Paula Badanelli destaca los beneficios del acuerdo de Gobierno para Córdoba.
La diputada autonómica y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX Andalucía, Paula Badanelli, ha defendido que el acuerdo de Gobierno alcanzado entre VOX y el Partido Popular supondrá «más empleo, menos impuestos y más oportunidades» para la provincia de Córdoba.
El pacto permitió la formación de un Ejecutivo de coalición después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026. La incorporación de VOX al Gobierno autonómico también provocó una reorganización de su grupo parlamentario, en la que Badanelli asumió la portavocía adjunta.
«Con este acuerdo gana Andalucía, pero también gana Córdoba», ha afirmado la representante de VOX. Según Badanelli, propuestas defendidas durante años por la formación pasan ahora a convertirse en compromisos de Gobierno.
VOX reivindica una bajada de impuestos
Entre las medidas con mayor repercusión para Córdoba, Badanelli ha destacado la reducción de impuestos y la defensa de una administración menos costosa para familias, autónomos y empresas.
«Los impuestos no bajan porque caigan del cielo; bajan porque hay partidos como VOX que los ponen encima de la mesa y condicionan los acuerdos para que el dinero esté en los bolsillos de los cordobeses y no en las arcas de la Administración», ha manifestado.
La diputada sostiene que una menor presión fiscal permitirá aumentar la capacidad de ahorro y consumo de los hogares, facilitar la actividad de los autónomos y favorecer la inversión empresarial.
Badanelli también ha recordado que VOX fue determinante para frenar anteriores incrementos fiscales en el Ayuntamiento de Córdoba y ha asegurado que mantendrá esa posición desde el Gobierno andaluz.
Protección del campo frente a las macroplantas fotovoltaicas
La portavoz adjunta ha situado la defensa del campo cordobés entre las prioridades del acuerdo. VOX destaca el compromiso de proteger los suelos agrícolas frente a la proliferación de grandes instalaciones fotovoltaicas que puedan desplazar cultivos o afectar a explotaciones productivas.
«Cada vez que se arranca un olivo se pierde una parte de nuestra tierra, de nuestra economía y de nuestra identidad», ha señalado Badanelli.
La representante autonómica sostiene que la transición energética no debe ejecutarse a costa de la agricultura ni de la supervivencia de los municipios rurales.
«No vamos a permitir que el campo cordobés siga sacrificándose mientras nuestros pueblos pierden oportunidades», ha añadido.
El acuerdo andaluz recoge medidas contrarias a nuevas cargas vinculadas al Pacto Verde que perjudiquen al sector productivo, además de compromisos relacionados con el campo, la energía y la reducción de la burocracia.
Una red eléctrica que permita atraer inversiones
Badanelli también ha destacado el compromiso de mejorar las infraestructuras eléctricas de la provincia. La diputada ha citado específicamente los problemas de suministro y capacidad que afectan a municipios como Lucena y que pueden limitar la construcción de viviendas, la ampliación de empresas y la llegada de nuevos proyectos industriales.
«Córdoba necesita una red eléctrica moderna que permita atraer inversiones, construir viviendas y generar empleo», ha afirmado.
VOX sostiene que reforzar la capacidad de la red resulta imprescindible para que la provincia pueda aprovechar su potencial industrial, logístico y empresarial.
La formación reclamará que los compromisos recogidos en el acuerdo se traduzcan en inversiones, calendarios y actuaciones concretas para los municipios afectados.
Sanidad, educación y vivienda
El acuerdo también contempla medidas relacionadas con la sanidad, la educación y el acceso a la vivienda.
VOX defiende aumentar la oferta de vivienda protegida, reducir las cargas regulatorias y fiscales que encarecen la construcción y valorar el arraigo real en el acceso a determinados recursos públicos.
Entre los compromisos generales del pacto figura la construcción de 20.000 viviendas protegidas y la incorporación de criterios de vinculación económica, social, familiar y laboral en su adjudicación. También se plantean reducciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y condiciones más favorables para jóvenes, personas con discapacidad y familias numerosas.
En sanidad, la formación destaca los compromisos para reforzar la Atención Primaria, aumentar los recursos, auditar las listas de espera y mejorar los tiempos de diagnóstico y tratamiento.
Prioridad nacional en el acceso a las ayudas
Badanelli ha reivindicado especialmente la inclusión del principio de «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas públicas.
«No queremos que ningún joven cordobés, ninguna familia o ningún trabajador vea cómo otros pasan por delante después de toda una vida contribuyendo al bienestar de nuestra tierra», ha declarado.
La prioridad nacional forma parte de los compromisos centrales del acuerdo entre PP y VOX, junto con medidas sobre vivienda, familia, inmigración, fiscalidad y sector productivo. Su aplicación concreta deberá desarrollarse mediante las correspondientes reformas normativas y respetar el marco constitucional y legal.
Las propuestas de reducción fiscal, apoyo al sector productivo, modernización de infraestructuras y defensa del campo coinciden con las líneas generales recogidas en el programa económico de VOX.
