Juan Marcos Manrique exige al alcalde de Parla explicar qué está ocurriendo con el servicio municipal de grúa.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Parla, Juan Marcos Manrique López, llevará al próximo Pleno ordinario la situación del servicio municipal de grúa y pedirá la comparecencia del alcalde, Ramón Jurado, y del jefe de la Policía Local para que expliquen qué está ocurriendo y qué medidas se han adoptado para garantizar su funcionamiento.
La iniciativa llega después de que se haya hecho pública una discrepancia entre la empresa que venía realizando las retiradas y el Gobierno municipal. Telemadrid informó el 20 de septiembre de que la compañía había dejado de retirar vehículos tras advertir al Ayuntamiento de que no seguiría prestando el servicio si no se regularizaba su situación contractual. Según esa información, llevaba ocho meses trabajando sin contrato en vigor.
El Ayuntamiento, sin embargo, sostuvo ante ese medio que el servicio seguía funcionando. La misma información señalaba que, al contactar para solicitar una retirada, se comunicaba que no había grúa disponible. Por tanto, existe una diferencia entre la versión municipal y la situación trasladada por la empresa.
VOX quiere que esa contradicción se aclare ante el Pleno.
“Los vecinos de Parla tienen derecho a saber qué está ocurriendo con un servicio municipal que afecta directamente al funcionamiento de la ciudad”, afirma Manrique.
VOX pide que comparezcan el alcalde y el jefe de la Policía Local
La propuesta reclama información sobre las circunstancias que han provocado la eventual interrupción o limitación del servicio, las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento y el calendario previsto para garantizar su continuidad.
VOX pide que las explicaciones sean ofrecidas directamente por el alcalde y por el responsable de la Policía Local.
Ramón Jurado continúa como alcalde de Parla y preside la Junta de Gobierno Local, según el organigrama municipal vigente.
“No se trata únicamente de conocer qué ha ocurrido, sino de saber qué soluciones se están planteando y cuándo se va a garantizar la continuidad del servicio”, sostiene Manrique.
Una empresa comunicó que dejaba de realizar las retiradas
La polémica adquirió dimensión pública después de conocerse que la empresa encargada de las retiradas habría comunicado previamente al Ayuntamiento que dejaría de operar si continuaba sin contrato.
Según Telemadrid, la compañía acabó cumpliendo ese aviso y cesó las retiradas, mientras el Consistorio defendía que el servicio municipal permanecía operativo.
VOX evita en su iniciativa dar por definitivamente suspendido el servicio y reclama precisamente que sean los responsables municipales quienes aclaren su situación real.
El servicio afecta a actuaciones como la retirada de vehículos que obstaculizan la circulación, determinados estacionamientos indebidos y otros supuestos en los que la Policía Local ordena retirar un vehículo de la vía pública.
El contrato de la grúa llegó a superar los 100.000 euros anuales
La contratación de este servicio tiene además antecedentes públicos.
El Ayuntamiento adjudicó en 2021 el servicio de retirada de vehículos de la vía pública mediante grúa, transporte, depósito y demolición a Desguaces El Rubio S.L. por 104.388,72 euros anuales más IVA. El contrato contemplaba inicialmente un año de duración y la posibilidad de prórrogas anuales hasta alcanzar el máximo previsto en los pliegos.
La licitación tenía un valor estimado global de 521.943 euros y recibió una oferta, según los datos de contratación publicados.
La información conocida ahora sobre ocho meses de prestación sin contrato deberá ser aclarada por el Gobierno municipal, ya que no consta en las fuentes consultadas una explicación pública detallada del Ayuntamiento sobre cómo se llegó a esa situación ni sobre la fórmula utilizada durante ese periodo.
Manrique quiere fechas y soluciones
VOX plantea el asunto como una cuestión de control municipal y de continuidad de un servicio público.
La formación quiere saber cuál es actualmente el sistema utilizado para responder a las peticiones de retirada, si existen limitaciones operativas, qué relación contractual mantiene el Ayuntamiento con la empresa que venía prestando el servicio y cuándo se prevé que la situación quede normalizada.
“Queremos conocer las circunstancias que han provocado esta situación y, sobre todo, qué medidas se van a poner en marcha para garantizar que el servicio funcione con normalidad y continuidad”, señala Juan Marcos Manrique.
El portavoz quiere que esas respuestas queden registradas ante el Pleno y puedan ser conocidas tanto por los grupos de la oposición como por los vecinos.
La cuestión central que VOX llevará ahora al Ayuntamiento es concreta: si el Gobierno municipal sostiene que Parla dispone de servicio de grúa, deberá explicar cómo se está prestando, con qué medios y bajo qué cobertura después del conflicto conocido con la empresa que venía realizando las retiradas.
Reyes Romero lleva al Congreso el aumento de las agresiones sexuales en Sevilla y exige explicaciones al Gobierno.
La diputada nacional de VOX por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno explicaciones sobre la evolución de los delitos contra la libertad sexual y las medidas previstas para reforzar la seguridad.
