Paloma Gómez exige al PP explicar por qué el nuevo contrato de transporte público de Granada sigue acumulando retrasos.
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Granada ha puesto el foco en la demora del nuevo contrato de transporte público de la capital y reclamará al Gobierno municipal del PP que explique en qué punto se encuentra su tramitación.
La portavoz municipal, Paloma Gómez Enríquez, ha registrado una pregunta para su respuesta verbal en el Pleno de septiembre después de que el último informe de seguimiento de la contratación municipal refleje, según la documentación conocida, que el expediente continúa sin avances sustanciales.
“Estamos hablando de un contrato vital para los vecinos de Granada”, sostiene Gómez Enríquez, que cuestiona las sucesivas demoras acumuladas desde 2022.
Un contrato de 461,4 millones y diez años
El nuevo contrato de transporte urbano es una de las mayores contrataciones previstas por el Ayuntamiento.
El Plan Anual de Contratación de 2026 lo incluye por un importe de 461,4 millones de euros y una duración prevista de diez años. La concesión anterior está pendiente de renovación desde 2022 y el proceso ha acumulado retrasos relacionados, entre otras cuestiones, con las futuras cocheras y la definición de la estructura de costes.
Para VOX, este historial obliga al Gobierno municipal a ofrecer un calendario concreto.
“Después de repasar la larga lista de fechas en las que este contrato lleva dando vueltas desde 2022, hay aspectos que no quedan nada claros”, afirma la portavoz.
¿Qué dice el informe remitido a Movilidad?
Uno de los puntos centrales de la pregunta de VOX se refiere a un informe remitido al área de Movilidad a comienzos de agosto.
Según la información trasladada por la formación, ese documento incluye diversas consideraciones sobre aspectos que deben ser aclarados, completados o modificados.
“¿Qué dice ese informe?”, pregunta Gómez Enríquez.
VOX quiere saber qué deficiencias o cuestiones pendientes se han detectado, qué actuaciones debe realizar el Ayuntamiento y si esas observaciones alterarán de nuevo los plazos previstos para licitar la nueva concesión. La existencia de ese informe y de un procedimiento de consultoría para el Centro Operativo Norte también aparece recogida en la información publicada sobre el seguimiento municipal.
El Centro Operativo Norte, otra pieza pendiente
La nueva concesión está vinculada también al futuro Centro Operativo Norte, destinado a las instalaciones y cocheras necesarias para modernizar el servicio.
El Plan de Contratación contemplaba 120.000 euros para ese centro, además de actuaciones urbanísticas y recursos para mantener provisionalmente las instalaciones actuales.
En marzo, el área de Movilidad aseguró que estaba analizando las necesidades de las líneas y trabajando paralelamente en el anteproyecto de las nuevas cocheras. La concejala Ana Agudo defendió entonces que el Gobierno municipal “no puede ir más rápido que los procesos administrativos”.
Por tanto, aunque se han desarrollado trabajos preparatorios, VOX sostiene que esos movimientos no se han traducido todavía en el avance necesario para sacar adelante la nueva concesión.
VOX enfrenta la demora con la ZBE y la ampliación de la zona azul
La formación introduce además un argumento político relacionado con las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento en materia de movilidad.
VOX critica que el PP haya impulsado medidas como la Zona de Bajas Emisiones o cambios en el estacionamiento regulado mientras continúa pendiente la renovación del principal contrato de transporte público.
“Cada día que pasa es dinero que nos cuesta a todos los granadinos”, sostiene Gómez Enríquez.
La portavoz considera que el Ejecutivo municipal no puede atribuirse una mejora global de la movilidad mientras una contratación de esta dimensión continúa acumulando demoras.
“El PP no puede ponerse la medalla de haber mejorado el transporte público cuando una contratación tan importante para la ciudad continúa estancada, lo que demuestra que la buena gestión del PP es un mito”, afirma.
La expresión constituye la valoración política de VOX sobre la gestión del Gobierno municipal.
Gómez Enríquez pide fechas
La cuestión llegará ahora al Pleno con varias preguntas concretas: qué contiene el informe de agosto, qué aspectos debe corregir Movilidad, cuál es el estado de la consultoría para el Centro Operativo Norte y cuándo prevé el Ayuntamiento poder licitar finalmente el nuevo contrato.
El propio Gobierno municipal reconocía ya en marzo que el expediente acumulaba más de tres años de retraso, mientras seguía trabajando en las necesidades de las líneas y las futuras instalaciones.
VOX quiere ahora que el PP convierta esos trabajos en un calendario verificable para desbloquear una concesión valorada en más de 461 millones de euros.
Ignacio Hoces exige al Gobierno explicar por qué tardó 26 días en activar la situación de Seguridad Nacional en Ceuta.
El diputado nacional de VOX por Badajoz, Ignacio Hoces, ha interpelado en el Pleno del Congreso al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre la respuesta del Gobierno a la crisis de Ceuta y ha cerrado su intervención con una defensa de la soberanía española sobre la ciudad autónoma.