VOX promete trasladar el acuerdo a la vida cotidiana
Badanelli ha asegurado que la presencia de VOX en el Ejecutivo permitirá impulsar políticas con efectos directos en el empleo, los barrios, el campo y las familias de Córdoba.
«VOX ha venido a trabajar por la gente corriente y a resolver los problemas reales de Andalucía», ha manifestado.
La diputada ha concluido defendiendo que el acuerdo «marca un antes y un después» para la comunidad y permitirá transformar en medidas de Gobierno propuestas que hasta ahora formaban parte del programa de la formación.
«Cuando cambian las políticas, cambian las cosas. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir en Andalucía y en Córdoba gracias a este acuerdo de Gobierno», ha concluido.
Miguel Ángel Díez: «Las Rozas priorizará a sus jóvenes en el acceso a vivienda protegida»
El Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas ha aprobado una moción del Grupo Municipal VOX para que los jóvenes del municipio tengan prioridad en el acceso a las futuras promociones de vivienda protegida desarrolladas sobre suelo público local.
La iniciativa salió adelante con los votos favorables de VOX y del Partido Popular, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra, según ha informado la formación promotora. VOX había anunciado previamente que llevaría al pleno de julio una propuesta para convertir el empadronamiento y el arraigo local en criterios prioritarios de adjudicación.
El portavoz municipal de VOX, Miguel Ángel Díez, ha valorado el acuerdo como un avance para facilitar que los jóvenes puedan emanciparse sin abandonar la localidad en la que han crecido. Díez continúa figurando como concejal y portavoz del grupo municipal en la documentación oficial y en las iniciativas recientes de la formación.
«Hoy damos un paso importante para que el suelo de todos los roceños sirva para que nuestros jóvenes puedan emanciparse y desarrollar su proyecto de vida en el municipio en el que han crecido», ha señalado.
Cinco años de empadronamiento como requisito
La propuesta establece que los jóvenes de hasta 35 años deberán acreditar un mínimo de cinco años de empadronamiento ininterrumpido en Las Rozas para beneficiarse de esta prioridad.
Además, plantea un sistema objetivo de baremación del arraigo. Cada año completo de empadronamiento otorgaría un punto, hasta alcanzar un máximo de 35 puntos.
VOX reclama que este criterio se incorpore como una condición obligatoria en los pliegos de las futuras licitaciones de vivienda protegida sobre suelo municipal, y no únicamente como una mejora que las empresas adjudicatarias puedan aplicar de manera voluntaria.
La aprobación de la moción supone un mandato político para orientar las futuras promociones. Su aplicación concreta deberá plasmarse en las bases y los pliegos correspondientes, respetando la normativa de vivienda protegida y contratación pública.
VOX defiende el arraigo de los jóvenes roceños
La formación sostiene que el Ayuntamiento debe utilizar el suelo municipal para ayudar prioritariamente a quienes llevan años residiendo, trabajando y formando parte de la vida de Las Rozas.
Díez considera que la subida de los precios de compra y alquiler está obligando a numerosos jóvenes a marcharse a otros municipios, aunque deseen permanecer cerca de sus familias, empleos y redes sociales.
VOX ya había defendido en iniciativas anteriores que el arraigo de los vecinos tuviera un mayor peso en el acceso a la vivienda y a otras prestaciones municipales. En mayo presentó una moción más amplia sobre prioridad nacional y local, en la que reclamaba que los recursos públicos protegieran preferentemente a quienes llevan años viviendo y contribuyendo en el municipio.
«Se trata de una medida justa, objetiva y dirigida a proteger el arraigo», ha afirmado el portavoz.
PSOE y Más Madrid votan en contra
Miguel Ángel Díez ha lamentado el rechazo de los grupos municipales del PSOE y Más Madrid. VOX considera que ambas formaciones han dado la espalda a una medida destinada a facilitar la emancipación de los jóvenes roceños.
«PSOE y Más Madrid han preferido votar en contra de una medida dirigida a proteger el arraigo, dando la espalda a los jóvenes del municipio», ha declarado.
La formación defiende que valorar el empadronamiento no excluye el cumplimiento del resto de requisitos económicos, familiares y administrativos establecidos para acceder a una vivienda protegida.
VOX celebra el apoyo del PP, pero reclama resultados
El portavoz ha agradecido que el Partido Popular respaldara la iniciativa, aunque ha recordado que Las Rozas acumula años de retraso en la creación de vivienda asequible.
«Celebramos que el PP haya apoyado ahora nuestra propuesta porque es positiva para los jóvenes roceños, pero este voto no puede borrar años de inacción ni el rechazo a medidas concretas para facilitar su emancipación», ha señalado.
El Ayuntamiento puso en marcha en junio una promoción de 156 viviendas protegidas de alquiler en Monte Rozas, destinadas a jóvenes empadronados en el municipio. Esta actuación forma parte de un plan municipal más amplio de promociones en suelo público.
