Pelayo eleva sus críticas al PSOE tras conocerse los indicios sobre las presuntas actuaciones contra la jueza Biedma.
El secretario general del Grupo Parlamentario VOX Extremadura, Ángel Pelayo, ha acusado al PSOE de actuar como una «organización mafiosa y criminal» a raíz de las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre la denominada trama de Leire Díez y los presuntos intentos de obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban a dirigentes socialistas o al Gobierno.
Durante una comparecencia en Badajoz, Pelayo sostuvo que esa calificación responde, según VOX, a los indicios que están siendo analizados judicialmente. La afirmación es una valoración política del dirigente de VOX y no una conclusión judicial sobre el PSOE como organización.
«Cuando VOX afirma que el Partido Socialista es una organización mafiosa y criminal no se trata de ninguna hipérbole ni de ninguna ocurrencia de VOX», afirmó Pelayo, quien remitió a las investigaciones que desarrolla la Audiencia Nacional.
Pelayo pone el foco en las actuaciones contra Beatriz Biedma
El dirigente de VOX se refirió especialmente al caso de Beatriz Biedma, magistrada que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y que actualmente es presidenta del Tribunal de Instancia de Badajoz. Su nombramiento para este último cargo fue publicado en el BOE el pasado mes de abril.
Biedma ha solicitado personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre Leire Díez. La magistrada sostiene que, según los indicios recabados, fue uno de los objetivos de la presunta trama y denuncia actuaciones destinadas a recopilar información sobre ella, desacreditarla y apartarla de investigaciones judiciales.
En su escrito también señala la existencia de presuntos contactos con personas vinculadas a un clan relacionado con el narcotráfico en Badajoz «con la finalidad de actuar contra la magistrada». El alcance y la eventual relevancia penal de estos hechos continúan bajo investigación y no existe todavía una resolución judicial firme que determine responsabilidades.
Pelayo calificó estos hechos de «excepcional gravedad» y los vinculó políticamente con Leire Díez y con el entorno del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ambos relacionados con la investigación abierta en la Audiencia Nacional. Cerdán fue incorporado como investigado a esta causa en mayo.
VOX ya se ha querellado por las presuntas presiones a la magistrada
Las declaraciones de Pelayo llegan después de que VOX presentara una querella contra la exmilitante socialista Leire Díez, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada y el abogado Jacobo Teijelo por las presuntas maniobras dirigidas contra Biedma.
La formación sostiene que debe investigarse quién diseñó, participó y financió cualquier actuación destinada a intimidar a la magistrada. La querella fue presentada después de conocerse que Biedma había comunicado a la Audiencia Nacional los presuntos contactos de personas de la trama con individuos vinculados al narcotráfico.
La causa que dirige el juez Santiago Pedraz investiga presuntas maniobras para obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Entre los investigados se encuentran Leire Díez y Santos Cerdán, además de otras personas vinculadas a distintas ramas de la investigación.
Pelayo advierte de un problema que afecta a la independencia judicial
Para el diputado extremeño, lo conocido hasta ahora trasciende el caso concreto de Biedma. Pelayo sostuvo que cualquier intento de intimidación contra una magistrada por el ejercicio de sus funciones supondría una amenaza para la independencia de los poderes del Estado.
«A partir de ahora ninguno de los poderes del Estado, ni el Poder Judicial, ni por supuesto ustedes, los medios de comunicación, ni el poder político que representamos los diputados, estamos a salvo de que no nos suceda algo similar», afirmó.
Pelayo añadió que considera «de una gravedad extrema» que las actuaciones investigadas pudieran haber buscado condicionar a una jueza encargada de una causa políticamente sensible.
La propia Biedma argumenta en su petición para ejercer la acusación particular que los hechos podrían ser constitutivos, entre otros, de delitos de obstrucción a la justicia, amenazas o coacciones, delitos contra la integridad moral, revelación de secretos y organización criminal. Será la investigación judicial la que determine si existieron esos delitos y, en su caso, quiénes son responsables.
Pelayo reclama un cambio de Gobierno
El secretario general del Grupo Parlamentario VOX Extremadura cerró su intervención reclamando la salida de Pedro Sánchez del Ejecutivo y la convocatoria de unas elecciones que, afirmó, deben celebrarse con garantías.
«Es urgente desalojar a Pedro Sánchez y toda su estructura mafiosa del poder», declaró Pelayo, utilizando nuevamente una caracterización política de VOX que no constituye una calificación judicial.
El dirigente extremeño defendió que los ciudadanos deben poder expresar su voluntad en «unas elecciones libres, limpias, transparentes y sin alteraciones del censo» y reclamó un cambio de Gobierno.
