García Ortiz rechaza el reparto de menores migrantes desde Ceuta y reclama reforzar el control fronterizo.
El portavoz de VOX en la Diputación de Sevilla, Rafael García Ortiz, ha criticado el modelo de distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas y ha defendido que la respuesta a la situación de Ceuta debe centrarse en el control fronterizo, la soberanía española y las relaciones con Marruecos.
El debate tuvo lugar en el Pleno de la Diputación celebrado este 24 de septiembre, en el que se sometieron a votación tres iniciativas distintas sobre Ceuta presentadas por PSOE, PP y VOX. La moción socialista salió adelante con los votos de PSOE y Con Andalucía, la abstención del PP y el rechazo de VOX. Las propuestas del PP y de VOX fueron rechazadas.
García Ortiz defendió durante la sesión la propuesta de VOX, que reclamaba un respaldo explícito a la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, reforzar los mecanismos de control fronterizo y condicionar las relaciones con Marruecos al respeto de la integridad territorial española.
García Ortiz: «Defender a España nunca puede ser un delito de odio»
El diputado provincial respondió también a las críticas recibidas durante el debate por la posición de su formación en materia migratoria.
«Defender a España no puede ser nunca un delito de odio, sino un compromiso fuerte con todos los ciudadanos españoles y con su territorio. No es odio reclamar que Marruecos respete a España; no es odio pedir que se cumplan los tratados internacionales», afirmó García Ortiz.
El representante de VOX defendió que el debate sobre Ceuta no debe limitarse a la vertiente humanitaria o a la distribución de menores entre territorios, sino abordar también la seguridad fronteriza, las relaciones diplomáticas y la soberanía nacional.
«Nunca debemos confundir la solidaridad con la resignación, ni la humanidad con el silencio, ni la cooperación con la subordinación ante un país vecino», señaló.
El PSOE reclama «corresponsabilidad» a las comunidades autónomas
La iniciativa finalmente aprobada fue la presentada por el PSOE y defendida por el diputado Francisco Toajas. El texto expresa apoyo y solidaridad con Ceuta y reclama a las comunidades autónomas «corresponsabilidad efectiva» en la acogida de menores migrantes no acompañados.
Toajas defendió una respuesta basada en «el sentido de Estado, la legalidad y los derechos humanos» y sostuvo que ninguna administración debe afrontar en solitario una presión migratoria de estas características.
La moción socialista también recoge que el interés superior del menor constituye una obligación legal y reclama a las comunidades que participen en los mecanismos de distribución. El texto fue respaldado por PSOE y Con Andalucía, mientras el PP optó por abstenerse y VOX votó en contra.
VOX rechaza que el reparto sea la solución
García Ortiz cuestionó ese planteamiento y sostuvo que distribuir a los menores entre comunidades autónomas no resuelve, a juicio de VOX, las causas de la presión migratoria sobre Ceuta.
La formación reclama que la prioridad sea impedir nuevas entradas irregulares y reforzar la capacidad del Estado para controlar la frontera.
VOX también atribuye a Marruecos responsabilidad en la presión fronteriza registrada en Ceuta. Esta atribución forma parte de la posición política de la formación; la moción socialista aprobada por la Diputación centra, en cambio, su respuesta en la atención humanitaria y la corresponsabilidad territorial.
El PP se abstuvo en la iniciativa de VOX
La propuesta de VOX fue rechazada con los votos en contra de PSOE y Con Andalucía y la abstención del Partido Popular. El PP presentó además su propia iniciativa sobre Ceuta, que tampoco consiguió el respaldo suficiente para ser aprobada.
García Ortiz ha criticado especialmente la abstención de los populares y considera que su grupo debería haber respaldado la propuesta de VOX sobre soberanía y control fronterizo.
«Mientras el PSOE utiliza a las instituciones para camuflar el descontrol fronterizo como una cuestión puramente humanitaria y el PP se pone de perfil mediante su abstención, en VOX seguiremos siendo la voz de los españoles que exigen fronteras seguras, soberanía nacional y prioridad para los nuestros», concluyó.
Rafael García Ortiz es el portavoz y único representante del Grupo VOX en la actual corporación provincial de Sevilla.
Antonio Fernández exige activar las medidas de Jerez como Ciudad Antibullying aprobadas en 2023.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Fernández, llevará al próximo Pleno municipal una iniciativa para reclamar que se pongan en marcha de forma efectiva las medidas asociadas a la declaración de Jerez como Ciudad Antibullying, aprobada por el Pleno en noviembre de 2023 a propuesta de su formación.
Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, Fernández pide al Gobierno municipal del PP que detalle qué actuaciones se han desarrollado durante estos tres años y cuáles se pondrán en marcha durante el presente curso.
«No sirve de nada tener un título si no protegemos a nuestros niños», sostiene el portavoz, que reclama pasar de las declaraciones institucionales a medidas concretas de prevención, detección y acompañamiento frente al acoso escolar.
