Juan Francisco Rojas: «Los políticos que toman malas decisiones tienen que asumir las consecuencias».
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, ha pedido responsabilidades de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la dimisión de la concejal de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, del Partido Popular, por la campaña publicitaria en la que se puede ver a un niño, menor, junto al mensaje “si dice no, no es sexo, es agresión”.
“Es vomitivo. Entonces, si el menor dijese que sí, ¿qué es? Es de una irresponsabilidad tremenda, sobrepasa todos los límites dignidad, la humanidad y el derecho. Pedimos la retirada inmediata de los carteles”, denuncia Rojas tras ver la campaña en una marquesina de la Rambla de Almería.
Para el portavoz, resulta incomprensible que desde el Ministerio de Igualdad y con la connivencia del equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento se promueva una campaña que, lejos de proteger a los menores, los expone a situaciones de vulnerabilidad, ilegalidad y riesgo”.
“Pedimos responsabilidades a la alcaldesa y la dimisión de la concejal, por esta grave falta de criterio al permitir que la campaña se colocara en las calles de Almería”, ha afirmado. “Tan responsable es quien la haya diseñado como quien haya autorizado su difusión en capital. Los políticos que toman malas decisiones tienen que asumir las consecuencias”.
Desde VOX son conscientes que desde el Ministerio de Igualdad del gobierno de Pedro Sánchez se ha “blanqueado la pederastia, pero no imaginábamos que se sumase el PP a esta corriente”, concluye Juan Francisco Rojas.
Mónica Lora: «Mataró es uno de los municipios con más okupaciones en Cataluña».
Mataró es uno de los municipios con más okupaciones en Cataluña. Con el objetivo de defender la propiedad privada y conseguir una ciudad libre de okupaciones ilegales, el grupo municipal de VOX presentará en el próximo pleno una propuesta para solicitar al Ayuntamiento que establezca un acuerdo con la Juez Decana de zona.
El partido pretende así que se apruebe un protocolo que permita, en el caso de encontrar una ocupación consumada de una propiedad privada, recuperar la vivienda en el menor tiempo posible mediante la aplicación de medidas cautelares con la mayor brevedad posible y así poder rebajar los plazos interminables ante los que se encuentran los propietarios víctimas de una okupación, con el objetivo de recuperar la vivienda en un plazo máximo de 7 días tal como ya hacen en otros municipios de España.
Mónica Lora, concejal y presidenta de VOX en Mataró, ha subrayado la necesidad de voluntad política para acabar con este problema; “desde las administraciones públicas tenemos la obligación de proteger los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y no dotar de impunidad a todos estos delincuentes”.
En este sentido, ha recordado que su formación ya presentó otra propuesta en esta línea que fue rechazada por el gobierno municipal liderado por el PSC cuya gestión está resultando “desastrosa”.
El texto presentado por VOX solicita la colaboración y coordinación de la Policía Local de Mataró, Mossos d’Esquadra y el Juzgado para que se puedan aplicar medidas cautelares mediante la celebración de un juicio rápido en el que baste como único documento la denuncia por parte del propietario y los agentes de autoridad.
Asimismo, pide que los agentes de la Policía Local de Mataró reciban una formación legal y específica en la materia en cuestión y que se les dote de los medios materiales necesarios para efectuar, junto con los Mossos d’Esquadra, los desalojos de los okupas ilegales.
Purificación Fernández: «La designación de Fernández-Pacheco es una mala noticia para el campo andaluz».
La diputada del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Andalucía, Purificación Fernández, ha exigido este miércoles desde el Parlamento de Andalucía al Gobierno del PP, durante el debate de una moción sobre cambio climático, que de cara al 9-j tienen una “oportunidad para recapacitar, retractarse y pedir perdón” por “el daño causado con el Pacto Verde y la Agenda 2030” al sector primario andaluz y que ambas formaciones apoyan abiertamente.
