Joan Garriga pide la dimisión de Rubén Viñuales.
El portavoz de VOX en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga, ha exigido la dimisión del alcalde socialista de Tarragona, Rubén Viñuales, después de conocerse que una conversación telefónica mantenida en 2017 figura en el sumario de una causa por narcotráfico que se está juzgando en la Audiencia Provincial.
Garriga ha aprovechado su visita a Tarragona para ampliar su petición de dimisión más allá de esta polémica y cuestionar la gestión municipal en materia de seguridad, fiscalidad, limpieza, política migratoria y centros de culto islámico.
“El alcalde de Tarragona tiene que dimitir, no solo por este escándalo, sino también por la inseguridad, la alfombra roja al islamismo y la asfixia fiscal”, ha afirmado.
La petición de dimisión constituye una posición política de VOX. Viñuales no figura entre los cinco acusados de la causa por narcotráfico según las informaciones publicadas sobre el juicio; la controversia se refiere a una llamada suya que fue incorporada a las actuaciones policiales.
La conversación de 2017 que ha abierto la polémica
Los hechos se remontan al 23 de junio de 2017, cuando Viñuales ejercía como abogado y era concejal de Ciudadanos en Tarragona.
Según la documentación publicada y el testimonio del sargento de los Mossos que participó en la investigación, los agentes consideraron relevante una conversación telefónica entre Viñuales y uno de los investigados. El agente explicó durante el juicio que de aquella conversación podía interpretarse una posible petición de sustancias estupefacientes.
El alcalde ha rechazado de forma tajante esa interpretación.
Viñuales sostiene que la conversación se produjo dentro de su relación profesional como abogado con esa persona, de quien había asumido la defensa y otros asuntos jurídicos. Ha negado “rotundamente” haber pedido drogas y ha anunciado acciones legales contra el autor de la información y, si corresponde, contra el medio que la publicó.
VOX considera, pese a estas explicaciones, que la polémica justifica exigir responsabilidades políticas.
Garriga amplía su crítica a la gestión municipal
“El alcalde Viñuales tiene que dimitir, no solamente por la polémica relacionada con el procedimiento judicial, sino también por el balance de su gestión al frente del Ayuntamiento”, ha defendido Garriga.
El portavoz de VOX ha puesto especialmente el foco en la seguridad y ha acusado al Gobierno municipal de no haber frenado el deterioro que, a juicio de su formación, sufren determinados barrios.
Los últimos datos oficiales ofrecen, sin embargo, una fotografía desigual.
Durante el primer semestre de 2026, la criminalidad total registrada en la ciudad de Tarragona descendió un 5,6% y la criminalidad convencional cayó un 8%. Al mismo tiempo, los robos con fuerza en domicilios aumentaron un 32,7%, de 113 a 150, y las agresiones sexuales con penetración pasaron de 10 a 16 casos, un 60% más.
Por tanto, la afirmación de Garriga sobre un deterioro general de la seguridad constituye su valoración política, aunque existen determinadas tipologías delictivas que sí muestran incrementos.
La nueva mezquita de Bonavista entra en el debate
Garriga ha criticado también la política municipal relacionada con los centros de culto islámico y ha acusado a Viñuales de poner una “alfombra roja al islamismo”.
Entre los proyectos existentes está el nuevo centro de culto islámico de Bonavista, aprobado urbanísticamente en 2025. El proyecto contempla un inmueble de dos plantas, entre 500 y 600 metros cuadrados y capacidad aproximada para 288 personas.
La actuación está planteada como sustitución del espacio que la Comunidad Islámica de Bonavista utilizaba en la calle Cinc por unas instalaciones de mayor capacidad en la calle Onze, por lo que no supone necesariamente la incorporación de un centro adicional a los ya existentes.
VOX se ha opuesto públicamente a esta actuación y llegó a convocar en marzo una manifestación contra el nuevo centro.
Garriga señala también el IBI y el estacionamiento
El dirigente de VOX ha incluido la presión fiscal entre sus motivos para pedir la salida del alcalde y ha citado el IBI y el coste del estacionamiento regulado.
El Gobierno municipal anunció que durante 2026 mantendría congelados los principales tributos municipales, incluidos IBI, basura, vehículos, IAE e ICIO.
La crítica de VOX se dirige, por tanto, al nivel de la presión fiscal y al coste que atribuye a las políticas municipales, y no a una subida general de esos impuestos durante este ejercicio.
Garriga reclama que una mayor parte de los recursos municipales se dedique a servicios básicos y ha puesto como ejemplo la limpieza de las calles.
VOX vuelve a situar el programa ACOL en el centro de la polémica
La visita de Garriga ha servido también para reforzar la campaña de VOX contra el programa Treball i Formació – Línia ACOL.
El Ayuntamiento de Tarragona explica oficialmente que el programa se dirige a personas migrantes en situación administrativa irregular que cumplen los requisitos para obtener una autorización de residencia temporal por arraigo social y que pueden formalizar posteriormente un contrato de trabajo.
El 1 de abril se incorporaron al programa siete vecinos de Tarragona, destinados a tareas de mantenimiento, limpieza y jardinería. Además de contratación, el programa incluye formación y acompañamiento.