Jerez aprobó en 2023 convertirse en Ciudad Antibullying
La iniciativa tiene su origen en el Pleno del 24 de noviembre de 2023. VOX presentó entonces por la vía de urgencia una propuesta para declarar Jerez Ciudad Antibullying, después de que no fuera posible sacar adelante previamente una declaración institucional.
La propuesta fue aprobada por mayoría y contó también con la colaboración del Partido Popular. La Confluencia votó en contra.
El acuerdo contemplaba actuaciones como la creación de un equipo de trabajo con participación de servicios sociales, educación y seguridad municipal, formación para familias y profesionales, campañas permanentes de concienciación, atención a las familias afectadas y protocolos para responder ante situaciones de acoso.
«En 2023 aprobamos que Jerez fuera oficialmente Ciudad Antibullying. Se habló de formación para padres y profesores, campañas de prevención, un grupo de trabajo y protocolos de actuación para los colegios de Jerez. Tres años después, queremos saber qué se ha hecho y, sobre todo, qué se va a hacer este curso», afirma Fernández.
VOX pide prevención, formación y seguimiento de los casos
La nueva iniciativa plantea reforzar las campañas municipales de prevención y sensibilización, crear un grupo de trabajo para realizar un seguimiento de las actuaciones, impulsar formación dirigida a las familias y a profesionales de la comunidad educativa y mejorar la coordinación ante casos de acoso y ciberacoso.
Fernández defiende que las familias deben disponer de canales claros a los que acudir cuando detecten que un menor puede estar sufriendo una situación de este tipo.
«Un niño tiene que ir al colegio a aprender, a hacer amigos y a crecer. No a tener miedo. Y cuando un padre o una madre detecta que algo no va bien, tiene que saber a quién acudir y tener la seguridad de que alguien va a actuar», señala.
Para VOX, la respuesta no debe llegar únicamente cuando un caso adquiere repercusión pública, sino que debe existir un sistema estable de prevención, detección temprana y acompañamiento.
El 14,1% del alumnado afirma conocer situaciones de acoso o ciberacoso
La reclamación coincide con la publicación del VIII Informe «La opinión de los/as estudiantes», elaborado por Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña.
El estudio, realizado a partir de una muestra de 9.127 alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO, señala que el 14,1% del alumnado afirma que él mismo o alguno de sus compañeros está sufriendo acoso escolar, ciberbullying o ambas formas de violencia. El porcentaje era del 12,3% el curso anterior.
Además, el 27,6% de las situaciones de acoso presencial conocidas por los alumnos se prolonga durante más de un año. En el ciberacoso, ese porcentaje alcanza el 22,8%.
El informe también detecta un incremento del uso de la inteligencia artificial en el ciberbullying: el 23,5% de las agresiones digitales analizadas utilizó IA para manipular imágenes de la víctima.
«Antes el acoso podía terminar cuando el niño salía del colegio. Hoy puede seguir en el móvil durante todo el día. Y ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial abre nuevas formas de humillación y violencia», advierte Fernández.
Un Plan Nacional contra el acoso escolar pendiente de desarrollo
VOX reclama asimismo implicación del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía.
La Comisión de Educación del Congreso aprobó el pasado 20 de mayo una proposición no de ley que insta al Gobierno a impulsar, junto a las comunidades autónomas, un Plan Nacional contra el acoso escolar, con criterios comunes de prevención, detección temprana, intervención y seguimiento, además de financiación específica y medidas frente al ciberacoso y las nuevas amenazas vinculadas a la inteligencia artificial. La iniciativa original había sido presentada por el Grupo Parlamentario VOX y fue aprobada con modificaciones.
Por su parte, el Ministerio de Educación publicó en agosto una guía para diseñar protocolos contra el acoso escolar y el ciberacoso. El documento establece indicadores de alerta temprana, canales seguros de comunicación y una hoja de ruta para la intervención en los centros, y pretende servir de referencia común para las comunidades autónomas.
Fernández reclama que esas medidas se traduzcan en recursos suficientes y pide también a la Junta de Andalucía reforzar los programas de prevención temprana y la formación de la comunidad educativa.
«Que la víctima no sea quien tenga que cambiar su vida»
El portavoz municipal insiste en que el objetivo de la iniciativa es recuperar el contenido efectivo del compromiso adquirido por Jerez en 2023 y comprobar su grado real de desarrollo.
«Lo que queremos es muy sencillo: que ningún padre de Jerez tenga que preguntarse qué hacer si su hijo está sufriendo acoso. Que haya prevención, que se detecte a tiempo y que se proteja al que lo está sufriendo», afirma.
Fernández concluye reclamando que las actuaciones prioricen la protección del menor afectado: «No puede ser que la víctima sea quien tenga que marcharse o cambiar su vida para solucionar el problema».
José Gosálbez destaca la gestión permanente de la Devesa tras el incendio de El Saler.
