Blanca Armario lleva al Congreso las denuncias por falta de personal en Salvamento Marítimo del Estrecho.
La diputada nacional de VOX por Cádiz, Blanca Armario, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para exigir explicaciones al Gobierno por las denuncias sindicales sobre falta de personal en Salvamento Marítimo y su posible impacto sobre el funcionamiento de los centros de coordinación del Estrecho de Gibraltar.
Armario centra sus preguntas en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Algeciras y reclama conocer si dispone de suficientes efectivos para asumir las funciones que se le están atribuyendo y mantener los niveles de seguridad exigibles en una de las zonas de mayor intensidad de tráfico marítimo de España.
“No estamos hablando de una cuestión menor ni meramente administrativa. Estamos hablando de personal, medios y capacidad de respuesta en uno de los puntos de mayor tráfico marítimo de Europa”, sostiene la diputada.
Los sindicatos denuncian transferencias de funciones por falta de personal
La iniciativa parlamentaria llega después de que CSIF, CCOO y el Sindicato de Salvamento Marítimo (SSM) reclamaran a comienzos de septiembre la intervención del ministro de Transportes, Óscar Puente, ante lo que califican como un deterioro de los centros de coordinación.
Las tres organizaciones aseguran que la falta de personal de guardia ha obligado a transferir funciones entre centros y afirman que Algeciras llegó a asumir funciones de control del tráfico marítimo correspondientes al Dispositivo de Separación de Tráfico del Estrecho sin un refuerzo equivalente de plantilla. Los sindicatos sostienen además que esta situación se habría producido en contra de recomendaciones de la Organización Marítima Internacional.
Estas afirmaciones proceden de las organizaciones sindicales y no equivalen, por sí solas, a una constatación oficial de que la seguridad del servicio se haya visto comprometida.
Tarifa tiene asignado oficialmente el control del tráfico del Estrecho
La documentación oficial de Salvamento Marítimo atribuye de forma ordinaria al Centro de Coordinación de Tarifa el Servicio de Tráfico Marítimo del Estrecho.
Más de 70.000 buques atraviesan anualmente estas aguas, según Salvamento Marítimo, que destaca la importancia del sistema de separación de tráfico para ordenar el paso de mercantes, ferris y otras embarcaciones.
El Plan Nacional de Salvamento también identifica a Tarifa como el centro que tiene asignada la supervisión del dispositivo del Estrecho. Por ello, la transferencia puntual de funciones a Algeciras denunciada por los sindicatos constituye precisamente uno de los asuntos sobre los que Armario pide explicaciones al Gobierno.
Armario pregunta si la plantilla es suficiente
VOX quiere conocer si el Ministerio ha evaluado la actual dotación de personal del centro de Algeciras y si considera que la organización existente garantiza adecuadamente la prestación del servicio.
“El Gobierno tiene que explicar si Salvamento Marítimo dispone actualmente de los medios humanos necesarios para garantizar un servicio que resulta esencial para la seguridad en una zona tan estratégica como el Estrecho de Gibraltar”, afirma Armario.
Salvamento Marítimo dispone de 20 centros de coordinación, cuyos profesionales permanecen en alerta las 24 horas de los 365 días del año para responder a emergencias marítimas. En conjunto, estos centros realizan el seguimiento de más de 300.000 buques anuales.
En Andalucía funcionan centros en Huelva, Cádiz, Tarifa, Algeciras y Almería. Durante 2025 coordinaron conjuntamente 1.396 actuaciones en las que estuvieron involucradas 5.281 personas.
El IX Convenio Colectivo, otro frente abierto
La batería de preguntas de Armario aborda también el conflicto laboral existente en SASEMAR.
CSIF, CCOO y SSM aseguran que llevan desde antes del verano reclamando un nuevo interlocutor para desbloquear la negociación del IX Convenio Colectivo del personal de tierra y han llegado a advertir de posibles movilizaciones.
El convenio actualmente publicado para este colectivo es el VIII Convenio del personal de tierra de SASEMAR, registrado en el BOE en 2019.
Armario pregunta al Gobierno qué actuaciones está realizando para desbloquear las negociaciones y qué medidas contempla para responder a las deficiencias denunciadas por los representantes de los trabajadores.
Seguridad marítima y actividad económica en el Estrecho
La cuestión tiene además una dimensión económica y logística.
El Estrecho constituye una ruta internacional por la que pasan decenas de miles de buques cada año y donde coinciden tráfico mercante, rutas de pasajeros y carga rodada entre ambas orillas.
Por ese motivo, VOX reclama saber si cualquier déficit de plantilla puede influir tanto en la respuesta ante emergencias como en las tareas de seguimiento y ordenación del tráfico.
