Gonzalo Centeno: «El problema no es jurídico, sino moral y político»
El diputado de VOX en la Junta General del Principado de Asturias, Gonzalo Centeno, ha acusado al Gobierno del Principado de haber utilizado de forma “fraudulenta y opaca” los denominados Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) en explotaciones mineras de carbón, convirtiéndolos, según ha denunciado, “en una vía alternativa para otorgar explotaciones sin seguir el procedimiento legalmente establecido”.
Durante una interpelación al consejero de Transición Ecológica, Industria y Comercio sobre el impacto económico y jurídico derivado de la paralización de explotaciones amparadas por esta figura, Centeno defendió que el problema “no está en la legalidad de los PIC, sino en el uso político y administrativo que se ha hecho de ellos”.
“El problema no es la figura jurídica, que es perfectamente legal, sino haberla utilizado en fraude de ley para resucitar explotaciones cerradas, bordear prohibiciones legales y mantener artificialmente una actividad minera sin asumir responsabilidades políticas”, afirmó el diputado de VOX.
Desde VOX recordaron que desde 2021 se han autorizado alrededor de catorce Proyectos de Investigación Complementaria, aunque señalaron que los casos “más problemáticos” son los relacionados con explotaciones de carbón como Cerredo, TYC Narcea o Mina Miura.
Centeno denunció además que, al amparo de estos proyectos, se autorizaron extracciones de decenas de miles de toneladas de carbón “sin seguir los procedimientos ordinarios de concesión minera”.
Para el diputado de VOX, el uso irregular de estas figuras “no nace de los funcionarios ni de los técnicos”, sino de “decisiones impulsadas desde la cúpula política del Principado”.
“Se ha querido demonizar la figura jurídica para ocultar quién movía realmente los hilos y quién empujaba a las empresas hacia este tipo de autorizaciones desde 2018”, señaló.
En este sentido, Gonzalo Centeno sostuvo que “más regulación no solucionará nada” porque el problema, a su juicio, “no es normativo, sino moral y político”.
“Lo que hace falta es rendición de cuentas y asumir responsabilidades políticas. La lluvia limpia el trigo y a las culpas el castigo”, afirmó durante su intervención.
El diputado de VOX vinculó además esta situación al “fracaso absoluto” de las políticas de descarbonización impulsadas desde Bruselas y asumidas por el Gobierno asturiano.
“El político mediocre que no quiso pelear por la industria en Bruselas acabó cayendo en la tentación de bordear la legalidad para mantener la ilusión de una minería del carbón que no contaminase”, denunció.
Según VOX, el cierre de explotaciones y centrales térmicas ha provocado “la destrucción económica y social” de las cuencas mineras, sustituyendo empleos industriales por “supuestos proyectos verdes incapaces de sostener el tejido económico de las comarcas”.
Daniel Arias: «Estamos pagando cinco veces más impuestos para vivir igual de mal»
El presidente provincial de VOX Toledo, Daniel Arias, ha denunciado el modelo de gestión del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, al que acusa de “asfixiar fiscalmente” a las familias mientras, según ha afirmado, continúan deteriorándose los servicios públicos y se abandona a los jóvenes.
Arias ha recordado que los impuestos directos en Castilla-La Mancha han pasado de 1.281 millones de euros en 2018 a más de 2.627 millones previstos para 2026.
“Un trabajador que en 2019 pagaba 125 euros de impuestos por un salario de 14.000 euros, hoy paga 624 euros para mantener el mismo poder adquisitivo. Estamos pagando cinco veces más impuestos”, ha denunciado.
Desde VOX Toledo también han criticado la decisión del Gobierno regional de destinar cuatro millones de euros a cooperación internacional mientras, según denuncian, Castilla-La Mancha “se sigue empobreciendo”.
“No se puede regalar dinero al extranjero mientras aquí hay centros de salud deteriorados, hospitales en ruinas y colegios en barracones”, ha afirmado Arias, defendiendo la aplicación del principio de “Prioridad Nacional” para atender primero las necesidades de los españoles.