“Ceuta no es una carga. Ceuta es España. Ceuta no se negocia jamás”, ha afirmado Hoces durante una interpelación urgente celebrada este miércoles en el Congreso y dirigida expresamente a conocer las medidas adoptadas en relación con la situación de interés para la Seguridad Nacional. El intercambio entre Hoces y Torres figura en la sesión plenaria del 23 de septiembre.
El diputado ha cuestionado además la terminología utilizada por el Ejecutivo. Mientras el Gobierno habla de crisis migratoria y humanitaria, VOX utiliza conceptos como “invasión”, “guerra híbrida” y “ataque a la integridad territorial”. Esta última caracterización forma parte del discurso político de la formación.
El Parlamento Europeo sí aprobó el pasado 17 de septiembre una resolución en la que denunció la instrumentalización de la inmigración irregular como “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro” y pidió reforzar las fronteras terrestres y marítimas de Ceuta.
Hoces pregunta qué ocurrió durante 26 días
Uno de los principales reproches del diputado se ha centrado en el tiempo transcurrido entre las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio y la declaración formal de la situación de interés para la Seguridad Nacional.
El Gobierno aprobó esa declaración mediante el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, con efectos desde su publicación el día 26. El texto reconoce que la situación estaba alterando el funcionamiento normal de las administraciones y superando sus capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana.
“¿Qué pasó durante esos 26 días, señor ministro?”, ha preguntado Hoces.
La declaración designó precisamente a Ángel Víctor Torres como autoridad funcional encargada de impulsar y coordinar las actuaciones del Estado durante la crisis.
El Gobierno ha defendido que la activación de ese mecanismo respondió a la evolución de la situación y que antes de la declaración ya se habían movilizado recursos de seguridad, acogida y retorno.
Cuatro reales decretos entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre
Hoces también ha atacado la sucesión normativa aprobada posteriormente por el Ejecutivo.
Entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre se aprobaron cuatro reales decretos directamente vinculados al mecanismo de Seguridad Nacional: el 681/2026, que realizó la declaración; el 705/2026, que determinó los recursos; el 706/2026, que modificó la declaración inicial; y el 718/2026, que modificó posteriormente la relación de recursos.
“Ustedes lo llaman adaptación, nosotros lo seguimos llamando traición”, ha afirmado Hoces.
Esa última expresión constituye una acusación política de VOX. La sucesión de modificaciones normativas acredita ajustes en el dispositivo, pero no demuestra por sí misma la comisión de delito alguno.
El Gobierno destina 309 millones a cuatro grandes bloques
El diputado también ha criticado la distribución de los fondos aprobados para afrontar las consecuencias de la crisis.
El plan de choque presentado por el Gobierno moviliza 309 millones de euros repartidos en cuatro grandes bloques: 21 millones para servicios esenciales, 90 millones para seguridad, 118 millones para acogida humanitaria y 80 millones para empresas y trabajadores.
Los 118 millones destinados a acogida representan aproximadamente el 38% del conjunto, porcentaje al que se refería Hoces al hablar de “casi el 40%”.
Dentro de ese bloque, el Gobierno asigna 53,4 millones al alojamiento y atención básica de migrantes —alimentación, sanidad, seguridad, acompañamiento o traducción— y otros 63,6 millones adicionales para reforzar la atención de menores migrantes no acompañados.
Al mismo tiempo, el plan incorpora 90 millones para seguridad, incluidos refuerzos para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, además de 80 millones destinados a empresas y trabajadores de Ceuta.
VOX considera que el reparto debería priorizar en mayor medida a los ciudadanos y empresas afectadas por la crisis.
37 procedimientos judiciales por agresión sexual
Hoces ha situado también la seguridad de las mujeres entre sus principales argumentos.
El diputado se ha referido desde la tribuna a los últimos datos judiciales conocidos sobre agresiones sexuales registradas tras las entradas masivas de julio.
Aquí existe una precisión relevante: el último informe conocido no habla exactamente de “37 agresiones sexuales a mujeres”, sino de 37 procedimientos de diligencias previas por agresión sexual abiertos entre el 30 de julio y el 14 de septiembre.
Esos procedimientos corresponden a 39 víctimas: 38 mujeres y un hombre. De las mujeres, 14 eran menores de edad. A 14 de septiembre permanecían abiertos 28 procedimientos y ocho habían sido archivados provisionalmente.
Los nuevos datos actualizan los publicados a finales de agosto por la Fiscalía, que entonces contabilizaba 23 agresiones sexuales.
“Ninguna mujer debería tener miedo por caminar sola por su ciudad”, sostuvo Hoces durante el debate.
Hoces vuelve a plantear el artículo 102
El diputado ha terminado reclamando nuevamente que el Congreso explore la utilización del artículo 102 de la Constitución contra miembros del Gobierno por posibles delitos de traición o contra la seguridad del Estado.
El alcance jurídico de esa vía es concreto.