El SOC define la línea ACOL como un instrumento para mejorar la empleabilidad de migrantes extracomunitarios mediante contratos subvencionados y procesos vinculados a la obtención de autorización de residencia y trabajo. La convocatoria anticipada de 2026 cuenta con un presupuesto global de 19,75 millones de euros en Cataluña.
“Una auténtica discriminación”, según VOX
Garriga considera que este tipo de programas establece una prioridad que perjudica a españoles desempleados.
“Es una auténtica discriminación y un auténtico escándalo”, ha afirmado, antes de reclamar a Viñuales explicaciones ante los vecinos de Tarragona que se encuentran en paro.
VOX ya ha llevado el programa ACOL al Parlamento catalán. En junio, la Cámara rechazó una moción de la formación que incluía la supresión de esta línea de ayudas y la reorientación de esos recursos hacia jóvenes y desempleados mayores de 55 años.
La Generalitat y el Ayuntamiento plantean, por el contrario, ACOL como una política de inserción sociolaboral y regularización mediante arraigo para personas que cumplen los requisitos correspondientes.
Garriga reúne así en su petición de dimisión varios frentes políticos distintos: la polémica por la llamada de 2017, la seguridad, la fiscalidad municipal, las políticas vinculadas al islam y el destino de recursos públicos a programas de inserción laboral para extranjeros.
Martínez Alpañez lleva a Murcia un plan para reforzar Ceuta y Melilla.
El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha anunciado una iniciativa para reclamar un refuerzo permanente de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta y Melilla.
La propuesta plantea aumentar efectivos y medios materiales, reforzar la vigilancia terrestre, marítima y aérea, potenciar las capacidades de inteligencia relacionadas con Marruecos y establecer protocolos específicos de actuación ante entradas masivas de inmigrantes.
Martínez Alpañez sostiene que la seguridad de las dos ciudades autónomas afecta también directamente a la Región de Murcia y acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haber “abandonado” tanto las fronteras del norte de África como las costas murcianas.
La Asamblea Regional confirma que Martínez Alpañez ejerce actualmente como portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Un mando integrado para Ceuta y Melilla
Uno de los puntos principales de la iniciativa es la creación de un Mando Integrado de Gestión de las Fronteras Exteriores del norte de África.
VOX plantea que la estructura permita coordinar Fuerzas Armadas, cuerpos policiales, servicios de inteligencia y otros organismos del Estado relacionados con el control de las fronteras.
La propuesta incluye además reforzar de forma permanente la Guardia Civil y la Policía Nacional, incrementar los recursos tecnológicos y logísticos y potenciar la presencia y capacidad de reacción de la Armada.
La misma línea está siendo presentada por VOX en otras instituciones durante septiembre, con propuestas que incorporan ese mando integrado, más vigilancia y un aumento de medios humanos y materiales.
Alpañez vincula la seguridad de Ceuta con Murcia
“Una nación que renuncia a defender sus fronteras está renunciando a sí misma”, ha afirmado Martínez Alpañez.
El portavoz sostiene que la protección de Ceuta y Melilla no debe plantearse exclusivamente como un asunto de las ciudades autónomas.
“La protección y la seguridad de las fronteras en Ceuta es la seguridad de todos los españoles y, por supuesto, la seguridad de los murcianos”, ha defendido.
También ha llevado el debate a las costas de la Región y ha denunciado la utilización de embarcaciones vinculadas al narcotráfico y al traslado irregular de personas.
La preocupación por este fenómeno no procede únicamente de VOX. La Asamblea Regional aprobó este mes solicitar la comparecencia del delegado del Gobierno para informar sobre los medios disponibles frente al narcotráfico y el tráfico de personas en las costas murcianas.
El precedente de Ceuta
Martínez Alpañez utiliza como principal argumento los acontecimientos registrados en Ceuta a finales de julio.
Interior informó de que el 30 de julio se produjo una entrada irregular masiva y llegó a cifrar entre 50.000 y 60.000 las personas que accedieron irregularmente a la ciudad durante aquella jornada. El Gobierno defendió posteriormente su actuación y la cooperación con Marruecos para recuperar el control de la situación.
VOX califica aquellos hechos como una “invasión”. Se trata de la caracterización política utilizada por la formación.
El Parlamento Europeo aprobó el 17 de septiembre una resolución que condenó los cruces irregulares masivos, denunció la instrumentalización de la inmigración irregular como posible “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro” y reclamó reforzar las fronteras exteriores de la Unión. La resolución salió adelante por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones.
VOX carga contra Sánchez y menciona a Mohamed VI
Martínez Alpañez ha elevado el tono contra el presidente del Gobierno y le acusa de haber decidido “no defender” adecuadamente las fronteras.
También sostiene que Sánchez utiliza Ceuta y Melilla como “moneda de cambio para contentar a su amo, Mohamed VI”.
Esta última expresión es una acusación política de VOX y no acredita por sí misma la existencia de un acuerdo o subordinación entre el Ejecutivo español y el monarca marroquí.