VOX reclama que los nuevos criterios aprobados se apliquen de forma efectiva en todas las promociones futuras y que no queden reducidos a una declaración política.
Seguimiento de las futuras licitaciones
El Grupo Municipal VOX ha anunciado que vigilará la redacción de los próximos pliegos para comprobar que la antigüedad del empadronamiento y el arraigo se incorporan como criterios obligatorios.
La formación también pedirá información sobre los calendarios de construcción, el número de viviendas previstas, los precios de los alquileres y las condiciones exigidas a los adjudicatarios.
«Esperamos que el acuerdo aprobado se cumpla y no se quede en un simple titular», ha concluido Díez.
VOX sostiene que la medida permitirá que el patrimonio municipal se utilice para ayudar a los jóvenes de Las Rozas a permanecer en su ciudad, iniciar un proyecto familiar y acceder a una vivienda en condiciones asequibles.
Ángel Pelayo: «No puede seguir ni un minuto más en el cargo»
El senador de VOX Ángel Pelayo Gordillo ha exigido la dimisión inmediata del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, después de su comparecencia ante la comisión de investigación del denominado caso Koldo en el Senado.
Llamas compareció este viernes, 17 de julio, ante la comisión que investiga los contratos y operaciones del sector público relacionados con Koldo García y otras personas vinculadas a la Operación Delorme. El teniente general ocupa la Dirección Adjunta Operativa desde diciembre de 2023 y es el máximo mando uniformado del Instituto Armado.
Gordillo considera incompatible que el responsable operativo de la Guardia Civil continúe en el puesto mientras figura como investigado en un procedimiento judicial por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia.
«No puede permanecer ni un minuto más en ese cargo quien está siendo investigado por estos delitos», ha afirmado el senador.
Manuel Llamas está investigado en el denominado caso Leire
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó investigar a Llamas y a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en la causa relacionada con Leire Díez.
La investigación analiza posibles presiones o actuaciones dirigidas contra miembros de la Unidad Central Operativa que participaban en procedimientos relacionados con el PSOE y el entorno del Gobierno. La apertura de la investigación fue solicitada tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por acusaciones personadas en la causa.
Llamas declaró ante el juez el 16 de julio y negó haber ordenado a los agentes de la UCO que adoptaran una actitud pasiva en investigaciones judiciales. También defendió que las actuaciones internas impulsadas bajo su responsabilidad respondieron a procedimientos ordinarios y no tuvieron como objetivo interferir en el trabajo de la unidad.
El procedimiento permanece abierto, no existe una condena contra el teniente general y debe respetarse su derecho a la presunción de inocencia.
El DAO descarta abandonar el cargo
Durante su comparecencia en el Senado, Manuel Llamas defendió su inocencia y aseguró que no tiene intención de dimitir. El mando afirmó que continuará en su puesto mientras conserve la confianza de sus superiores y no exista una resolución judicial que comprometa su honor profesional.
VOX sostiene, sin embargo, que su salida debe producirse sin esperar a que concluya el procedimiento judicial. Gordillo ha precisado que esta petición no constituye un juicio sobre toda la trayectoria profesional de Llamas, sino una medida necesaria para preservar la credibilidad de la Guardia Civil.
El senador considera que el máximo responsable operativo del cuerpo debe quedar libre de cualquier duda que pueda afectar a su autoridad, independencia o relación con las unidades encargadas de investigar casos de corrupción.
VOX reivindica el honor de la Guardia Civil
Ángel Pelayo Gordillo ha subrayado que la exigencia de dimisión pretende evitar que la investigación abierta contra uno de sus principales responsables dañe la imagen del conjunto de los agentes.
«Haremos todo lo posible para que el honor de la Guardia Civil, que es el cimiento de la institución, quede absolutamente limpio», ha declarado.
VOX diferencia entre la actuación individual de los responsables políticos y operativos y el trabajo cotidiano de los guardias civiles. La formación ha defendido el prestigio, la profesionalidad y la independencia de los agentes encargados de perseguir delitos y colaborar con jueces y fiscales.
«La Guardia Civil es la guardia fiel de España entera y debe seguir siéndolo, y su honor debe seguir siendo su divisa», ha manifestado Gordillo.
Críticas al control político de las instituciones
Durante el interrogatorio, el senador acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de extender su influencia sobre las instituciones y defendió la necesidad de proteger a la Guardia Civil frente a cualquier posible injerencia política.
Estas declaraciones constituyen una valoración política de VOX. La investigación judicial deberá determinar si existieron actuaciones delictivas o presiones contra la UCO y, en su caso, quiénes fueron sus responsables.
Gordillo ha insistido en que la permanencia de Llamas alimenta las dudas sobre la independencia del mando operativo y puede afectar a la confianza de los ciudadanos y de los propios agentes.
VOX mantendrá su petición de dimisión y reclamará responsabilidades políticas al Ministerio del Interior para preservar el prestigio, la autonomía y el honor de la Guardia Civil.