El artículo 102.2 establece que una acusación de este tipo contra el presidente o los miembros del Gobierno solo puede plantearse a iniciativa de al menos una cuarta parte de los diputados y requiere posteriormente el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso. La responsabilidad criminal correspondería, en su caso, a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La invocación del artículo por parte de VOX no implica que esté acreditado un delito de traición. Para activar el procedimiento deben cumplirse esas condiciones parlamentarias y la eventual responsabilidad penal tendría que determinarse judicialmente.
Torres rechaza el diagnóstico de VOX
Ángel Víctor Torres respondió defendiendo la actuación del Gobierno y rechazando tanto la acusación de “efecto llamada” como la posibilidad de efectuar devoluciones automáticas sin procedimientos individualizados.
El ministro acusó a VOX de utilizar “bulos y demagogia” y sostuvo que los retornos deben ajustarse a la legislación vigente y a las resoluciones judiciales aplicables.
El intercambio dejó así dos diagnósticos enfrentados en el Congreso: VOX acusa al Ejecutivo de haber reaccionado tarde y reclama un endurecimiento de la política fronteriza; el Gobierno defiende que su actuación se ha desarrollado dentro del marco legal y rechaza las acusaciones de la formación.
Hoces cerró su intervención fijando el mensaje político de VOX sobre la ciudad autónoma: “Frente a su caos queremos orden, frente a la impunidad queremos ley y frente al chantaje de Marruecos, absoluta firmeza”.
Pascual Salvador logra la unanimidad de la Asamblea para reforzar a la Guardia Civil frente al narcotráfico en las costas murcianas.
El diputado regional de VOX Pascual Salvador Hernández ha logrado el respaldo de la Asamblea Regional de Murcia a una iniciativa para reforzar la capacidad operativa de la Guardia Civil frente al narcotráfico y las organizaciones dedicadas al tráfico irregular de personas en el litoral murciano.
La propuesta salió adelante este miércoles tras incorporar enmiendas parciales del PP y del Grupo Mixto. Entre las medidas finalmente respaldadas se encuentran solicitar que la Región de Murcia sea considerada Zona de Especial Singularidad para la operatividad de la Guardia Civil y reclamar el reconocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo.
“La Guardia Civil necesita embarcaciones, tecnología, protección, personal especializado y seguridad jurídica para poder hacer frente al crimen organizado”, defendió Salvador.
VOX pide patrulleras capaces de responder a las lanchas rápidas
El parlamentario centró buena parte de su intervención en los medios disponibles para el Servicio Marítimo y reclamó contar con varias embarcaciones capaces de perseguir e interceptar las lanchas utilizadas por organizaciones criminales.
En concreto, Salvador pidió dos patrulleras rápidas para el litoral murciano, además de sistemas de comunicación, protección, armamento, personal especializado y una inversión estable destinada al mantenimiento y renovación de la flota.
“Una embarcación moderna sin tripulación suficiente no resuelve el problema. Una plantilla suficiente sin medios navales adecuados tampoco”, argumentó.
El diputado también criticó que haya sido necesario recurrir a embarcaciones procedentes de otros puntos de España para reforzar temporalmente la vigilancia de la Región y reclamó una capacidad permanente adaptada a la extensión del litoral.
Tres guardias civiles heridos en Cabo Cope
Uno de los episodios utilizados por Salvador para justificar la iniciativa ocurrió el pasado 2 de septiembre en Cabo Cope, Águilas.
La Guardia Civil confirmó que una embarcación de alta velocidad trató de huir después de ser localizada por el SIVE. Durante la persecución realizó una maniobra que terminó en una colisión con la patrullera oficial. Tres guardias civiles resultaron heridos leves y los dos ocupantes fueron detenidos. La embarcación transportaba todavía 28 garrafas de gasolina.
A los detenidos se les atribuyeron, entre otros, delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contrabando, atentado contra agentes de la autoridad, lesiones, daños, piratería y transporte ilícito de combustibles líquidos.
“Una narcolancha no es solo una embarcación”, sostuvo Salvador durante su intervención, al defender que los agentes necesitan medios adecuados para afrontar maniobras que pueden poner en riesgo sus vidas.
Los incidentes de Huelva y Almería
El diputado recordó además la muerte de dos guardias civiles el pasado 8 de mayo durante una persecución contra una narcolancha en aguas próximas a Huelva.
En este punto, la información oficial de Interior precisa que las dos embarcaciones de la propia Guardia Civil colisionaron entre sí durante la persecución, por causas que entonces seguían bajo investigación. El accidente provocó la muerte de dos agentes y heridas a otros dos.
Una semana después, una embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera resultó dañada durante otra persecución en aguas de Almería tras un choque con una lancha vinculada al tráfico ilícito de combustible. No hubo agentes heridos.
Salvador utilizó estos episodios para defender protocolos de actuación claros y una mayor protección jurídica para los efectivos que se enfrentan a situaciones de extrema peligrosidad.