La iniciativa llega después de un primer semestre en el que Sevilla capital registró 42 agresiones sexuales con penetración, frente a las 29 contabilizadas durante el mismo periodo de 2025. El incremento es del 44,8% y equivale, de media, a aproximadamente una cada cuatro días.
“Estamos ante una situación especialmente preocupante”, sostiene Romero, que quiere conocer qué diagnóstico maneja el Ministerio del Interior y qué actuaciones piensa adoptar.
De 6 a 19 en el primer trimestre
El incremento fue especialmente acusado durante los tres primeros meses del año.
Según el primer Balance de Criminalidad de 2026, las agresiones sexuales con penetración en Sevilla capital pasaron de 6 entre enero y marzo de 2025 a 19 en el mismo periodo de 2026, lo que supone un aumento del 216,7%: más del triple. En esos mismos tres meses, el conjunto de delitos contra la libertad sexual pasó de 61 a 74.
Con los datos ya actualizados hasta junio, la tendencia se modera en términos porcentuales, aunque continúa al alza: 42 casos frente a 29, un 44,8% más. El conjunto de delitos contra la libertad sexual en la capital aumenta de 144 a 161, un 11,8%.
En el conjunto de la provincia de Sevilla, las agresiones sexuales con penetración pasan de 69 a 76, un incremento del 10,1%, mientras que todos los delitos contra la libertad sexual suben de 320 a 352, un 10%.
Romero exige explicaciones al Gobierno
La diputada pregunta al Ejecutivo cuáles son las causas que atribuye al crecimiento de estas infracciones y qué medidas de prevención, seguridad e investigación está desplegando.
VOX quiere además conocer datos sobre autores, delitos cometidos por varias personas, órdenes de expulsión y situación administrativa de ciudadanos extranjeros investigados por este tipo de hechos.
A nivel nacional, el balance más reciente del Ministerio del Interior —correspondiente al primer semestre— contabiliza 2.747 agresiones sexuales con penetración, frente a 2.654 en 2025, un 3,5% más. El resto de delitos contra la libertad sexual aumenta un 4,2%, hasta 8.224.
Interior señala que parte del crecimiento sostenido de los delitos sexuales registrados debe interpretarse también teniendo en cuenta una mayor disposición de las víctimas a denunciar como consecuencia de las políticas de concienciación y de una menor tolerancia social hacia estas conductas.
¿Qué datos publica Interior sobre la nacionalidad?
Romero cuestiona que los balances trimestrales no permitan conocer la nacionalidad o la situación administrativa de quienes son detenidos o investigados por delitos sexuales.
En este punto existe una diferencia importante. El Balance trimestral de Criminalidad utilizado para conocer la evolución de 2026 no ofrece ese desglose por nacionalidad ni por situación administrativa migratoria.
Sin embargo, Interior sí publica en sus informes anuales sobre delitos contra la libertad sexual información nacional sobre la nacionalidad de las personas detenidas o investigadas. En el informe correspondiente a 2024, el 60,76% eran de nacionalidad española y el 39,24% extranjera.
Esos datos no especifican por sí mismos qué personas extranjeras se encontraban en situación administrativa irregular, ni permiten establecer una relación causal entre inmigración y delincuencia sexual.
Precisamente por ello, Romero pide al Ejecutivo un desglose más amplio y actualizado que incluya la situación administrativa y las órdenes de expulsión ejecutadas.
El Congreso tendrá que responder a las preguntas de VOX
La iniciativa registrada por Reyes Romero obliga ahora al Gobierno a pronunciarse por escrito sobre la evolución de estos delitos en Sevilla y sobre la información que dispone acerca de sus autores.
La parlamentaria quiere conocer tanto las medidas de seguridad previstas como el nivel de detalle estadístico que Interior está en condiciones de facilitar.
Los últimos datos oficiales dejan dos cifras especialmente relevantes para el debate: 42 agresiones sexuales con penetración en Sevilla capital durante seis meses y un crecimiento del 44,8% respecto al mismo periodo del año anterior.
Eliana Palacios lleva al Pleno de Rivas la defensa de Ceuta y Melilla y exige responsabilidades por la crisis fronteriza.
La portavoz de VOX en Rivas-Vaciamadrid, Eliana Palacios, llevará este jueves al Pleno municipal una moción sobre Ceuta y Melilla con la que pretende que el Ayuntamiento reafirme la soberanía española sobre ambas ciudades, reclame un mayor control fronterizo y censure la actuación del Gobierno durante la crisis de los días 30 y 31 de julio.
“Ceuta y Melilla son España. Su soberanía no se negocia, sus fronteras son nuestras fronteras”, sostiene Palacios.
VOX califica lo ocurrido en Ceuta como una “invasión” y atribuye a Marruecos una utilización de la inmigración como instrumento de presión. Esa es la caracterización política de la formación. El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó el 17 de septiembre una resolución que condena los cruces irregulares masivos y denuncia la instrumentalización de la inmigración irregular como posible “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”.