El presidente provincial de VOX Toledo y vicepresidente en la Diputación Provincial ha anunciado además que su formación presentará una moción de “Prioridad Nacional” en la institución provincial.
Respecto a la nueva proposición de Ley de Vivienda anunciada por el PSOE, Daniel Arias ha acusado al Gobierno regional de actuar por interés electoral.
“Si era tan urgente, deberían haber actuado hace meses. En Castilla-La Mancha solo uno de cada diez jóvenes menores de 30 años consigue independizarse”, ha señalado.
Desde VOX han insistido en que la prioridad de las administraciones debe centrarse en garantizar servicios públicos de calidad, facilitar el acceso a la vivienda y aliviar la presión fiscal que soportan las familias y trabajadores de Castilla-La Mancha.
Ana Ruiz denuncia el aislamiento y la falta de transporte en Alcalá de Guadaíra.
La candidata de VOX al Parlamento de Andalucía, Ana Ruiz, ha denunciado desde Alcalá de Guadaíra la situación de precariedad que sufren numerosos vecinos del municipio, especialmente en lo relacionado con la conexión de transporte y el acceso a servicios básicos.
Durante una visita a la urbanización La Galbana, Ana Ruiz ha señalado la falta de comunicación y movilidad que padecen muchos residentes de esta y otras urbanizaciones de Alcalá de Guadaíra, cuyos vecinos se encuentran prácticamente aislados tanto del centro del municipio como de Sevilla capital.
“Los ciudadanos de aquí no son menos ciudadanos que los de un barrio del centro de Sevilla”, ha afirmado la dirigente de VOX, quien ha criticado el abandono institucional que sufren muchas familias de la zona.
Ruiz ha denunciado además que, después de más de veinte años de promesas incumplidas sobre la llegada del metro a Alcalá de Guadaíra, los vecinos continúan dependiendo exclusivamente del vehículo privado para poder desplazarse.
“Es inaceptable que los vecinos sigan atados de pies y manos, dependiendo exclusivamente de un vehículo propio que no todas las familias pueden costear”, ha asegurado.
Desde VOX han insistido en la necesidad de mejorar las conexiones de transporte, reforzar las infraestructuras y garantizar servicios públicos dignos para todos los vecinos de Alcalá de Guadaíra, independientemente de la zona en la que residan.
La formación ha reiterado finalmente su compromiso con una planificación territorial equilibrada que permita acabar con el aislamiento de numerosas urbanizaciones y mejorar la calidad de vida de los vecinos del municipio.
Bormujos resiste al boom inmobiliario gracias al modelo de VPO impulsado por Isabel Madera.
El fuerte incremento del precio de la vivienda en Sevilla capital está desplazando cada vez a más familias y jóvenes compradores hacia el área metropolitana y los nuevos desarrollos residenciales del entorno sevillano. Sin embargo, incluso en estas zonas los precios continúan creciendo de forma significativa, lo que convierte a municipios como Bormujos en una de las principales alternativas residenciales por su apuesta por la Vivienda de Protección Oficial (VPO) y la vivienda asequible.
Según el último análisis elaborado por Foro Consultores Inmobiliarios, que estudia la evolución residencial en zonas como Entrenúcleos, Palmas Altas, Mairena del Aljarafe, Bormujos, Tomares, Alcalá de Guadaíra y Palomares del Río, todas las áreas analizadas presentan crecimiento respecto a 2024, reflejando la fuerte presión de la demanda inmobiliaria en el entorno de Sevilla.
El informe destaca especialmente el caso de Entrenúcleos, el gran desarrollo urbanístico de Dos Hermanas que prevé albergar a más de 60.000 personas en 20.000 viviendas y donde el precio medio de la vivienda ha aumentado más de un 60% en apenas siete años, pasando de 149.000 a 240.000 euros.
En este contexto de subida generalizada de precios, Bormujos se posiciona como uno de los municipios más competitivos del área metropolitana, con un precio medio de la vivienda de 217.000 euros, situándose por debajo de municipios como Tomares (257.000 euros), Mairena del Aljarafe (248.000 euros) o Palmas Altas, que alcanza los 335.000 euros de media y se convierte en la zona más cara de las analizadas.