Las declaraciones se producen mientras continúa abierta en la Audiencia Nacional la investigación sobre la denominada trama de Leire Díez y las presuntas actuaciones destinadas a interferir en procedimientos judiciales.
Jové alerta de nuevas deficiencias en Valgrande-Pajares y pide garantías antes de la temporada.
El diputado de VOX en la Junta General del Principado Javier Jové ha denunciado deficiencias en la revisión de los remontes y en las actuaciones de la fase II de Valgrande-Pajares y ha reclamado al Gobierno asturiano explicaciones sobre las medidas previstas antes del inicio de la próxima temporada de esquí.
El parlamentario ha centrado sus advertencias en el telesilla de Brañillín. Según ha explicado tras visitar la estación, durante los trabajos de revisión se habría comprobado que su eje primario está «totalmente deformado» e «inservible», por lo que tendría que ser sustituido por una pieza fabricada específicamente.
«La silla de Brañillín este año no va a funcionar. Sin eje primario no puede funcionar y ahora habrá que sacar una licitación y, después, iniciar el proceso de fabricación», ha afirmado Jové. La previsión de que el remonte no estará operativo esta temporada corresponde al diputado de VOX; el Principado no había publicado, hasta este momento, una confirmación oficial de ese extremo.
Jové advierte del impacto sobre la zona de debutantes
El diputado ha relacionado la posible falta de funcionamiento de Brañillín con las actividades de iniciación al esquí y con su repercusión sobre los negocios vinculados a la estación.
La importancia del telesilla para esta zona figura también en la regulación de los forfaits de la estación: el forfait de debutantes daba acceso al telesilla de Brañillín y a las cintas de las zonas baja y alta.
Jové sostiene que la ausencia de este remonte dificultaría la celebración de semanas blancas y cursos de iniciación y tendría consecuencias para cafeterías, escuelas de esquí y establecimientos dedicados al alquiler de material.
«Una estación que no tiene un remonte para dar servicio a los debutantes es una estación muerta», ha advertido.
VOX pide garantías sobre la seguridad de los remontes
Jové también ha cuestionado cómo se está desarrollando la revisión de las instalaciones. El diputado asegura que no se habría previsto un acopio suficiente de piezas de repuesto y afirma que se estarían reutilizando componentes usados cuyo estado considera inadecuado.
El Principado había anunciado el 3 de septiembre que estaba desarrollando una «gran inspección» de los remontes de Valgrande-Pajares, centrada en el telesilla de Brañillín, la telecabina Cuitunigru y el telesquí del Tubo. El Gobierno autonómico situó en más de 300.000 euros las actuaciones de supervisión, seguridad y mantenimiento previstas durante este año.
Además, un expediente del propio Principado recoge la contratación de suministro de materiales para el mantenimiento anual de los telesillas de Brañillín y Valle del Sol.
La cimentación de una pilona, otro punto de discrepancia
El diputado ha mostrado especial preocupación por la cimentación de una de las pilonas, que, según su versión, presenta grietas. Jové sostiene que los técnicos comunicaron la situación y cuestiona que la respuesta haya consistido en reparar las fisuras en lugar de desmontar la pilona y ejecutar una nueva cimentación.
El planteamiento expuesto por Jové contrasta con lo anunciado anteriormente por el Gobierno asturiano. El Ejecutivo señaló el 10 de agosto que la inspección de los remontes incluía expresamente «la ejecución de una nueva cimentación para una de las pilonas del telesquí del Tubo».
VOX reclama por ello que el Principado aclare qué actuación se está ejecutando finalmente y qué comprobaciones técnicas se realizarán antes de autorizar el funcionamiento de las instalaciones.
«Estamos hablando de seguridad. Si existe una cimentación dañada, lo que exigimos es que se adopten todas las medidas necesarias y que no se escatime ni un euro cuando puede estar en juego la seguridad de los usuarios», sostiene Jové.
Dudas sobre la ejecución de la fase II
El parlamentario también ha cuestionado el grado de ejecución de la segunda fase de modernización de Valgrande-Pajares. Según Jové, «gran parte» de determinadas actuaciones previstas no llegará a completarse con el presupuesto actualmente adjudicado y cita las rutas de senderismo, la señalización y preparación de la pista de esquí de fondo y algunos trabajos de revegetación.
El Gobierno del Principado ofrecía en agosto una versión distinta sobre el desarrollo de estas obras. Entonces aseguraba que se encontraban en ejecución el circuito de esquí de fondo y raquetas, mejoras de accesibilidad, nuevos miradores y senderos, actuaciones relacionadas con el bikepark y trabajos de recuperación paisajística.