Francisco Cobo rechaza la nueva Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El diputado regional de VOX por Albacete, Francisco Cobo, ha rechazado la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha aprobada por las Cortes regionales y ha advertido de que la reforma puede generar más burocracia e inseguridad jurídica para empresas, agricultores y promotores.
La modificación de la Ley 2/2020 salió adelante en el pleno del 16 de julio con los 17 votos favorables del PSOE y los 16 votos en contra de PP y VOX. Según la información oficial de las Cortes, la reforma incorpora el posicionamiento de los ayuntamientos en los procedimientos de evaluación ambiental correspondientes a proyectos que afecten a sus municipios.
Cobo sostiene que el cambio altera de manera sustancial la estructura de la norma autonómica y puede entrar en contradicción con el marco básico establecido por la Ley estatal 21/2013 de Evaluación Ambiental. La legislación nacional regula los procedimientos destinados a analizar previamente los efectos ambientales de planes, programas y proyectos.
VOX critica el poder político sobre los informes técnicos
El parlamentario ha cuestionado especialmente que los plenos municipales puedan intervenir mediante informes de compatibilidad en la tramitación de determinados proyectos.
«Una evaluación de impacto ambiental no es un obstáculo; son garantías y documentos técnicos. Bajo ningún concepto un órgano político local debe tener capacidad de veto», ha afirmado Cobo.
VOX interpreta que la reforma introduce un «blindaje político» al permitir que una decisión adoptada en un pleno municipal condicione el avance de una inversión, aunque posteriormente la Junta pueda revisar ese posicionamiento cuando declare el proyecto de interés estratégico.
Para Cobo, la combinación de ambos mecanismos crea un doble filtro político y administrativo que puede retrasar proyectos, aumentar los costes de tramitación y dificultar que las empresas conozcan de antemano las condiciones necesarias para invertir.
«Se genera una inseguridad jurídica manifiesta», ha advertido el diputado, quien también ha alertado de posibles suspensiones temporales en la tramitación de procedimientos básicos.
La información oficial de las Cortes describe el cambio como la incorporación del posicionamiento de los ayuntamientos afectados. La consideración de que este mecanismo equivale a un veto político constituye la valoración defendida por VOX durante el debate.
Cobo reclama un Plan Nacional del Agua
En el debate sobre la gestión hídrica, Francisco Cobo ha defendido que el agua debe gestionarse desde una perspectiva nacional y no mediante el enfrentamiento entre territorios.
El diputado ha recordado que se trata de un recurso estratégico cuya planificación general corresponde al Estado y ha rechazado las restricciones que VOX atribuye a la aplicación de las políticas hídricas europeas.
Como alternativa, la formación reclama la interconexión de cuencas mediante un Plan Nacional del Agua diseñado con criterios técnicos, de solidaridad territorial y de aprovechamiento eficiente de los recursos.
«El agua debe llegar en cantidad y calidad a todos los puntos de España», ha defendido Cobo.
VOX considera que esta planificación resulta imprescindible para garantizar el relevo generacional en el campo, proteger las explotaciones familiares y permitir que agricultores y ganaderos puedan continuar desarrollando su actividad.
El pleno regional aprobó una resolución socialista de respaldo a las alegaciones presentadas por la Junta durante la revisión de los planes hidrológicos para el periodo 2028-2033. La propuesta recibió 17 votos a favor, cuatro en contra y doce abstenciones.
El objetivo debe ser «cero accidentes laborales»
Cobo también se ha pronunciado sobre la siniestralidad laboral y ha reclamado que la Junta destine más recursos a la prevención activa, la inspección y la formación de trabajadores y empresas.
El diputado ha evitado reducir el problema a una discusión estadística y ha insistido en que cada accidente tiene consecuencias personales y familiares.
«Detrás de cada número hay una familia. El único objetivo aceptable es conseguir cero accidentes laborales para que todos los trabajadores vuelvan sanos a sus casas», ha afirmado.
Las Cortes aprobaron una resolución del PSOE para reforzar el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral y mantener la ejecución del Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales 2022-2026. El texto salió adelante con los 17 votos socialistas y el rechazo de los 16 diputados de la oposición.
VOX considera insuficiente el compromiso de reducir «al máximo» los accidentes y reclama que las políticas públicas se orienten expresamente a alcanzar el objetivo de cero fallecidos y cero heridos graves.
Prioridad para los mayores y apoyo a las familias
En materia social, Francisco Cobo ha defendido la aplicación del principio de «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas destinadas a las personas mayores.
El parlamentario ha denunciado el elevado coste de las residencias, las dificultades de acceso a una plaza y la presión que soportan las familias encargadas de atender a personas dependientes.
VOX reclama ayudas económicas directas para que quienes lo deseen puedan cuidar a sus mayores en el entorno familiar, además de más plazas, mejores servicios asistenciales y un reconocimiento social adecuado para las personas que han trabajado y contribuido durante toda su vida.