La diferencia resulta especialmente significativa teniendo en cuenta que Bormujos mantiene una importante apuesta por promociones de vivienda protegida y vivienda asequible, frente a otros municipios donde predomina la vivienda libre y las promociones de precio elevado.
Bormujos, donde VOX gobierna al frente de Urbanismo
Desde el Ayuntamiento de Bormujos destacan que esta situación es consecuencia directa de una política urbanística centrada en facilitar el acceso a la vivienda y en agilizar el desarrollo de nuevos proyectos residenciales.
La gestión impulsada desde la Delegación de Urbanismo, dirigida por Isabel Madera, está permitiendo desbloquear suelo residencial, acelerar tramitaciones urbanísticas y favorecer la construcción de promociones adaptadas a la demanda real de familias trabajadoras y jóvenes compradores.
“Como delegada puedo intervenir en cuestiones relacionadas con la planificación urbanística, la gestión del suelo, la concesión de licencias y la tramitación administrativa de las promociones, pero carezco de capacidad legal para establecer el precio máximo de las viviendas protegidas. En lo que si pongo todo mi empeño es en trasladar a las promotoras el perfil de compradores que tenemos en el municipio, llegando, en caso de las VPO, a acuerdos con ellos para determinar el tipo de vivienda (régimen general, especial y limitado). Y en el caso concreto de las de Régimen Limitado en terreno privado, negociar el precio mínimo de salida”
A fecha de hoy, un total de 167 viviendas entre las que figura Aires del Aljarafe, una promoción de 72 viviendas en régimen limitado que ya se encuentra al “100% vendida”, así como el Edificio Las Portadas, también de régimen limitado y actualmente con un 65% de las 31 viviendas vendidas. A estas promociones se suman varios proyectos aún en fase de licitación, como son Bormujos Village, con 36 viviendas régimen especial, Edificio Vortex, con 12 viviendas también de régimen especial y la promoción frente Megaocio, con 16 viviendas previstas en régimen general.
La delegada de Urbanismo, Isabel Madera, ha señalado que “la prioridad es seguir impulsando vivienda accesible y facilitar que los jóvenes y las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en Bormujos sin verse expulsados por el incremento de precios”.
Además, la ubicación estratégica del municipio, junto a la presencia del hospital, la universidad y las futuras mejoras en infraestructuras y movilidad, refuerzan el atractivo residencial de Bormujos y consolidan al municipio como uno de los principales polos de crecimiento del Aljarafe sevillano.
Mientras los precios continúan tensionándose en Sevilla capital y en otras zonas metropolitanas, Bormujos se consolida como un ejemplo de crecimiento ordenado y centrado en garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible.
Teresa Ramírez: «VOX quiere acabar con normas inútiles y órganos duplicados en la Comunidad Valenciana»
La diputada del GP VOX en las Cortes Valencianas, Teresa Ramírez, ha defendido en la comisión de Economía las 18 enmiendas presentadas por VOX al Plan Simplifica, destacando que “con ellas, pasamos de la cultura de la desconfianza y la hiperregulación a la de la responsabilidad, eficiencia y progreso”.
Ramírez ha señalado que las propuestas de VOX tienen como objetivo “acabar con las normas inútiles, con los órganos duplicados y con el intervencionismo”, además de facilitar las gestiones a los ciudadanos y reducir tiempos y trámites administrativos.
“Cada semana de retraso en una licencia es una oportunidad perdida”, ha afirmado la diputada, quien ha insistido en que las enmiendas presentadas “dan respuesta a necesidades reales de los ciudadanos y eliminan los obstáculos que separan la administración de la calle”.
Entre las medidas planteadas por VOX destaca el impulso de la Historia Social Única, con el objetivo de unificar en un solo expediente todas las ayudas que percibe cada persona y así evitar duplicidades, abusos y mejorar el sistema asistencial.
Asimismo, VOX propone establecer una reserva de plazas para militares de complemento y profesionales de tropa y marinería en las convocatorias de acceso a los cuerpos de Policía Local.