El Gobierno, por su parte, ha defendido públicamente la cooperación entre España y Marruecos en materia migratoria y sostiene que ambos países reforzaron su coordinación después de la crisis de julio.
“Pedro Sánchez ha abandonado a la Región de Murcia”
El portavoz autonómico relaciona además su propuesta con la situación de las costas murcianas.
“Pedro Sánchez ha abandonado por completo a Ceuta, también a Melilla, y tiene abandonada a la Región de Murcia”, ha afirmado.
VOX reclama más recursos para el control marítimo y sostiene que la llegada de embarcaciones utilizadas para el traslado irregular de personas refuerza la necesidad de aumentar medios policiales.
Durante septiembre, también el PP murciano ha pedido explicaciones al delegado del Gobierno por las alertas relacionadas con la llegada de estas embarcaciones y las medidas adoptadas para impedirlas.
Críticas al PP y PSOE por infancia y Sanidad
Martínez Alpañez ha aprovechado además su comparecencia tras la Junta de Portavoces para abordar otros asuntos de la política autonómica.
Ha criticado a PP y PSOE por las conclusiones y trabajos relacionados con la Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia y ha acusado a ambas formaciones de no aportar las soluciones que VOX considera necesarias para mejorar los resultados educativos.
También ha cuestionado la actuación del PP en la Comisión Especial de Investigación sobre las derivaciones presuntamente irregulares del Servicio Murciano de Salud.
La Asamblea Regional confirma que Martínez Alpañez forma parte de esta última comisión de investigación.
VOX mantendrá así durante el nuevo periodo parlamentario un doble frente en Murcia: la política autonómica y la exigencia al Gobierno central de reforzar las capacidades de defensa y seguridad en las fronteras españolas.
José Antonio Palomo lleva a las Cortes la A-40 Ávila-Maqueda y la mejora de la SG-500.
El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León ha registrado dos iniciativas para impulsar infraestructuras que considera estratégicas para la provincia de Ávila: la recuperación del proyecto de la A-40 entre Ávila y Maqueda y la mejora de la SG-500, utilizada en las comunicaciones con Segovia y como alternativa en determinados desplazamientos hacia Madrid.
El procurador abulense José Antonio Palomo vincula ambas propuestas con el desarrollo económico de la provincia y reclama unas conexiones que permitan facilitar los desplazamientos, el transporte de mercancías y la implantación de nuevas empresas.
“Ávila necesita buenas comunicaciones para crecer, atraer empresas, generar empleo y competir en igualdad de condiciones con el resto de España”, sostiene Palomo.
VOX reclama recuperar la A-40 entre Ávila y Maqueda
La primera Proposición No de Ley pide que las Cortes insten a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para reclamar la recuperación, reactivación y agilización del proyecto de la A-40 Ávila-Maqueda.
La iniciativa solicita además que se habiliten las partidas presupuestarias necesarias y se establezca un calendario de actuaciones que permita iniciar las obras cuanto antes.
VOX considera que esta conexión permitiría unir Ávila directamente con el eje de la A-5 y facilitar los desplazamientos hacia Toledo, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.
La formación sostiene también que tendría efectos sobre la competitividad empresarial, la llegada de inversiones y la cohesión territorial. Estas previsiones forman parte de los argumentos recogidos por VOX en su iniciativa.
Un proyecto planteado desde hace años
La conexión de Ávila con Maqueda no es una propuesta nueva.
Documentación histórica del Ministerio de Fomento ya contemplaba la prolongación occidental de la A-40 hasta Ávila y señalaba que se habían desarrollado estudios informativos y ambientales para el tramo Maqueda-Ávila.
Actualmente, el Ministerio continúa desarrollando otros segmentos de la A-40 en Castilla-La Mancha. A finales de 2025 adjudicó, por ejemplo, la redacción de un proyecto del tramo Toledo-Ocaña dentro del corredor entre Maqueda y Cuenca.
La PNL de VOX reclama ahora recuperar específicamente el tramo hacia Ávila y convertirlo nuevamente en una actuación con planificación administrativa y presupuestaria.
La SG-500, segunda iniciativa para las comunicaciones abulenses
La segunda propuesta se dirige a la SG-500, carretera que conecta con El Espinar y que es utilizada por conductores abulenses como una alternativa en sus desplazamientos hacia Madrid.
La iniciativa ha sido registrada conjuntamente por VOX y el Grupo Popular para su debate en la Comisión de Movilidad de las Cortes y reclama avanzar en el acondicionamiento y mejora de la carretera.
La situación de esta vía ya ha generado iniciativas parlamentarias durante 2026. Una pregunta registrada en junio en las Cortes recordaba un proyecto de mejora de plataforma y firme y señalaba un anuncio de futuras obras por importe de 6,5 millones de euros, además de preguntar por los trámites ambientales pendientes y el calendario de ejecución.
VOX pide que las actuaciones avancen y que se garanticen unas condiciones adecuadas de seguridad y circulación para los usuarios.
Infraestructuras para empresas, empleo y población
La formación plantea las dos iniciativas como parte de una misma reivindicación: reducir las dificultades de comunicación que, a su juicio, condicionan el potencial económico de Ávila.