62 migrantes desembarcaron ante bañistas en Cartagena
El debate también alcanzó los desembarcos de embarcaciones rápidas registrados durante el verano en la Región.
El 19 de agosto, una lancha llegó a Cala del Barco, en Cartagena, y desembarcó a 62 migrantes, entre ellos 15 menores, ante personas que se encontraban en la playa. La Guardia Civil localizó posteriormente a todos los ocupantes, que fueron atendidos por Cruz Roja y puestos a disposición de Policía Nacional.
Las imágenes de aquella llegada provocaron una controversia política sobre los medios destinados a la vigilancia marítima.
Salvador citó el episodio para reclamar una mayor capacidad de detección e interceptación antes de que las embarcaciones alcancen la costa.
Seguridad jurídica y profesión de riesgo
La iniciativa aprobada va más allá de las embarcaciones.
VOX reclamó también protocolos claros para las actuaciones contra organizaciones criminales y mayor seguridad jurídica para los agentes cuando deban tomar decisiones durante persecuciones de alto riesgo.
“Necesitan esa seguridad jurídica para que ningún agente tenga que preguntarse en mitad de una persecución si luego el Gobierno estará de su lado si tienen que utilizar las armas”, señaló Salvador.
El PSOE respaldó la iniciativa finalmente aprobada, aunque durante el debate rechazó el diagnóstico de abandono defendido por VOX y destacó el crecimiento de las plazas ofertadas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante los últimos años. PP y Grupo Mixto defendieron también incrementar la protección y los recursos destinados a los agentes.
La Asamblea dejó así una posición común sobre el objetivo central de la iniciativa: reforzar los medios de las fuerzas de seguridad que actúan contra el narcotráfico y las redes de tráfico irregular de personas en las costas de la Región de Murcia.
David Muñoz reclama cambiar el modelo frente a los incendios: «Conservar no significa abandonar»
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, David Muñoz, ha reclamado un cambio de enfoque en la lucha contra los incendios forestales y ha defendido que la política pública conceda más peso a la prevención y a la gestión continuada del territorio.
“Para proteger nuestros bosques y montes, tenemos que pasar de una política centrada en reaccionar ante un incendio a una basada en la prevención, gestión y protección”, ha afirmado Muñoz durante la Comisión de Justicia, Interior y Administración Pública.
La sesión del 23 de septiembre incluía la comparecencia del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, para informar sobre los incendios forestales de Segorbe y El Saler. Entre las comparecencias acumuladas figuraba una solicitada por el Grupo Parlamentario VOX para analizar la gestión de los últimos incendios registrados en la Comunitat Valenciana.
“Conservar no significa abandonar”
Muñoz ha rechazado atribuir los grandes incendios a una única causa y ha citado como factores las condiciones meteorológicas extremas, la sequía, la vegetación, la gestión territorial, el abandono de determinados terrenos y las actuaciones humanas.
Su planteamiento pone el foco en el trabajo previo a la campaña de incendios.
“Se deben limpiar nuestros montes y los caminos, conservar los cortafuegos y reducir la acumulación del combustible vegetal”, ha señalado.
El diputado sostiene que la protección ambiental debe ser compatible con la intervención sobre el territorio: “Conservar no significa abandonar y proteger no significa dejar el territorio sin gestión”.
La Generalitat dispone actualmente de instrumentos de prevención que contemplan actuaciones de este tipo. El Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión Forestal de 2026 financia, entre otras medidas, el mantenimiento de cortafuegos y zonas de discontinuidad, trabajos en pistas forestales, puntos de agua, desbroces, podas y otras intervenciones de gestión forestal sostenible.
Muñoz pide más mantenimiento de las infraestructuras
Uno de los principales argumentos de VOX es que los dispositivos de extinción necesitan contar también con una red preventiva adecuadamente conservada.
“No podemos pretender que nuestros equipos de emergencias trabajen en las mejores condiciones si las infraestructuras de prevención no reciben el mantenimiento necesario”, ha advertido Muñoz.
Entre las actuaciones que propone reforzar figuran el mantenimiento de cortafuegos y caminos forestales, la reducción de combustible vegetal y la mejora de aquellas infraestructuras que facilitan el acceso de los equipos de emergencia.
El propio Servicio de Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat tiene atribuidas funciones de planificación de la silvicultura preventiva y de las infraestructuras destinadas a impedir la iniciación y propagación de incendios.
Más medios para bomberos forestales y brigadas
VOX reclama también reforzar los recursos humanos y materiales destinados tanto a prevención como a extinción.
Muñoz ha citado expresamente a bomberos forestales, brigadas, agentes medioambientales, servicios de emergencia y fuerzas de seguridad, para los que pide medios adecuados, formación, equipamiento actualizado y estabilidad laboral suficiente.
La petición se produjo en una comisión convocada específicamente para analizar la gestión de recientes incendios forestales, entre ellos los de Segorbe y El Saler.
El diputado de VOX representa a Castellón en Les Corts y forma parte de la Comisión de Justicia, Interior y Administración Pública.