“El Gobierno debe aclarar qué está ocurriendo en Salvamento Marítimo, qué recursos tiene el centro de Algeciras y si son suficientes para asumir las funciones que se le han asignado”, concluye Blanca Armario.
Las preguntas registradas trasladan ahora al Ejecutivo la responsabilidad de precisar la plantilla disponible, el reparto de funciones entre Tarifa y Algeciras y las medidas previstas ante las denuncias sindicales.
Javier Navarro reúne a concejales, coordinadores y afiliados con la vista puesta en las próximas municipales.
VOX Sevilla ha celebrado su jornada de inicio de curso político con el objetivo de reforzar su organización provincial y ampliar su implantación territorial de cara a las elecciones municipales de 2027.
El encuentro ha reunido a cargos políticos de la provincia, concejales de municipios donde la formación cuenta con representación institucional, coordinadores locales y afiliados.
Al frente de la organización provincial se encuentra Javier Navarro, actual presidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX Sevilla, quien ya había situado este mes el próximo ciclo electoral entre las prioridades del partido.
Una nueva estructura provincial
Durante la jornada se han presentado los nuevos miembros del Comité Ejecutivo Provincial y otros responsables orgánicos con los que VOX pretende reforzar tanto su funcionamiento interno como su presencia en los municipios sevillanos.
La información facilitada por la formación no detalla en este comunicado los nombres ni las responsabilidades concretas de todos los nuevos integrantes, por lo que el principal cambio anunciado es el refuerzo de la estructura provincial.
Navarro ha mostrado confianza en el nuevo equipo y ha situado la coordinación entre la dirección provincial, los grupos municipales y los responsables locales como uno de los ejes del nuevo curso.
Esta línea coincide con la estrategia expuesta públicamente por el dirigente el pasado 9 de septiembre, cuando afirmó que VOX Sevilla trabajaría “codo a codo” con sus grupos municipales y coordinadores locales con la mirada puesta en los próximos comicios.
VOX mira a las municipales de 2027
La formación quiere utilizar los próximos meses para aumentar su presencia territorial antes de las municipales previstas para mayo de 2027.
Navarro había señalado previamente que VOX afronta el curso político con “equipo, ideas, objetivos claros” y había vinculado la estrategia provincial a asuntos como vivienda, servicios públicos y políticas municipales.
El partido ha presentado además durante septiembre iniciativas coordinadas en distintos municipios de Sevilla, entre ellas propuestas sobre Ceuta y Melilla y actuaciones relacionadas con vivienda y política local.
Más implantación municipal
El objetivo declarado por VOX Sevilla es aprovechar el nuevo curso para fortalecer las estructuras locales y preparar su presencia en los municipios donde aspire a concurrir en 2027.
La formación presenta la cohesión de sus cargos, coordinadores y afiliados como uno de los elementos centrales de esa estrategia y sostiene que dispone de margen para aumentar su representación provincial.
Esa última previsión constituye la expectativa política expresada por el propio partido y no una estimación independiente sobre los resultados de las próximas elecciones.
La jornada de inicio de curso deja así una prioridad definida para VOX Sevilla: más organización territorial, coordinación municipal y preparación electoral para 2027.
Alejandro Gómez lleva al Pleno la defensa de Canarias, Ceuta y Melilla frente a Marruecos.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, llevará este viernes 25 de septiembre al Pleno municipal una moción para reafirmar la soberanía española sobre Canarias, Ceuta, Melilla y las restantes plazas españolas en el norte de África.
“No hay nada que negociar sobre nuestra soberanía”, sostiene Gómez, que reclama una respuesta institucional a las recientes declaraciones de miembros del Gobierno marroquí sobre Ceuta y Melilla. La moción propone que el Ayuntamiento rechace cualquier reivindicación territorial sobre España y reclame al Ejecutivo central una posición firme ante Rabat.
Las declaraciones marroquíes que sirven de contexto a la iniciativa son reales. En agosto, el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, calificó Ceuta y Melilla como un “derecho histórico y geográfico” marroquí y defendió abrir un diálogo con España sobre su futuro. Días después, el ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, habló de la “liberación” de las dos ciudades durante un acto al que asistió Mohamed VI.
“Canarias, Ceuta y Melilla son España”
La propuesta de VOX pretende que Santa Cruz de Tenerife declare expresamente que la soberanía española no puede convertirse en materia de negociación diplomática.
“Canarias, Ceuta y Melilla son España y no hay nada que negociar sobre nuestra soberanía”, afirma Gómez.
