciones destinadas a mejorar las comunicaciones de Ávila.

Palomo ha destacado la iniciativa aprobada recientemente en las Cortes sobre la bonificación y eliminación de peajes, así como la propuesta registrada por VOX para reclamar el asfaltado y acondicionamiento de la SG-500 hasta El Espinar.

La formación sostiene que esta carretera presenta un estado deficitario y es utilizada por abulenses que se desplazan hacia la capital evitando las vías de peaje.

“En definitiva, ferrocarril, carreteras y peajes: tres reivindicaciones importantes para mejorar la comunicación de nuestra provincia”, ha resumido.

Palomo critica al PSOE por los peajes

El portavoz adjunto de VOX también ha criticado al Partido Socialista por votar en contra, durante el anterior Pleno, de avanzar en la reivindicación de eliminar los peajes.

“Sus representantes tendrán que explicar a los abulenses por qué dicen defender nuestra provincia y después se niegan a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez las infraestructuras que Ávila necesita”, ha señalado.

VOX asegura que continuará impulsando iniciativas destinadas a mejorar las conexiones ferroviarias y por carretera de la provincia y a desarrollar los compromisos incluidos en su acuerdo de Gobierno.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, Francisco González, ha reclamado que se retire el nuevo recargo municipal sobre el Impuesto de Estancias en Establecimientos Turísticos al considerar que carece de una justificación económica suficiente y penaliza al sector turístico local.

El Grupo Municipal VOX ha presentado alegaciones contra la aprobación provisional de la ordenanza fiscal que regula este recargo y pide que no llegue a aprobarse definitivamente.

La formación sostiene que se trata de una figura tributaria voluntaria para el municipio y cuestiona su necesidad teniendo en cuenta, según expone, que L’Hospitalet presenta resultados presupuestarios positivos y un nivel reducido de endeudamiento.

“El gobierno municipal no busca mejorar los servicios ni financiar los costes del turismo, sino que intenta disfrazar un afán puramente recaudatorio para exprimir aún más la actividad económica local”, ha afirmado Francisco González.

VOX cuestiona el impacto atribuido al turismo

La formación considera que el Ayuntamiento realiza un diagnóstico incompleto al analizar únicamente los costes asociados al turismo y no incorporar los beneficios económicos generados por hoteles y otros establecimientos.

VOX destaca el empleo, la actividad empresarial y los ingresos tributarios directos e indirectos vinculados al sector.

También sostiene que buena parte de la presión puntual sobre determinados servicios municipales procede de la elevada afluencia a los eventos organizados en Fira Barcelona y no necesariamente de quienes pernoctan en los establecimientos de L’Hospitalet.

Francisco González considera además que las cuantías planteadas son desproporcionadas.

“El Ayuntamiento ha decidido exprimir al máximo los límites legales permitidos imponiendo las tasas más altas”, ha denunciado.

El 0,8% del parque residencial

Uno de los principales argumentos utilizados por el Ayuntamiento para defender el recargo está relacionado con la financiación de políticas de vivienda.

VOX rechaza esta vinculación y se remite al propio Plan Local de Vivienda de L’Hospitalet, según el cual las viviendas de uso turístico representan aproximadamente un 0,8% del parque residencial total de la ciudad.

“Utilizar la crisis de la vivienda como excusa para aplicar este nuevo hachazo fiscal es una falacia”, ha asegurado González.

El portavoz considera que ese porcentaje no permite responsabilizar al alojamiento turístico de los principales problemas de acceso a la vivienda que afronta el municipio.

VOX pide retirar la ordenanza

Las alegaciones presentadas solicitan que el Ayuntamiento deje sin efecto la implantación del recargo y no apruebe definitivamente la Ordenanza Fiscal 1.6.

Como alternativa, VOX plantea revisar completamente la propuesta y reducir de manera sustancial las cuantías previstas después de realizar un estudio sobre las necesidades financieras reales del Ayuntamiento.