En la exposición de motivos de la PNL sobre la A-40, VOX menciona expresamente la competitividad de las empresas, la atracción de inversiones, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación entre las razones para ejecutar la infraestructura.
También pone el foco en los peajes de la AP-51 y AP-6 y en las conexiones ferroviarias con Madrid como parte de su diagnóstico sobre las comunicaciones provinciales. Estas valoraciones forman parte de la argumentación política contenida en la iniciativa.
Palomo resume el objetivo de las propuestas en “reivindicar el sitio que corresponde a Ávila” y defender el futuro económico de una provincia que VOX considera capaz de atraer más oportunidades si mejora sus conexiones.
José María Llanos reclama elecciones y acusa al PSPV de utilizar Alicante como «cortina de humo»
El portavoz de VOX en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha cargado contra la Conferencia Política celebrada este fin de semana por el PSPV-PSOE en Alicante y ha acusado a los socialistas valencianos de intentar desviar la atención de las controversias que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez.
La reunión socialista celebrada los días 19 y 20 de septiembre en la Universidad de Alicante no fue formalmente un congreso del partido, sino una Conferencia Política bajo el lema “Recuperar lo que importa”, en la que el PSPV presentó su hoja de ruta para las elecciones autonómicas de 2027.
Llanos ha centrado especialmente sus críticas en la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por formar parte del Ejecutivo central.
“Los socialistas valencianos deben dejarse de circos que lo único que pretenden es ser una cortina de humo”, ha afirmado.
Llanos acusa al PSOE de ser una “mafia orquestada por Pedro Sánchez”
El dirigente de VOX ha utilizado un tono especialmente duro contra el PSOE y ha calificado a la formación de “mafia orquestada por Pedro Sánchez desde el Gobierno de España”.
La expresión constituye una acusación política de Llanos y no una calificación judicial del PSOE o del Gobierno.
El portavoz ha situado a Morant dentro de esa crítica por su doble condición de líder de los socialistas valencianos y miembro del Consejo de Ministros.
Durante la Conferencia Política, Morant presentó como prioridades para un eventual Gobierno autonómico socialista la vivienda, la sanidad y la educación y llamó al PSPV a recuperar la Generalitat en las elecciones de 2027.
VOX interpreta, por el contrario, que la cita de Alicante busca cambiar el foco del debate político y evitar hablar de las actuaciones del Ejecutivo central.
La llamada Ley de Nietos y la decisión del Supremo
Llanos ha acusado al Gobierno de haber intentado llevar a cabo un “pucherazo electoral” mediante las consecuencias censales derivadas de la conocida como Ley de Nietos.
La acusación de “pucherazo” corresponde a VOX. El Tribunal Supremo no ha declarado que exista un fraude electoral, pero sí adoptó este mes medidas cautelares sobre las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes vinculadas a esta cuestión.
El Supremo consideró que el incremento “extraordinario” del número de electores podía generar un “peligro fundado, real y serio” para la objetividad y transparencia del proceso electoral y suspendió cautelarmente determinadas altas mientras resuelve el fondo de los recursos presentados, entre otros, por VOX.
Llanos utiliza esa resolución para reforzar su crítica al Gobierno y reclama esperar ahora a las consecuencias judiciales definitivas del procedimiento.
Ceuta entra también en el choque con el PSOE
El portavoz de VOX ha relacionado además su crítica al Ejecutivo con los acontecimientos registrados en Ceuta a finales de julio.
“El propio Parlamento Europeo esta semana pasada ha declarado, ha denunciado y ha reconocido a instancias de VOX que lo que ha ocurrido en Ceuta es una invasión de nuestra soberanía”, ha afirmado.
El Parlamento Europeo aprobó el 17 de septiembre una resolución que condena los cruces irregulares masivos registrados en Ceuta, denuncia la instrumentalización de la inmigración irregular como herramienta de “guerra híbrida” contra la integridad territorial de un Estado miembro y exige respeto incondicional a la soberanía española.
Durante la tramitación, el Parlamento aprobó además una enmienda que calificaba lo sucedido como una “invasión de la ciudad” y como un ataque a la integridad territorial y a la soberanía de España.
La resolución definitiva fue aprobada por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones.
Llanos pide la dimisión del Gobierno
A partir de estos asuntos, José María Llanos ha reclamado la salida del Ejecutivo socialista y la convocatoria de elecciones generales.
“Lo que tiene que hacer el Gobierno del PSOE en lugar de montar circos para intentar tapar sus vergüenzas y sus miserias es dimitir en pleno y convocar elecciones”, ha afirmado.
VOX contrapone así su discurso a la hoja de ruta presentada por Diana Morant en Alicante y sitúa el debate valenciano dentro de su ofensiva política contra Pedro Sánchez.
Prudencia ante la comparecencia de Mazón por la dana
Llanos se ha referido también a la nueva comparecencia de Carlos Mazón este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.
Mazón ha comparecido por segunda vez ante la comisión y ha comunicado que no realizará declaraciones sobre los hechos hasta que concluya la instrucción judicial, al considerar que esa es la actuación “procedente”.