El concejal de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València, José Gosálbez, ha destacado el trabajo permanente de gestión y prevención que desarrolla el Consistorio en la Devesa de El Saler, con actuaciones de seguridad sobre el arbolado, retirada de madera quemada y protección de los espacios que se encuentran en proceso de regeneración tras el incendio del pasado 27 de agosto.
Gosálbez, que además es portavoz municipal de VOX y segundo teniente de alcalde, ha defendido que el mantenimiento del monte debe desarrollarse durante todo el año y combinar las actuaciones de prevención con el respeto a los procesos naturales de recuperación. Sus responsabilidades al frente de Devesa-Albufera constan en el organigrama municipal.
«La Devesa no se protege con actuaciones puntuales. Se protege trabajando los 365 días del año, anticipándonos a los riesgos, actuando donde es necesario y dejando que el monte se regenere donde la naturaleza debe hacer su trabajo», ha señalado.
Seguridad, prevención y regeneración natural
Las declaraciones se producen en el contexto de la coordinación entre el Ayuntamiento y la Generalitat para recuperar las 37 hectáreas afectadas por el incendio de El Saler. El fuego comenzó el 27 de agosto y llegó a afectar a 37 hectáreas, además de obligar a desalojar a vecinos de la zona.
El concejal ha explicado que la gestión incluye talas controladas cuando existen problemas de seguridad, retirada de madera quemada y seguimiento de las zonas donde la vegetación está recuperándose de manera natural.
«Gestionar un monte es tomar decisiones. Si un árbol supone un riesgo, se actúa; si hay madera quemada que debe retirarse, se retira; y si una zona necesita tiempo para regenerarse, se protege. Nuestro criterio es claro: seguridad, prevención y gestión sobre el terreno», ha defendido Gosálbez.
Estas líneas coinciden con parte de los trabajos postincendio acordados entre ambas administraciones. La Generalitat ha anunciado una inversión inicial de 150.000 euros para retirar arbolado con riesgo de caída y recuperar caminos, mientras que el Ayuntamiento asumirá, entre otras actuaciones, la eliminación de especies invasoras y la limitación del acceso a determinadas áreas afectadas.
Zonas acotadas para favorecer la recuperación
Gosálbez también ha destacado el trabajo destinado a proteger las áreas donde comienza a recuperarse la vegetación.
El Servicio de Devesa-Albufera está acotando determinados espacios mediante elementos como talanqueras y cuerdas de seguridad integradas en el entorno para reducir el tránsito de personas y evitar que las pisadas interfieran en los nuevos brotes.
«Después de un incendio no basta con apagar las llamas. Hay que seguir trabajando al día siguiente y durante los meses posteriores. Por eso protegemos las zonas que están rebrotando y hacemos compatible el uso público de la Devesa con su recuperación», ha explicado.
El planteamiento está en línea con las actuaciones anunciadas tras el informe elaborado por el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), que debía determinar la severidad del incendio sobre la vegetación y el suelo y orientar las medidas de recuperación. Ayuntamiento y Generalitat acordaron a comienzos de septiembre elaborar un plan conjunto de regeneración, además de estudiar mejoras en los cortafuegos.
150.000 euros para la primera fase de recuperación
La Generalitat y el Ayuntamiento concretaron el 24 de septiembre una primera fase de actuaciones postincendio. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, anunció una inversión autonómica superior a 150.000 euros destinada fundamentalmente a garantizar la seguridad y facilitar la regeneración de la superficie quemada.
Entre las primeras medidas se encuentran la retirada de árboles afectados que presentan riesgo de caída y la reparación de caminos. El Ayuntamiento, por su parte, continuará trabajando sobre las especies invasoras y las zonas que requieren restricciones temporales de acceso.
La coordinación se suma al plan de regeneración acordado a principios de septiembre, que contempla también la revisión y posible ampliación de los cortafuegos y la incorporación del sistema SIDEINFO al Plan Local de Prevención de Incendios Forestales.
Un servicio permanente de limpieza de la Devesa
Gosálbez ha enmarcado estas actuaciones en la gestión ordinaria que desarrolla la Delegación de Devesa-Albufera durante el conjunto del año.
El Ayuntamiento puso en marcha en abril un contrato de cerca de 270.000 euros para establecer por primera vez un servicio regular de limpieza manual en la Devesa. La actuación comprende la retirada de residuos acumulados entre la vegetación, dunas, malladas y espacios próximos a las carreteras, con una planificación diferenciada según la época del año.
Durante el verano, el dispositivo municipal de prevención también contempló el refuerzo permanente del parque de bomberos de El Saler y la activación de los once cañones SIDEINFO cuando se declarara el máximo nivel de riesgo de incendios.
La política de prevención municipal ha sido objeto también de críticas. En agosto se publicó que el Ayuntamiento no había repetido este verano un tratamiento químico antiincendios ensayado previamente como prueba piloto. El Consistorio mantuvo, no obstante, otras medidas preventivas, como refuerzos de bomberos, vigilancia, cierres de accesos durante episodios de riesgo extremo y activación de los sistemas de agua.