La resolución europea fue aprobada por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones y reclamó reforzar las fronteras terrestres y marítimas de Ceuta, acelerar los retornos de quienes no tengan derecho a permanecer en la UE dentro de la legislación aplicable y exigir respeto a la integridad territorial de los Estados miembros.
Palacios pone el foco en los avisos previos
Uno de los puntos políticamente más duros de la iniciativa se refiere a la información disponible antes y durante la crisis.
La documentación publicada posteriormente por el Gobierno confirma que el 30 de julio existieron comunicaciones y alertas de organismos de seguridad e inteligencia. Entre ellas figuran notas del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras a las 13:56 y 14:37 y una nota informativa del CNI registrada a las 21:20 y remitida a autoridades del Gobierno y de Ceuta.
La existencia de esas comunicaciones ha provocado un debate político sobre si las autoridades disponían de información suficiente y si la respuesta fue adecuada, aunque por sí sola no acredita que el Ejecutivo conociera de antemano la magnitud exacta de lo que iba a producirse ni determina responsabilidad penal alguna.
Los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska comparecieron posteriormente ante las comisiones de Defensa e Interior del Congreso para informar sobre la gestión de aquellos acontecimientos.
El propio Gobierno ha defendido su actuación y señala que entre el 90% y el 95% de quienes entraron inicialmente fueron retornados a Marruecos durante las primeras 24-48 horas.
VOX pide llevar el debate hasta el artículo 102
La moción de VOX plantea además que el Pleno manifieste que, a juicio de la formación, concurren las circunstancias para acudir al procedimiento previsto en el artículo 102.2 de la Constitución por una posible acusación de traición.
El alcance jurídico de ese artículo es preciso: cuando se pretende acusar al presidente del Gobierno o a uno de sus ministros por traición o por un delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones, la iniciativa únicamente puede ser planteada por una cuarta parte de los diputados del Congreso y debe obtener después el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara. La eventual responsabilidad criminal corresponde al Tribunal Supremo.
Por tanto, una declaración del Ayuntamiento de Rivas tendría carácter político y no puede por sí misma activar ese procedimiento ni establecer que exista un delito de traición.
VOX sí pretende que el municipio se pronuncie políticamente a favor de esa vía.
De la Plaza de la Constitución al Pleno
La iniciativa recupera además la controversia que ya se produjo en Rivas a principios de septiembre.
Alrededor de un millar de personas acudieron el 2 de septiembre a la concentración celebrada frente al Ayuntamiento en apoyo a Ceuta, según la información publicada por Diario de Rivas.
La convocatoria provocó una división entre los partidos municipales. La alcaldesa, Aída Castillejo, se mostró contraria a respaldarla institucionalmente, mientras el PSOE de Rivas acusó a PP y VOX de utilizar la crisis para “esparcir odio y xenofobia”.
VOX participó en la movilización y Eliana Palacios respondió entonces cuestionando que el Gobierno municipal no quisiera sumarse al acto.
Ahora quiere trasladar aquella discusión al salón de plenos.
“¿Dónde estaba el odio en decir que Ceuta es España? ¿Dónde estaba la xenofobia en pedir solidaridad con familias españolas?”, pregunta Palacios.
Rivas tendrá que votar su posición sobre Ceuta
La moción pretende que los grupos municipales se posicionen sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, la política fronteriza y la actuación del Ejecutivo central durante los acontecimientos de julio.
VOX añade a la iniciativa sus críticas sobre las consecuencias que, según la formación, continúa padeciendo la población ceutí y reclama más respaldo para Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El Parlamento Europeo también ha expresado formalmente su “pleno apoyo y solidaridad” con Ceuta y Melilla y ha pedido reforzar la protección de la frontera exterior europea.
Palacios quiere ahora que ese debate tenga una traducción municipal: “Nosotros ya fijamos nuestra posición desde el primer momento. Ceuta no está sola. Ceuta es España y España se defiende”.
Sonsoles Peralta pide al PP una rebaja real de impuestos para los ovetenses en 2027.
La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ordenanzas Fiscales de 2027 y reclama al Gobierno municipal del PP una revisión más profunda de los principales impuestos que pagan los ovetenses.
“El proyecto del PP está a años luz de la política fiscal que defiende VOX”, sostiene Peralta, que pone especialmente el foco en tres tributos que el proyecto municipal mantiene fuera de la modificación: IBI, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica —la denominada viñeta— y plusvalía municipal.
VOX pide devolver el proyecto al equipo de gobierno para elaborar otro que contemple una reducción progresiva del IBI y del impuesto de vehículos hacia los mínimos permitidos por la legislación y mayores rebajas en la plusvalía, especialmente en transmisiones por herencia.
El IBI permanece en el 0,58%
La formación ya había criticado a principios de septiembre que el PP presentara como una congelación fiscal el mantenimiento de los principales impuestos municipales durante 2027.