El portavoz de VOX sostiene que su formación mantiene una posición de prudencia mientras continúen abiertas las actuaciones judiciales e institucionales.
Al mismo tiempo, Llanos acusa a la izquierda de utilizar políticamente la tragedia y reclama que el debate incluya también las responsabilidades y actuaciones pendientes del Gobierno central.
El alcantarillado y las obras hidráulicas, en el centro del reproche
Llanos ha puesto como ejemplo las infraestructuras todavía pendientes en las localidades afectadas por la riada.
Una información publicada este lunes señala que siete de cada diez actuaciones de reparación del alcantarillado de la zona afectada continúan pendientes y que se han ejecutado 95 de los 438 millones de euros transferidos por el Ministerio para obras de saneamiento y ciclo integral del agua.
VOX utiliza estos datos para insistir en que la discusión política sobre la dana no debe limitarse a la actuación de la Generalitat durante la emergencia, sino que debe abarcar también las obras hidráulicas, la reconstrucción y las responsabilidades de todas las administraciones implicadas.
La comisión del Congreso investiga precisamente las circunstancias que influyeron en la catástrofe, la gestión realizada por las diferentes administraciones y las actuaciones necesarias para la recuperación y prevención de futuras danas.
Llanos plantea así un doble frente político: contra el PSPV de Diana Morant por su vinculación con el Gobierno de Sánchez y contra lo que considera un intento de centrar exclusivamente en Mazón las responsabilidades políticas derivadas de la riada.
Tasende rechaza un CATE para 800 inmigrantes en Melilla y reclama más Ejército y Policía.
El líder de VOX Melilla y portavoz del Grupo Mixto, José Miguel Tasende, ha rechazado el proyecto del Ministerio del Interior para construir en la ciudad un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) permanente con capacidad prevista para 800 personas y ha reclamado que los recursos públicos se orienten prioritariamente al refuerzo de la seguridad fronteriza.
El proyecto del CATE existe y se encuentra todavía en una fase inicial. Interior prevé crear instalaciones permanentes tanto en Ceuta como en Melilla, con unas 800 plazas en cada ciudad y una inversión estimada de unos 4,5 millones de euros por centro, financiada con fondos europeos de emergencia. Todavía no se ha fijado oficialmente su emplazamiento definitivo en Melilla.
Tasende contrapone esa iniciativa con la reclamación que VOX viene realizando de aumentar la presencia de Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas en las dos ciudades autónomas.
“Es inaceptable que en lugar de reforzar la seguridad con más presencia del Ejército, guardias civiles y policías estén pensando en abrir un nuevo CATE”, sostiene.
Interior busca emplazamiento para un centro de 800 plazas
Según la información publicada este fin de semana por El Faro de Melilla, Interior ha comenzado a estudiar posibles terrenos para levantar el futuro CATE y el Gobierno de la Ciudad no sería partidario de ceder suelo de titularidad autonómica para esa infraestructura.
No consta todavía una ubicación oficial.
Tasende reclama que terrenos e instalaciones disponibles se reserven antes para necesidades que considera prioritarias para Melilla, entre ellas nuevos colegios, residencias para mayores y centros de formación.
VOX teme además que puedan contemplarse terrenos pertenecientes al Estado o a Defensa, aunque por el momento esa posible localización no está confirmada oficialmente.
Un CATE no es lo mismo que un CETI
Tasende vincula el proyecto con anteriores debates sobre una posible ampliación de las instalaciones destinadas a inmigración en Melilla, pero técnicamente un CATE y un CETI cumplen funciones diferentes.
El Centro de Atención Temporal de Extranjeros está concebido fundamentalmente para la identificación, toma de datos biométricos, examen de vulnerabilidad y triaje previo a procedimientos de devolución, expulsión, protección internacional o atención a menores. Interior ha aplicado ya este modelo en Ceuta.
El CETI, por el contrario, es un dispositivo de estancia y acogida por periodos más prolongados.
Interior plantea los nuevos centros permanentes de Ceuta y Melilla como infraestructuras para mejorar su capacidad de respuesta ante nuevas llegadas irregulares a las fronteras exteriores de España y de la Unión Europea.
Tasende pone como precedente la crisis de Ceuta
La crítica de VOX llega después de la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026.
La magnitud de aquella crisis llevó a todos los grupos de la Asamblea ceutí —PP, PSOE, VOX, MDyC y Ceuta Ya!— a pedir entonces al Gobierno central el cierre temporal de la frontera, el despliegue del Ejército y la declaración de una emergencia nacional.
Interior atribuyó aquellos flujos a redes de tráfico de personas y aseguró que España y Marruecos habían acordado reforzar la coordinación para gestionar las entradas y las devoluciones.
La Guardia Civil constató posteriormente en documentación desclasificada que el 30 de julio había detectado “pasividad” por parte de las autoridades marroquíes en determinados momentos de la crisis.
Tasende utiliza ese precedente para sostener que Melilla debe prepararse aumentando antes su capacidad de vigilancia y control fronterizo.
“No vamos a aceptarlo”
“En lugar de reforzar, como pide VOX Melilla, la presencia del Ejército, de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Melilla para evitar una invasión de la magnitud de la que ha sufrido Ceuta, se empieza a hablar de un nuevo centro”, afirma Tasende.