El Gobierno español también ha rechazado oficialmente las reivindicaciones marroquíes sobre las dos ciudades autónomas. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que Ceuta y Melilla forman parte de la soberanía e integridad territorial españolas y que no existe ni existirá negociación con Marruecos sobre esta cuestión.
La moción de VOX incluye además Canarias dentro de la declaración de defensa de la integridad territorial española. Las declaraciones recientes de ministros marroquíes verificadas se han referido específicamente a Ceuta y Melilla, no a una reclamación oficial nueva sobre Canarias.
VOX pide una declaración inequívoca de Marruecos
Gómez propondrá que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a exigir a Rabat una declaración “pública, expresa e inequívoca” de respeto a la soberanía española.
La iniciativa también plantea convocar al embajador marroquí para trasladarle formalmente una protesta por las declaraciones de miembros de su Ejecutivo.
España ya trasladó durante agosto su rechazo diplomático a esas reivindicaciones. Tras varias declaraciones procedentes del Gobierno marroquí, Exteriores convocó a la representación diplomática del país vecino para expresar su protesta.
Gómez sostiene que las relaciones económicas, migratorias y diplomáticas entre los dos países deben quedar subordinadas al respeto de la integridad territorial española.
El Tratado de Amistad entra en la moción
Uno de los puntos de mayor alcance de la propuesta es la petición de promover la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos mientras Rabat no reconozca de forma inequívoca la soberanía española.
El tratado fue firmado en Rabat en 1991 y entró en vigor en enero de 1993. Establece un marco de cooperación política, económica, de defensa, jurídica y consular entre ambos Estados.
Su artículo 14 establece que cualquiera de las partes puede denunciar el tratado por vía diplomática y que esa denuncia surtiría efecto seis meses después de ser recibida por la otra parte.
Por tanto, la petición de VOX supondría impulsar una modificación profunda de las actuales relaciones bilaterales si llegara a trasladarse y ejecutarse desde el Gobierno central.
Una cuestión que VOX ya ha llevado al Parlamento canario
La iniciativa municipal no es aislada.
VOX ya ha registrado en el Parlamento de Canarias una proposición sobre la “defensa de la soberanía nacional frente al expansionismo de Marruecos” que menciona expresamente Canarias, Ceuta y Melilla. También ha presentado otra iniciativa para reforzar las capacidades de seguridad y defensa del Estado en estos territorios. Ambas continúan en tramitación.
Gómez ya había defendido a principios de septiembre que cualquier amenaza contra Ceuta debía considerarse un asunto que afecta al conjunto de España y también a Canarias.
Santa Cruz votará la propuesta el viernes
El Pleno tendrá ahora que decidir si respalda los distintos puntos planteados por VOX.
La formación busca que el Ayuntamiento de Santa Cruz se pronuncie tanto sobre la soberanía española como sobre la respuesta diplomática que debería mantener el Gobierno ante las declaraciones procedentes de Marruecos.
“España debe responder como un Estado soberano”, resume Alejandro Gómez.
Jorge Buxadé reclama responsabilidades después de que una protesta impida el acto de VOX en Galicia.
El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha anunciado que su formación llevará a los tribunales los hechos ocurridos este lunes en Santiago de Compostela, donde centenares de manifestantes impidieron la celebración del acto con el que VOX tenía previsto abrir su curso político en Galicia.
La protesta había sido convocada por una veintena de colectivos antifascistas. Más de 50 jóvenes accedieron previamente al centro sociocultural de Santa Marta y permanecieron en su interior, mientras varios centenares de personas se concentraban en los alrededores con consignas contra VOX. La comitiva encabezada por Buxadé no pudo entrar en el edificio.
Junto al dirigente europeo estaban convocados la vicesecretaria nacional de Organización, María Ruiz, y los cuatro presidentes provinciales de VOX en Galicia.
El acto no pudo celebrarse
Buxadé intentó acceder al centro, pero el número de manifestantes bloqueando la entrada impidió que el encuentro comenzara.
La Policía Nacional desplegó un dispositivo para separar a manifestantes y simpatizantes de VOX. Una vez abandonado el lugar por los dirigentes del partido, se produjeron breves enfrentamientos entre algunos participantes en la protesta y los agentes, que terminaron realizando una carga policial cuando parte de los concentrados traspasó el perímetro establecido.
VOX califica lo sucedido de “boicot” y acusa a las autoridades de “connivencia”. Esta última acusación constituye una valoración política de la formación; las informaciones disponibles confirman que el acto fue impedido por los manifestantes y que existió presencia policial, pero no acreditan por sí mismas una colaboración institucional con quienes bloquearon el evento.
Buxadé señala a Sánchez y a Goretti Sanmartín
El dirigente de VOX ha responsabilizado políticamente tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, del BNG.