Peralta recuerda que el tipo urbano del IBI se encuentra actualmente en el 0,58% y sostiene que mantenerlo sin cambios consolida la subida aplicada anteriormente. Europa Press recogió este mes la crítica de VOX al Gobierno de Alfredo Canteli por mantener los principales tributos y tasas en 2027.
“Una vez más, los grandes tributos no se tocan. No se toca el IBI, no se toca el impuesto de vehículos y no se toca la plusvalía municipal”, afirma.
Para VOX, el debate no debe limitarse a cuánto recauda el Ayuntamiento, sino también a cuánto gasto municipal puede reducirse para aliviar posteriormente la presión fiscal.
Dieciséis enmiendas como alternativa
Si el PP rechaza la devolución completa del proyecto, VOX ha registrado 16 enmiendas parciales sobre las ordenanzas que sí se encuentran abiertas a modificación.
Una de las principales afecta al estacionamiento regulado.
Peralta propone crear para los residentes una tarifa de 0,20 euros diarios o 40 euros al año, diferenciando el estacionamiento residencial de las plazas destinadas fundamentalmente a la rotación.
VOX plantea además que el usuario pueda pagar únicamente por el tiempo utilizado y recuperar como devolución o saldo a favor la parte de un ticket que finalmente no consuma.
La formación quiere también bajar la zona verde desde los 0,65 euros actuales hasta 0,50 euros por hora, con un máximo de tres euros por seis horas. El servicio de estacionamiento regulado confirma que la tarifa general vigente de la zona verde es de 0,65 euros por hora y 3,90 euros por seis horas.
VOX propone asimismo eliminar la gratuidad específica de la ORA para los vehículos con etiqueta cero emisiones, que actualmente disponen de tarifa de cero euros en las zonas azul y verde.
Del 4% al 2% en el impuesto sobre obras
Otro de los principales cambios económicos afecta al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
VOX plantea reducir a la mitad su tipo, desde el 4% al 2%, con el argumento de disminuir el coste fiscal de construir, reformar o rehabilitar inmuebles en Oviedo.
La propuesta incluye además elevar del 75% al 95% determinadas bonificaciones para obras destinadas a nuevas actividades comerciales, empresariales o profesionales; del 40% al 50% para determinadas actuaciones relacionadas con vivienda protegida; y del 20% al 50% para conservación y rehabilitación de edificios catalogados.
“Si queremos que se abran negocios, que se rehabiliten edificios, que se construya vivienda y que haya inversión privada, nuestra propuesta es reducir las cargas municipales asociadas a esas actividades”, argumenta Peralta.
Rebajas para familias numerosas
Las enmiendas alcanzan también al Abono Deporte Oviedo.
VOX propone una reducción del 15% para las familias numerosas de categoría general y del 25% para las de categoría especial.
La medida se incorpora a la estrategia fiscal que la formación viene defendiendo para situar el apoyo a las familias entre los criterios de las políticas municipales. Peralta ya había reclamado anteriormente menos presión fiscal y mayores medidas familiares en Oviedo.
VOX rechaza cobrar 1,33 euros por la telelectura del agua
Otro punto de la propuesta se dirige al recibo del agua.
VOX pide suprimir una nueva tarifa de 1,33 euros vinculada al uso y mantenimiento del módulo de telelectura. La formación no plantea eliminar la tecnología, sino evitar que aparezca como un nuevo concepto específico cobrado al usuario.
Peralta utiliza este apartado como ejemplo de su crítica al enfoque fiscal del Gobierno municipal: considera que la modernización de los servicios no debe convertirse automáticamente en un nuevo cargo para los vecinos.
Dos modelos fiscales frente a frente
La enmienda a la totalidad convierte las Ordenanzas Fiscales de 2027 en un nuevo punto de choque entre VOX y el Gobierno municipal de Alfredo Canteli.
El PP defiende mantener sin subidas los principales impuestos para el próximo ejercicio, mientras VOX considera insuficiente esa congelación y reclama rebajas efectivas.
“Nuestra propuesta es clara: menos impuestos, más libertad económica y más dinero en el bolsillo de los ovetenses”, afirma Sonsoles Peralta.
La decisión quedará ahora en manos del debate municipal: primero deberá resolverse la petición de devolución de las ordenanzas y, si ésta no prospera, entrarán en juego las 16 modificaciones parciales registradas por VOX.
Antonio Luna reclama pasar de cerrar playas cuando aparece contaminación a prevenir que vuelva a ocurrir.
El portavoz del Grupo Provincial VOX en la Diputación de Málaga, Antonio Luna, ha registrado una moción para reclamar una respuesta coordinada ante los episodios de contaminación microbiológica que durante los últimos meses han obligado a cerrar o restringir temporalmente el baño en distintos puntos del litoral malagueño.
“La Costa del Sol no puede limitarse a cerrar una playa, esperar una analítica favorable y volver a abrirla. Hay que prevenir”, ha defendido Luna.