En septiembre, la Asociación Nieve y Montaña de Asturias también hizo públicas críticas sobre la ejecución de los proyectos de sendas y revegetación de la estación, al considerar que determinados trabajos no se correspondían con las actuaciones inicialmente previstas.
Jové llevará la situación a la Junta General
La situación de Valgrande-Pajares continuará en el debate parlamentario. La Comisión de Cultura, Política Llingüística y Deporte de la Junta General tiene incluida para el 29 de septiembre una pregunta de Jové a la consejera Vanessa Gutiérrez sobre cómo valora el Gobierno el estado de ejecución de las obras de la fase II.
El diputado también preguntará por las deficiencias que denuncia en la urbanización de El Brañillín y por las carencias del sistema de innivación artificial de Valgrande-Pajares.
Para Jové, los problemas detectados vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de «profesionalizar la gestión de la estación», al tiempo que reclama al Ejecutivo autonómico que detalle qué actuaciones estarán terminadas antes de la temporada y qué garantías técnicas ofrecerán los remontes.
Font lleva al Pleno de Huelva la situación de Santa Lucía, la Casita Blanca y el hospital.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva llevará este viernes al Pleno tres cuestiones relacionadas con la situación de las viviendas de Santa Lucía, el deterioro de la Casita Blanca y los problemas de aparcamiento en el entorno del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.
Las tres preguntas de VOX figuran en el orden del día oficial del Pleno ordinario del 25 de septiembre: una sobre las bolsas de aparcamiento y accesos al hospital, otra sobre la situación de la Casita Blanca y una tercera sobre el estado actual del proceso de remodelación de las viviendas de la barriada de Santa Lucía.
El portavoz municipal de VOX, Wenceslao Font, preguntará al equipo de Gobierno por el futuro del programa de remodelación «Casa por Casa» y por las actuaciones previstas para las familias que todavía permanecen a la espera de una solución.
«Hay familias que llevan décadas esperando una solución. Queremos saber qué se va a hacer y qué plazos existen para culminar de una vez la remodelación de Santa Lucía», ha señalado Font.
Un programa de vivienda pendiente desde hace años
El programa «Casa por Casa» tiene un largo recorrido administrativo. En 2006, el Parlamento andaluz aprobó una iniciativa relacionada con la eliminación de infraviviendas en Santa Lucía, que posteriormente se desarrolló mediante acuerdos entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva.
Ya en 2007, el Pleno municipal reclamaba un calendario para la urbanización de Santa Lucía, la construcción de las viviendas, el realojo de los afectados y la demolición de las antiguas edificaciones.
La actuación ha protagonizado desde entonces distintos debates municipales. En 2019, el Ayuntamiento señalaba que aún quedaban viviendas por ejecutar y reclamaba a la Junta que culminara el programa.
VOX quiere ahora que el Gobierno municipal detalle cuál es la situación actual y qué calendario existe para las actuaciones que siguen pendientes.
La Casita Blanca vuelve al Pleno
La segunda cuestión que planteará el grupo municipal se refiere a la Casita Blanca, inmueble propiedad de la Universidad de Huelva y cedido al Ayuntamiento.
La Universidad cedió el edificio al Consistorio en 2002 por un periodo de cuarenta años. Posteriormente, en 2021, el Ayuntamiento formalizó su cesión a Feafes-Huelva para que la entidad pudiera rehabilitarlo y destinarlo, entre otros usos, a un centro terapéutico.
Sin embargo, el edificio continuaba sin uso y presentaba un importante deterioro en mayo de 2026, con cristales rotos, daños en la fachada, humedades y desperfectos interiores.
A comienzos de septiembre, los concejales de VOX Wenceslao Font y María López visitaron nuevamente el inmueble y denunciaron una nueva ocupación, suciedad y problemas de insalubridad.
«La Casita Blanca se está degradando delante de nuestros ojos. Hay que actuar ahora, antes de que termine en ruinas y recuperarla sea mucho más difícil y costoso», sostiene Font, que reclama un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Universidad para determinar el futuro del edificio.
VOX pide más aparcamiento junto al Juan Ramón Jiménez
La tercera pregunta está relacionada con el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez y las dificultades de estacionamiento que VOX asegura que sufren trabajadores, pacientes y familiares.
La formación ya planteó públicamente esta cuestión en agosto y propuso habilitar nuevas bolsas de aparcamiento, mejorar los accesos y la señalización y actuar ante la presencia de aparcacoches no autorizados en las inmediaciones del centro sanitario.
La pregunta incluida ahora en el orden del día del Pleno se refiere expresamente a la habilitación de «bolsas de aparcamiento permanentes» y a la mejora de los accesos y la señalización alrededor del hospital.