Gosálbez apuesta por una gestión continuada
Para el responsable de Devesa-Albufera, la recuperación del terreno afectado debe realizarse atendiendo a las necesidades concretas de cada zona y evitando actuaciones indiscriminadas que puedan interferir en la regeneración natural.
Gosálbez defiende así una gestión que combine la intervención en aquellos puntos donde existan riesgos para personas o para el propio monte con la protección de las áreas en las que la vegetación pueda recuperarse sin necesidad de actuaciones adicionales.
El Ayuntamiento ha iniciado asimismo los trámites para personarse en las actuaciones judiciales relacionadas con el incendio del 27 de agosto, una decisión impulsada por el propio concejal para defender los intereses municipales y esclarecer lo sucedido.
«Seguridad, prevención y gestión sobre el terreno» resume, según Gosálbez, el criterio con el que la Delegación pretende continuar trabajando en la Devesa durante el proceso de recuperación.
Manuel Vela alerta de posibles incumplimientos técnicos en la nueva piscina cubierta de Chiclana.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Chiclana, Manuel Vela, ha cuestionado el proyecto de la nueva piscina cubierta de La Longuera al considerar que presenta deficiencias técnicas que podrían obligar a modificarlo antes de su ejecución. La formación señala aspectos relacionados con la ventilación y la aportación de energías renovables y reclama al Gobierno municipal que aclare estas cuestiones antes de adjudicar las obras.
Las críticas de VOX se producen coincidiendo con la presentación pública del proyecto por parte del alcalde, José María Román. El Ayuntamiento ha informado de que seis empresas se han presentado al procedimiento de licitación, cuyo presupuesto base asciende a 6.414.403,58 euros, y que las ofertas se encuentran actualmente en estudio.
«Queremos la piscina para Chiclana, pero no a cualquier precio», ha señalado Vela, que exige solucionar cualquier posible deficiencia sin que suponga un coste adicional para los vecinos.
Vela cuestiona la ventilación prevista para la piscina
Una de las principales objeciones planteadas por VOX se refiere al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
Según los cálculos expuestos por Vela, el proyecto contempla un caudal de ventilación exterior de 2.131 metros cúbicos por hora, mientras que la formación sostiene que, atendiendo a las características de la instalación, deberían alcanzarse 8.609 metros cúbicos por hora. Estas cifras concretas proceden del análisis realizado por VOX y no han podido ser contrastadas en la documentación pública localizada del proyecto.
El portavoz considera que la diferencia no podría solventarse mediante una corrección menor, ya que, según su planteamiento, aumentar ese caudal obligaría a revisar equipos de tratamiento de aire, conductos, difusión y cálculos energéticos.
«Multiplicar por cuatro el aire exterior obliga a rehacer la unidad de tratamiento, los conductos, la difusión y toda la justificación energética», afirma Vela.
El Código Técnico exige un 70% de contribución renovable
VOX señala también un posible incumplimiento del Documento Básico HE del Código Técnico de la Edificación en relación con la climatización de la piscina.
En este punto, la normativa sí establece que la contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables debe cubrir al menos el 70% de la demanda energética anual de climatización de una piscina cubierta.
Vela asegura que los cálculos incluidos en el proyecto sitúan la aportación de la bomba de calor seleccionada en el 69,42%, ligeramente por debajo de ese umbral. El porcentaje concreto citado corresponde a la revisión realizada por VOX y también ha sido recogido por la prensa local.
El RITE remite igualmente a las exigencias de contribución renovable establecidas en la sección HE4 del Código Técnico para la climatización de piscinas cubiertas.
VOX añade otras objeciones relacionadas con el análisis de alternativas de alta eficiencia y la documentación necesaria para la certificación energética, cuestiones sobre las que reclama explicaciones técnicas al Ejecutivo municipal.
Un proyecto de 6,4 millones cofinanciado con fondos FEDER
La nueva piscina forma parte del Plan de Actuación Integrado de Chiclana y está cofinanciada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027, además de recursos propios municipales. El expediente de licitación fue aprobado en agosto y establece un plazo máximo de ejecución de 24 meses una vez adjudicadas las obras.
El Ayuntamiento proyecta una instalación con un vaso principal de 25 por 16,5 metros, otro destinado a enseñanza, vestuarios, graderío, dependencias auxiliares y marquesinas fotovoltaicas para autoconsumo. El Gobierno municipal sostiene además que el diseño se ha elaborado con participación de técnicos municipales y representantes del ámbito deportivo.
El Consistorio presenta la actuación como una de las principales inversiones deportivas previstas dentro del PAI y defiende que permitirá disponer de una segunda piscina municipal cubierta.