Buxadé asegura que reclamó a la Subdelegación del Gobierno y al dispositivo policial que desalojaran a los concentrados para poder celebrar el acto, que, según VOX, contaba con autorización. También reprochó al Ayuntamiento el cierre del centro municipal.
“Esto es el fin de la democracia en Galicia, el fin de la democracia en España”, afirmó.
La expresión refleja la valoración política de Buxadé. El hecho acreditado es que una movilización impidió materialmente la celebración de un acto político previsto en un centro municipal.
Buxadé relaciona lo ocurrido con las palabras de Sánchez sobre la ‘ley de nietos’
VOX ha conectado los incidentes con unas declaraciones realizadas el día anterior por Pedro Sánchez sobre el recurso presentado por la formación ante el Tribunal Supremo contra los efectos electorales de la llamada Ley de Nietos.
Sánchez calificó de “muy grave” la decisión del Supremo de aceptar medidas cautelares y afirmó que no perdonaría a PP y VOX haber impulsado actuaciones contra la inscripción electoral de determinados nacionalizados.
Buxadé interpreta esas palabras como una “amenaza” contra su partido y las relaciona políticamente con la protesta de Santiago. No existe, sin embargo, evidencia pública que permita establecer una relación causal entre las declaraciones del presidente y la movilización organizada por los colectivos antifascistas.
Qué ha dicho realmente el Supremo sobre el censo
El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente determinadas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes vinculadas a la Ley de Memoria Democrática hasta que se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos para los descendientes de exiliados.
El alto tribunal justificó su decisión en el incremento “extraordinario” del censo y en un “peligro fundado, real y serio” para la objetividad y transparencia del proceso electoral.
La resolución es cautelar y no declara que se haya producido fraude electoral. VOX sostiene políticamente que su recurso pretende impedir una alteración fraudulenta del censo, mientras el Gobierno defiende que las personas afectadas adquirieron legalmente la nacionalidad y que sus derechos electorales deben ser protegidos.
VOX anuncia que acudirá a los tribunales
Buxadé considera que lo sucedido puede constituir delitos de desórdenes públicos y coacciones y ha anunciado que VOX pondrá los hechos en conocimiento de la Justicia.
“Las calles no son suyas”, afirmó el dirigente, que reclamó además la ilegalización de colectivos antifascistas.
Cualquier eventual responsabilidad penal o posible ilegalización tendría que ser determinada mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
VOX insiste en que continuará celebrando actos en Galicia y presenta los incidentes de Santiago como una cuestión relacionada con el ejercicio de la libertad política y de reunión.
Por su parte, los colectivos convocantes justificaron la protesta por su oposición a las posiciones de VOX en materia migratoria y rechazaron la presencia de la formación en el centro sociocultural.
Lo ocurrido en Santa Marta deja así un nuevo enfrentamiento político entre VOX, el Gobierno central y el Ejecutivo municipal de Santiago, mientras la formación prepara las acciones judiciales anunciadas por Buxadé.
Susana Suárez exige actuar sobre la SG-500 ante los baches, grietas y el aumento del tráfico.
La procuradora de VOX por Segovia Susana Suárez ha reclamado una actuación urgente sobre la SG-500 entre El Espinar y el límite provincial con Ávila, ante el deterioro del firme y el volumen de tráfico que soporta esta conexión.
Los grupos Popular y VOX han presentado una Proposición No de Ley en las Cortes de Castilla y León para reclamar a la Junta una inspección técnica y la renovación del pavimento en este tramo.
La carretera constituye una conexión entre las provincias de Segovia y Ávila y también es utilizada por conductores que buscan una alternativa en sus desplazamientos hacia Madrid. La propia documentación parlamentaria recoge que la Junta trabaja desde hace años en un proyecto de mejora y que durante 2026 se ha manejado una inversión aproximada de 6,5 millones de euros.
“Cada vez tiene más tráfico”
Suárez considera que la SG-500 ha adquirido una importancia creciente para la movilidad de la zona.
“Es una carretera estratégica para Ávila y para Segovia”, sostiene la procuradora, que pone especialmente el foco en los vehículos que circulan por esta vía para evitar el coste de las autopistas en sus desplazamientos hacia Madrid.
Ese incremento de usuarios también ha sido señalado por colectivos de la zona. El Colectivo Azálvaro describe la SG-500 y la AV-500 como una conexión que ha pasado de tener un carácter principalmente local a soportar tráfico de usuarios que buscan acceder a Madrid evitando parte de los peajes.
La carretera tiene además una función directamente vinculada al mundo rural.