VOX plantea que el Ayuntamiento coordine posibles actuaciones con la Junta de Andalucía para incrementar las posibilidades de estacionamiento y mejorar la movilidad en el entorno hospitalario.
«Son tres problemas que afectan directamente a los onubenses y que necesitan soluciones. Las administraciones no pueden seguir dejando pasar el tiempo mientras los vecinos soportan las consecuencias», ha concluido Font.
Carmen Infantes reclama mejoras en el polígono de Las Palmeras tras recoger las quejas de empresarios.
La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Infantes, ha reclamado al Gobierno municipal actuaciones de mantenimiento en el polígono industrial de Las Palmeras después de visitar la calle Algarrobo junto a empresarios y autónomos de la zona. Las demandas trasladadas se centran en la limpieza, la señalización, la iluminación, el asfaltado y la disponibilidad de contenedores.
Infantes recorrió esta parte del polígono para conocer las reclamaciones de quienes desarrollan allí su actividad. Según la información trasladada por VOX, algunos empresarios aseguran que tienen que ocuparse personalmente de la limpieza de los alrededores de sus naves ante lo que consideran una atención municipal insuficiente.
Problemas de circulación en la calle Algarrobo
Entre las principales reclamaciones figura la ordenación del tráfico. Los empresarios señalan que la calle Algarrobo dispone de circulación en ambos sentidos y permite al mismo tiempo el estacionamiento en sus dos márgenes.
Según explican, esta configuración reduce el espacio disponible y dificulta el paso de furgonetas, camiones y turismos, una circunstancia que puede provocar problemas cuando coinciden vehículos de mayores dimensiones.
Los afectados solicitan por ello una mejora de la señalización y una organización del tráfico que facilite tanto el acceso como la actividad cotidiana de las empresas instaladas en esta vía.
Reclaman iluminación y mejoras en el asfaltado
Las quejas recogidas por VOX incluyen también la escasez de farolas en esta parte del polígono y el estado del pavimento.
Infantes sostiene que la calle presenta «numerosos baches y agujeros» y advierte de que el deterioro puede aumentar con la llegada de las lluvias. La portavoz señala además que otras calles del polígono fueron asfaltadas meses atrás, mientras que Algarrobo quedó fuera de esas actuaciones.
«Hace unos meses se asfaltaron otras calles del polígono, mientras que la calle Algarrobo quedó fuera de estas actuaciones, pese a tratarse de una de las principales vías del recinto y de concentrar un elevado número de naves y negocios», afirma.
La presencia de actividad empresarial en esta calle puede comprobarse también en directorios comerciales que sitúan negocios y naves industriales en la calle Algarrobo del polígono de Las Palmeras.
Más contenedores para los negocios
Otra de las demandas trasladadas durante la visita es la instalación de más contenedores destinados al cartón.
Los empresarios consideran necesario disponer de una mayor dotación para gestionar los residuos generados por su actividad y evitar problemas de acumulación en una zona eminentemente industrial.
Las reclamaciones sobre el mantenimiento de Las Palmeras no son completamente nuevas. Ya en 2024 vecinos de esta zona trasladaron públicamente quejas por problemas de limpieza, mientras que Infantes reclamaba entonces al Ayuntamiento el cumplimiento de actuaciones aprobadas en esta materia.
Infantes pide priorizar las zonas industriales
Tras la visita, la portavoz municipal de VOX ha relacionado el estado del polígono con las condiciones en las que empresarios y autónomos desarrollan su actividad.
«No se puede hablar de impulsar la actividad económica mientras se mantiene en estas condiciones una de las principales zonas industriales de la ciudad», ha señalado.
Infantes sostiene que los autónomos y empresarios «generan empleo y riqueza en Sanlúcar» y reclama al Ayuntamiento que las áreas industriales formen parte de sus prioridades de mantenimiento.
«Las Palmeras debe recibir una atención acorde con la importancia que tiene para la economía de nuestra ciudad», concluye la portavoz de VOX, quien pide actuaciones sobre limpieza, iluminación, pavimentación, circulación y gestión de residuos en la calle Algarrobo.
José Ramírez del Río exige una estrategia nacional propia para garantizar el futuro del campo español.
Los diputados de VOX José Ramírez y Tomás Fernández han fijado la posición de su grupo ante varias iniciativas debatidas en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, con especial atención al relevo generacional, la rentabilidad del cereal, los fertilizantes, los productos fitosanitarios y la protección social de los buzos profesionales.
La sesión se celebró el 23 de septiembre y abordó, entre otras cuestiones, una proposición no de ley del Grupo Popular para establecer las bases de una Estrategia Nacional de Relevo Generacional dentro del marco propuesto por la Comisión Europea.