La formación también plantea que los informes previos para elaborar nuevas normas tengan en cuenta el impacto social y económico sobre los negocios de menos de diez trabajadores, al considerar que representan la gran mayoría del tejido productivo valenciano.
Otra de las iniciativas defendidas por Teresa Ramírez es el reconocimiento del derecho al error administrativo, incentivando la subsanación temprana de errores y facilitando su corrección mediante mecanismos ágiles y automatizados.
VOX también propone ampliar la superficie exenta de licencia municipal, pasando de los actuales 750 metros cuadrados a los 2.500, con el objetivo de incentivar la apertura de nuevos comercios e impulsar la actividad económica.
Ramírez ha recordado además que “VOX siempre ha defendido que por cada norma que entre, hay tres que deben salir”, subrayando que varias de las enmiendas presentadas buscan derogar normas que consideran obsoletas.
La diputada ha insistido en que “quien cumple la ley en España no tiene que volver a empezar desde cero en la Comunidad Valenciana”, por lo que VOX plantea revisar anualmente la normativa autonómica para eliminar aquellos requisitos más restrictivos que en otras partes del país.
Finalmente, Teresa Ramírez ha asegurado que VOX exigirá a la Generalitat que diseñe normas “que no pongan trabas a empresas y profesionales de otras comunidades para atraer nuevos talentos”, defendiendo así una administración “más sencilla, eficiente y cercana al autónomo y a la pequeña y mediana empresa”.
María García Fuster: «No hay camas para los andaluces, pero sí para ingresos sociales irregulares»
La portavoz nacional de Sanidad de VOX, María García Fuster, ha denunciado a las puertas del Hospital Universitario Poniente la situación crítica que están viviendo los profesionales y pacientes que acuden diariamente a este centro sanitario debido, según ha señalado, a la “nefasta gestión en materia sanitaria del Gobierno de Moreno Bonilla y la llegada de una inmigración ilegal y masiva que satura nuestra sanidad”.
García Fuster ha denunciado que “Moreno Bonilla esté utilizando el Hospital Universitario de Poniente como un hostal para inmigrantes ilegales”, asegurando que “los pacientes y trabajadores del propio hospital han confirmado que existen habitaciones donde están viviendo estos inmigrantes desde hace años”.
La dirigente de VOX ha explicado además que “el diagnóstico que presentan estos supuestos pacientes es el de ingresos sociales, no siguiendo ningún criterio por el cual deban permanecer hospitalizados”. Un hecho que ha calificado como “irregular y lamentable” y que, a su juicio, “muestra el estado de abandono por parte del Gobierno de Moreno Bonilla hacia los almerienses”.
Por su parte, el candidato número uno de VOX por Almería al Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha denunciado la situación de las listas de espera sanitarias en Andalucía con datos obtenidos hasta junio de 2025.
Según ha señalado Alonso, “el 31% de las listas de espera quirúrgicas lleva esperando más de 180 días o incluso más de un año; el 71% de la lista de espera en consulta externa supera los 60 días para una primera consulta, con una demora media de 153 días; y respecto a los pacientes derivados desde atención primaria, el 73% espera más de 60 días, alcanzando una demora media de 160 días”.
Rodrigo Alonso ha concluido acusando a Moreno Bonilla de “copiar las políticas sanitarias del PSOE” y también “la trampa del PSOE cuando escondían las listas de espera en un cajón”, recordando que “la última lista publicada corresponde a junio de 2025”.
Desde VOX han reiterado su compromiso con la defensa de una sanidad pública eficaz, transparente y centrada prioritariamente en atender a los españoles frente a la saturación que, según denuncian, sufre actualmente el sistema sanitario andaluz.
Buxadé: «España tiene la mejor pesca del mundo y Bruselas la está destruyendo»
El jefe de la Delegación de VOX en Bruselas, Jorge Buxadé, ha mantenido este lunes en Punta del Moral una reunión con las cofradías de armadores de este núcleo costero e Isla Cristina, donde ha denunciado el abandono que sufre el sector pesquero español y andaluz por parte de las administraciones y de las políticas impuestas desde Bruselas.