Suárez recuerda que es utilizada por agricultores, ganaderos, empresas forestales y habitantes de los núcleos rurales, por lo que sostiene que su estado afecta no solo a la movilidad, sino también a la actividad económica del entorno.
Baches, grietas y deformaciones
VOX denuncia la existencia de baches, grietas y deformaciones en diferentes puntos del tramo y reclama que se determine técnicamente el estado actual del pavimento.
La preocupación por esta carretera no es nueva. En 2025 las Cortes aprobaron una resolución que incluía entre las infraestructuras pendientes la conexión AV-500 con SG-500 en El Espinar.
También existen reclamaciones relacionadas con la seguridad en el entorno de la SG-500. Durante 2026 se han vuelto a registrar accidentes en la intersección de esta carretera con la N-VI, un punto diferente al problema general del firme pero que ha alimentado el debate local sobre la seguridad de la conexión.
Una inversión anunciada de alrededor de 6,5 millones
La renovación de esta carretera cuenta con antecedentes administrativos.
En junio, una pregunta registrada en las Cortes recordaba que la Consejería de Movilidad había anunciado la futura licitación de unas obras de mejora por 6,5 millones de euros, aunque seguían pendientes trámites ambientales.
A finales de agosto, la consejera de Movilidad avanzó que la actuación sobre el tramo que conecta El Espinar con Ávila podía licitarse en octubre, una vez concluido el estudio de impacto ambiental, y situó en al menos dos años el plazo estimado de ejecución.
Ya en 2023, Susana Suárez había defendido en las Cortes la modernización de este corredor y se había referido a una intervención prevista sobre aproximadamente 19,7 kilómetros del tramo segoviano.
VOX reclama que la actuación sea prioritaria
La nueva iniciativa pide que la Junta dé carácter prioritario a la renovación por la combinación de tres factores: el volumen de vehículos, su papel como alternativa hacia Madrid y su utilización cotidiana por actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
Para Suárez, continuar demorando la actuación supone mantener una carretera con mayor demanda de tráfico sin adaptar al mismo ritmo sus condiciones de conservación.
“Cada vez tiene más tráfico mientras la carretera sigue presentando un deterioro evidente”, sostiene.
La procuradora reclama que el resultado sea una “carretera segura y en condiciones para todos los ciudadanos que la utilizan cada día”.
La SG-500 se convierte así nuevamente en objeto de presión parlamentaria mientras continúa la tramitación de un proyecto de mejora anunciado desde hace años y que la Junta prevé llevar a licitación.
Inés Checa reivindica el avance del regadío de Tierra de Barros y atribuye a la entrada de VOX en el Gobierno extremeño el desbloqueo del proyecto.
La portavoz del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha reivindicado el avance del proyecto de regadío de Tierra de Barros después de que la Junta anunciara una inversión inicial de 20 millones de euros y situara el comienzo de los primeros trabajos a principios de 2027.
“Ha tenido que llegar VOX para que Tierra de Barros arranque. VOX cumple”, ha afirmado Checa, que vincula el nuevo impulso al acuerdo de gobierno suscrito por PP y VOX y a la gestión de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, encabezada por Juan José García, designado por VOX.
La Junta comunicó el pasado 16 de septiembre a la Comunidad de Regantes que dispone de una primera partida de 20 millones de euros, incluida en los presupuestos autonómicos, y que prevé formalizar en noviembre el encargo de los primeros trabajos a Tragsa para iniciarlos a comienzos del próximo año.
Los primeros trabajos, previstos para principios de 2027
El proyecto de Tierra de Barros busca transformar una amplia superficie agrícola mediante nuevas infraestructuras de regadío.
Según la Junta, los 20 millones iniciales permitirán comenzar la primera fase sin aportación económica directa de los comuneros para esas primeras actuaciones y evitar que caduque la declaración de impacto ambiental. Paralelamente se redactará un nuevo proyecto constructivo adaptado a las necesidades actuales.
La administración autonómica ha pedido a la Comunidad de Regantes que determine antes de mediados de octubre qué agricultores continúan en el proyecto y cuántas hectáreas desean incorporar, un dato necesario para dimensionar definitivamente las obras.
La previsión oficial es que un nuevo convenio pueda estar preparado en 2028 y que, tras la primera fase, las siguientes actuaciones puedan continuar ese mismo año.
“VOX cumple”
Checa ha presentado el avance como uno de los resultados de la participación de VOX en el Ejecutivo extremeño.
La ejecución de Tierra de Barros figura entre los compromisos del acuerdo de coalición alcanzado entre PP y VOX en abril. El pacto contempla expresamente garantizar la ejecución del proyecto.
La formación llevaba además años reclamando su puesta en marcha. VOX registró iniciativas en las Cortes Generales en 2024 y volvió a defender el proyecto durante 2025.