Una estrategia de relevo generacional adaptada al campo español
José Ramírez defendió la necesidad de facilitar la incorporación de jóvenes a las explotaciones agrícolas y ganaderas, pero cuestionó que España deba limitarse a aplicar el planteamiento marcado desde Bruselas.
«Deberíamos plantear una estrategia nacional propia, la que necesite nuestro campo para mejorar la situación y no la que plantea la Unión Europea», afirmó el diputado por Córdoba. VOX presentó una enmienda con propuestas como reducciones fiscales para facilitar la transmisión de explotaciones, medidas financieras para modernizarlas y cambios en la PAC.
Aunque su enmienda no fue incorporada y la iniciativa se votó finalmente en sus propios términos, VOX respaldó la proposición. El texto salió adelante en comisión con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Fernández reclama mayor protección para los buzos profesionales
Tomás Fernández intervino también en la proposición relativa a la mejora del coeficiente reductor de los buzos profesionales, presentada formalmente por el Grupo Mixto y defendida por Martina Velarde, de Podemos.
El diputado de VOX por Huelva aseguró compartir la preocupación por las condiciones de una profesión que calificó de especialmente dura y peligrosa. Su grupo presentó una enmienda para ampliar la protección de estos trabajadores y defendió, entre otras medidas, que se reconozca adecuadamente el desgaste acumulado durante su vida laboral.
«Si realmente queremos reconocer la singularidad de esta profesión, hay que poder garantizar a quienes se juegan literalmente la vida bajo el agua una protección social acorde con el trabajo que realizan», sostuvo Fernández.
VOX se abstuvo en la votación de la iniciativa.
Ramírez: «El campo no tiene un déficit de regulaciones, tiene un déficit de rentabilidad»
La formación votó en contra de la proposición socialista relativa al refuerzo de la autonomía estratégica en fertilizantes y a la promoción de la bioeconomía circular en el sector agrario, cuya autoría corresponde al Grupo Parlamentario Socialista.
Ramírez reconoció la dependencia exterior de determinadas materias primas y la importancia estratégica de los fertilizantes, pero criticó el enfoque de la iniciativa. A su juicio, la propuesta subordinaba sus medidas a nuevas exigencias sanitarias y medioambientales y terminaba reclamando «más marco regulador, más control oficial y más fertilización sostenible al estilo del Pacto Verde».
«El campo no tiene un déficit de regulaciones, tiene un déficit de rentabilidad», afirmó el diputado, que vinculó la posición de VOX a su rechazo a nuevas cargas regulatorias sobre el sector primario.
VOX apoya medidas para mejorar la rentabilidad del cereal
Ramírez respaldó, en cambio, la proposición del Grupo Popular para adoptar medidas de apoyo al sector del cereal ante la crisis de rentabilidad y la presión de los mercados internacionales. La iniciativa fue presentada por el PP —y no por el PSOE— y terminó aprobada con una enmienda de Esquerra Republicana incorporada.
El diputado por Córdoba anunció expresamente el voto favorable de VOX y defendió la necesidad de «articular mecanismos para mejorar la producción de cereales en España».
Ramírez consideró además «imprescindible asegurar la rentabilidad» de los agricultores ante la volatilidad de los mercados internacionales y la competencia exterior.
Rechazo a crear otro observatorio sobre fitosanitarios
Finalmente, VOX votó en contra de la proposición del Grupo Parlamentario Republicano sobre la mejora de la disponibilidad de soluciones fitosanitarias eficaces y la respuesta ante necesidades fitosanitarias urgentes. La iniciativa planteaba, entre otras cuestiones, la creación de un observatorio de sanidad vegetal.
Ramírez explicó que VOX compartía parte del diagnóstico y presentó una enmienda, pero rechazó la creación de un nuevo organismo al considerar que ya existen estructuras autonómicas, nacionales y europeas dedicadas a estas materias.
Según el diputado, añadir otro observatorio podría incrementar el gasto y «crear una mayor dificultad para establecer criterios claros», por lo que advirtió de que, si la enmienda de VOX no era aceptada, su grupo no apoyaría el texto.
Las intervenciones de Ramírez y Fernández situaron así la rentabilidad de las explotaciones, la reducción de cargas y una política agraria definida desde las necesidades españolas entre los principales argumentos defendidos por VOX durante la comisión.
Patricia de las Heras rechaza el modelo de reparto de menores migrantes: «Para VOX, la capacidad ordinaria es cero»
La diputada de VOX en el Parlament balear Patricia de las Heras ha cuestionado la política de distribución de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas y ha marcado distancias con la posición del Govern de Marga Prohens. Durante el pleno de control, la parlamentaria sostuvo que, para su formación, la discusión no debe centrarse en cuántos menores puede recibir Baleares, sino en el propio modelo de reparto.