VOX advierte sobre una eventual devolución de fondos
Vela considera que, si las deficiencias que denuncia obligaran a modificar sustancialmente el proyecto o afectaran al cumplimiento de las condiciones de financiación, podrían existir consecuencias sobre los fondos europeos.
La posibilidad de una devolución es, por ahora, una advertencia formulada por VOX. No consta en las fuentes consultadas que la administración financiadora haya iniciado un procedimiento para reclamar fondos ni que exista una resolución administrativa que determine que el proyecto incumple las condiciones de la ayuda.
El portavoz de VOX también acusa al alcalde de utilizar la presentación del proyecto con fines electorales, una valoración política que el Gobierno municipal no comparte. Román, por su parte, ha defendido públicamente la actuación y ha anunciado que las obras serán adjudicadas una vez finalice el estudio de las seis ofertas presentadas.
«Ahora Román debe solucionar esta papeleta y sin que cueste un solo céntimo de euro a los chiclaneros», concluye Vela.
Gonzalo García de Polavieja acusa a Sanz de «incapacidad» para ejecutar los acuerdos pactados en Sevilla.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha acusado al alcalde, José Luis Sanz, de «incapacidad» para convertir en actuaciones concretas parte de los compromisos presupuestarios alcanzados entre PP y VOX y ha calificado de «frustrante» el documento remitido por el Gobierno municipal sobre su grado de cumplimiento.
García de Polavieja ha precisado que su grupo no atribuye al alcalde una voluntad deliberada de romper los acuerdos. Su crítica se centra, según ha explicado, en la capacidad de gestión del Ejecutivo local y en los retrasos que VOX aprecia en diferentes medidas.
«No creemos que el problema de José Luis Sanz sea que tenga intención de incumplir los acuerdos con VOX. El problema es que existe una evidente incapacidad para gestionar Sevilla y convertir los compromisos en realidades», ha afirmado.
VOX considera «frustrante» la respuesta del Gobierno municipal
Las críticas llegan después de que el Gobierno de Sanz remitiera a VOX información sobre el estado de los compromisos presupuestarios. Según la valoración realizada por el grupo municipal, diversas actuaciones continúan en fases de estudio, planificación o tramitación, mientras otras dependen de futuros contratos o procedimientos administrativos.
«Un Gobierno municipal tiene que ser capaz de pasar de los anuncios a los hechos. Estudiar, valorar o planificar puede ser un primer paso, pero no puede presentarse como si el compromiso estuviera cumplido», sostiene García de Polavieja.
El portavoz considera que la cuestión va más allá de la ejecución individual de cada medida y critica lo que define como una falta de «ilusión» y de proyecto para transformar la ciudad.
«Lo verdaderamente preocupante es comprobar que detrás de esos incumplimientos no hay una estrategia de transformación de Sevilla ni un proyecto de ciudad», ha manifestado.
Del soterramiento de la Ronda Norte a la incorporación de policías
La tensión por el cumplimiento del pacto se había hecho pública días antes. El 15 de septiembre, VOX dio al Gobierno municipal una semana para concretar un calendario de ejecución de los compromisos pendientes tras una reunión de seguimiento entre ambas partes.
Entre las actuaciones señaladas por VOX figuran el estudio para el soterramiento de la Ronda Urbana Norte, el proyecto de transporte fluvial, la modificación de la Zona de Bajas Emisiones, actuaciones de asfaltado y acerado, la Oficina Antiocupación y cambios relacionados con las viviendas de uso turístico.
La relación incluye también la incorporación de 250 policías locales, actuaciones contra la venta ambulante ilegal, los proyectos de los museos de la Semana Santa, Historia de Sevilla y Flamenco, cámaras de seguridad en el Huevo de Colón y un Plan de Prevención del Suicidio Juvenil.
VOX ya había solicitado en julio la convocatoria urgente del Comité de Seguimiento del acuerdo al considerar necesario revisar medida por medida qué compromisos se habían ejecutado y cuáles sufrían retrasos.
Los presupuestos de 2026 fueron aprobados con el acuerdo PP-VOX
El enfrentamiento se produce en torno a unos acuerdos que facilitaron la aprobación de las cuentas municipales para 2026. El presupuesto fue aprobado inicialmente por el Pleno el 23 de diciembre de 2025 y recibió su aprobación definitiva el 29 de enero de este año.
Las cuentas consolidadas ascienden a 1.380 millones de euros, según los datos publicados por el Ayuntamiento. Entre las medidas incorporadas se encuentra una nueva reducción del 1% del IBI y distintas partidas de inversión y servicios municipales.
La discrepancia actual no se centra, por tanto, en la existencia de los compromisos, sino en su grado de ejecución. La afirmación de que existe incumplimiento o incapacidad de gestión corresponde a la valoración política de VOX a partir del documento remitido por el Ejecutivo municipal.
García de Polavieja reclama pasar «de los anuncios a los hechos»
El portavoz de VOX sostiene que los compromisos presupuestarios deben traducirse en expedientes, dotación económica, contratación y ejecución material y rechaza considerar cumplidas actuaciones que permanezcan únicamente en etapas preparatorias.