Checa atribuye ahora al nuevo escenario político el desbloqueo de una infraestructura que su partido considera estratégica para la agricultura, las cooperativas y la industria agroalimentaria extremeña.
La Junta sostiene que el regadío proporcionará mayor estabilidad en el acceso al agua y permitirá a agricultores, bodegas y cooperativas planificar mejor la producción y las inversiones.
Una iniciativa sobre Ceuta llegará también al Pleno
La portavoz ha anunciado además que VOX llevará al próximo Pleno de la Asamblea extremeña una Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara sobre Ceuta.
La formación pretende que el Parlamento autonómico reafirme la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y rechace eventuales reivindicaciones territoriales procedentes de Marruecos.
La iniciativa se enmarca en una campaña institucional de VOX que durante septiembre ha llevado propuestas similares a distintas cámaras y ayuntamientos. En ellas, el partido reclama una respuesta más contundente ante las entradas masivas registradas este verano y ante las declaraciones de autoridades marroquíes sobre las ciudades autónomas.
La calificación de esos acontecimientos como “invasión” corresponde al discurso político de VOX.
Checa reclama recuperar el dinero percibido por David Sánchez
El tercer asunto abordado por Inés Checa ha sido el denominado caso David Sánchez.
La Audiencia Provincial de Badajoz condenó en julio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa relacionado con su puesto en la Diputación de Badajoz. Fue absuelto del delito de tráfico de influencias. La resolución puede ser recurrida.
Checa reclama que la Diputación inicie las actuaciones necesarias para recuperar las cantidades abonadas durante aquella etapa.
La institución provincial ha decidido, por el momento, no reclamar esas nóminas debido al estado procesal del procedimiento, después de que el Tribunal de Cuentas le pidiera pronunciarse sobre si ejercería acciones como posible entidad perjudicada.
“Ese dinero es de los pacenses y tiene que volver a los pacenses”, ha defendido Checa.
VOX utiliza así la comparecencia de su portavoz para poner sobre la mesa tres frentes diferentes: el inicio del regadío de Tierra de Barros, la defensa de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y las consecuencias políticas y patrimoniales del caso David Sánchez.
Santiago Morón lleva a las Cortes de Aragón las consecuencias de la crisis de Ceuta.
El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha anunciado que su grupo defenderá este jueves una iniciativa sobre Ceuta y Melilla con la que pretende que el Parlamento autonómico reafirme que ambas ciudades son parte de España y que su soberanía “no es negociable”.
La propuesta calificará los acontecimientos de Ceuta de “invasión” y “guerra híbrida” atribuida por VOX a Marruecos. Esa terminología forma parte de la posición política de la formación. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 17 de septiembre una resolución en la que condena los cruces irregulares masivos y denuncia la posible utilización de la inmigración irregular como “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”.
Morón ha acompañado la iniciativa con duras críticas al PSOE y a Chunta Aragonesista por no secundar las concentraciones de la FEMP del pasado 2 de septiembre.
Morón pone el foco en las 23 agresiones sexuales registradas
El portavoz de VOX ha situado entre sus principales argumentos las agresiones sexuales registradas durante la crisis migratoria de Ceuta.
La Fiscalía contabilizó 23 agresiones sexuales, cinco de ellas con penetración, y nueve víctimas menores de entre 14 y 17 años. Entre los ocho presuntos autores identificados figuraban cuatro marroquíes, tres españoles y un ciudadano belga. Las víctimas eran mujeres salvo un varón.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, había informado inicialmente en el Congreso de 21 agresiones sexuales, cifra que posteriormente fue actualizada por la Fiscalía hasta 23.
Morón ha utilizado esos datos para reprochar a PSOE y CHA su posición ante las concentraciones de apoyo a Ceuta.
“Parece que les da igual que 23 mujeres hayan sufrido una agresión sexual”, ha afirmado. La formulación del portavoz no coincide exactamente con el desglose oficial: Fiscalía registra 23 agresiones sexuales, pero entre las víctimas consta también un varón.
CHA rechazó acudir a la convocatoria de la FEMP
La FEMP convocó el 2 de septiembre concentraciones frente a los ayuntamientos españoles para mostrar apoyo y solidaridad con Ceuta. La federación defendió que la convocatoria pretendía estar “al margen de siglas” y trasladar respaldo a la población ceutí.
CHA anunció que no participaría porque consideraba la concentración “instrumentalizada” políticamente por PP y VOX, aunque manifestó expresamente su solidaridad con Ceuta y defendió una respuesta institucional respetuosa con los derechos humanos y la protección de menores.