El conocimiento rural, dentro de la toma de decisiones
Muñoz ha introducido además otro elemento en su propuesta: que agricultores, ganaderos, propietarios forestales y profesionales que conocen el territorio tengan mayor presencia en la elaboración de las políticas de prevención.
“Una política forestal diseñada desde un despacho puede establecer objetivos generales, pero quien conoce dónde se acumula la vegetación, qué camino permite acceder a una determinada zona, dónde pasta el ganado o qué infraestructura necesita mantenimiento es quien lleva años trabajando allí”, ha defendido.
El Fondo Estratégico valenciano contempla actualmente incluso el control de la vegetación mediante ganadería extensiva, además del tratamiento de superficies agrícolas abandonadas próximas a suelo forestal, como herramientas preventivas.
Para Muñoz, ese conocimiento práctico debe combinarse con planificación técnica, innovación y protección ambiental.
Prevención durante todo el año
El planteamiento de VOX no consiste en sustituir los dispositivos de extinción, sino en reclamar mayor peso para las actuaciones anteriores al incendio.
Muñoz resume su propuesta en una política que combine “protección ambiental y gestión activa del territorio; conservación y aprovechamiento sostenible; innovación y conocimiento rural; prevención y capacidad de respuesta”.
La Generalitat ya mantiene programas específicos de prevención y gestión forestal, por lo que el debate planteado por VOX se centra en su alcance, mantenimiento, recursos y ejecución efectiva sobre el terreno.
“Una política forestal eficaz debe empezar a ponerse en práctica durante todo el año”, concluye David Muñoz.
Redondo reprocha a Juan Vivas haber tardado más de 50 días en actuar en El Trampolín.
VOX Ceuta ha cargado contra el Gobierno de Juan Vivas por haber esperado más de 50 días para intervenir contra los puestos de venta ambulante instalados en la playa de El Trampolín tras la crisis fronteriza de los días 30 y 31 de julio, que la formación califica de “invasión”.
El partido reconoce la actuación de la Unidad de Intervención Rápida de la Policía Local, pero cuestiona por qué el Ejecutivo autonómico no aplicó antes sus propias competencias sobre venta ambulante y uso del espacio público.
“La actuación en el Trampolín llega tarde”, sostiene VOX, que acusa políticamente al Gobierno de Vivas de haber permitido que el problema se extendiera durante semanas.
La Ciudad decidió actuar el 22 de septiembre
El Gobierno ceutí anunció este martes, 22 de septiembre, que la Policía Local comenzaría a hacer cumplir las ordenanzas municipales en la playa del Trampolín, especialmente las relativas a venta ambulante y ruidos.
El portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, explicó además que la Ciudad solicitaría el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la dificultad del operativo y la posibilidad de que se produjeran incidentes.
Horas después, efectivos de la UIR acudieron a la zona para retirar los puestos. La intervención registró momentos de tensión y lanzamiento de objetos contra los agentes, según la información publicada por medios locales.
VOX centra precisamente su crítica en el momento elegido para comenzar esas actuaciones.
La crisis fronteriza comenzó los días 30 y 31 de julio y la intervención contra los puestos tuvo lugar el 22 de septiembre, más de 50 días después.
“Cuando esta imagen ha dado la vuelta al mundo y tras más de 50 días de desesperación para los vecinos, resulta que la Ciudad Autónoma decide ejercer sus competencias”, reprocha la formación.
Los puestos reaparecieron pocas horas después
Los acontecimientos posteriores reforzaron otra de las advertencias realizadas por VOX.
La formación había señalado que, mientras continuara el asentamiento en la playa, existía el riesgo de que los puestos volvieran a instalarse después de cada intervención policial.
Eso ocurrió durante las horas siguientes.
Tras la actuación del martes, los puestos reaparecieron y el miércoles la UIR tuvo que regresar al Trampolín, esta vez acompañada por efectivos de la UIP de la Policía Nacional. Los agentes retiraron nuevamente los elementos utilizados para la venta ambulante, pero algunos puestos comenzaron a reinstalarse una vez abandonada la zona.
La Ciudad Autónoma aseguró entonces que las intervenciones continuarían “en tanto que se sigan detectando incumplimientos”.
VOX había advertido horas antes: “Si no se desaloja la playa, el problema reaparecerá en cuestión de horas”.
VOX respalda a la UIR y dirige las críticas al Gobierno
La formación separa expresamente su crítica política de la actuación de los agentes.
VOX destaca la “gran profesionalidad” de la UIR y sostiene que la Policía Local ha tenido que afrontar el problema cuando la situación ya se encontraba muy extendida. También afirma que los agentes carecían de determinados medios antidisturbios que, a juicio del partido, serían necesarios para afrontar este tipo de actuaciones con mayor protección. Esta última afirmación procede del comunicado de VOX.
CSIF también respaldó públicamente la intervención y reclamó más coordinación, efectivos suficientes y apoyo operativo para evitar la reinstalación de los puestos. El sindicato señaló que la primera actuación fue desarrollada por la UIR y Seguridad Ciudadana sin apoyo directo de Policía Nacional o Guardia Civil.