La iniciativa propone coordinar a la Junta de Andalucía, ayuntamientos, mancomunidades y entidades gestoras del agua para actuar sobre las infraestructuras de saneamiento y reducir el riesgo de nuevos episodios.
De Pedregalejo y El Palo a Marbella y Benalmádena
La moción se presenta después de un verano con diversas incidencias.
El 23 de julio, Málaga capital cerró temporalmente al baño Pedregalejo y El Palo tras detectarse concentraciones puntuales de E. coli superiores a los niveles considerados óptimos. Las playas reabrieron al día siguiente después de que nuevas analíticas situaran los parámetros dentro de los valores establecidos.
También se recomendaron restricciones en zonas de El Cable-Río Real y Los Monteros, en Marbella, después de análisis relacionados con bacterias fecales.
En agosto, seis playas de Málaga capital —Campo de Golf-San Julián, Guadalmar, La Misericordia, Sacaba, San Andrés y El Palo— fueron cerradas tras detectarse E. coli. El Ayuntamiento señaló entonces que una tormenta había provocado alivios del sistema de saneamiento y vertidos al mar.
Benalmádena registró además cierres preventivos en agosto por reacciones cutáneas entre bañistas y, ya en septiembre, la playa de Bil Bil volvió a prohibir temporalmente el baño tras una alteración del parámetro de E. coli.
VOX pide pasar de reaccionar a prevenir
Luna sostiene que la reiteración de incidencias obliga a abordar el problema desde las infraestructuras.
VOX propone avanzar en la separación progresiva de las redes de aguas pluviales y residuales, construir tanques de tormenta, renovar colectores y estaciones de bombeo y modernizar emisarios y aliviaderos.
La moción incorpora además sistemas de detección temprana, sensores, telecontrol y protocolos de comunicación inmediata cuando se detecte una alteración en la calidad del agua.
“Estos hechos ponen de manifiesto vulnerabilidades en las redes de saneamiento, en los aliviaderos, en los colectores y en la capacidad de respuesta ante las lluvias intensas”, sostiene Antonio Luna.
Esa relación general forma parte del diagnóstico de VOX. En algunos episodios concretos sí consta una conexión con lluvias y alivios del saneamiento, como ocurrió en Málaga capital en agosto, mientras que en otros las causas fueron distintas o no quedaron determinadas inicialmente.
La Diputación, dentro de la comisión de seguimiento
VOX solicita también que la Diputación de Málaga se incorpore a la Comisión de Seguimiento para el Control de la Calidad de las Aguas Litorales de Baño impulsada por la Junta.
El órgano fue creado este mes con participación de la administración autonómica y municipios costeros para compartir información, analizar episodios de contaminación y coordinar medidas preventivas.
Luna considera que la Diputación debe formar parte de ese trabajo por su capacidad de asistencia técnica y económica a los municipios y por el carácter supramunicipal de los problemas del litoral.
“La Diputación tiene capacidad cooperativa, técnica y económica en los municipios y debe formar parte de una respuesta que tiene una dimensión provincial”, ha afirmado.
Las playas como activo sanitario, ambiental y económico
La formación vincula la iniciativa no solo con la salud pública y el medio ambiente, sino también con la actividad turística.
El propio Gobierno andaluz ha advertido este septiembre de las consecuencias que los cierres por contaminación pueden tener para la imagen y competitividad turística de la Costa del Sol.
Luna resume el planteamiento de VOX en cuatro objetivos: proteger a los bañistas, reducir los vertidos, preservar el litoral y evitar que nuevos cierres afecten a uno de los principales activos turísticos de Málaga.
“Defender nuestras playas es defender la salud de los bañistas, el medio ambiente, la imagen de Málaga y el gran motor económico de nuestra provincia, que es el turismo”, concluye.
José Manuel Pancorbo anuncia dos ordenanzas para reforzar los controles sobre padrón e inmigración.
El presidente de VOX en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, ha anunciado una estrategia municipal basada en dos ordenanzas con las que su formación pretende reforzar los controles sobre el Padrón Municipal y sobre determinados informes relacionados con procedimientos de extranjería.
Pancorbo, que preside el Comité Ejecutivo Provincial de VOX Murcia desde marzo de 2026, plantea desplegar las medidas en los municipios donde la formación gobierna o tiene capacidad para condicionar las políticas municipales.
La primera propuesta consiste en una ordenanza reguladora de la gestión del Padrón Municipal y del procedimiento sancionador por incumplimientos. La segunda pretende ordenar municipalmente la emisión de informes de integración social y de adecuación de vivienda vinculados a determinados procedimientos de extranjería.
“El objetivo es nítido”, sostiene Pancorbo, que asegura que VOX utilizará “hasta el límite de las competencias municipales” los instrumentos legales disponibles para comprobar residencia efectiva, condiciones de vivienda y cumplimiento de requisitos administrativos.