El PSOE también se desmarcó de la convocatoria de la FEMP, aunque en Zaragoza su portavoz municipal, Lola Ranera, sí participó ese día en un acto institucional distinto en el Ayuntamiento para colocar una pancarta de apoyo a Ceuta.
Morón reclama ahora que ambas formaciones respalden la iniciativa de VOX en las Cortes.
VOX plantea recurrir al artículo 102 contra Sánchez
La iniciativa incluye además una petición para promover la vía prevista en el artículo 102 de la Constitución frente al presidente del Gobierno.
Morón plantea esta posibilidad para, en palabras de VOX, “juzgar a Sánchez por traición”.
El artículo 102 no establece automáticamente la existencia de un delito ni abre por sí solo un procedimiento penal. La Constitución determina que, cuando una acusación contra el presidente o un ministro sea por traición o por un delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones, la iniciativa debe partir de al menos una cuarta parte de los diputados del Congreso y ser aprobada por mayoría absoluta. La eventual responsabilidad penal correspondería a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La acusación de “traición” formulada por VOX es, por tanto, una posición política que requeriría seguir ese procedimiento constitucional y acreditar jurídicamente la existencia del correspondiente delito.
Morón señala las versiones de Robles y Marlaska
El portavoz de VOX ha calificado también de “delirantes” las explicaciones ofrecidas por los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska sobre la información disponible antes de la entrada masiva en Ceuta.
Las comparecencias de ambos ministros mostraron versiones diferentes sobre el papel de los servicios de inteligencia: Robles sostuvo que el CNI había trasladado información previa, mientras Marlaska negó que se dispusiera de una previsión sobre la magnitud de la entrada que finalmente se produjo.
Pedro Sánchez negó posteriormente que existiera una contradicción entre ambos y afirmó que sí hubo informes previos, pero que ninguno predijo una entrada de aquellas dimensiones.
Sobre el papel directo de Marruecos, el director general de la Policía aseguró el 2 de septiembre que no conocía ningún informe policial que atribuyera a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los hechos.
VOX pide a las Cortes que respalden a Ceuta y Melilla
Morón pretende que la Cámara aragonesa fije una posición institucional sobre la soberanía de Ceuta y Melilla y respalde a los ciudadanos afectados por la crisis.
“Queremos que las Cortes de Aragón respalden a Ceuta y se pongan del lado de todos los vecinos ceutíes”, ha señalado.
El portavoz vuelve así a llevar al Parlamento autonómico un asunto que VOX ya situó en la agenda aragonesa a comienzos de septiembre, cuando defendió públicamente que “Ceuta es parte inseparable de España”.
El debate del jueves permitirá conocer si PSOE y CHA modifican su posición respecto a la iniciativa concreta planteada por VOX o mantienen sus diferencias con el enfoque de la formación sobre la crisis de Ceuta.
Joan Garriga pide la dimisión de Rubén Viñuales.
El portavoz de VOX en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga, ha exigido la dimisión del alcalde socialista de Tarragona, Rubén Viñuales, después de conocerse que una conversación telefónica mantenida en 2017 figura en el sumario de una causa por narcotráfico que se está juzgando en la Audiencia Provincial.
Garriga ha aprovechado su visita a Tarragona para ampliar su petición de dimisión más allá de esta polémica y cuestionar la gestión municipal en materia de seguridad, fiscalidad, limpieza, política migratoria y centros de culto islámico.
“El alcalde de Tarragona tiene que dimitir, no solo por este escándalo, sino también por la inseguridad, la alfombra roja al islamismo y la asfixia fiscal”, ha afirmado.
La petición de dimisión constituye una posición política de VOX. Viñuales no figura entre los cinco acusados de la causa por narcotráfico según las informaciones publicadas sobre el juicio; la controversia se refiere a una llamada suya que fue incorporada a las actuaciones policiales.
La conversación de 2017 que ha abierto la polémica
Los hechos se remontan al 23 de junio de 2017, cuando Viñuales ejercía como abogado y era concejal de Ciudadanos en Tarragona.
Según la documentación publicada y el testimonio del sargento de los Mossos que participó en la investigación, los agentes consideraron relevante una conversación telefónica entre Viñuales y uno de los investigados. El agente explicó durante el juicio que de aquella conversación podía interpretarse una posible petición de sustancias estupefacientes.
El alcalde ha rechazado de forma tajante esa interpretación.
Viñuales sostiene que la conversación se produjo dentro de su relación profesional como abogado con esa persona, de quien había asumido la defensa y otros asuntos jurídicos. Ha negado “rotundamente” haber pedido drogas y ha anunciado acciones legales contra el autor de la información y, si corresponde, contra el medio que la publicó.