La expresión “invasión” corresponde al lenguaje político utilizado por VOX para referirse a las entradas masivas; las fuentes oficiales del Ministerio del Interior hablan de flujos o entradas irregulares masivas.
El dirigente de VOX asegura que su formación se opondrá al proyecto y llega a plantear movilizaciones si considera que perjudica los intereses de la ciudad.
“Saldremos a las calles si es necesario, pero a Melilla se le respeta”, sostiene.
VOX enfrenta seguridad e infraestructuras sociales con el nuevo centro
Tasende amplía su crítica al modelo económico que, a su juicio, el Gobierno central está diseñando para Melilla.
“No aceptamos que la creación de empleo que proponga el Gobierno central gire en torno a la acogida de extranjeros”, afirma.
En su lugar, VOX reclama inversiones en formación profesional, vivienda pública, centros educativos, residencias para mayores y control fronterizo.
Tasende pide también al Gobierno local del PP que no ceda terrenos municipales para el futuro CATE.
“Confiamos en que el PP no ceda terreno ni instalaciones necesarias para construir más colegios y bajar la ratio en los centros escolares o abrir más residencias para nuestros mayores”, afirma.
VOX reclama un refuerzo permanente de Ejército y Fuerzas de Seguridad
La posición expresada por Tasende coincide con la línea que VOX Melilla ha defendido durante las últimas semanas.
El partido reclamó el 18 de septiembre un refuerzo permanente de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta y Melilla, además de mayor capacidad de vigilancia terrestre, marítima y aérea.
Interior, por su parte, defiende que los centros de triaje forman parte precisamente del dispositivo de control fronterizo porque permiten identificar a quienes acceden irregularmente y determinar posteriormente el procedimiento administrativo correspondiente.
El nuevo CATE abre así otro frente político en Melilla: qué infraestructuras debe priorizar la ciudad y qué combinación de seguridad, control fronterizo y capacidad de atención necesita ante futuras crisis migratorias.
Pérez Moñino: «Feijóo anuncia ahora una medida que VOX llevó a la Asamblea en mayo»
La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha cuestionado al Partido Popular después de que Alberto Núñez Feijóo anunciara una reforma para permitir la retirada de la nacionalidad adquirida en determinados supuestos de delincuencia grave.
Pérez Moñino ha recordado que VOX llevó una propuesta relacionada con esta materia al Pleno de la Asamblea madrileña el pasado 14 de mayo de 2026 y que la iniciativa fue rechazada.
“Lo que Feijóo anuncia desde un atril, el PP de Ayuso lo tumbó en la Asamblea hace apenas cuatro meses”, sostiene la portavoz.
La iniciativa de VOX, identificada como PNL-196/2026, proponía modificar el Código Civil para establecer como causa de pérdida de la nacionalidad española adquirida —no de origen— una condena firme por pertenencia a una organización criminal y vincular esa pérdida a la tramitación de la expulsión. El Boletín de la Asamblea confirma que fue rechazada por el Pleno el 14 de mayo.
Feijóo plantea ahora reformar la pérdida de nacionalidad
El reproche llega después de que Feijóo anunciara que el PP trabaja en una proposición de ley orgánica para revisar las condiciones de concesión y pérdida de la nacionalidad española.
El líder popular ha citado entre los supuestos que quiere incluir la pertenencia a bandas criminales o terroristas, así como determinados delitos graves, como asesinatos o agresiones sexuales reincidentes.
Existe, por tanto, una coincidencia importante entre ambas propuestas en lo relativo a personas con nacionalidad adquirida vinculadas a organizaciones criminales, aunque no son iniciativas idénticas: la propuesta anunciada por Feijóo incluye otros delitos que no figuraban en la PNL madrileña de VOX.
“A mí me parece una buena medida. Tan buena que es exactamente lo mismo que VOX lleva planteando desde hace años”, ha afirmado Pérez Moñino, que utiliza esa coincidencia para cuestionar la posición mantenida meses antes por el PP madrileño.
Los delitos convencionales aumentan un 2,6%
La portavoz ha situado la controversia en el contexto del último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.
Durante el primer semestre de 2026, la criminalidad convencional aumentó un 2,6% en la Comunidad de Madrid, al pasar de 159.644 a 163.734 infracciones. Al mismo tiempo, la tasa total de criminalidad por cada 1.000 habitantes descendió 0,5 puntos, hasta 55,7, debido entre otros factores al crecimiento de población.
La evolución es desigual según el tipo de delito.
Los delitos contra la libertad sexual crecieron alrededor de un 9%, mientras los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria aumentaron un 11,4%. Los homicidios y asesinatos en grado de tentativa pasaron de 59 a 88, un 49,2% más.
También aumentaron los delitos relacionados con el tráfico de drogas un 30,5%.
También bajan varios indicadores
El mismo balance refleja, sin embargo, descensos en otras categorías relevantes.
Los homicidios consumados bajaron de 20 a 17; los robos con violencia e intimidación descendieron un 3% y los hurtos un 2,3%.