«Para VOX, la capacidad ordinaria para albergar menores extranjeros no acompañados es cero. Ni 80, ni 406 ni 434», afirmó De las Heras durante su intervención.
La diputada dirigió sus críticas a la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, después de que esta defendiera la actuación del Ejecutivo autonómico frente a las decisiones adoptadas por el Gobierno central.
De las Heras reprochó al Govern que haya recurrido ante los tribunales las cifras establecidas para Baleares, pero, a su juicio, sin poner en cuestión el sistema de distribución. «Ustedes no discuten el reparto, negocian el descuento», resumió la representante de VOX.
De 406 a 434 plazas de capacidad ordinaria
La cifra citada en el debate ha variado durante los dos últimos ejercicios. El Real Decreto 743/2025 fijó para Baleares una capacidad ordinaria de 406 menores extranjeros no acompañados. En 2026, el Gobierno actualizó el cálculo y elevó esa cifra a 434 mediante el Real Decreto 556/2026.
La normativa estatal establece que esta capacidad se calcula mediante una fórmula basada, entre otros elementos, en la población de cada comunidad autónoma y en el número máximo de menores extranjeros no acompañados atendidos por el conjunto del sistema de protección español. Para 2026, la capacidad total resultante para todas las comunidades y ciudades autónomas quedó fijada en 17.081 plazas.
Estarellas sostuvo en el Parlament que el sistema balear tutela actualmente a unos 900 menores y señaló que, según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, la capacidad ordinaria real de las islas rondaría las 80 plazas. También criticó que sea el Gobierno central quien determine la capacidad de acogida de Baleares.
VOX cuestiona el modelo y no solo la cifra
Ese fue precisamente el punto sobre el que incidió De las Heras. La diputada aseguró que los recursos impulsados por el Govern durante los últimos dos años se han dirigido contra las cifras atribuidas a Baleares —primero 406 y posteriormente 434—, pero consideró que no suponen un rechazo de fondo al mecanismo de redistribución.
«Patalear ante la prensa» mientras se discute únicamente el número de plazas no supone, según la interpretación expresada por la parlamentaria, enfrentarse al modelo establecido por el Ejecutivo central. De las Heras insistió así en diferenciar la postura de VOX de la mantenida por el Govern del PP.
Estarellas defendió, por su parte, que el Ejecutivo autonómico está utilizando los instrumentos jurídicos disponibles y recordó que los menores que se encuentran bajo tutela administrativa deben recibir atención y alojamiento. También señaló que existen otras comunidades en las que VOX participa en gobiernos autonómicos que no han recurrido el sistema en los tribunales.
La posición general recogida por VOX en su programa económico y de vivienda incluye un apartado denominado «Fronteras seguras», en el que plantea medidas contra la inmigración ilegal y las denominadas políticas de «efecto llamada». El documento, sin embargo, no desarrolla específicamente en ese apartado el mecanismo autonómico de redistribución de menores extranjeros no acompañados debatido en el Parlament balear.
Javier Navarro alerta de que el 40% del arroz sevillano de 2025 continúa sin vender.
El presidente de VOX Sevilla, Javier Navarro, y el diputado provincial Rafael García Ortiz han visitado la Cooperativa de Arroceros del Bajo Guadalquivir coincidiendo con el comienzo de una nueva campaña marcada por una paradoja: las perspectivas productivas son favorables, pero una parte muy importante del arroz cosechado el año pasado continúa almacenada sin encontrar comprador.
La Federación de Arroceros de Sevilla cifraba en agosto en alrededor del 40% de la cosecha de 2025 el producto todavía pendiente de comercialización. Su director-gerente, Eduardo Vera, situaba entonces la superficie sembrada este año en 36.500 hectáreas y esperaba una producción similar a la del ejercicio anterior, en torno a 350.000 toneladas.
VOX ha aprovechado su encuentro con representantes del sector para reclamar medidas comerciales que permitan, a juicio de la formación, competir en condiciones más equilibradas con el arroz procedente de terceros países.
“Estamos a las puertas de una nueva cosecha y el gran problema es que las naves y almacenes siguen colapsados”, ha advertido Rafael García Ortiz.
Una cosecha prácticamente completa, pero con problemas para vender
Después de varias campañas condicionadas por la falta de agua, el escenario productivo ha cambiado considerablemente.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorizó para 2026 una dotación de 6.000 metros cúbicos por hectárea, frente a los 5.500 del año anterior, en un contexto de recuperación de los embalses. Esa disponibilidad permitió al sector volver a sembrar prácticamente toda la superficie prevista.
El principal problema señalado ahora por los productores no está en el agua, sino en el mercado.