«Los sevillanos no votaron para que las cosas se estudien indefinidamente. Quieren que se hagan. Quieren ver mejores servicios, mejores barrios, más limpieza, mejores infraestructuras y una ciudad que avance», ha defendido.
García de Polavieja ha insistido en que su formación no aprecia «ánimo de incumplir» por parte de Sanz, pero sí una falta de capacidad para materializar lo pactado.
El dirigente de VOX ha añadido además que los puntos que su grupo considere incumplidos pasarán a formar parte de sus prioridades políticas de cara al próximo ciclo municipal.
La presión sobre el Gobierno del PP se produce en un Ayuntamiento en el que Sanz necesita apoyos de otros grupos para sacar adelante determinadas votaciones, una circunstancia a la que García de Polavieja también se ha referido al reclamar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
Gonzalo de Oro acusa a Collboni de mantener el modelo de Colau en Barcelona.
El presidente del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha aprovechado la celebración de las fiestas de la Mercè para hacer balance de la situación de la ciudad y acusar al alcalde, Jaume Collboni, de mantener buena parte de las políticas desarrolladas durante los mandatos de Ada Colau.
De Oro realizó estas declaraciones desde el Saló de Cent, donde felicitó a los barceloneses por unas fiestas que, según destacó, representan «tradición, cultura e identidad». La Mercè se celebra este año entre el 23 y el 27 de septiembre y tiene a Shanghái como ciudad invitada, coincidiendo con los 25 años del hermanamiento entre ambas ciudades.
«Las políticas son exactamente las mismas que las de la señora Colau», afirmó el portavoz de VOX, quien definió el actual modelo municipal como «progre, inseguro y monolingüe» y centró sus críticas en seguridad, vivienda y política lingüística. Estas expresiones corresponden a la valoración política de VOX sobre la gestión de Collboni.
De Oro cuestiona el relato municipal sobre la seguridad
La seguridad ocupó una parte central de la comparecencia. De Oro rechazó que la evolución de las cifras globales permita concluir que el problema está resuelto y puso el foco en el crecimiento de determinados delitos graves y en el bajo porcentaje de víctimas que termina denunciando.
Los datos difundidos este mes por Interior y el Ayuntamiento reflejan que los delitos registrados en Barcelona descendieron más de un 16% durante el verano respecto al mismo periodo de 2025, con una caída del 23,9% en los hurtos. Al mismo tiempo, entre enero y agosto se contabilizaron 15 muertes violentas en la ciudad.
De Oro utiliza precisamente esa evolución de los delitos más graves para cuestionar la lectura del Gobierno municipal. En el primer semestre de 2026, los homicidios registrados pasaron de cinco a nueve respecto al mismo periodo del año anterior, mientras el conjunto de infracciones penales descendía.
El dirigente de VOX también se refirió a la Encuesta de Victimización de Barcelona. Los resultados divulgados este verano situaron el índice de denuncia en el 20,1%, lo que significa que aproximadamente dos de cada diez víctimas comunican formalmente los hechos a la Policía.
«La inseguridad está fuera de control. Es imposible sostener que la delincuencia baja cuando los asesinatos han aumentado o cuando la propia encuesta de victimización del Ayuntamiento refleja que solo dos de cada diez personas denuncian», sostuvo De Oro.
VOX insiste en dotar de Táser a la Guardia Urbana
El portavoz volvió a reclamar más medios para la Guardia Urbana, entre ellos dispositivos eléctricos Táser.
La cuestión continúa en tramitación municipal. El pasado julio, la Comisión de Presidencia aprobó inicialmente el reglamento para incorporar estos dispositivos con los votos de PSC, Junts y PP, el rechazo de Barcelona en Comú y ERC y la abstención de VOX. Collboni había defendido previamente que la policía municipal contase con esta herramienta.
VOX lleva tiempo reclamando una dotación mayor y sostiene que los agentes necesitan más instrumentos para afrontar situaciones violentas. De Oro considera además que la Guardia Urbana necesita un respaldo político más firme por parte del Gobierno municipal.
Críticas a la política de vivienda y a la reserva del 30%
En vivienda, De Oro volvió a rechazar las políticas de intervención del mercado y señaló especialmente la reserva del 30% de vivienda protegida en determinadas promociones de obra nueva y grandes rehabilitaciones.
La medida, aprobada durante el mandato de Ada Colau en 2018, obliga a reservar para vivienda protegida el 30% del techo residencial generado en promociones privadas de más de 600 metros cuadrados. El Tribunal Supremo avaló su legalidad en febrero de este año.
Su eficacia, sin embargo, forma parte del debate político municipal. Fuentes del Ayuntamiento citadas este verano cifraron en 34 las viviendas protegidas obtenidas mediante esta fórmula en ocho años. Collboni intentó reformar la normativa durante el actual mandato, pero las negociaciones no culminaron en un acuerdo.