Fernández, ha lamentado que el nuevo consejero de Agricultura de Moreno Bonilla, el popular Fernández-Pacheco, “siga defendiendo la Agenda 2030”, a pesar de que “agricultores y ganaderos, durante meses de lucha, lo que llevaban en sus tractores y sus pancartas era precisamente ese rechazo al Pacto Verde Europeo y a la agenda de los colorines -la 2030- que lo pinta todo de negro”.
La parlamentaria de VOX ha acusado a Fernández-Pacheco de utilizar sus intervenciones en el Pleno para “ridiculizar la opinión de quienes no piensan como él” y “reírse de VOX por traer a este Parlamento la realidad de los trabajadores del campo”, al tiempo de aseverar que esos insultos y burlas no son contra VOX sino que el consejero y el PP “insultan y se burlan de millones de españoles, y desprecian a decenas de miles de andaluces que han salido a protestar en defensa de su modo de vida, de sus empleos y de su prosperidad”.
“El campo se está dando cuenta de cuál es el verdadero papel del Partido Popular y ya no les sale gratis regalar nuestra soberanía, vender nuestro futuro o votar en contra de los intereses de los españoles en Bruselas”, ha subrayado Fernández, exigiendo a los populares explicaciones para “una mayoría de españoles que cada vez es más consciente de que durante años el PP ha sido sumiso y obediente con los burócratas de Bruselas, y muy duros y radicales contra nuestro sector primario y nuestra gente”.
Como ha asegurado la parlamentaria de VOX, en el PP “no contaban con que el sector primario se iba a levantar” contra “unas políticas que pretenden apretar mucho a los que menos tienen y mientras tanto dar carta blanca para que grandes potencias extranjeras que contaminan mucho y pagan muy poco o nada a los trabajadores, produzcan lo que aquí nos quieren prohibir producir” y “todo ello con el falso pretexto de proteger el medioambiente, mientras nos hacen cada vez más dependientes de los países que más contaminan”.
Teresa Ramírez: «El Gobierno del PP y VOX ha terminado con el chorro de subvenciones por amiguismo a entidades catalanista».
15 mayo, 2024
La diputada del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, Teresa Ramírez, ha afirmado en el Pleno de este miércoles que “el Gobierno del PP y VOX ha terminado con el chorro de subvenciones por amiguismo a entidades catalanistas. Por un lado, se ha reconducido la situación de À Punt para que deje de ser una televisión de la izquierda catalanista y pase a ser para todos los valencianos, se ha terminado el ‘cortijo’ de las entidades memorialistas y ha habido tolerancia cero para mantener con dinero público los chiringuitos.”
A continuación, la diputada ha explicado que “cuando preguntas a pie de calle sobre el sistema de financiación autonómica, infrafinanciación, fondo de nivelación transitorio o condonación de la deuda, el desconocimiento y la confusión es total. Los ciudadanos pagamos los impuestos que se nos exigen tanto a nivel autonómico como estatal. Por tanto, todos tenemos derecho a los mismos servicios sociales públicos, independientemente de donde se resida. Hay que asumir ya una visión nacional, igualdad de derechos para todos los españoles.”
En esta línea, Teresa Ramírez ha hecho hincapié en que “tristemente esto no es así, porque todos pagamos, pero no recibimos la misma calidad de los servicios sociales públicos, depende de la Comunidad Autónoma donde residamos. Este dúo de impuestos y servicios se ajusta a unos cálculos que benefician a unas CCAA y perjudica gravemente a otras, porque los grandes partidos han cedido al chantaje separatista a cambio de tocar el poder.”
Ramírez ha recordado que “el actual modelo de financiación lleva más de 10 años generando desigualdades. En la Comunidad Valenciana, ha provocado un enorme déficit que junto a la falta de gestión y a no reducir gasto político nos está ahogando. Por tanto, desde VOX tenemos claro que no podemos ni debemos permitirlo y que el sistema hay que cambiarlo ya.”
“Si hacemos alusión a los informes de la Sindicatura de Cuentas, la Comisión de expertos y Fedea, hay que destacar que en todos ellos se habla de la necesidad de cambiar el actual modelo de financiación autonómico. Pero, como lo ven difícil por el escenario político, en lo que buscan la solución ponen un parche.”