Eduardo Vera atribuyó en agosto parte de las dificultades de comercialización al aumento de la presencia de arroz procedente de Camboya y Myanmar, dos países beneficiarios del régimen europeo de preferencias comerciales para países menos desarrollados.
Rafael García Ortiz considera que la situación amenaza directamente la rentabilidad del cultivo.
“No piden subvenciones ni privilegios; piden algo tan básico como competir en igualdad de condiciones”, sostiene.
Sevilla concentra alrededor del 40% del arroz español
El peso económico del cultivo explica la preocupación.
La Federación de Arroceros sitúa en unas 36.500 hectáreas la superficie arrocera de la provincia y representantes del sector estiman que Sevilla aporta alrededor del 40% del arroz producido en España.
El arrozal del Bajo Guadalquivir mantiene además una estrecha relación con la actividad económica y ambiental de las marismas próximas a Doñana.
García Ortiz ha defendido durante la visita que el cultivo significa “calidad, empleo, riqueza” y desempeña también una función dentro del ecosistema de la zona.
El sector lleva meses pidiendo salvaguardas
Las peticiones planteadas por VOX coinciden en varios aspectos con reivindicaciones que la propia Federación de Arroceros y ASAJA Sevilla han trasladado este año a las instituciones europeas.
En julio, Eduardo Vera defendió en Bruselas mecanismos de salvaguardia más rápidos, controles sobre el origen del producto, mayores comprobaciones sobre residuos fitosanitarios y la aplicación de “cláusulas espejo” para aproximar las exigencias aplicadas a las importaciones a las que soportan los productores europeos.
La Federación sostiene que existen diferencias importantes entre los estándares laborales, ambientales, fitosanitarios y de trazabilidad exigidos dentro de la UE y los aplicables en determinados países productores. Esa es también la base de la denuncia política realizada ahora por VOX.
Esto no significa que el arroz importado entre en la Unión Europea “sin controles”: las importaciones están sujetas a la normativa aduanera y sanitaria comunitaria. El debate planteado por el sector se refiere fundamentalmente a si las condiciones de producción y los estándares exigidos en origen son equivalentes a los europeos.
Andalucía y la Comunitat Valenciana ya han pedido activar las salvaguardas
La presión institucional sobre esta cuestión ha aumentado durante septiembre.
Los gobiernos de Andalucía y la Comunitat Valenciana remitieron conjuntamente al Ministerio de Agricultura una petición para que España promueva ante Bruselas la activación inmediata de las salvaguardas disponibles frente al arroz procedente de Camboya y Myanmar.
El nuevo Reglamento europeo del Sistema de Preferencias Generalizadas incorpora además una salvaguarda automática específica para el arroz, pero comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027. Si las importaciones de un país beneficiario superan determinados umbrales históricos, se podrán suspender las preferencias arancelarias y establecer cuotas.
Para 2027 se han calculado umbrales iniciales de 216.047 toneladas para Camboya y 171.862 para Myanmar.
El sector arrocero español considera que esperar hasta el próximo ejercicio puede prolongar las actuales dificultades y ha reclamado utilizar antes los instrumentos comerciales ya disponibles.
Navarro critica las políticas comerciales europeas
Javier Navarro ha responsabilizado políticamente a las directrices comerciales comunitarias de una parte importante de la situación.
“Que nuestros productores empiecen la siega sin haber podido dar salida a la producción anterior es la prueba evidente del fracaso de estas políticas”, ha afirmado.
El dirigente de VOX vincula el problema con la pérdida de soberanía alimentaria y reclama que la producción nacional tenga mayor protección frente a importaciones producidas bajo condiciones distintas.
La Comisión Europea, por su parte, sostiene que el sistema de preferencias persigue compatibilizar el acceso comercial de países en desarrollo con mecanismos capaces de proteger a los productores europeos cuando se produzcan perturbaciones graves en el mercado. Precisamente por ello, el nuevo régimen refuerza desde 2027 las salvaguardas específicas para el arroz.
El arroz almacenado marca el inicio de la campaña
El problema inmediato para el Bajo Guadalquivir será encontrar salida tanto al producto pendiente de 2025 como a la nueva cosecha.
El sector ya advertía en agosto de que aproximadamente cuatro de cada diez toneladas de la campaña anterior seguían sin vender, a pesar de afrontar en 2026 una de las mejores situaciones hídricas de los últimos años.
VOX anuncia que trasladará las reivindicaciones de los productores a las instituciones en las que tiene representación y centra sus demandas en tres puntos: cláusulas espejo, mayores controles sobre las importaciones y mecanismos de salvaguardia capaces de reaccionar con mayor rapidez ante alteraciones del mercado.