«Debemos dotar de recursos a las familias para que puedan acoger y cuidar a sus mayores con la dignidad que merecen», ha señalado Cobo.
El pleno aprobó una resolución socialista sobre la situación de las personas mayores y dependientes que respalda la continuidad de las políticas de modernización del sistema público de servicios sociales. También en este caso, la propuesta contó con los 17 votos del PSOE y los 16 votos en contra de la oposición.
VOX seguirá reclamando una política ambiental con seguridad jurídica, una gestión nacional del agua, más recursos para prevenir accidentes laborales y ayudas sociales que prioricen a los españoles, sus familias y sus mayores.
Alfredo Galavís: «La Cruz de Cáceres no se toca»
El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado una propuesta de VOX para defender la permanencia de la Cruz de los Caídos de Cáceres frente a las actuaciones impulsadas por el Gobierno de España para su retirada.
La iniciativa insta al Ejecutivo central a paralizar y revocar cualquier procedimiento dirigido a eliminar el monumento, situado en la plaza de América, y a cesar lo que VOX considera una política de «hostilidad» contra este símbolo.
El encargado de defender la propuesta fue el diputado autonómico Alfredo Galavís, quien reivindicó la cruz como parte del patrimonio, la historia y la identidad de la ciudad.
«La Cruz forma parte del patrimonio, de la historia y de la identidad de generaciones de cacereños que la han contemplado durante décadas sin ningún tipo de conflicto», afirmó el parlamentario.
VOX defiende el valor patrimonial de la Cruz
Durante su intervención, Galavís sostuvo que la retirada del monumento responde a una interpretación ideológica de la historia promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El diputado acusó al Ejecutivo de utilizar las políticas de memoria para dividir a los españoles y modificar el significado histórico de diferentes símbolos presentes en el espacio público.
«El patrimonio de los cacereños no se destruye por orden de ningún Gobierno ideologizado», manifestó.
Galavís también reclamó que se tenga en cuenta la opinión de los vecinos de Cáceres antes de adoptar cualquier decisión sobre el futuro del monumento.
«La voz de los cacereños merece mucho más respeto del que hoy se le está dando desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez», añadió.
Las expresiones utilizadas por Galavís contra el Gobierno forman parte de su valoración política durante el debate parlamentario.
«La Cruz de Cáceres no se toca»
VOX ha sintetizado su posición con el mensaje «La Cruz de Cáceres no se toca» y ha defendido que la conservación del monumento es compatible con la concordia y la convivencia entre españoles.
Galavís recordó que su formación promovió durante la anterior legislatura una Ley de Concordia como alternativa a las políticas de memoria histórica y democrática.
«VOX apuesta por la concordia», aseguró el diputado, quien defendió «una España que protege su patrimonio, cuida sus símbolos y está orgullosa de su historia».
La formación considera que la memoria común no debe utilizarse para enfrentar a los ciudadanos ni para eliminar elementos históricos sin valorar previamente su arraigo social y patrimonial.
La Asamblea reclama paralizar la retirada
La propuesta aprobada por la Asamblea de Extremadura recoge tres reivindicaciones principales: paralizar y revocar las actuaciones para retirar la Cruz de Cáceres, poner fin a las acciones del Gobierno contra este monumento y promover la derogación completa de la Ley de Memoria Democrática.
La resolución tiene carácter político e insta al Gobierno de España a modificar su actuación, aunque su aprobación no implica por sí sola la paralización automática de los procedimientos administrativos que puedan estar en marcha.
VOX ha valorado el respaldo parlamentario como una victoria en defensa del patrimonio de Cáceres y ha anunciado que continuará oponiéndose a cualquier intento de retirar la cruz.
La formación sostiene que las instituciones deben proteger los símbolos vinculados con la historia de las ciudades y evitar que las políticas ideológicas determinen la conservación o desaparición del patrimonio público.
Javier Jové exige explicaciones por las inversiones bloqueadas en Asturias.
El diputado de VOX en la Junta General del Principado Javier Jové ha cuestionado la utilidad de la Oficina Económica de la Presidencia y ha reclamado explicaciones sobre su intervención en el desarrollo de las principales inversiones industriales previstas para Asturias.
Tras la reunión de la Junta de Portavoces, Jové anunció una nueva comparecencia parlamentaria del director del organismo, José Antonio Sicre. Según el diputado, será la tercera ocasión en la que el responsable de la oficina acuda a la Cámara para informar sobre su gestión.
«Estamos ante una oficina creada “ad hoc” para colocar a una persona y que, año y medio después de su puesta en marcha, sigue sin justificar ni su utilidad, ni su presupuesto, ni los resultados de su gestión», ha afirmado el parlamentario.
La Oficina Económica comenzó a funcionar en marzo de 2025 con el objetivo declarado de acelerar proyectos de inversión, facilitar la comunicación entre los promotores y el Gobierno autonómico y formular propuestas para favorecer su implantación en Asturias.