La diputada ha incidido en que “no debemos consentir que la igualdad de todos los españoles y su estado de bienestar depende de 17 Comunidades Autónomas y del signo político de cada una. No podemos estar cediendo al chantaje separatista. En VOX pensamos que lo que es malo para un andaluz nunca puede ser bueno para un cántabro y lo que es bueno para un murciano debe serlo también para un valenciano.”
Ana Vega: «Si Compromís tiene pruebas de la comisión de un delito en el Hospital de Vinalopó que acuda a los tribunales».
Ana Vega, portavoz adjunto del GP VOX, ha advertido al diputado Esteve que “el odio visceral que siente usted hacia determinadas personas le ha hecho traspasar unas líneas que le pueden traer muchos problemas. Problemas, no solo a usted, problemas a esos presuntos trabajadores del Hospital del Vinalopó a los que usted está utilizando como sparring para tener aquí sus minutos de gloria. Personal que podría verse envuelto en un proceso judicial penal por una presunta revelación de secretos de datos médicos, en el que podrían enfrentarse a una condena de 3 a 5 años de prisión”.
Vega ha declarado que esos trabajadores tienen derecho a saber “en el jardín en que usted los está metiendo, porque usted goza aquí de inmunidad parlamentaria, pero ellos pueden enfrentarse a algo muy gordo. No solo penal, sino económico.” Y ha recordado el caso de un médico de Gijón que tuvo una multa de más de 60.100 euros por arrojar a la vía pública envases de biopsias con datos personales.
Vega ha explicado además que “no solo el paciente del que se revelaron datos lo niega, sino que el propio Hospital emitió un comunicado contundente y muy detallado de lo sucedido desmintiendo que en ese hospital se haya dado un trato preferente a nadie. Es más, el propio Gerente personalmente y el Cirujano Cardíaco que realizó la operación salieron públicamente a desmentirlo. Por ello nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa. Si usted tiene pruebas de la comisión de un delito acuda usted a los tribunales y ponga la denuncia personalmente.
La portavoz adjunto ha recordado que los hechos ocurrieron el 28 de junio de 2023 con el Gobierno, del que Compromís formaba parte, en funciones. Y ha preguntado por qué han esperado ocho meses en denunciarlo.
Sara Alvarez Rouco: «5 niñas han sido prostituidas bajo la tutela del gobierno, los responsables deben dimitir o ser cesados de sus cargos».
La diputada de VOX Asturias, Sara Álvarez Rouco, preguntó en el Pleno de la Junta General a la consejera de Derechos Sociales por el sistema de tutela de menores a raíz del caso de las cinco menores tuteladas explotadas sexualmente que “ha venido a confirmar nuestros peores temores sobre su sistema y sus protocolos”, señaló.
“Impresionados como estamos por la tragedia de estas niñas lo que más nos llama la atención es su postura -dijo Sara Á. Rouco, dirigiéndose a la consejera-, el teatrillo que usted y los suyos están armando para justificarse; para que, como siempre, parezca que lo han hecho de maravilla y que los que exigimos justificaciones y responsabilidades, hacemos un ‘uso político’ y ‘no tenemos’ escrúpulos”.
Tras estos comentarios, quiso la diputada de VOX aclarar que “tener escrúpulos es, precisamente, ponerles a ustedes en el foco como únicos responsables de mantener a salvo a estas menores. Porque bajo su tutela, su acogimiento o como lo quieran llamar cinco niñas han sido prostituidas, así que los que tienen que explicarse son ustedes, no la oposición. Los que tienen que justificar por qué las menores no estaban protegidas contra desalmados como esos son ustedes, no los demás. Los que tienen que aclarar el motivo por el que teniendo ‘protocolos para todo’, se produjo esta barbaridad son ustedes no otros. Los que estigmatizaron a las niñas con sus protocolos insuficientes e irresponsables son ustedes, no quienes les interpelamos por lo ocurrido. Quien tiene que justificar su atrevimiento tras cantar las excelencias de su sistema, como hizo tras nuestras intervenciones de los pasados 29 de febrero, 19 de marzo y 4 de abril, es usted sra. consejera”.