Francisco González reclama que, antes de imponer nuevos impuestos sobre visitantes y empresas hoteleras, el gobierno municipal mejore la ejecución de las inversiones presupuestadas y demuestre que existe una necesidad objetiva de incrementar los ingresos.

Para VOX, la prioridad debe ser evitar nuevas cargas sobre una actividad económica que genera empleo, inversión e ingresos para L’Hospitalet.

La eurodiputada de VOX Mireia Borrás ha responsabilizado a las políticas ambientales impulsadas por PP y PSOE en la Unión Europea de contribuir al abandono del campo y a la acumulación de combustible vegetal que, según sostiene, agrava el riesgo y la intensidad de los incendios forestales.

Borrás ha intervenido en el Pleno del Parlamento Europeo durante el debate sobre las consecuencias de los grandes incendios registrados este verano y las medidas que deben adoptarse para afrontar futuras campañas.

España se acerca a las 300.000 hectáreas quemadas en 2026. Los datos de EFFIS situaban la superficie afectada en 296.502 hectáreas hasta el 9 de septiembre, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene un visor actualizado con información autonómica y estimaciones del sistema europeo.

Borrás pide cambiar la política de prevención

La eurodiputada ha defendido que los incendios no deben analizarse únicamente cuando aparecen las llamas, sino atendiendo también a la situación previa de los montes y del medio rural.

“La primera lección que deben aprender en Bruselas es que un incendio no comienza cuando vemos las llamas, sino muchos meses antes, cuando un ganadero cierra su explotación y desaparece el rebaño que limpiaba el monte”, ha afirmado.

VOX sostiene que la reducción del pastoreo, la agricultura y determinadas labores forestales provoca una mayor acumulación de biomasa y reduce la capacidad de prevención.

Borrás ya había trasladado este argumento a la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, donde vinculó la pérdida de actividad rural con un mayor riesgo de incendios y reclamó potenciar la gestión preventiva del territorio.

Críticas a la burocracia ambiental

La eurodiputada ha cuestionado especialmente las restricciones que afectan a agricultores y ganaderos para realizar determinados trabajos en el terreno.

“El fuego empieza cuando la regulación climática del bipartidismo prohíbe directamente al agricultor quemar sus rastrojos; cuando sus directivas de hábitats y aves convierten un cortafuegos en año y medio de prohibiciones y papeleos”, ha señalado.

Borrás considera que estas políticas dificultan actuaciones tradicionales de mantenimiento del territorio y reclama simplificar los procedimientos relacionados con la prevención.

La relación entre abandono rural, acumulación de combustible y riesgo de incendios también aparece en análisis recientes sobre incendios extremos, aunque estos estudios señalan una combinación más amplia de factores, entre ellos las condiciones climáticas, la gestión del territorio y la pérdida de usos tradicionales.

VOX pide derogar el Pacto Verde

Borrás ha situado el Pacto Verde Europeo en el centro de sus críticas y ha reclamado su derogación para sustituirlo por políticas que, según VOX, permitan una mayor actividad agrícola, ganadera y forestal.

La eurodiputada acusa a PP y PSOE de haber respaldado en Bruselas normas que considera perjudiciales para quienes gestionan diariamente el territorio.

“Deben abandonarlo, recuperar el sentido común y defender de una vez por todas a nuestra gente del campo”, ha afirmado.

Para VOX, la estrategia frente a los incendios debe reforzar la prevención durante todo el año, facilitar la limpieza y aprovechamiento del monte y favorecer que agricultores, ganaderos y profesionales forestales permanezcan activos en el medio rural.

La diputada nacional de VOX Reyes Romero ha mantenido en Sevilla una reunión con representantes de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), que le han trasladado las principales reivindicaciones del colectivo ante la situación que, según denuncian, atraviesan los centros penitenciarios españoles.

El sindicato reclama la incorporación de alrededor de 3.000 funcionarios, más medios materiales, formación continua en defensa personal y el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad y profesión de riesgo.

En el encuentro participaron el presidente de la ejecutiva nacional de APFP, Gonzalo Arboledas, y el delegado provincial en Sevilla, Andrés Raya.