De la venta ambulante a las viviendas y establecimientos
VOX recuerda que a principios de septiembre ya había solicitado información al Gobierno de la Ciudad para conocer cuántas actas se habían levantado por incumplimientos de la ordenanza reguladora de la venta fuera de establecimiento comercial.
La formación reclama ahora que la intervención policial no sea puntual.
También pide actuaciones en otras materias que considera competencia de la Ciudad: inspecciones en establecimientos hosteleros, control de viviendas protegidas, refuerzo de la vigilancia mediante seguridad privada y mayor presencia de guardas rurales en los montes.
El Ejecutivo ceutí ha confirmado que ya tramita sanciones por infracciones de ordenanzas locales y ha anunciado controles adicionales sobre venta ambulante, ruidos y determinados usos de viviendas.
VOX cuestiona por qué no se actuó antes
El principal reproche de VOX no es, por tanto, contra la operación policial, sino contra el tiempo transcurrido hasta que el Gobierno de Juan Vivas decidió intensificar la aplicación de las ordenanzas en El Trampolín.
La formación llega a atribuir ese retraso a un posible “cálculo de interés político”, una acusación que corresponde exclusivamente a VOX y que no está acreditada de forma independiente.
La incógnita que el partido plantea al Ejecutivo local es por qué unas competencias que comenzaron a ejercerse de manera intensiva el 22 de septiembre no se utilizaron antes, cuando ya existían puestos ambulantes y un asentamiento en la zona.
La situación continúa abierta: después de dos intervenciones policiales en pocas horas, los puestos volvieron a aparecer, mientras la Ciudad asegura que mantendrá las actuaciones ante nuevos incumplimientos.
Nieva Machín vuelve a llevar la seguridad al centro del debate en Móstoles: «El PP puede negar el problema, pero no esconder los datos»
La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Móstoles, Nieva Machín, ha vuelto a situar la seguridad en el centro del debate municipal después de que las infracciones penales registradas durante el primer semestre de 2026 aumentaran un 12,5% respecto al mismo periodo de 2025.
Los datos difundidos a partir del último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior sitúan el total en 4.653 infracciones, frente a las 4.136 del año anterior. La criminalidad convencional pasa, a su vez, de 2.959 a 3.315 hechos, un 12% más. El Ministerio ha publicado ya el Balance de Criminalidad correspondiente al segundo trimestre de 2026.
“El PP puede negar el problema, pero no puede esconder los datos”, afirma Machín, que acusa al Gobierno municipal de haber minimizado anteriormente la evolución de la delincuencia.
Los robos en viviendas pasan de 62 a 105
El incremento global incluye subidas especialmente pronunciadas en determinadas categorías.
Los robos con fuerza en domicilios pasan de 62 a 105 durante los seis primeros meses del año, un incremento del 69,4%. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria crecen de 33 a 50, un 51,5%, mientras los robos con violencia e intimidación pasan de 61 a 79, un 29,5%.
Machín sostiene que esas cifras exigen una respuesta específica del Ayuntamiento.
“¿Cuánto tienen que empeorar los datos para que el Gobierno municipal admita que existe un problema?”, pregunta la portavoz.
El balance no muestra, sin embargo, incrementos en todas las tipologías. Según los datos divulgados por VOX, las agresiones sexuales con penetración disminuyen un 72%, las sustracciones de vehículos un 6,1% y el tráfico de drogas un 8,8%. La cibercriminalidad crece un 13,7%.
VOX ya preguntó por la seguridad en junio
La formación había llevado el asunto al Pleno antes de conocerse las cifras completas del primer semestre.
El 25 de junio, VOX preguntó oficialmente al Gobierno municipal si consideraba que su política de seguridad estaba obteniendo los resultados esperados y qué medidas pensaba adoptar ante el incremento que reflejaban entonces los datos disponibles.
La documentación publicada por el propio Ayuntamiento confirma aquella pregunta, en la que VOX ya citaba aumentos de criminalidad convencional y robos en viviendas.
Machín utiliza ahora el balance del segundo trimestre para insistir en esa advertencia.
“Hoy ya no hablamos de sensaciones ni de opiniones: hablamos de datos oficiales”, afirma.
VOX pide más Policía Local y medios
La portavoz reclama reforzar la plantilla de la Policía Municipal, mejorar los medios humanos y materiales y aumentar la coordinación con Policía Nacional y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El Gobierno municipal, por su parte, sí ha adoptado medidas de refuerzo durante 2026.
En marzo tomaron posesión 20 nuevos agentes, con los que el Ayuntamiento situaba entonces la plantilla de Policía Municipal en 271 efectivos. El Ejecutivo local defendió que esas incorporaciones formaban parte de su estrategia para aumentar la presencia policial.
Los Presupuestos de 2026 contemplaron además la incorporación de 30 nuevos agentes y un incremento del 10% en la dotación económica destinada a Policía Municipal.