Los ayuntamientos sí pueden comprobar si una persona vive realmente donde declara
La normativa estatal atribuye a los ayuntamientos la gestión y actualización del Padrón y les permite comprobar la veracidad de los datos aportados por los vecinos.
Cuando existan dudas sobre la residencia declarada, el consistorio puede solicitar documentación y realizar comprobaciones mediante inspecciones municipales o Policía Local. Si posteriormente se acredita que una inscripción ya no responde a la residencia real, puede iniciarse un procedimiento de baja de oficio.
Además, el Reglamento de Población prevé expresamente sanciones ante omisiones o falsedades en las solicitudes de inscripción padronal, sin perjuicio de otras responsabilidades que puedan existir.
Es en ese margen donde VOX pretende desarrollar su primera ordenanza.
El padrón no determina si un extranjero está legalmente en España
La legislación establece, no obstante, un límite relevante para cualquier regulación municipal.
Toda persona que viva habitualmente en España debe inscribirse en el padrón del municipio donde reside, con independencia de su nacionalidad. La inscripción de un extranjero tampoco acredita que se encuentre legalmente en España ni le concede derechos migratorios que no le correspondan por otras normas.
Por tanto, un ayuntamiento puede comprobar si el domicilio declarado es real y actuar frente a datos falsos, pero el padrón no puede utilizarse por sí mismo para decidir la regularidad o irregularidad administrativa de una persona extranjera.
La normativa estatal establece incluso que las infraviviendas y, bajo determinadas condiciones, las personas sin domicilio estable pueden ser empadronadas cuando realmente residan en el municipio.
La aplicación concreta de la ordenanza anunciada por VOX tendrá que respetar esos límites.
Informes de integración y vivienda
La segunda medida anunciada por Pancorbo afecta a los informes utilizados en determinados procedimientos de extranjería.
El Reglamento de Extranjería permite que el informe de integración social sea emitido por la comunidad autónoma o, cuando ésta lo haya establecido, por la corporación local correspondiente. En la Región de Murcia, las instrucciones vigentes atribuyen a los ayuntamientos del domicilio del solicitante la emisión de esos informes en los supuestos previstos para determinadas autorizaciones por arraigo.
Estos informes pueden valorar cuestiones como el tiempo de permanencia, los medios económicos y la participación en programas de inserción sociolaboral y cultural.
En materia de reagrupación familiar, la normativa exige también acreditar que se dispone de vivienda adecuada y establece que el informe puede ser emitido por los servicios competentes de la comunidad autónoma o por la corporación local cuando aquella le haya atribuido esa función.
VOX pretende establecer criterios municipales para esos procedimientos dentro del margen competencial disponible.
Pancorbo habla de un “muro de legalidad”
El dirigente de VOX vincula las medidas con su política de inmigración y con la lucha contra lo que denomina empadronamientos fraudulentos y redes que se aprovechan de personas en situación irregular.
“Quien falsea su residencia, quien ocupa viviendas insalubres o quien utiliza el padrón como puerta de entrada a prestaciones y reagrupaciones irregulares encontrará, allí donde VOX tenga capacidad de gobierno, un muro de legalidad”, afirma.
Las referencias a un “efecto llamada” o a “mafias de la inmigración ilegal” forman parte de la valoración política de VOX y no implican que cualquier inscripción irregular responda a la actuación de una organización criminal.
La legislación ya diferencia, además, entre empadronamiento y residencia legal: estar inscrito acredita que una persona vive habitualmente en un municipio, pero no regulariza su situación migratoria.
VOX quiere coordinar municipios y Asamblea Regional
Pancorbo ha anunciado que la estrategia tendrá carácter intermunicipal y se coordinará con el Grupo Parlamentario de VOX en la Asamblea Regional.
La formación quiere trasladar modelos similares a los diferentes ayuntamientos donde dispone de capacidad de gobierno o influencia política y convertir el padrón, los informes sociales y la comprobación efectiva de residencia en uno de los ejes de su acción municipal durante el nuevo curso.
El alcance final de las ordenanzas dependerá ahora de su redacción concreta y de su adaptación a la legislación estatal sobre padrón, extranjería, protección de datos y competencias locales.
Gonzalo de Oro lleva al Pleno el aumento de los delitos graves en Barcelona y cuestiona el relato de seguridad del Ayuntamiento.
El presidente del Grupo Municipal de VOX en Barcelona, Gonzalo de Oro, llevará al Pleno de este viernes un debate sobre seguridad después de que los homicidios registrados en la ciudad hayan pasado de cinco a nueve durante el primer semestre de 2026, un incremento del 80% respecto al mismo periodo del año anterior.
“No puedes decir que la delincuencia baja cuando los asesinatos suben un 80% en Barcelona”, ha afirmado De Oro, que acusa al Gobierno municipal de presentar una imagen incompleta de la evolución de la seguridad.