Hasta 140 internos por funcionario

APFP ha puesto especialmente el foco en la seguridad personal y jurídica de los profesionales que trabajan directamente con la población reclusa.

Según Gonzalo Arboledas, existen situaciones en las que un funcionario llega a tener bajo su responsabilidad entre 120 y 140 internos, una proporción que el sindicato considera incompatible con unas condiciones adecuadas de seguridad.

“Los profesionales penitenciarios están trabajando con inseguridad personal y jurídica”, ha advertido Arboledas, quien considera urgente culminar el reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad.

Entre las propuestas planteadas también se encuentra la formación continua en defensa personal para quienes mantienen contacto directo con los internos y una mejora de los medios disponibles en los centros.

Una brecha salarial de hasta 800 euros

Otro de los asuntos abordados ha sido la diferencia retributiva existente entre funcionarios penitenciarios dependiendo de la comunidad autónoma en la que desarrollan su trabajo.

APFP sostiene que en Cataluña y País Vasco, territorios con las competencias penitenciarias transferidas, existen diferencias salariales de aproximadamente 800 euros respecto a los trabajadores dependientes directamente de la Administración General del Estado.

“Es imprescindible que el salario sea el mismo independientemente de la comunidad que tenga transferidas las competencias”, ha defendido Andrés Raya.

El sindicato reivindica así el principio de “igual trabajo, igual salario” para evitar diferencias territoriales entre trabajadores que realizan funciones equivalentes.

APFP denuncia su exclusión de la Mesa Delegada

Los representantes de APFP también han trasladado a Reyes Romero sus quejas por no contar con representación en la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias.

El sindicato señala que obtuvo un 10,07% de los votos en las elecciones sindicales de 2023 y considera que estos resultados justifican su participación en los órganos de representación institucional.

Reyes Romero respalda el reconocimiento como agentes de la autoridad

Durante la reunión, Reyes Romero ha mostrado su preocupación por la situación trasladada por los representantes de APFP y ha abordado la evolución del reconocimiento legal de los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad.

La diputada nacional de VOX también ha destacado el modelo sindical de APFP y su funcionamiento sin liberados sindicales.

“Siempre me van a tener a su disposición para avanzar en la consecución de un mejor servicio penitenciario”, ha asegurado Romero.

VOX y APFP han centrado así el encuentro en cuatro grandes reivindicaciones: aumentar las plantillas, mejorar la seguridad de los trabajadores, acabar con las diferencias salariales y reforzar la protección jurídica de los funcionarios de prisiones.

La portavoz de VOX en Rivas-Vaciamadrid, Eliana Palacios, ha reclamado la suspensión de las multas vinculadas a las Zonas de Bajas Emisiones y la revisión de los expedientes después de que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid detectara importantes deficiencias en su implantación.

El informe de fiscalización sobre las ZBE madrileñas señala que Rivas no tenía aprobado un proyecto de Zona de Bajas Emisiones ni una ordenanza específica que la regulara. El órgano fiscalizador dio al municipio un tratamiento individualizado precisamente por la ausencia de ese proyecto previo.

VOX considera que estas conclusiones respaldan las advertencias que venía realizando durante el mandato, aunque la Cámara de Cuentas no califica jurídicamente el sistema de Rivas como un “fraude”. Esa expresión forma parte de la valoración política de la formación.

Más de 18.000 sanciones

La fiscalización recoge que Rivas contabilizó 18.047 sanciones en el periodo analizado, por un importe de 3.549.800 euros, de los que se habían recaudado 1.118.348 euros.

“Aída Castillejo las presentó como zonas de bienestar y las convirtió en zonas de bien recaudar”, ha denunciado Eliana Palacios.

La portavoz de VOX sostiene que el Ayuntamiento puso en funcionamiento las cámaras y las restricciones antes de disponer de los instrumentos que posteriormente ha señalado como ausentes la Cámara de Cuentas.