La Delegación del Gobierno utiliza estos datos y la caída de la tasa por habitante para sostener que Madrid mantiene una evolución general positiva en materia de seguridad, aunque reconoce preocupación por delitos sexuales y por la presencia de armas blancas.
VOX, por su parte, pone el foco en aquellas categorías que han aumentado y reclama que la seguridad tenga mayor peso en la agenda política autonómica.
Pérez Moñino pide datos sobre el origen de los detenidos
La portavoz ha vuelto a vincular el debate sobre delincuencia con las políticas migratorias y ha reclamado que las administraciones publiquen información sobre el país de origen de los detenidos.
“Si los otros partidos políticos están tan seguros, lo que tienen que hacer es publicar el origen, el país de origen de los detenidos y de los delincuentes en Madrid”, ha afirmado.
Pérez Moñino defiende que esos datos permitirían analizar la relación que VOX sostiene que existe entre determinados modelos migratorios y la delincuencia.
Esa relación no puede establecerse únicamente a partir del Balance de Criminalidad, que registra hechos delictivos pero no acredita por sí mismo una relación causal general entre inmigración y criminalidad.
VOX convierte la propuesta de Feijóo en un reproche al PP madrileño
El principal frente político abierto por Pérez Moñino no se dirige esta vez al contenido de la medida anunciada por Feijóo, sino a la diferencia entre ese anuncio y la posición que permitió que la PNL de VOX no prosperara en la Asamblea cuatro meses antes.
“Quiero invitar al señor Feijóo a explicar esta propuesta a su propio partido aquí en Madrid”, ha señalado.
VOX pretende así enfrentar al PP nacional con su actuación parlamentaria previa en Madrid y recuperar una propuesta que ya llevó a votación en mayo.
Pérez Moñino asegura que su grupo continuará poniendo sobre la mesa la evolución de la delincuencia, las medidas contra las organizaciones criminales y la reforma de las reglas sobre nacionalidad adquirida.
Sánchez Ocaña pone una condición a los 15,5 millones de Martín Palomino: que las obras no frenen a sus empresas.
VOX Plasencia ha reclamado que las obras de humanización de las avenidas Martín Palomino y de España se ejecuten teniendo como prioridad la continuidad de la actividad empresarial, la accesibilidad a los negocios y la circulación de vehículos de transporte y mercancías.
La petición llega con el procedimiento de contratación ya en fase de evaluación. Once empresas concurren a las obras, ocho de ellas mediante uniones temporales, según la información publicada sobre el proceso.
El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 15.527.641 euros con IVA y un plazo previsto de 18 meses. La presentación de ofertas terminó el 2 de septiembre y el expediente continúa todavía sin adjudicación publicada.
Una actuación sobre una zona de carácter industrial
VOX centra sus advertencias especialmente en Martín Palomino por el carácter económico de la avenida.
La propia Junta de Extremadura describe esta zona como “netamente industrial” y reconoce que a lo largo de la antigua N-630 se han ido instalando industrias y negocios, mientras el incremento del tráfico ha generado problemas que requieren una actuación sobre la vía.
El proyecto pretende transformar la antigua carretera en una vía más integrada en el entorno urbano, mejorar la seguridad de peatones y tráfico y renovar distintas infraestructuras. Incluye actuaciones sobre saneamiento, abastecimiento, electricidad, telecomunicaciones, gas y alumbrado, además de nuevos espacios para peatones y bicicletas y modificaciones de la configuración viaria.
VOX no cuestiona la necesidad de actuar sobre la zona, pero sí pide que esa transformación no reduzca su funcionalidad como eje empresarial.
“Arreglo sí, transformación no”
El diputado autonómico y concejal de VOX en Plasencia, Álvaro Sánchez-Ocaña, ya expresó estas dudas en julio de 2025 tras mantener conversaciones con empresarios de la zona.
Entonces defendió que cualquier proyecto debía adaptarse a las características de Martín Palomino y tener en cuenta especialmente la circulación de camiones y vehículos vinculados a las empresas allí instaladas.
“Cualquier proyecto sobre Martín Palomino debe respetar las características de esa zona, buscar su mejor funcionamiento y desde luego no perjudicar a ninguno de los negocios allí asentados, ni a los trabajadores”, señaló.
VOX mantiene ahora aquella posición con una fórmula: “arreglo sí, transformación no” cuando la modificación pueda comprometer la actividad económica existente.
La licitación ya contempla minimizar el impacto a los usuarios
Los pliegos incluyen entre los criterios de adjudicación una memoria de minimización del impacto a usuarios, valorada con hasta diez puntos, además de una memoria sobre el proceso de ejecución y el programa de trabajo, con hasta veinte puntos.
VOX pide que esa previsión tenga una aplicación efectiva durante los 18 meses de trabajos y que se garantice el acceso a negocios, naves e instalaciones.
La formación considera especialmente importante organizar correctamente cortes, desvíos, accesos y circulación de vehículos pesados para evitar que una actuación destinada a mejorar la zona termine generando perjuicios prolongados para las empresas.
Once ofertas para una inversión de 15,5 millones
La concurrencia de once empresas sitúa la actuación en una nueva fase después de varios años de tramitación.