Sara Á. Rouco resaltó que “si presentaron la denuncia el 19 de enero, cuando la convocamos ya sabía de sobra que su sistema estaba quebrado y, a pesar de todo, con pleno conocimiento del desastre, lo defendió con una suficiencia inaudita ante nuestras preguntas… ¿y de verdad se cree que a partir de ahora sus intervenciones van a merecer el más mínimo crédito? Pues no, imposible. Usted nos mintió cuando decía que ‘no hay ningún tipo de descontrol’, ‘somos una comunidad puntera en acogimiento residencial, puntera’. Todo inconsistente. Sra. Del Arco, es usted la máxima responsable de este asunto, de un desastre que calificó como ‘cosas de la vida’ y aún se permitió el lujo de lucirse ante los medios diciendo que ‘tolerancia cero con este tipo de situaciones y protección absoluta a las adolescentes víctimas de violencia’; que ‘no hay fallos del sistema de tutela’, dijo”.
“Nos toma el pelo -continuó Sara Á. Rouco con su retahíla de críticas hacia la consejera de Derechos Sociales-. ¿De qué ‘protección’ nos habla? ¿Qué piensa usted, entonces, que es un ‘fallo’? ¿Es Ud. consciente lo absurdo de su postura? Nos dijo en esta Cámara que ‘el Principado no asume la tutela para controlar, el Principado asume la tutela para proteger’. Pues triste manera de ‘proteger’ la suya. Si, como nos dijo, la ‘clave para reparar es tener conciencia del problema’ está más que claro que ‘conciencia’ de lo que había no tenían”.
En resumen, “si se asume la guarda y tutela de menores es impensable no tener las máximas garantías sobre el bienestar de los tutelados. Si se les retira la potestad a unos padres porque no proporcionan al menor lo que necesita para su desarrollo, no cabe en cabeza humana que quien asume la tutela se muestre tan incapaz”, advirtió Álvarez Rouco.
“Ahora, según el Presidente, resulta que hay que ‘mejorar los protocolos’. Y reclama la ‘implicación y el refuerzo de la labor de la Policía’. Según la Vicepresidenta ‘se está analizando y tomando nota para impulsar los cambios para que esto no vuelva a suceder’. Pues bien, sra. Del Arco, sra. Llamedo, sr. Barbón, para que no vuelva a suceder lo primero es que los responsables dimitan o sean cesados de sus cargos. Algo que, lamentablemente, dudamos que ocurra porque para ello hay que tener vergüenza y coherencia y por lo visto hasta ahora, Uds. no las tienen”, concluyó Sara Á. Rouco.
Lourdes Méndez: «Es una absoluta temeridad ubicar un CETI en terrenos que son de absoluto interés estratégico para la defensa nacional».
En relación con la reciente ampliación de la cesión de instalaciones y terrenos del antiguo Hospital Naval de Cartagena para la atención temporal de inmigrantes, los diputados de VOX por Murcia, Lourdes Méndez y Joaquín Robles, junto con otros de su Grupo Parlamentario, Javier Ortega Smith, Alberto Asarta, Jacobo González-Robatto y José María Sánchez, han registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas para obtener explicaciones del Gobierno sobre el riesgo de seguridad al albergar inmigrantes ilegales cerca de instalaciones militares de Cartagena.
Lourdes Méndez ha destacado que “los terrenos ocupados por el antiguo Hospital Naval revisten una especial relevancia para la Defensa Nacional debido a su proximidad a instalaciones sensibles de las Fuerzas Armadas y viviendas oficiales de miembros de la Armada”.
“Es una absoluta temeridad ubicar un CETI en terrenos que son de absoluto interés estratégico para la defensa nacional. En cualquier lugar del mundo, eso sería una zona de exclusión militar”, ha afirmado.