La discrepancia política, por tanto, no está en si se han adoptado medidas, sino en si las desplegadas son suficientes ante la evolución reciente de las cifras.
Un contexto regional diferente
Los datos de Móstoles contrastan además con la evolución global de la Comunidad de Madrid.
La Delegación del Gobierno informó el 18 de septiembre de que la tasa de criminalidad regional había bajado 0,5 puntos respecto al mismo periodo del año anterior.
Ese comportamiento regional no impide que determinados municipios o modalidades delictivas registren aumentos, como muestran las cifras difundidas para Móstoles.
VOX centra precisamente su argumento en esa evolución local y en los delitos que más crecen.
“Cada cifra representa hechos sufridos por vecinos de Móstoles”, sostiene Machín.
La portavoz reclama que el Gobierno municipal explique cómo piensa responder durante los próximos meses al incremento registrado entre enero y junio y si prevé nuevos refuerzos de plantilla, medios y actuaciones preventivas.
“La delincuencia no se tapa ni se maquilla: se combate con más agentes, más medios y actuaciones concretas”, concluye.
Marcos Rodríguez denuncia que cinco partidos de Sant Cugat no respaldaron la declaración de condena por la agresión sufrida por Jordi Guirado.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, Marcos Rodríguez, ha denunciado que la mayoría de grupos municipales no respaldó la propuesta presentada por su formación para que la Junta de Portavoces condenara institucionalmente la agresión sufrida el pasado 10 de septiembre por el concejal Jordi Guirado.
Según VOX, Junts, ERC, PSC, CUP y En Comú Podem rechazaron sumarse a la declaración, mientras que el PP sí respaldó la condena. La formación califica esta posición como un “silencio vergonzoso” y acusa a esos partidos de aplicar una “doble vara de medir”, valoraciones políticas que corresponden a VOX.
“Que tengan muy claro que en VOX no vamos a dar ni un solo paso atrás para defender nuestras ideas”, ha afirmado Rodríguez.
Una agresión grabada durante una carpa informativa
Los hechos que originan la polémica se produjeron el 10 de septiembre, cuando Jordi Guirado participaba en una carpa informativa de VOX en la calle Francesc Macià.
Cugat Mèdia informó de que en un vídeo difundido por la formación se observa cómo una persona se acerca al concejal y lo empuja, provocando que caiga de espaldas al suelo. Guirado tuvo que recibir asistencia médica y fue trasladado posteriormente al hospital.
La intervención de la Policía Local y de los Mossos d’Esquadra está igualmente acreditada, aunque las primeras informaciones publicadas difirieron sobre si el presunto agresor había sido formalmente detenido o trasladado a dependencias policiales para su identificación.
VOX anunció tras los hechos que estudiaría acciones legales.
El PP sí condenó públicamente el ataque
El Partido Popular de Sant Cugat reaccionó públicamente el mismo día de la agresión.
Los populares manifestaron una condena “firme” y señalaron que la violencia y la intimidación no tienen cabida en democracia, además de mostrar su apoyo a Jordi Guirado.
VOX presentó posteriormente una propuesta de Declaración de la Junta de Portavoces en la que planteaba que el Ayuntamiento condenara expresamente la agresión y reafirmara su compromiso con la pluralidad política, la libertad y la seguridad de los representantes públicos.
La afirmación de que Junts, ERC, PSC, CUP y En Comú Podem se negaron a apoyar ese texto procede, por el momento, del comunicado difundido por VOX; las fuentes municipales consultadas no ofrecen todavía un acta publicada de esa decisión.
Rodríguez acusa al resto de grupos de una “doble vara de medir”
Marcos Rodríguez ha elevado el tono contra los partidos que, según VOX, no respaldaron su declaración.
“Separatistas, socialistas y comunistas se han negado de forma ruin a condenar una agresión física a un concejal de este Ayuntamiento”, afirma el portavoz, que sostiene que existen “víctimas de primera y de segunda según sus preferencias ideológicas”.
Estas acusaciones constituyen la valoración política del dirigente de VOX y no implican que esos grupos hayan justificado expresamente la agresión.
La controversia adquiere además un componente político adicional porque el propio Ayuntamiento aprobó en julio una declaración de la Junta de Portavoces para reprobar comentarios publicados en redes sociales por Jordi Guirado. Aquella declaración contó con el apoyo de Junts, ERC, PSC, PP, CUP y En Comú Podem, mientras VOX votó en contra.
VOX contrapone ahora aquella respuesta institucional con la ausencia de consenso para aprobar su propuesta de condena tras la agresión del 10 de septiembre.
“No vamos a dar ni un solo paso atrás”
Rodríguez sostiene que el episodio no modificará la presencia pública de VOX en el municipio.
“Seguiremos a pie de calle, dando la cara y representando a miles de santcugatenses”, ha señalado.
El grupo municipal defiende que la libertad de expresión, el derecho de reunión y la integridad física deben garantizarse con independencia de las siglas políticas de quien resulte agredido.