VOX considera, pese a estas explicaciones, que la polémica justifica exigir responsabilidades políticas.
Garriga amplía su crítica a la gestión municipal
“El alcalde Viñuales tiene que dimitir, no solamente por la polémica relacionada con el procedimiento judicial, sino también por el balance de su gestión al frente del Ayuntamiento”, ha defendido Garriga.
El portavoz de VOX ha puesto especialmente el foco en la seguridad y ha acusado al Gobierno municipal de no haber frenado el deterioro que, a juicio de su formación, sufren determinados barrios.
Los últimos datos oficiales ofrecen, sin embargo, una fotografía desigual.
Durante el primer semestre de 2026, la criminalidad total registrada en la ciudad de Tarragona descendió un 5,6% y la criminalidad convencional cayó un 8%. Al mismo tiempo, los robos con fuerza en domicilios aumentaron un 32,7%, de 113 a 150, y las agresiones sexuales con penetración pasaron de 10 a 16 casos, un 60% más.
Por tanto, la afirmación de Garriga sobre un deterioro general de la seguridad constituye su valoración política, aunque existen determinadas tipologías delictivas que sí muestran incrementos.
La nueva mezquita de Bonavista entra en el debate
Garriga ha criticado también la política municipal relacionada con los centros de culto islámico y ha acusado a Viñuales de poner una “alfombra roja al islamismo”.
Entre los proyectos existentes está el nuevo centro de culto islámico de Bonavista, aprobado urbanísticamente en 2025. El proyecto contempla un inmueble de dos plantas, entre 500 y 600 metros cuadrados y capacidad aproximada para 288 personas.
La actuación está planteada como sustitución del espacio que la Comunidad Islámica de Bonavista utilizaba en la calle Cinc por unas instalaciones de mayor capacidad en la calle Onze, por lo que no supone necesariamente la incorporación de un centro adicional a los ya existentes.
VOX se ha opuesto públicamente a esta actuación y llegó a convocar en marzo una manifestación contra el nuevo centro.
Garriga señala también el IBI y el estacionamiento
El dirigente de VOX ha incluido la presión fiscal entre sus motivos para pedir la salida del alcalde y ha citado el IBI y el coste del estacionamiento regulado.
El Gobierno municipal anunció que durante 2026 mantendría congelados los principales tributos municipales, incluidos IBI, basura, vehículos, IAE e ICIO.
La crítica de VOX se dirige, por tanto, al nivel de la presión fiscal y al coste que atribuye a las políticas municipales, y no a una subida general de esos impuestos durante este ejercicio.
Garriga reclama que una mayor parte de los recursos municipales se dedique a servicios básicos y ha puesto como ejemplo la limpieza de las calles.
VOX vuelve a situar el programa ACOL en el centro de la polémica
La visita de Garriga ha servido también para reforzar la campaña de VOX contra el programa Treball i Formació – Línia ACOL.
El Ayuntamiento de Tarragona explica oficialmente que el programa se dirige a personas migrantes en situación administrativa irregular que cumplen los requisitos para obtener una autorización de residencia temporal por arraigo social y que pueden formalizar posteriormente un contrato de trabajo.
El 1 de abril se incorporaron al programa siete vecinos de Tarragona, destinados a tareas de mantenimiento, limpieza y jardinería. Además de contratación, el programa incluye formación y acompañamiento.
El SOC define la línea ACOL como un instrumento para mejorar la empleabilidad de migrantes extracomunitarios mediante contratos subvencionados y procesos vinculados a la obtención de autorización de residencia y trabajo. La convocatoria anticipada de 2026 cuenta con un presupuesto global de 19,75 millones de euros en Cataluña.
“Una auténtica discriminación”, según VOX
Garriga considera que este tipo de programas establece una prioridad que perjudica a españoles desempleados.
“Es una auténtica discriminación y un auténtico escándalo”, ha afirmado, antes de reclamar a Viñuales explicaciones ante los vecinos de Tarragona que se encuentran en paro.
VOX ya ha llevado el programa ACOL al Parlamento catalán. En junio, la Cámara rechazó una moción de la formación que incluía la supresión de esta línea de ayudas y la reorientación de esos recursos hacia jóvenes y desempleados mayores de 55 años.
La Generalitat y el Ayuntamiento plantean, por el contrario, ACOL como una política de inserción sociolaboral y regularización mediante arraigo para personas que cumplen los requisitos correspondientes.
Garriga reúne así en su petición de dimisión varios frentes políticos distintos: la polémica por la llamada de 2017, la seguridad, la fiscalidad municipal, las políticas vinculadas al islam y el destino de recursos públicos a programas de inserción laboral para extranjeros.