El proyecto de trazado recibió su aprobación definitiva en marzo de 2025, después del correspondiente periodo de información pública.
La licitación se publicó el 29 de julio de 2026, con un valor estimado de 12,83 millones de euros sin IVA y un presupuesto total de 15,52 millones con impuestos.
VOX reclama ahora que la adjudicación y posterior ejecución mantengan como criterio central las necesidades de empresarios, trabajadores y usuarios.
VOX pide modernizar sin perjudicar a los negocios
La formación sostiene que modernizar Martín Palomino y la avenida de España es compatible con preservar la función económica de la zona.
Su preocupación se centra, por tanto, en cómo se ejecutará la actuación y en sus posibles consecuencias sobre los negocios durante un periodo de obras previsto inicialmente en año y medio.
Sánchez-Ocaña reclama que las administraciones tengan en cuenta desde el inicio la circulación de mercancías, el acceso a las empresas y la continuidad de la actividad laboral.
VOX plantea así que los 15,5 millones de inversión sirvan para mejorar la infraestructura sin convertir los 18 meses de obras en un obstáculo añadido para uno de los principales espacios empresariales de Plasencia.
Pedro Navarro abre otro frente con Christopher Rivas por el Hotel Oromana.
El portavoz de VOX en Alcalá de Guadaíra, Pedro Navarro, ha cuestionado la gestión municipal de la futura explotación del Hotel Oromana después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía haya estimado parcialmente un recurso contra la licitación y ordenado modificar determinados aspectos de los pliegos.
La resolución obliga al Ayuntamiento a reformular cuestiones relacionadas con los criterios de selección de candidatos, la valoración de la experiencia del director hotelero y la definición de mejoras arquitectónicas e inversiones complementarias.
Navarro califica lo sucedido como una “chapuza administrativa” y atribuye responsabilidad política al delegado municipal de Turismo, Christopher Rivas, quien figura oficialmente como responsable de esta área en el Ayuntamiento.
El Tribunal estima parcialmente el recurso
El procedimiento para adjudicar la explotación del Hotel Oromana recibió un recurso presentado por Iniciativas Sociales Productivas S.L. contra el anuncio de licitación, los pliegos y el acuerdo municipal de aprobación del expediente.
El Tribunal ha estimado parcialmente esa impugnación.
La resolución no anula toda la licitación ni obliga a comenzar desde cero. Mantiene elementos como la consideración del contrato como concesión de servicios, el procedimiento restringido, el objeto contractual y buena parte de los requisitos técnicos inicialmente establecidos.
Sí obliga, sin embargo, a corregir y precisar varios criterios antes de continuar con el proceso.
Navarro habla de un nuevo “error de bulto”
VOX interpreta la resolución como un revés para el Gobierno municipal y rechaza la explicación del Ayuntamiento de que se trate únicamente de modificaciones menores.
“Estamos ante otro error de bulto de Christopher Rivas y la alcaldesa con el turismo de Alcalá”, sostiene Pedro Navarro.
El portavoz acusa al Ejecutivo local de intentar presentar como un trámite ordinario una rectificación que, a juicio de VOX, evidencia deficiencias en la preparación de los pliegos.
La calificación de “chapuza administrativa” e “incompetencia” corresponde a la valoración política de la formación.
El Ayuntamiento defiende que el proyecto sigue adelante
El Gobierno municipal ofrece una interpretación diferente.
El Ayuntamiento sostiene que el Tribunal mantiene intacta la estructura principal de la concesión y que las modificaciones solicitadas no alterarán los plazos de ejecución previstos para el proyecto. Los servicios municipales trabajan ya en la adaptación de los pliegos para retomar la licitación.
El Consistorio destaca además que no es necesario repetir los estudios de viabilidad, la memoria justificativa o la configuración global de la concesión.
Por tanto, la resolución supone una estimación parcial del recurso y una modificación obligatoria de determinadas cláusulas, pero no la anulación completa del procedimiento.
Christopher Rivas, responsable municipal de Turismo
Navarro dirige especialmente sus críticas contra Christopher Rivas por su responsabilidad política al frente del área de Turismo.
El propio Ayuntamiento identifica a Rivas como delegado municipal de Turismo, área desde la que se está desarrollando también el Plan Estratégico Sostenible de Turismo 2026-2029.
VOX sostiene que el episodio del Hotel Oromana vuelve a retrasar la puesta en valor de uno de los principales activos turísticos y patrimoniales del municipio.
El futuro del Hotel Oromana vuelve al debate político
El Hotel Oromana es de titularidad municipal y el Ayuntamiento plantea su rehabilitación, modernización y explotación como una actuación estratégica para el desarrollo turístico de Alcalá de Guadaíra.
Navarro reclama ahora mayor rigor en el nuevo pliego y utiliza la resolución para cuestionar la política turística del Gobierno PSOE-AxSí.
VOX sostiene que Alcalá necesita una estrategia capaz de convertir su patrimonio y sus visitantes en actividad económica para el municipio, mientras el Ayuntamiento defiende que el proceso continuará una vez incorporadas las modificaciones exigidas por el Tribunal.