VOX plantea directamente abandonar esta clase de intervenciones y atribuye a los controles de precios, la inseguridad jurídica para los propietarios y la ocupación parte de los problemas de oferta que observa en la ciudad.
«Si alguien busca piso en Barcelona no encuentra nada. La persecución al propietario, la permisividad con la okupación y los topes de precio solo consiguen que la gente no pueda independizarse ni formar una familia», afirmó De Oro.
El Gobierno de Collboni defiende, por el contrario, la regulación de los alquileres y la ampliación del parque protegido como instrumentos para afrontar el problema de acceso a la vivienda. El alcalde señaló recientemente que el alquiler en Barcelona aumentó un 78% entre 2014 y 2024 y defendió que la regulación aplicada en los últimos años ha contribuido a reducir precios.
De Oro denuncia una política de «monolingüismo»
La política lingüística fue otro de los ejes de la intervención. De Oro criticó las iniciativas destinadas a incrementar el uso del catalán en el comercio y defendió que cada establecimiento pueda utilizar libremente el castellano o el catalán en su actividad.
En junio, una comisión municipal aprobó, a iniciativa de ERC y con apoyo de PSC, Junts y Barcelona en Comú, medidas para reforzar la presencia del catalán en los comercios, entre ellas un mayor seguimiento del cumplimiento de la normativa lingüística y la incorporación de información sobre requisitos lingüísticos en la apertura de nuevos establecimientos. Algunas de esas medidas habían sido planteadas por Plataforma per la Llengua.
La aplicación de esa normativa ha generado, no obstante, posiciones diferentes dentro del propio consistorio. En agosto, el Ayuntamiento reconocía que priorizaba la sensibilización y que no estaba imponiendo sanciones a los establecimientos denunciados por incumplimientos lingüísticos. Posteriormente, una iniciativa de Junts aprobada en comisión reclamó al Gobierno municipal que hiciera cumplir la regulación vigente.
De Oro considera que estas actuaciones suponen una discriminación de los castellanohablantes. «El Ayuntamiento pretende imponer un monolingüismo que no existe en las calles y crear ciudadanos de primera y de segunda», afirmó.
Críticas por la presencia de Shanghái en la Mercè
El dirigente de VOX también criticó la elección de Shanghái como ciudad invitada de la Mercè y acusó al Gobierno municipal de mantener una «doble moral» entre las políticas ambientales aplicadas en Barcelona y la relación institucional con China.
El Ayuntamiento presenta la participación de Shanghái desde una perspectiva cultural y recuerda que 2026 marca el 25 aniversario del hermanamiento de ambas ciudades. Más de un centenar de artistas procedentes de Shanghái y de la comunidad china de Barcelona participan en la programación de las fiestas.
De Oro cerró su intervención defendiendo la línea política de VOX en el Ayuntamiento y situó entre sus prioridades la seguridad, el acceso a la vivienda en propiedad, la libertad lingüística y la unidad de España.
Lorena González reprocha a PSOE y Unidas Podemos su voto contra la moción sobre Ceuta.
El Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado una moción presentada por VOX para reafirmar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y reclamar el respeto a la integridad territorial de España. La iniciativa salió adelante con el apoyo del PP y de los concejales no adscritos, mientras PSOE y Unidas Podemos votaron en contra.
La portavoz municipal de VOX, Lorena González, ha criticado el rechazo de los grupos de izquierda y ha defendido que la propuesta plantea una posición institucional sobre la soberanía de ambas ciudades autónomas y las relaciones de España con Marruecos.
«Me parece increíble que la izquierda albaceteña haya votado en contra de una moción que defiende algo tan básico como que Ceuta es España y que la soberanía española no se negocia», afirmó González tras el debate. La portavoz rechazó además las acusaciones de que la iniciativa fomente el odio y sostuvo que su contenido se centra en «defender nuestras fronteras, nuestro territorio y nuestra soberanía».
La moción reclama reafirmar la soberanía española
La propuesta había sido presentada por VOX dos días antes del Pleno. Entre sus puntos figuraba que el Ayuntamiento reafirmara expresamente la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y el resto de territorios españoles situados en el norte de África, además de rechazar cualquier pretensión de soberanía sobre ellos.
La iniciativa también planteaba reclamar al Gobierno de España actuaciones diplomáticas ante Marruecos y revisar las relaciones bilaterales para que la cooperación económica, policial y migratoria se desarrollase, según el planteamiento de VOX, bajo criterios de reciprocidad y respeto a la soberanía española.
La moción se enmarca en el debate político abierto durante las últimas semanas a raíz de la crisis registrada en Ceuta. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el 3 de septiembre que «Ceuta es España en la frontera» y defendió la unidad institucional como respuesta a la situación vivida en la ciudad autónoma.