VOX reclama resultados concretos
Jové considera que el organismo no ha demostrado todavía que su actividad se traduzca en inversiones, creación de empleo o implantación efectiva de nuevas industrias.
El diputado reclama que Sicre detalle las reuniones mantenidas, los proyectos acompañados, las empresas contactadas, el presupuesto ejecutado y los resultados obtenidos desde la creación de la oficina.
«Debe aclarar su negligencia o su falta de liderazgo», ha manifestado Jové, que sitúa entre sus principales preocupaciones el desarrollo de los proyectos industriales vinculados con los terrenos de Barros.
El Gobierno del Principado ofrece una valoración distinta. En abril aseguró que la oficina realizaba el seguimiento de proyectos con un valor potencial próximo a los 6.000 millones de euros. En junio elevó a una veintena el número de iniciativas inversoras consideradas maduras y con posibilidades de materializarse a corto o medio plazo.
VOX reclama que estas estimaciones se acompañen de información verificable sobre calendarios, compromisos empresariales, inversiones ejecutadas y empleos creados.
Jové critica la falta de contactos con empresas de defensa
El parlamentario ha acusado al responsable de la Oficina Económica de no mantener reuniones de trabajo con compañías estratégicas como Indra y Santa Bárbara Sistemas.
Estas afirmaciones forman parte de la denuncia política de VOX y deberán ser aclaradas por el director del organismo durante su comparecencia.
Jové considera que la industria de defensa puede desempeñar un papel fundamental en la reindustrialización asturiana, especialmente por la presencia de instalaciones productivas, personal cualificado y experiencia industrial en territorios como Gijón, Langreo y Trubia.
Indra presentó al Principado un proyecto para desarrollar un nuevo centro de producción en el antiguo taller de Barros. La iniciativa plantea un modelo industrial complementario entre Gijón y Langreo para la fabricación, integración y mantenimiento de vehículos terrestres de defensa.
«Así las cosas, no nos extraña que proyectos industriales acaben instalándose en otras comunidades autónomas mientras Asturias pierde oportunidades», ha señalado Jové.
VOX pide desbloquear las inversiones de Barros
La formación exige al Gobierno de Adrián Barbón que agilice la tramitación administrativa de los proyectos industriales y ejerza una labor activa de interlocución con las empresas.
VOX sostiene que la función de una oficina creada para captar y acelerar inversiones no debe limitarse a elaborar listados o realizar estimaciones, sino que debe ayudar a resolver obstáculos administrativos, coordinar departamentos y ofrecer certezas sobre suelo, energía, permisos e infraestructuras.
Jové reclama especialmente información sobre los plazos del proyecto de Barros, las condiciones solicitadas por Indra y las actuaciones desarrolladas por el Ejecutivo autonómico para asegurar su implantación.
Críticas al rechazo del ancho internacional
El diputado también ha criticado la decisión del Ministerio de Transportes de no transformar la red ferroviaria convencional española al ancho estándar europeo.
El departamento considera que sustituir el ancho ibérico en aproximadamente 13.000 kilómetros costaría entre 20.000 y 30.000 millones de euros, exigiría unos 30 años de obras y tendría una rentabilidad socioeconómica muy baja. El análisis ministerial también descarta limitar la conversión a los corredores europeos o instalar de forma generalizada un tercer carril por razones técnicas, operativas y económicas.
Aunque la decisión afecta al conjunto de la red convencional española y no exclusivamente a Asturias, Jové considera que tendrá consecuencias especialmente negativas para el noroeste y sus conexiones ferroviarias.
«Una vez más vemos cómo Asturias queda relegada en las grandes inversiones del Estado mientras todos los esfuerzos se concentran en otros corredores ferroviarios», ha afirmado.
Riesgos para la logística y la industria asturiana
VOX advierte de que la falta de una red plenamente interoperable con Europa limita las posibilidades de crecimiento logístico, industrial y portuario de Asturias.
Jové sostiene que las conexiones ferroviarias resultan fundamentales para facilitar el transporte de mercancías, mejorar la competitividad empresarial y conectar los puertos y centros industriales asturianos con los principales mercados europeos.
El diputado también ha relacionado esta situación con la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado y con el deterioro que atribuye a años de inversiones insuficientes en carreteras y ferrocarriles.
«Nos encontramos con un Gobierno sin presupuestos, con inversiones que no se ejecutan y con una red ferroviaria y de carreteras que sufre las consecuencias de años de abandono y falta de mantenimiento», ha denunciado.
VOX continuará reclamando en la Junta General explicaciones sobre la Oficina Económica, calendarios concretos para las inversiones industriales y una estrategia que permita aprovechar el potencial productivo y logístico de Asturias.
Estas reivindicaciones coinciden con el programa económico nacional de VOX, que propone una reindustrialización de la economía y destinar inversiones estratégicas a modernizar las redes de transporte y comunicaciones.
Redondo denuncia que Marruecos se beneficia mientras Ceuta queda excluida.