El Ayuntamiento, por su parte, mantiene que las ZBE escolares forman parte de su Plan de Movilidad Escolar Sostenible y Segura y que buscan mejorar la calidad del aire y la seguridad vial alrededor de los centros educativos.

VOX ya pidió paralizar las sanciones

La formación recuerda que llevó al Pleno municipal una iniciativa para paralizar las ZBE que consideraba carentes de cobertura normativa, revisar las multas y reintegrar las cantidades cobradas.

La propia documentación municipal de aquella moción recoge que VOX ya denunciaba que no existía una ordenanza reguladora específica y reclamaba la paralización de las restricciones y sanciones.

Según VOX, IU y PSOE rechazaron aquella propuesta y mantuvieron el sistema sancionador.

“Tuvo la oportunidad de detener este abuso y devolver el dinero, pero eligió proteger su montaje ideológico y seguir castigando a las familias y los trabajadores”, ha afirmado Palacios en referencia al gobierno municipal.

Multas también a vehículos CERO y ECO

VOX cuestiona además el diseño de estas zonas porque las restricciones no se establecen exclusivamente en función del distintivo ambiental del vehículo.

La Cámara de Cuentas señala que el modelo de Rivas no utiliza actualmente el distintivo ambiental de la DGT como uno de sus controles y que sus ZBE se concentran alrededor de centros escolares.

Para Palacios, esta circunstancia refuerza su argumento de que las restricciones tienen un componente recaudatorio y no responden únicamente a criterios de emisiones.

Palacios pide devolver el dinero

VOX reclama ahora la suspensión inmediata de las multas, la revisión de todos los expedientes sancionadores y la devolución de las cantidades que resulten indebidamente cobradas.

También solicita identificar los informes jurídicos que avalaron las sanciones y realizar una auditoría sobre el destino de los fondos europeos utilizados en la implantación de las ZBE.

Palacios sostiene que el informe fiscalizador obliga al Ayuntamiento a dar explicaciones sobre un modelo que generó más de tres millones y medio de euros en sanciones durante el periodo analizado.

“En 2027, dadnos la fuerza necesaria para eliminar estas falsas ZBE”, ha concluido.

El portavoz de VOX en Las Rozas, Miguel Ángel Díez, defenderá en el Pleno municipal una moción destinada a reafirmar la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y otros territorios españoles situados en el norte de África.

La iniciativa menciona expresamente las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla de Perejil y las islas y el peñón de Alhucemas, además de las dos ciudades autónomas.

VOX plantea esta moción después de las declaraciones que atribuye a miembros del Gobierno de Marruecos reivindicando supuestos “derechos históricos y geográficos” sobre Ceuta y Melilla.

Miguel Ángel Díez reclama firmeza ante Marruecos

El portavoz municipal considera incompatible mantener una relación de amistad y cooperación con un país que, al mismo tiempo, formula reivindicaciones sobre territorio español.

“Nuestro país no puede aceptar como normal que un Estado que se presenta como amigo, vecino y socio estratégico reivindique al mismo tiempo una parte de nuestro territorio. La amistad entre naciones exige respeto y reciprocidad”, ha señalado Miguel Ángel Díez.

La moción solicita al Pleno de Las Rozas que condene las declaraciones de las autoridades marroquíes y reclame al Gobierno de España que exija explicaciones a Rabat.

VOX plantea además que Marruecos reconozca de forma inequívoca la soberanía e integridad territorial de España.

VOX apela al Tratado de Amistad con Marruecos

La formación recuerda que España y Marruecos mantienen vigente el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado en Rabat en 1991 y en vigor desde 1993.

VOX sostiene que este acuerdo implica el compromiso de respetar la integridad territorial, la independencia política y la soberanía de ambas naciones.

Por ello, la moción plantea que, si Marruecos mantiene sus reivindicaciones y no rectifica su posición, España valore la suspensión de dicho tratado.

Retorno de inmigrantes marroquíes en situación irregular

La propuesta incorpora también una reclamación relacionada con la política migratoria.