González responde a Unidas Podemos
Durante el debate municipal, González puso especialmente el foco en la intervención de Unidas Podemos. Según la versión difundida por VOX, la concejal de esta formación defendió que la situación de Ceuta no debía abordarse únicamente como un problema de la ciudad autónoma y planteó distribuir por otros puntos de España a personas que permanecen allí.
La portavoz de VOX contrapuso esa posición a la defendida por su grupo.
«Una cosa es defender los derechos de las personas y otra muy distinta es renunciar al control de nuestras fronteras. La defensa de la soberanía española no es odio, y exigir el cumplimiento de la ley no es odio», señaló González.
VOX destaca el respaldo mayoritario del Pleno
Con su aprobación, el Ayuntamiento de Albacete ha respaldado la parte dispositiva de una iniciativa que reivindica la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y pide que las relaciones de cooperación con Marruecos estén condicionadas al respeto de la integridad territorial española.
«Hoy ha quedado claro que VOX va a seguir defendiendo que Ceuta es España, que Melilla es España y que la soberanía española no está en venta ni puede estar sometida a intereses políticos o diplomáticos», afirmó González.
La portavoz añadió que las diferencias entre los grupos pueden mantenerse en materias como inmigración, cooperación o política exterior, pero defendió que la integridad territorial de España debe quedar al margen de esas discrepancias.
Luis Manuel Pomares critica que el PP rechace una estación fija de ITV para Roquetas de Mar.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha criticado al Gobierno municipal del PP después de que rechazara la moción de la formación para reclamar a la Junta de Andalucía y a la empresa pública VEIASA la instalación de una estación fija de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en el municipio.
El portavoz municipal de VOX, Luis Manuel Pomares, defendió la iniciativa durante el Pleno celebrado este jueves y argumentó que disponer de una estación propia evitaría desplazamientos a los conductores de Roquetas que actualmente utilizan las instalaciones de otros municipios.
«No tiene sentido que el Gobierno de Gabriel Amat rechace esta iniciativa cuando solamente busca un bien para los conductores de Roquetas de Mar», afirmó Pomares.
Los conductores tienen que acudir a Vícar
VOX pone el foco especialmente en la estación fija de Vícar, situada en la carretera Nacional 340, en el polígono industrial El Cosario. VEIASA incluye estas instalaciones entre sus estaciones fijas operativas y señala que cuentan con líneas para realizar las correspondientes inspecciones de vehículos.
Pomares sostiene que esta situación obliga a los vecinos de Roquetas a invertir más tiempo y combustible para realizar una inspección obligatoria y considera que las consecuencias son mayores para autónomos, transportistas y empresas que dependen diariamente de sus vehículos.
«Hablamos del segundo municipio más poblado de la provincia y, pese a eso, los vecinos tienen que desplazarse hasta Vícar para cumplir con un trámite que es obligatorio», señaló.
Roquetas mantiene efectivamente la segunda posición por población dentro de la provincia, únicamente por detrás de la capital. Los últimos datos anuales publicados por el INE situaban su población en 110.054 habitantes a comienzos de 2025, frente a los 90.617 de El Ejido. Además, el INE señaló que Roquetas estuvo entre las grandes ciudades españolas con mayor crecimiento relativo durante 2025.
VOX pedía realizar estudios técnicos y económicos
La moción no planteaba, según explica VOX, una ejecución inmediata de la estación, sino instar al Gobierno andaluz y a VEIASA a estudiar su viabilidad técnica y económica.
«Con esa moción lo único que pretendemos es mejorar el acceso a este trámite para los ciudadanos y acercarle el servicio a los roqueteros», explicó Pomares, quien defendió que la Junta evaluara las condiciones necesarias para poner en marcha unas instalaciones permanentes en la localidad.
La propuesta figuraba entre los asuntos previstos para el Pleno ordinario del 24 de septiembre. La prensa local había adelantado antes de la sesión que la posible instalación de una ITV en Roquetas sería uno de los temas sometidos a debate.
Pomares vincula la petición al crecimiento de Roquetas
VOX considera que el aumento de población experimentado por el municipio durante las últimas décadas debe ir acompañado de una ampliación de los servicios disponibles para sus habitantes.
El crecimiento demográfico de Roquetas está ampliamente documentado. Un informe municipal sobre el mapa estratégico de ruido describe una fuerte expansión de su población desde las últimas décadas del siglo XX y la sitúa como el segundo municipio con más habitantes de Almería.
El alcalde de Roquetas continúa siendo Gabriel Amat, del Partido Popular, según la información institucional del propio Ayuntamiento.
«Roquetas de Mar ha multiplicado su población en las últimas décadas y sus servicios tienen también que crecer con ella. No es razonable que una ciudad como la nuestra carezca de una estación fija de ITV», concluyó Pomares.
El portavoz de VOX sostiene que disponer de este servicio dentro del término municipal reduciría desplazamientos para particulares y profesionales y reclama que la Junta estudie la viabilidad de implantarlo.