VOX Ceuta ha exigido al Gobierno de España la concesión inmediata de una cuota específica de atún rojo para la Almadrabeta y responsabilidades políticas por una situación que, según la formación, amenaza la continuidad de esta actividad pesquera tradicional.
El partido reclama una modificación del actual reparto de las posibilidades de pesca, un mecanismo que permita aprovechar las capturas accidentales y compensaciones económicas por las pérdidas sufridas por la empresa y los trabajadores.
El presidente y portavoz de VOX Ceuta, Juan Sergio Redondo, considera que los sucesivos gobiernos del Partido Popular y del PSOE han excluido a la ciudad de una actividad estratégica vinculada históricamente con el Estrecho.
«Ceuta no puede seguir siendo la gran olvidada mientras Marruecos explota los recursos pesqueros del Estrecho y coloca sus productos en nuestro propio mercado», ha afirmado Redondo.
España dispone de 7.938 toneladas de atún rojo en 2026
España cuenta en 2026 con una cuota de 7.938,81 toneladas de atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo, 1.155 toneladas más que durante el ejercicio anterior.
La normativa estatal distribuye estas posibilidades de pesca entre diferentes grupos, como las almadrabas, la flota de cañas y líneas de mano del Estrecho, el cerco del Mediterráneo, el palangre y las embarcaciones artesanales. El 24,22% de la cuota general corresponde al grupo de las almadrabas.
La regulación también reserva cantidades para capturas accidentales en distintas zonas y ha incorporado a embarcaciones con puerto base en Algeciras, Barbate, Conil, La Línea de la Concepción y Tarifa. Sin embargo, en el texto de aplicación consultado no aparece una asignación específica identificada con la Almadrabeta de Ceuta.
VOX sostiene que este reparto demuestra que el Ejecutivo dispone de margen político y normativo para introducir cambios que tengan en cuenta las necesidades económicas, sociales y territoriales de Ceuta.
La obligación de liberar los ejemplares capturados
Redondo denuncia que la Almadrabeta debe liberar los atunes rojos que entran accidentalmente en sus redes al carecer de una cuota que permita retenerlos y comercializarlos.
Según el dirigente de VOX, esta situación perjudica también al resto de la actividad pesquera, provoca pérdidas y pone en riesgo los puestos de trabajo vinculados con la instalación.
«Los pescadores ceutíes tienen que contemplar cómo Marruecos captura atún rojo a pocas millas de nuestras costas, lo comercializa y termina vendiéndolo incluso en Ceuta, mientras nuestra Almadrabeta debe liberar los ejemplares que entran en sus redes», ha denunciado.
VOX sostiene que el problema no constituye una consecuencia inevitable de las normas internacionales, sino que también responde a las decisiones adoptadas por el Gobierno español al distribuir su cuota nacional.
La formación exige que se reserve para Ceuta una cantidad específica, suficiente y estable que permita compatibilizar el respeto de los límites pesqueros con la continuidad de la actividad tradicional.
Crece el respaldo a la reivindicación de la Almadrabeta
La petición de una cuota propia ha recibido también el apoyo de CCOO, que ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una revisión urgente del actual modelo de reparto.
El sindicato advierte de que la situación compromete el empleo y la viabilidad de una actividad que considera estratégica, legal, controlada y vinculada con la historia económica de Ceuta.
Las asociaciones DAUBMA y CECAM también han respaldado la asignación de una cuota. Ambas entidades destacan que la Almadrabeta desarrolla una pesca selectiva y de bajo impacto y cumple, además, una función ambiental mediante la recuperación de tortugas marinas atrapadas durante su migración por el Estrecho.
VOX considera que este apoyo evidencia que la reivindicación trasciende el debate partidista y afecta al empleo, la economía local, la conservación ambiental y el mantenimiento de una tradición pesquera.
Redondo exige responsabilidades a PP y PSOE
El presidente de VOX Ceuta atribuye al bipartidismo la responsabilidad por el modelo actual. Redondo acusa al PP y al PSOE de haber respaldado durante décadas políticas nacionales y europeas que imponen restricciones a la flota española sin garantizar un reparto adaptado a las particularidades de Ceuta.
«El bipartidismo ha consentido este desastre en Madrid y lo ha respaldado con sus votos en Bruselas», ha manifestado.
El dirigente sostiene que ambas formaciones escenifican diferencias políticas, pero terminan respaldando las principales decisiones de la Política Pesquera Común. A su juicio, las consecuencias recaen sobre los pescadores, las empresas y las familias que dependen del sector.
VOX también pide responsabilidades por no haber anticipado una solución pese a que la entrada de atunes rojos en las redes de la Almadrabeta y la obligación de liberarlos eran conocidas desde hace años.
VOX pide al Gobierno de Ceuta que abandone su pasividad
La formación ha instado al Gobierno de Juan Vivas a defender públicamente al sector y exigir al Ejecutivo nacional una modificación urgente del reparto.