Según la diputada de VOX por Murcia, en noviembre del año pasado el Ministerio de Defensa cedió dichas instalaciones por un período inicial de cuatro meses al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la instalación de un campamento provisional para la atención de inmigrantes, principalmente provenientes del Sahel. “Esta cesión ha sido ampliada por otros cuatro meses, hasta el 31 de julio de 2024, con la posibilidad de ampliar el número de inmigrantes acogidos y habilitar partes adicionales del edificio”, ha indicado.
“Esto convertiría nuestros barrios en auténticos guetos repletos de inseguridad y delincuencia”, ha añadido.
Así las cosas, desde el GP VOX se han planteado varias preguntas, para las que se solicita respuesta escrita del Ejecutivo central, comenzando por si considera que la presencia de cientos de inmigrantes junto a instalaciones militares activas supone un riesgo para la seguridad, y si estima que su estancia en recintos militares no supone una amenaza para la seguridad e integridad de las personas, materiales e instalaciones que en ella se encuentran.
Igualmente, pregunta qué criterio utilizó el Gobierno para determinar la idoneidad del Hospital de la Base Naval de Cartagena como refugio para inmigrantes ilegales.
Gonzalo Centeno: «Los destinatarios de las ayudas de la PAC no pueden esperar a octubre».
Tras preguntar en el Pleno de la Junta General celebrado esta mañana por el lucro mediante el cobro de intereses que hacen la banca y Asturgar por los anticipos que realizan sobre las ayudas de la PAC, el diputado de VOX, Gonzalo Centeno comentó que “con el nuevo paquete de ayudas de la PAC para los ejercicios 2023 a 2027, el pago anticipado de las ayudas directas de la misma se ha elevado a un máximo del 70% del importe de la ayuda solicitada y el periodo de pago total de estas ayudas vence a los 6 meses de finalizar el año de referencia, cuando por regla general se liquida el resto de la subvención o ayuda”, y advirtió que “algunas comunidades autónomas ejecutan la totalidad de ese 70% en el periodo referenciado, otras realizan pagos inferiores, y algunas comunidades autónomas no efectúan ningún adelanto, como Asturias, Cantabria y Cataluña”. El abono de estos anticipos “requiere la realización de controles previos para garantizar el uso reglado de los fondos de la Unión Europea”, añadió.
Ciñéndose a Asturias, donde existen alrededor de 30.000 explotaciones agrarias y ganaderas, resaltó que “son pequeños empresarios que intentan sobrevivir en un mercado caracterizado por oligopolios o cárteles de demanda, fuertes aumentos de los costes energéticos y cada vez menor protección arancelaria frente al exterior. Sin la protección del sistema de subvenciones y ayudas de la PAC, todas estas explotaciones serían inviables, siendo su efecto final la pérdida de soberanía alimentaria, no solo de Asturias sino de Europa entera”.
Con estos argumentos, Gonzalo Centeno advirtió de que “los destinatarios de las ayudas de la PAC no pueden esperar a octubre, en el mejor de los casos, para financiar los gastos diarios de sus explotaciones, o a la venta de sus cosechas o ganado como en tiempos medievales, así que no les queda otra más que acudir a la banca para que esta les anticipe unos fondos que son suyos por derecho, que no cobran en tiempo y forma debido a su burocracia y a su nefasta gestión”.
“Y la banca no es una institución de caridad porque cobra intereses. Y Asturgar, la sociedad de garantía recíproca encuadrada en Sekuens, por supuesto que avala este tipo de operaciones con comisiones de riego, apertura y compra de participaciones”.
Poniendo encima de la mesa cifras concretas, si los pagos en ayudas directas de la PAC para el 2023 serán 46 millones de euros, como ha dicho el ministerio, “en el peor de los casos, sí todos sus titulares solicitaran de la banca su anticipo durante un año, y estuviera el riesgo cubierto por Asturgar, el coste financiero total resultaría de 3.484.939 euros”, dijo.
“Para este problema que se les genera a los ganaderos y agricultores, ni un euro”, concluyó Gonzalo Centeno.