VOX pide que Marruecos acepte el retorno de sus nacionales que hayan entrado ilegalmente en España y vincula esta exigencia al principio de cooperación y reciprocidad entre ambos países.

Miguel Ángel Díez considera que la respuesta española debe priorizar la defensa de la soberanía y la integridad territorial por encima de otros intereses diplomáticos.

“España debe responder como un Estado soberano y unido”, ha concluido el portavoz de VOX Las Rozas.

El diputado nacional de VOX por Asturias, José María Figaredo, ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su visita a Mieres para inaugurar el nuevo cuartel de la Guardia Civil y ha acusado al Gobierno de haber abandonado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Figaredo ha cuestionado que el Ejecutivo presente como un logro unas instalaciones que, según ha recordado, llegan quince años después de que el antiguo acuartelamiento fuera evacuado en 2011.

“Este cuartel llega tarde y mal”, ha afirmado el diputado, quien ha criticado que durante estos años los agentes tuvieran que desarrollar parte de su actividad en instalaciones provisionales.

El Ministerio del Interior confirmó este lunes la inauguración del nuevo acuartelamiento de Mieres, que ha supuesto una inversión de 6,8 millones de euros.

Figaredo contrapone Mieres con la situación de Ceuta

El diputado ha utilizado la visita de Marlaska para volver a poner el foco en Ceuta y en la respuesta del Gobierno ante la situación migratoria registrada durante las últimas semanas.

Figaredo ha descrito la situación como una muestra de lo que, a juicio de VOX, puede ocurrir en el resto de España si no cambia la política migratoria.

“Ceuta es la bola de cristal que nos indica el futuro de España”, ha advertido.

El dirigente de VOX también ha denunciado las condiciones en las que, según su formación, trabajan miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinados en la ciudad autónoma.

Asimismo, ha vuelto a reclamar la utilización del mecanismo previsto en el artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidades al presidente del Gobierno. Estas acusaciones forman parte de la posición política defendida por VOX ante los acontecimientos de Ceuta.

Choque con Marlaska por la seguridad en Asturias

Figaredo también ha cuestionado las declaraciones de Grande-Marlaska sobre la situación de la seguridad en Asturias.

El Ministerio del Interior sostiene que la tasa de criminalidad del Principado se encuentra 14 puntos por debajo de la media nacional y que el número de agentes ha aumentado un 6% desde 2018.

Frente a esta valoración, Figaredo ha centrado sus críticas en la evolución de determinados delitos y ha citado el incremento de las agresiones sexuales para cuestionar el diagnóstico realizado por el ministro.

“¿Cómo se atreve Marlaska a decir que Asturias cada día es más segura y más tranquila?”, ha preguntado.

El diputado también ha recordado el reciente escrache registrado ante la sede de VOX en Oviedo, denunciando los mensajes lanzados contra la formación durante aquella protesta.

VOX pedirá una comisión de investigación en el Senado

Figaredo ha anunciado además que VOX solicitará una comisión de investigación en el Senado sobre los procedimientos relacionados con el censo electoral de españoles residentes en el extranjero y la aplicación de la conocida como Ley de Nietos.

La formación sostiene que deben investigarse los mecanismos utilizados para incorporar al censo a determinadas personas que obtuvieron la nacionalidad española.

“La batalla continúa”, ha afirmado Figaredo, que ha avanzado que VOX buscará el respaldo de otros grupos parlamentarios para poner en marcha esta investigación.

Vivienda y futuro de los jóvenes

Por último, el diputado ha restado importancia a las últimas estimaciones electorales del CIS y ha defendido que el debate político debe centrarse en los problemas cotidianos de los españoles.

Figaredo ha mencionado especialmente la vivienda, la situación económica y las dificultades de los jóvenes para emanciparse y formar una familia.

“Hoy un joven tiene una dificultad tremenda para formar una familia, tener hijos, crecer y echar raíces”, ha señalado.

El diputado considera que estas cuestiones deben ocupar un lugar prioritario frente al debate sobre encuestas y previsiones electorales.

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