VOX quiere convertir así el rechazo a su declaración en un nuevo debate municipal: si todas las fuerzas representadas en Sant Cugat deben acordar una condena institucional común ante una agresión física sufrida por un representante político, con independencia de sus posiciones ideológicas.
Juan Marcos Manrique exige al alcalde de Parla explicar qué está ocurriendo con el servicio municipal de grúa.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Parla, Juan Marcos Manrique López, llevará al próximo Pleno ordinario la situación del servicio municipal de grúa y pedirá la comparecencia del alcalde, Ramón Jurado, y del jefe de la Policía Local para que expliquen qué está ocurriendo y qué medidas se han adoptado para garantizar su funcionamiento.
La iniciativa llega después de que se haya hecho pública una discrepancia entre la empresa que venía realizando las retiradas y el Gobierno municipal. Telemadrid informó el 20 de septiembre de que la compañía había dejado de retirar vehículos tras advertir al Ayuntamiento de que no seguiría prestando el servicio si no se regularizaba su situación contractual. Según esa información, llevaba ocho meses trabajando sin contrato en vigor.
El Ayuntamiento, sin embargo, sostuvo ante ese medio que el servicio seguía funcionando. La misma información señalaba que, al contactar para solicitar una retirada, se comunicaba que no había grúa disponible. Por tanto, existe una diferencia entre la versión municipal y la situación trasladada por la empresa.
VOX quiere que esa contradicción se aclare ante el Pleno.
“Los vecinos de Parla tienen derecho a saber qué está ocurriendo con un servicio municipal que afecta directamente al funcionamiento de la ciudad”, afirma Manrique.
VOX pide que comparezcan el alcalde y el jefe de la Policía Local
La propuesta reclama información sobre las circunstancias que han provocado la eventual interrupción o limitación del servicio, las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento y el calendario previsto para garantizar su continuidad.
VOX pide que las explicaciones sean ofrecidas directamente por el alcalde y por el responsable de la Policía Local.
Ramón Jurado continúa como alcalde de Parla y preside la Junta de Gobierno Local, según el organigrama municipal vigente.
“No se trata únicamente de conocer qué ha ocurrido, sino de saber qué soluciones se están planteando y cuándo se va a garantizar la continuidad del servicio”, sostiene Manrique.
Una empresa comunicó que dejaba de realizar las retiradas
La polémica adquirió dimensión pública después de conocerse que la empresa encargada de las retiradas habría comunicado previamente al Ayuntamiento que dejaría de operar si continuaba sin contrato.
Según Telemadrid, la compañía acabó cumpliendo ese aviso y cesó las retiradas, mientras el Consistorio defendía que el servicio municipal permanecía operativo.
VOX evita en su iniciativa dar por definitivamente suspendido el servicio y reclama precisamente que sean los responsables municipales quienes aclaren su situación real.
El servicio afecta a actuaciones como la retirada de vehículos que obstaculizan la circulación, determinados estacionamientos indebidos y otros supuestos en los que la Policía Local ordena retirar un vehículo de la vía pública.
El contrato de la grúa llegó a superar los 100.000 euros anuales
La contratación de este servicio tiene además antecedentes públicos.
El Ayuntamiento adjudicó en 2021 el servicio de retirada de vehículos de la vía pública mediante grúa, transporte, depósito y demolición a Desguaces El Rubio S.L. por 104.388,72 euros anuales más IVA. El contrato contemplaba inicialmente un año de duración y la posibilidad de prórrogas anuales hasta alcanzar el máximo previsto en los pliegos.
La licitación tenía un valor estimado global de 521.943 euros y recibió una oferta, según los datos de contratación publicados.
La información conocida ahora sobre ocho meses de prestación sin contrato deberá ser aclarada por el Gobierno municipal, ya que no consta en las fuentes consultadas una explicación pública detallada del Ayuntamiento sobre cómo se llegó a esa situación ni sobre la fórmula utilizada durante ese periodo.
Manrique quiere fechas y soluciones
VOX plantea el asunto como una cuestión de control municipal y de continuidad de un servicio público.
La formación quiere saber cuál es actualmente el sistema utilizado para responder a las peticiones de retirada, si existen limitaciones operativas, qué relación contractual mantiene el Ayuntamiento con la empresa que venía prestando el servicio y cuándo se prevé que la situación quede normalizada.
“Queremos conocer las circunstancias que han provocado esta situación y, sobre todo, qué medidas se van a poner en marcha para garantizar que el servicio funcione con normalidad y continuidad”, señala Juan Marcos Manrique.
El portavoz quiere que esas respuestas queden registradas ante el Pleno y puedan ser conocidas tanto por los grupos de la oposición como por los vecinos.
La cuestión central que VOX llevará ahora al Ayuntamiento es concreta: si el Gobierno municipal sostiene que Parla dispone de servicio de grúa, deberá explicar cómo se está prestando, con qué medios y bajo qué cobertura después del conflicto conocido con la empresa que venía realizando las retiradas.