Redondo considera insuficiente la respuesta de la Ciudad y reclama una actuación coordinada ante el Ministerio, las Cortes Generales y las instituciones europeas.
«No aceptamos que nuestros pescadores tengan que cerrar mientras otros hacen negocio con el mismo atún que pasa frente a nuestras costas», ha señalado.
VOX llevará esta reivindicación al Congreso de los Diputados, al Senado y al Parlamento Europeo. Sus iniciativas solicitarán una cuota propia, compensaciones por las pérdidas y una solución permanente para las capturas accidentales.
Defensa de la pesca artesanal y tradicional
VOX sostiene que las cuotas pesqueras deben distribuirse atendiendo a criterios científicos, económicos, sociales y territoriales, garantizando la supervivencia de la pesca artesanal y tradicional.
Esta reivindicación coincide con la posición económica nacional de la formación, que plantea proteger la producción española, combatir la competencia desleal y considerar al sector primario un pilar estratégico para la economía y la soberanía nacional.
«VOX defenderá en todas las instituciones una cuota propia para Ceuta, el futuro de nuestra Almadrabeta y el derecho de nuestros pescadores a trabajar», ha concluido Redondo.
Gonzalo de Oro acusa a Collboni de premiar la ilegalidad en las fiestas del Raval.
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha criticado la participación de Lamine Sarr, representante del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, como pregonero de la Fiesta Mayor del Raval de 2026.
El programa de las fiestas, celebradas entre el 9 y el 12 de julio, incluyó un pregón a cargo de Sarr con la colaboración de Juan Vaello, conocido como «El Pintao». Durante su intervención, el representante del Sindicato Mantero defendió las reivindicaciones del colectivo y denunció la situación que atraviesan los vendedores ambulantes, las personas sin hogar y otros grupos vulnerables del barrio.
VOX responsabiliza políticamente al Gobierno municipal de Jaume Collboni de otorgar protagonismo institucional a un colectivo vinculado históricamente con la venta ambulante no autorizada. La formación considera que esta elección transmite un mensaje equivocado a los comerciantes que cumplen las normas, pagan impuestos y soportan los elevados costes de mantener abiertos sus establecimientos.
Gonzalo de Oro critica la elección del pregonero
El presidente del Grupo Municipal de VOX, Gonzalo de Oro, ha calificado lo sucedido como una «broma de mal gusto» y una «provocación».
«El Gobierno municipal ha decidido que el pregonero sea un sindicato vinculado a una actividad ilegal», ha afirmado el concejal.
La celebración del pregón por parte de Lamine Sarr ha generado críticas políticas de VOX, que acusa al Ejecutivo de Collboni de «premiar la ilegalidad» y de no proteger suficientemente al comercio tradicional del Raval.
La existencia y actividad asociativa del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes no son ilegales. La crítica de VOX se dirige a su vinculación con el fenómeno del denominado top manta, especialmente cuando implica venta callejera sin autorización o comercialización de productos falsificados.
VOX denuncia competencia desleal para el comercio
De Oro ha puesto el foco en las dificultades que atraviesan los pequeños comerciantes y autónomos de Barcelona, que deben afrontar alquileres elevados, impuestos, tasas, licencias y obligaciones administrativas.
«Mientras los comercios de toda la vida acaban cerrando por la competencia de los manteros o viven asfixiados por los impuestos y los altos alquileres, el Ayuntamiento se pone del lado de quienes no cumplen la ley», ha denunciado.
VOX considera que existe un agravio comparativo entre los establecimientos legalmente constituidos y quienes desarrollan actividades comerciales sin las autorizaciones correspondientes.
La formación sostiene que las administraciones deben perseguir la venta ilegal y las falsificaciones, proteger a los comerciantes y garantizar que todos los operadores económicos estén sometidos a las mismas reglas.
VOX reclama apoyo para autónomos y negocios tradicionales
El dirigente municipal ha calificado la elección del pregonero como una falta de respeto hacia los comerciantes que trabajan diariamente para mantener sus negocios.
«Esta es una burla más a los vecinos, pero especialmente a aquellos comercios y autónomos que, con muchísimo esfuerzo, sacan adelante sus establecimientos», ha manifestado.
VOX reclama que el Ayuntamiento refuerce la presencia de la Guardia Urbana, combata la venta ambulante ilegal y desarrolle políticas destinadas a proteger el comercio de proximidad.
También exige medidas frente al deterioro del espacio público, la inseguridad y el cierre de establecimientos históricos en el Raval y otros barrios de Barcelona.
«Basta de premiar la ilegalidad»
De Oro ha concluido reclamando un cambio en las prioridades del Gobierno municipal y una defensa más firme de la actividad económica legal.
«Desde VOX exigimos el cumplimiento de la ley y apoyo a aquellos que pagan, que cumplen y que mueven la economía, y no a la economía sumergida», ha señalado.
«Basta ya de premiar la ilegalidad. Recuperemos el orden en Barcelona», ha sentenciado el presidente del Grupo Municipal de VOX.