Buxadé ha afirmado que VOX ha escuchado “la voz de posiblemente el sector económico de España más perjudicado en las últimas décadas y del que menos se habla: el sector pesquero”. En este sentido, ha lamentado que durante la campaña andaluza “prácticamente no se haya querido hablar de agricultura, ganadería ni pesca”, salvo por parte de Manuel Gavira.
El dirigente de VOX ha denunciado que Bruselas continúa firmando acuerdos comerciales con terceros países que permiten la entrada de pescado que compite de forma desleal con el producto nacional. “Quieren inundar nuestras lonjas, nuestros puertos y nuestros supermercados de pescado extranjero mientras nuestros pescadores solo reciben burocracia, persecución, inspecciones y criminalización”, ha señalado.
Buxadé ha advertido de que la pesca “no es solo una actividad económica”, sino “un modo de vida y una forma de organización social” vinculada a las cofradías, las lonjas, las familias y los pueblos costeros. “Si no hay pesca, ¿qué sucederá con estos pueblos? ¿De qué vivirán sus familias?”, ha preguntado.
Asimismo, ha acusado al Partido Popular y al Partido Socialista de mantener en Bruselas “una coalición permanente” y ha exigido al PP que rompa esa alianza. “No es posible que en Bruselas voten lo mismo todas las semanas y luego vengan a Andalucía a hacer como que se pelean”, ha subrayado.
Entre las medidas defendidas por VOX, Buxadé ha destacado la necesidad de situar a los pescadores en el centro del debate público, garantizar el etiquetado y la trazabilidad del pescado, defender el origen de los productos y dejar de criminalizar al sector.
“España tiene la mejor agricultura, la mejor ganadería y la mejor pesca del mundo. Nuestros productores cumplen todas las exigencias, tienen derecho a prosperar, a ganar dinero y a garantizar el relevo generacional”, ha afirmado.
Por último, Buxadé ha señalado que el principal daño que sufre la pesca europea y andaluza procede de los acuerdos impulsados por la Comisión Europea. “Hay que romper ese círculo vicioso y volver a poner a nuestros productores en las portadas, en las televisiones y en las radios”, ha concluido.
Juan Antonio Gil acusa al Ayuntamiento de ocultar información sobre la okupación.
VOX ha registrado formalmente una solicitud dirigida al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelldefels para conocer la situación real de la ocupación ilegal de inmuebles en el municipio, al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La iniciativa reclama datos agregados y estadísticos sobre el número total de inmuebles okupados ilegalmente en Castelldefels, incluyendo el tipo de inmueble afectado, la nacionalidad de los ocupantes y la titularidad de las propiedades afectadas, ya sean particulares, entidades bancarias, sociedades mercantiles o administraciones públicas.
Desde VOX consideran que la ocupación ilegal se ha convertido en una preocupación creciente para numerosos vecinos por sus consecuencias sobre la seguridad ciudadana, la convivencia vecinal y el uso de los recursos públicos.
La formación ha subrayado además que la solicitud respeta plenamente la normativa de protección de datos, ya que en ningún caso se requiere información que permita identificar a personas físicas. El escrito presentado también insta al Ayuntamiento a remitir la petición al órgano competente, especialmente al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, en caso de no disponer de la información requerida.
El coordinador de VOX en Castelldefels, Juan Antonio Gil, ha declarado que “los vecinos de Castelldefels tienen derecho a conocer la realidad de la okupación ilegal en nuestro municipio. La transparencia no puede ser selectiva cuando hablamos de seguridad, convivencia y protección de la propiedad privada”.
“Desde VOX seguiremos exigiendo información clara y medidas eficaces frente a un problema que preocupa cada vez más a muchas familias de Castelldefels. Negar u ocultar los datos solo contribuye a aumentar la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones”, ha sostenido Gil.
VOX recuerda que la legislación vigente obliga a las administraciones públicas a responder motivadamente en el plazo máximo de un mes, facilitando la información solicitada o justificando jurídicamente cualquier eventual limitación o denegación.
Finalmente, la formación ha reiterado su compromiso con la defensa de la seguridad, la transparencia institucional y los derechos de los vecinos de Castelldefels.