Los datos oficiales ofrecen una fotografía con tendencias distintas. El número total de delitos conocidos por la Policía cayó un 11,2% durante los seis primeros meses del año, con descensos importantes en hurtos y delitos patrimoniales. Al mismo tiempo, los homicidios pasaron de cinco a nueve y las autoridades policiales han situado el crimen organizado y el uso de armas de fuego entre sus principales preocupaciones.
Nueve homicidios frente a cinco un año antes
VOX sostiene que la reducción de la delincuencia global no debe utilizarse para minimizar el incremento de determinados delitos de mayor gravedad.
La subida porcentual de los homicidios parte de una cifra absoluta reducida —cinco casos durante el primer semestre de 2025 frente a nueve en 2026—, pero tanto Mossos como el Ayuntamiento han mostrado preocupación por la presencia del crimen organizado detrás de varios de esos asesinatos.
Las fuerzas de seguridad vincularon varios de los homicidios cometidos con armas de fuego a organizaciones relacionadas con el narcotráfico.
De Oro utiliza estos datos para rechazar el mensaje de que la caída general de las infracciones equivalga a una mejora homogénea en todas las modalidades delictivas.
Solo dos de cada diez hechos terminan denunciados
El dirigente de VOX también ha puesto el foco en la Encuesta de Victimización de Barcelona.
Los datos difundidos este verano sitúan el índice de denuncia en el 20,1%, es decir, aproximadamente dos de cada diez hechos sufridos por los encuestados llegan a ser comunicados formalmente a los cuerpos policiales.
La encuesta es relevante precisamente porque pretende medir también aquella delincuencia que no aparece en las estadísticas policiales. La operación estadística recoge experiencias de victimización, percepción de inseguridad y comportamiento de denuncia entre los residentes.
Datos anteriores de victimización sitúan además en el 28,6% la proporción de residentes en Barcelona que declaró haber sufrido al menos un hecho considerado delictivo durante 2024, sin incluir toda la incidencia de la ciberdelincuencia.
De Oro sostiene que esta denominada “cifra negra” obliga a analizar conjuntamente los registros policiales y las encuestas de victimización.
VOX vuelve sobre los socavones de Sarrià-Sant Gervasi
El Pleno servirá también para que VOX reclame explicaciones por los socavones relacionados con las obras de la L9 del Metro en Sarrià-Sant Gervasi.
El incidente de julio obligó a desalojar ocho edificios con 93 viviendas, en las que residían alrededor de 300 personas. La Generalitat confirmó que el socavón estaba relacionado con las obras del tramo central de la L9.
Vecinos de la zona habían denunciado la aparición previa de grietas en sus edificios.
VOX afirma que ya había trasladado esas quejas antes del incidente y reclamará conocer qué indicaban los sistemas de control de las obras y por qué no se paralizaron antes.
La responsabilidad concreta sobre las decisiones técnicas deberá determinarse a partir de la documentación y los informes de seguimiento de las obras; la afirmación de De Oro de que el episodio era “evitable” constituye su valoración política.
Ceuta llegará también al Ayuntamiento de Barcelona
VOX presentará además una proposición relacionada con Ceuta y con las relaciones institucionales con Marruecos.
La formación pide reforzar el control fronterizo, aplicar los procedimientos de retorno previstos legalmente y suspender relaciones municipales con Marruecos mientras considere que Rabat utiliza la inmigración como instrumento de presión política.
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 17 de septiembre una resolución que condena los cruces irregulares masivos registrados en Ceuta y denuncia la instrumentalización de la migración irregular como posible “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”. También reclama retornos rápidos de quienes no tengan derecho a permanecer en la UE, siempre dentro de la legislación europea e internacional.
De Oro ha acusado a Jaume Collboni de mantener un “silencio perverso” ante la crisis, una caracterización política de VOX.
De Oro rechaza los supermercados asequibles de Collboni
El cuarto frente abierto por VOX afecta a la nueva política comercial anunciada por el alcalde.
Collboni ha planteado una red de supermercados asequibles, con un primer establecimiento previsto para el segundo semestre de 2027 en La Marina del Prat Vermell. Estará ubicado en un local municipal, gestionado por una entidad del tercer sector y vinculado a programas de formación e inserción laboral.
La propuesta pretende ofrecer productos básicos a precios reducidos en zonas con poca oferta comercial. La información difundida sobre el proyecto apunta a precios alrededor de un 30% inferiores para determinados productos.
Gonzalo de Oro rechaza ese modelo y acusa a Collboni de “normalizar la pobreza”. VOX propone, en cambio, reducir la presión fiscal y favorecer que las familias puedan comprar en el comercio privado y de proximidad.
La iniciativa también ha generado reservas en otros ámbitos. Pimec Comerç ha reclamado que cualquier política de precios asequibles se canalice prioritariamente a través del tejido comercial existente y que se garanticen las mismas condiciones de competencia.
El Pleno del viernes concentrará así cuatro debates distintos impulsados por VOX: seguridad, responsabilidades por las obras de la L9, Ceuta y el modelo de comercio asequible planteado por el Gobierno de Collboni.