“Defender el arroz de Sevilla es defender el empleo, nuestro territorio y el futuro de Doñana”, concluye Rafael García Ortiz.
Paloma Gómez exige al PP explicar por qué el nuevo contrato de transporte público de Granada sigue acumulando retrasos.
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Granada ha puesto el foco en la demora del nuevo contrato de transporte público de la capital y reclamará al Gobierno municipal del PP que explique en qué punto se encuentra su tramitación.
La portavoz municipal, Paloma Gómez Enríquez, ha registrado una pregunta para su respuesta verbal en el Pleno de septiembre después de que el último informe de seguimiento de la contratación municipal refleje, según la documentación conocida, que el expediente continúa sin avances sustanciales.
“Estamos hablando de un contrato vital para los vecinos de Granada”, sostiene Gómez Enríquez, que cuestiona las sucesivas demoras acumuladas desde 2022.
Un contrato de 461,4 millones y diez años
El nuevo contrato de transporte urbano es una de las mayores contrataciones previstas por el Ayuntamiento.
El Plan Anual de Contratación de 2026 lo incluye por un importe de 461,4 millones de euros y una duración prevista de diez años. La concesión anterior está pendiente de renovación desde 2022 y el proceso ha acumulado retrasos relacionados, entre otras cuestiones, con las futuras cocheras y la definición de la estructura de costes.
Para VOX, este historial obliga al Gobierno municipal a ofrecer un calendario concreto.
“Después de repasar la larga lista de fechas en las que este contrato lleva dando vueltas desde 2022, hay aspectos que no quedan nada claros”, afirma la portavoz.
¿Qué dice el informe remitido a Movilidad?
Uno de los puntos centrales de la pregunta de VOX se refiere a un informe remitido al área de Movilidad a comienzos de agosto.
Según la información trasladada por la formación, ese documento incluye diversas consideraciones sobre aspectos que deben ser aclarados, completados o modificados.
“¿Qué dice ese informe?”, pregunta Gómez Enríquez.
VOX quiere saber qué deficiencias o cuestiones pendientes se han detectado, qué actuaciones debe realizar el Ayuntamiento y si esas observaciones alterarán de nuevo los plazos previstos para licitar la nueva concesión. La existencia de ese informe y de un procedimiento de consultoría para el Centro Operativo Norte también aparece recogida en la información publicada sobre el seguimiento municipal.
El Centro Operativo Norte, otra pieza pendiente
La nueva concesión está vinculada también al futuro Centro Operativo Norte, destinado a las instalaciones y cocheras necesarias para modernizar el servicio.
El Plan de Contratación contemplaba 120.000 euros para ese centro, además de actuaciones urbanísticas y recursos para mantener provisionalmente las instalaciones actuales.
En marzo, el área de Movilidad aseguró que estaba analizando las necesidades de las líneas y trabajando paralelamente en el anteproyecto de las nuevas cocheras. La concejala Ana Agudo defendió entonces que el Gobierno municipal “no puede ir más rápido que los procesos administrativos”.
Por tanto, aunque se han desarrollado trabajos preparatorios, VOX sostiene que esos movimientos no se han traducido todavía en el avance necesario para sacar adelante la nueva concesión.
VOX enfrenta la demora con la ZBE y la ampliación de la zona azul
La formación introduce además un argumento político relacionado con las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento en materia de movilidad.
VOX critica que el PP haya impulsado medidas como la Zona de Bajas Emisiones o cambios en el estacionamiento regulado mientras continúa pendiente la renovación del principal contrato de transporte público.
“Cada día que pasa es dinero que nos cuesta a todos los granadinos”, sostiene Gómez Enríquez.
La portavoz considera que el Ejecutivo municipal no puede atribuirse una mejora global de la movilidad mientras una contratación de esta dimensión continúa acumulando demoras.
“El PP no puede ponerse la medalla de haber mejorado el transporte público cuando una contratación tan importante para la ciudad continúa estancada, lo que demuestra que la buena gestión del PP es un mito”, afirma.
La expresión constituye la valoración política de VOX sobre la gestión del Gobierno municipal.
Gómez Enríquez pide fechas
La cuestión llegará ahora al Pleno con varias preguntas concretas: qué contiene el informe de agosto, qué aspectos debe corregir Movilidad, cuál es el estado de la consultoría para el Centro Operativo Norte y cuándo prevé el Ayuntamiento poder licitar finalmente el nuevo contrato.
El propio Gobierno municipal reconocía ya en marzo que el expediente acumulaba más de tres años de retraso, mientras seguía trabajando en las necesidades de las líneas y las futuras instalaciones.
VOX quiere ahora que el PP convierta esos trabajos en un calendario verificable para desbloquear una concesión valorada en más de 461 millones de euros.