Tomás Fernández denuncia los nuevos horarios de Renfe: «Condenan a Huelva a un ferrocarril tercermundista»
El diputado nacional de VOX por Huelva, Tomás Fernández, ha denunciado la modificación de los horarios de los trenes de Media Distancia entre Huelva y Sevilla y ha reclamado explicaciones al Gobierno sobre las causas, duración y consecuencias de unos cambios que prolongan los tiempos de viaje entre ambas capitales.
Renfe aplica desde el 21 de septiembre nuevos horarios temporales a los ocho servicios diarios de Media Distancia que conectan Huelva y Sevilla. En dirección Sevilla-Huelva, el tren de las 8:24 tiene fijada su llegada a las 10:32, lo que supone dos horas y ocho minutos de viaje. Los otros tres servicios en ese sentido tardan entre una hora y 52 minutos y una hora y 55 minutos.
En sentido Huelva-Sevilla, los cuatro trenes tienen tiempos programados de entre una hora y 43 minutos y una hora y 56 minutos.
“Esto ya no admite más excusas. El Gobierno ha condenado a Huelva a un ferrocarril tercermundista”, ha afirmado Fernández, utilizando una expresión con la que VOX describe políticamente el estado del servicio ferroviario onubense.
“En lugar de acabar con los retrasos, programan trenes más lentos”
Fernández considera que el cambio de horarios no resuelve las deficiencias que denuncia desde hace años en la conexión ferroviaria.
“En lugar de solucionar el problema, lo convierten en horario oficial. En lugar de acabar con los retrasos, programan trenes más lentos”, sostiene.
Renfe confirma que la modificación es temporal, aunque en su comunicación pública no especifica una fecha concreta para recuperar los horarios anteriores. La compañía explica que los cambios afectan a las salidas, llegadas y pasos por estaciones intermedias.
Adif, según la información publicada este martes, vincula el reajuste a la necesidad de ofrecer una programación “más fiable” sobre la infraestructura actual.
Ocho servicios afectados
El nuevo horario deja cuatro circulaciones diarias por sentido.
Desde Huelva, los Media Distancia salen a las 6:00, 10:22, 14:50 y 18:28, con llegada a Sevilla a las 7:48, 12:13, 16:46 y 20:11, respectivamente.
Desde Sevilla, las salidas quedan fijadas a las 8:24, 12:56, 17:19 y 20:46. El primer servicio es el que supera las dos horas, con llegada a Huelva a las 10:32.
Fernández quiere que el Ejecutivo aclare por qué se han ampliado los tiempos programados y durante cuánto tiempo permanecerán vigentes.
La patronal turística alerta del impacto económico
La crítica de VOX coincide con la preocupación expresada por el Consejo Empresarial de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE).
La organización empresarial considera que el cambio perjudica la competitividad turística de Huelva y advierte de sus efectos sobre la captación de congresos, inversiones y visitantes, así como sobre los esfuerzos para reducir la estacionalidad turística.
La FOE destaca la diferencia entre unos trayectos ferroviarios que pueden acercarse o superar las dos horas y un recorrido por carretera que sitúa en aproximadamente una hora. También reclama explicaciones a Renfe, Adif y al Gobierno sobre la duración de las modificaciones y las inversiones previstas.
“¿Cómo vamos a competir, atraer inversiones, celebrar congresos o combatir la estacionalidad turística si conectar con Sevilla puede convertirse en un viaje de más de dos horas?”, se pregunta Fernández.
Trabajadores y estudiantes, entre los usuarios afectados
El diputado onubense pone también el foco en quienes dependen regularmente del tren para desplazarse entre ambas provincias.
Fernández sostiene que unos mayores tiempos de viaje reducen la utilidad del ferrocarril para trabajadores y estudiantes y dificultan la conexión de Huelva con Sevilla.
Usuarios consultados tras la entrada en vigor de los nuevos horarios han mostrado su malestar por una conexión que consideran demasiado lenta frente a otras alternativas de transporte.
La controversia se suma además a un año en el que la línea ha sufrido interrupciones por obras. Entre finales de mayo y mediados de junio, Renfe tuvo que sustituir temporalmente por carretera los ocho Media Distancia diarios mientras se ejecutaban actuaciones de mejora de la infraestructura.
Fernández exigirá explicaciones al Gobierno
El diputado nacional anuncia que pedirá al Ejecutivo que detalle las razones técnicas del reajuste, su duración prevista y las medidas necesarias para recuperar tiempos de viaje más competitivos.
También reclama inversiones para solucionar las deficiencias que VOX considera históricas en las conexiones ferroviarias de Huelva.
“Cada minuto que el Gobierno añade a nuestras conexiones es una nueva barrera para el desarrollo de nuestra provincia”, afirma.
El debate llega así al ámbito político con tres cuestiones sobre la mesa: por qué los horarios se han alargado, cuándo se recuperarán tiempos menores y qué inversiones necesita la infraestructura Huelva-Sevilla para mejorar la fiabilidad del servicio.